Portal Guaraní - LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN PARAGUAY: OBSTÁCULOS Y DESAFÍOS - Por Adriana Almada

Este mes la Secretaría Nacional de Cultura prescindió de dos profesionales que fueron clave en la gestión patrimonial, las arquitectas Natalia Ántola Guggiari y Silvia Rey. La primera desempeñó sus funciones como directora general de Patrimonio Cultural hasta el 19 de enero, fecha en que fue notificada de su desvinculación del cargo, tras lo cual presentó su renuncia como funcionaria del Estado, dejando atrás más de una década de servicio público. La segunda, cuyo contrato no fue renovado, ejerció como directora de Bienes Culturales hasta el 31 de diciembre.

Sobre las características de la gestión patrimonial, sus desafíos y dificultades, conversamos con Natalia Ántola Guggiari. Pero antes de pasar a sus respuestas, que ofrecen un diagnóstico sumario de la situación patrimonial en el país, es oportuno trazar un breve perfil de esta profesional de 41 años egresada de la Universidad Católica de Asunción –con parte de sus estudios desarrollados en la Facultad de Arquitectura de Venecia– y especializada en gestión e intervención del patrimonio cultural en Reggio Calabria. Su trabajo en la SNC se inició en 2008 en la entonces Dirección General de Archivo, Biblioteca y Museos, desde donde tuvo activa participación en los proyectos de puesta en valor del Archivo Nacional de Asunción, la Hemeroteca Nacional, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo Gral. Bernardino Caballero, todos en Asunción, así como el Museo Cabildo de Pilar, el Museo Casa Oratorio Cabañas en Caapucú y el Museo Dr. Francia en Yaguarón, entre otros.

En 2013 asumió como directora de proyectos y obras de la Dirección General de Patrimonio Cultural, encarando intervenciones edilicias en los museos Cabañas y Francia, la reformulación de la museografía de la Casa de la Independencia y la renovación museológica y museográfica del Museo Cabildo de Pilar. En 2015 fue parte del equipo autor de la propuesta que culminó en la sanción de la Ley 5621/16 de Protección del Patrimonio. En agosto de 2018 asumió como directora general de Patrimonio Cultural, instancia que tiene a su cargo las siguientes direcciones: Archivo Nacional, Biblioteca Nacional, Museos, Bienes Culturales, Registro del Patrimonio, Proyectos y Obras, así como Estudios, Antropología, Arqueología y Paleontología. Asimismo, vale recordar que fue coautora, junto al artista y arquitecto Carlos Colombino, del anteproyecto del Museo Nacional de Arte, cuya concreción es materia pendiente.

La gestión del patrimonio cultural –material e inmaterial– abarca, de manera resumida, el registro, la protección y la valorización de los bienes culturales de toda la nación. La Dirección General del Patrimonio Cultural es la encargada de cumplir las políticas culturales relativas a la preservación patrimonial dictadas por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC). Habida cuenta de que, por decreto 7133/17, la SNC es un ente técnico y de gestión especializada, esta función requiere el involucramiento de profesionales calificados en humanidades y ciencias sociales, tales como arquitectos, antropólogos, arqueólogos, restauradores, sociólogos, historiadores y abogados, entre otros.

Una gestión eficiente debe dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Nacional, en los convenios internacionales ratificados por el país, en la Ley Nacional de Cultura 3051/06 (que define los lineamientos y criterios que rigen las políticas públicas en materia cultural) y, por supuesto, en la Ley 5621/16 de Patrimonio Cultural (que traza los principios específicos relativos a la preservación del patrimonio nacional), entre otros instrumentos legales. Una gestión eficiente exige conocimiento especializado, experiencia, apoyo político en materia patrimonial, asignación presupuestaria suficiente, equipo técnico adecuado (la continuidad de los equipos requiere la formación de profesionales técnicos en la materia), participación de la ciudadanía y de los gobiernos locales. Cuando hablo de participación me refiero a los trabajos de descentralización territorial en coordinación con las autoridades municipales y gubernamentales. Un punto clave es la legitimación social del patrimonio cultural por parte de la comunidad.

