Portal Guaraní - LA CRUCIAL DECISIÓN DE PREPARARSE PARA LA GUERRA - Por HERIB CABALLERO CAMPOS

Un 14 de julio como hoy, pero de 1924, el abogado de origen catalán (nacido en Corrientes, Argentina) Luis Alberto Riart, presidente de Paraguay, analizaba con sus ministros la cuestión de límites en el Chaco en la primera de unas sesiones secretas cuya relevancia en la comprensión del posterior conflicto reviste especial interés.

A 95 años de las sesiones secretas que mantuvo el Consejo de Ministros, exponemos unos documentos poco conocidos que se encuentran en el Archivo Nacional de Asunción en la Sección Carpetas Sueltas, documentos clasificados como secretos en los que el presidente provisional Luis A. Riart y sus ministros analizan la cuestión de límites en el Chaco y las acciones que adoptarían al respecto.

El Chaco fue un territorio infranqueable definido en los mapas españoles como «tierra de indios enemigos», un territorio «vacío» para la monarquía hispana. Pese a varios intentos de someter a los indígenas chaqueños y varias expediciones en la segunda mitad del siglo XVIII, el objetivo no pudo ser cumplido. Lo que hicieron fue ocupar las riberas del río Paraguay, como en el caso del Fuerte Borbón –hoy Fuerte Olimpo–, fundado en 1792. Durante los primeros gobiernos republicanos se mantuvo la lógica colonial española, hasta que durante el gobierno de Carlos Antonio López (1844-1862) se comienza a desarrollar la idea de colonizar el Chaco y se funda en 1855 Nueva Burdeos –hoy Villa Hayes–, con colonos franceses. La colonia no prosperó por diversos factores.

En 1852, mediante un tratado con la Confederación Argentina, el territorio chaqueño desde el río Bermejo hasta el río Negro fue reconocido por ese país como soberanía paraguaya. Por primera vez, el gobierno boliviano hizo saber sus pretensiones sobre el mencionado territorio. Juan de la Cruz Benavente, representante boliviano, presentó su protesta por el tenor de dicho tratado. Si bien el tratado no fue ratificado, la cuestión quedó sin definirse. Durante la guerra contra la Triple Alianza (1864-1870), el presidente boliviano, general Mariano Melgarejo, ofreció al mariscal Francisco Solano López la ayuda militar de su país a cambio de reconocer al Chaco como soberanía boliviana.

Tras la conclusión de la Guerra Guasu, las negociaciones con Argentina se extendieron hasta 1876, pues dicho país reclamaba todo el territorio del Chaco. Mediante el tratado Machaín-Irigoyen (3 de febrero de 1876), se resolvió que la franja entre los ríos Bermejo y Pilcomayo sería para Argentina, el territorio entre los ríos Verde y Negro para Paraguay y los terrenos comprendidos entre los ríos Pilcomayo y Verde serían sometidos al arbitraje del presidente de Estados Unidos, Rutherford B. Hayes. Los argumentos fueron preparados por Benjamín Aceval, quien tuvo a su disposición los documentos proporcionados por José Falcón desde el Archivo Nacional de Asunción. El 12 de noviembre de 1878, el presidente Hayes dictó su fallo, reconociendo el territorio sometido a su arbitraje como soberanía paraguaya.

La victoria diplomática había asegurado dos terceras partes del territorio en disputa, pero al poco tiempo comenzó una serie de negociaciones con el gobierno boliviano, así que se fueron firmando diferentes tratados, como Decoud-Quijarro (1878), Aceval-Tamayo (1887) y Benítez-Ichazo (1894), que no fueron ratificados por el Congreso paraguayo. Durante las negociaciones, el gobierno boliviano había apoyado a un grupo de empresarios bolivianos que establecieron Puerto Pacheco, donde izaron la bandera boliviana y de donde tuvieron que ser expulsados por una fuerza militar paraguaya que estableció una guarnición en dicho lugar, rebautizado como Bahía Negra. Durante la presidencia de Ballivián, a comienzos del siglo XX, las fuerzas armadas bolivianas comenzaron una lenta pero decidida exploración y ocupación del territorio chaqueño en el sector del río Pilcomayo.

Mediante el tratado Soler-Pinilla de 1906 se estableció un statu quo en el Chaco, hasta resolver definitivamente la disputa entre ambos países.

Paraguay acababa de salir de la sangrienta guerra civil de 1922-1923, entre el gobierno radical y el denominado sector constitucional –más conocidos como, respectivamente, los «saco mbyky» y los «saco puku»–. La victoria del gobierno provisorio encabezado por Eligio Ayala obligó a la mayoría de los derrotados –entre los que había prestigiosos jefes del ejército– a marchar al exilio. El liderazgo de Eligio Ayala fue más que reconocido, por lo que fue elegido candidato para el período 1924-1928. Para no violar lo dispuesto en la Constitución de 1870, el presidente Ayala renunció en marzo de 1924 y el doctor Luis A. Riart fue elegido por el Congreso como presidente provisional. Nacido en la correntina ciudad de Esquina (Argentina) el 21 de julio de 1880, el doctor Riart pasó su infancia en Villa Florida, donde realizó sus estudios primarios, y cursó la secundaria y la universidad en Asunción. De destacada actividad pública antes de llegar a la primera magistratura, había ejercido como ministro del Interior del gobierno de Manuel Franco, y de Hacienda, así como de Guerra y Marina, durante la presidencia de Eligio Ayala. Posteriormente, llegaría a ejercer el cargo de ministro de Relaciones Exteriores.

Si bien la presidencia de Riart fue efímera –casi cinco meses–, creemos que también, en el caso del conflicto chaqueño, fue fundamental, por los documentos que a continuación exponemos de forma breve y concisa.

Los documentos revisados son tres actas mecanografiadas, resultado de dos sesiones del Gabinete. La primera sesión es del 14 de julio de 1924. A ella asistieron el presidente Luis A. Riart, el ministro del Interior, Belisario Rivarola, el de Relaciones Exteriores, Rogelio Ibarra, el de Hacienda, Eliseo Da Rosa, el de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Lisandro Díaz León, y el de Guerra y Marina, coronel Manlio Schenoni. La reunión comenzó con la exposición del presidente Riart sobre la decisión adoptada el 9 de abril del mismo año de restablecer los fortines en el Chaco. El análisis se realizó teniendo en cuenta tres aspectos: jurídico, político y militar.

Al respecto, se afirmaba que «La exposición sintética de la situación del litijio [sic] revela la acción lógica a desarrollar. Con el mismo ahínco con que ha ilustrado el derecho a los límites discutidos, el Gobierno debe seguir una política diplomática firme, activa y sagaz, a base de una Legación permanente en Bolivia, y adoptar un plan de organización y distribución militar que satisfaga las actuales exigencias internacional y comprenda la ocupación metódica del interior del Chaco a la medida de las posibilidades financieras del país».

Cada ministro fue haciendo sus consideraciones sobre la cuestión planteada. El ministro del Interior, Belisario Rivarola, sostuvo que «no obstante estar en vísperas de expirar el mandato del actual gobierno, aun cuando es de presumir que el próximo no se aparte, en lo fundamental, de la política desarrollada por su antecesor, es deber nuestro examinar la situación que nos crea la actitud de Bolivia para adoptar aquellas disposiciones que salvaguarden los intereses superiores de la Nación». Posteriormente, desarrolló una serie de consideraciones sobre lo que se debía hacer en cada uno de los ámbitos propuestos por el jefe de Estado.

El ministro de Hacienda, Eliseo Da Rosa, sostuvo que «La obra reclamada será grande y costosa. Pero ni su magnitud ni su costo deben detenernos. No puede haber dinero mejor empleado que el que nos habilite a defender nuestra integridad territorial, que es como defender nuestra dignidad de nación», sin dejar de resaltar la crítica situación financiera en la que se encontraba el país, por lo que proponía «…la más estricta economía, queriendo significar así la conveniencia de evitar gastos superfluos o innecesarios. Pero tampoco se deben ahorrar los desembolsos que nos permitan realizar los fines más arriba señalados». Por su parte, el ministro de Justicia, doctor Lisandro Díaz León, afirmó que «Hay que tener después muy presente la imperiosa obligación que tiene el Gobierno Nacional de evidenciar nuestra posesión efectiva sobre la región, aunque sea para satisfacer el principio jurídico ya invocado. Y esta demostración necesaria e ineludible para prevenir toda contestación de Bolivia, no podrá llevarse a cabo sino por la ocupación militar de dicho territorio. Es de confesar el completo descuido en que ha tenido hasta ahora este importante aspecto de nuestra defensa nacional. Fuera de exploraciones esporádicas y pasajeras, no se ha intentado nunca una distribución estratégica seria y permanente de fuerzas nacionales en esa región. Y ahora que este abandono se agrava con la perspectiva de la presencia de adversarios armados con propósitos hostiles, es ineludible reaccionar de inmediato, reparando en lo posible la lamentable inercia del pasado. Soy, por consiguiente, de opinión que este Gobierno disponga la ocupación militar del Chaco».

Por último, el ministro de Defensa Nacional, Manlio Schenoni, afirmó que «…el estado de no preparación en que el Paraguay se encuentra actualmente, es la consecuencia de complejos factores sociales y políticos de carácter interno». Fue haciendo una serie de consideraciones históricas sobre las medidas que se tomaron y cómo el golpe de Albino Jara de 1908 fue nocivo para el desarrollo de acciones más claras en el Chaco. Sostuvo que «Nuestras luchas internas, motivadas por el deseo de hacer efectivo el ideal de una mejor democracia en la práctica, no han sido en el fondo sino crisis de pasiones personales que, como tales, nos han desorientado por completo haciéndonos olvidar las cuestiones de verdadera importancia para la vida y el engrandecimiento nacional; sus consecuencias han sido el descuido de la política exterior, la desorganización de nuestra defensa nacional». Por ello, consideraba el coronel Schenoni que Bolivia disfrutó de 25 años para ir consolidando en los diferentes aspectos sus pretensiones sobre el territorio chaqueño.