¿Cuáles fueron los principales ejes de su gestión al frente de la Dirección General de Patrimonio Cultural?

Uno de los ejes fue la identificación y el registro de los bienes culturales, en cuyo marco se implementó la base de datos Ñandutí, con una primera etapa concluida y en proceso de carga. Una de las líneas de mayor importancia fue el trabajo en los mecanismos y herramientas de gestión orientados a garantizar que las intervenciones que se realizan en el patrimonio cultural cumplan criterios técnicos adecuados. En este eje se logró la concreción del protocolo de arqueología preventiva, que es un hito para la gestión del patrimonio arqueológico incipiente en nuestro país. Siguiendo esa línea también logramos el apoyo de la Unesco mediante una Misión del Consejo Consultivo Científico y Técnico (STAB) sobre arqueología subacuática, que contó con los mayores referentes a nivel internacional en este campo, quienes comenzaron desarrollando un seminario en octubre pasado.

Igualmente, con la Unesco, conseguimos apoyo para desarrollar el proyecto Consulta temática del Mercosur. Gobernanza, gestión y uso del patrimonio de interés religioso, que se encuentra en curso y debe finalizar en mayo próximo. Asimismo, fueron gestionadas cooperaciones técnicas con México, Chile, Colombia, Perú y Argentina, entre otros países, orientadas al fortalecimiento de las capacidades técnicas de recursos humanos y de las políticas de bienes culturales. Siguiendo este mismo eje, en lo que respecta a las intervenciones en el patrimonio material –mueble e inmueble–, una de las preocupaciones fue velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos, así como el ajuste de estos a la nueva Ley de Patrimonio. Es fundamental que desde la DGPC se garanticen las buenas intervenciones porque es la manera de asegurar la preservación del patrimonio y la conservación de sus valores.

En lo que respecta a la difusión y la protección del patrimonio cultural, y con el objetivo de lograr el posicionamiento del país a nivel internacional, se logró el reconocimiento del tereré en la cultura del poha ñanacomo patrimonio cultural inmaterial por la Unesco; asimismo, logramos las declaratorias del Solar Artigas y del sistema cultural de la yerba mate a nivel Mercosur. Hemos realizado la puesta en valor y restauración de la Biblioteca Nacional, del Campamento Cerro León y su museo, además de otros sitios históricos como el nuevo monumento de Avay (Villeta) o el de Ita Ybate, y museos como el de Yabebyry o el de Ypane, sin olvidar la recuperación de los muros del Panteón Nacional de los Héroes luego de los actos vandálicos. En todos estos casos los recursos económicos fueron utilizados de modo eficiente para lograr los resultados hoy visibles. Asimismo, el taller de restauración de bienes muebles ha trabajado intensamente con el acervo del Palacio de López, así como con otros bienes.

En el marco de la pandemia elaboramos protocolos sanitarios para museos, galerías, archivos y bibliotecas. Trabajamos en varias exposiciones temporales, como la de la Recova, o Contrapuntos, en el Museo Nacional de Bellas Artes, o de muchos documentos históricos. Ampliamos la disponibilidad virtual de documentos para su consulta y restauración, a fin de seguir permitiendo a los ciudadanos el disfrute de su patrimonio. Muchas de estas iniciativas fueron llevadas a cabo en colaboración con comisiones u otros estamentos y organizaciones.

La gestión del patrimonio cultural suele encontrar obstáculos en su proceso, debido a la compleja trama de intereses que involucra, tanto en el sector público como en el privado. ¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes y los más difíciles de superar?

Puedo citar los intereses ajenos a la preservación del patrimonio, económicos o políticos; la falta de presupuesto; la falta de especialistas en sitios clave de los entes públicos, como municipios y gobernaciones. Asimismo, la falta de valoración del patrimonio cultural por parte de la sociedad, que muchas veces se da por desconocimiento: ¿cómo amar algo que no se conoce? Por ello es necesario, en la política cultural, fortalecer la difusión y la promoción.