Finalmente, luego de las consideraciones de cada uno de los integrantes del gabinete, se procedió a realizar las conclusiones, que en resumidas cuentas fueron las siguientes: en el orden político (exterior), se resolvió que las representaciones diplomáticas estuvieran a cargo de «hombres de reconocida actividad, actividad e interés» que debían dar informes claros para que el gobierno organizara la defensa general, y que se divulgasen las investigaciones que demostraban los derechos paraguayos sobre el Chaco. En el ámbito interior, se resolvió que en primer término debía acordarse con los miembros del partido de gobierno la importancia de la cuestión chaqueña, «unificar este pensamiento con los partidos y hombres principales de la oposición», y establecer un mecanismo de propaganda periodística y conferencias regulares sobre el asunto en la Universidad. En otro punto, se iba a pedir ayuda e involucramiento a la Iglesia Católica; además de reformar la ley electoral para que la oposición pudiera participar de las elecciones, e insistir en la educación física en los colegios. También se debían mejorar las informaciones estadísticas y habilitar cursos para enfermeros.

En cuanto a la organización militar, se resolvió reorganizar las fuerzas armadas, aumentar la dotación del número de cadetes de la Escuela Militar y enviar oficiales a perfeccionarse al extranjero. Se dispuso además la contratación de una misión militar para instruir a los oficiales y reformar la ley del servicio militar obligatorio. En materia edilicia, se construirían nuevos cuarteles, se dispuso la adquisición de armamento y la organización de una Marina de Guerra, al igual que el ensanchamiento de los Arsenales de Marina.

Concluía el acta afirmando que «La realización completa del Programa que en diversas partes dejo expuesto […] es tarea larga. Para llevarla a cabo se requiere una voluntad resuelta de los hombres del Gobierno, de los partidos y del país entero. A este resultado no hemos de llegar sino como consecuencia de una exacta comprensión de que semejante tarea es condición esencial para el futuro de la Patria, entendido que este futuro no se relaciona solamente con el actual peligro inmediato; él se refiere a la vida del Paraguay en el concierto americano».

El Consejo de Ministros dispuso de forma inmediata que se destacaran fuerzas militares a la Misión Inglesa, se reforzara la dotación de Puerto Pinasco y se dispusiera la exploración de la línea del statu quo; así mismo, la Cancillería debía recoger información para saber exactamente la ubicación de los fortines bolivianos.

La segunda acta es del 30 de julio de 1924. Acudieron a la casa del presidente Riart el ministro de Guerra y Marina, coronel Manlio Schenoni, el inspector general del Ejército, general Patricio Alejandrino Escobar, y el coronel Manuel Rojas. El jefe de estado les manifestó que esperaba su parecer sobre el Plan Orgánico del Ejército en tiempos de paz, pero pensando en una movilización y el armamento que se precisaría adquirir, dejando en claro que dicha compra «debía mantenerse en absoluta reserva». El 4 de agosto se realizó la reunión con los mismos jefes que presentaron sus observaciones sobre los aspectos planteados dando las informaciones y listado de armamentos que se precisaría adquirir.

El 15 de agosto de 1924 asumió la Presidencia de la República Eligio Ayala, quien en gran parte desarrolló lo acordado el 14 de julio de 1924. Las representaciones diplomáticas fueron encargadas a referentes importantes de la política paraguaya, se reformó la ley electoral de modo que el principal partido de la oposición, el Colorado, volvió al Congreso, y en 1928 por primera vez en la historia política del país hubo dos contendores en las elecciones presidenciales. Varios oficiales realizaron estudios superiores al extranjero, entre ellos los más destacados jefes del posterior conflicto, como José Félix Estigarribia, Juan B. Ayala o Luis Irrazábal, entre otros. Se procedió a la amnistía general de los jefes derrotados en la guerra civil de 1922. Se encargó al capitán José Bozzano la construcción de los cañoneros Paraguay y Humaitá. El coronel Schenoni y el mayor Arturo Bray fueron a comprar armamentos a Europa. A la par, se fueron fundando fortines militares en el Chaco y se inició la ocupación con civiles –colonos menonitas– en 1927.

La relevancia de estos documentos radica en que demuestran que el gobierno paraguayo se preparó bélicamente para un conflicto pese a la escasez de recursos y que, pese a las negociaciones diplomáticas con el propósito de resolver la disputa territorial, las acciones bolivianas hicieron que la Guerra del Chaco estallara en junio de 1932.

Luis G. Benítez: Cancilleres y otros defensores de la República, Asunción, Vercam, 1994.

Luc Capdevila y Guido Rodríguez Alcalá: Nueva Burdeos. Colonización francesa en Paraguay, Asunción, Embajada de Francia, 2005.

Ricardo Scavone Yegros y Liliana Brezzo: Historia de las relaciones internacionales del Paraguay, Asunción, El Lector, 2010.

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