Podría enumerar las siguientes: falta de autonomía política de la institución, muchas veces yendo en contra de las medidas de preservación de bienes culturales; presiones u órdenes superiores que decía recibir el ministro, como sucedió en los casos de Yaguarón, Pindú, Botánico y Qhyqhyhó; debilidad institucional y falta de una política cultural clara; dispersión del limitado presupuesto destinado a Cultura, que es asignado a comisiones u otros entes como el MOPC, que ejercen roles que por ley corresponden a la SNC, lo cual dificulta la gestión adecuada por diferencia de criterios y objetivos; falta de criterios coherentes en el área de asesoría jurídica para llevar adelante, de manera clara y efectiva, las sanciones penales y administrativas cuando se viola la ley; falta de recursos humanos calificados en las áreas técnicas y administrativas de la DGPC, lo que no significa que no los haya, sino que son muy pocos.

Puedo mencionar el sonado caso de las 15 edificaciones de Pindú, consideradas patrimonio por la SNC desde 2017 por Resolución Nº 621/17. Las mismas quedaron desprotegidas por Resolución Nº 476/2020, dictada con el argumento de que la primera tenía errores (ya que las construcciones fueron declaradas bien patrimonial de forma conjunta), sin esperar las declaraciones individuales que ahora exige la nueva reglamentación. Este hecho resulta llamativo pues las reglamentaciones deben establecer formas procesales de aplicación de los principios de la ley (en este caso la preservación del patrimonio) y no retirar la protección de los bienes que, así, quedan desamparados. Más llamativas aún resultan la solicitud de reconsideración de la declaratoria ante la SNC, rechazada por la DGPC en 2019, y la existencia de un reciente pedido de autorización para proceder a la demolición de una de estas conocidas casas de Pindú presentado ante la Municipalidad de Asunción por el propietario. En los días previos a mi salida de la SNC solicité al ministro Capdevila la rectificación de la Resolución Nº 476/2020, para mantener la protección de las edificaciones hasta tanto se realice la nueva evaluación; la respuesta fue negativa. Considero que un precedente así nunca resultará positivo en la tarea de defender el patrimonio.

Otro tema sumamente importante es la restauración de la sacristía del templo de Yaguarón. En octubre de 2019, luego de varios intentos fallidos, el MOPC adjudicó los trabajos de restauración. Existe en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas una investigación de oficio –que está en estos momentos suspendida– por irregularidades en esa adjudicación. Uno de los motivos es la falta de cumplimiento de los requisitos del equipo técnico. El protocolo de intervención (equivalente en este caso a un proyecto ejecutivo de restauración) presentado por la empresa no fue aprobado por la mesa técnica de la Dirección General de Patrimonio Cultural por no reunir las condiciones necesarias para el efecto. Ante esta situación el Municipio de Yaguarón, la Diócesis de Carapeguá y la Asociación de Amigos del Patrimonio de Yaguarón contrataron profesionales de vasta experiencia y formación que han trabajado de manera externa para la elaboración del protocolo. Lo curioso es que durante los últimos meses ni la entonces directora de Bienes Culturales, ni yo, entonces directora general de Patrimonio Cultural, teníamos habilitado el ingreso a la sacristía por parte del ministro de Cultura.

Para Yaguarón hemos soñado y pedido una escuela taller donde se pudieran formar especialistas paraguayos dirigidos por gente con experiencia, como la doctora María José Diez, con premios por buenas prácticas en restauraciones con la comunidad, otorgados por la Unesco. La idea era compartida por la comunidad de Yaguarón, el municipio y la Diócesis de Carapeguá; es decir, tenía legitimación social. Este sería un modo de dejar capacidad instalada en la comunidad, que finalmente se encargaría de la preservación de este patrimonio para el disfrute de todos. ¿No es acaso eso lo que queremos? De esta manera el Estado ahorraría recursos, se garantizaría una restauración de primera y se generaría trabajo local, tan necesario, logrando así un patrimonio sostenible. Pero la iniciativa no fue apoyada por las autoridades, se procedió al llamado a licitación y a la adjudicación, con las falencias mencionadas, a pesar de las cuales el contrato con la firma adjudicada sigue vigente.

Quedan pendientes los proyectos ya mencionados con la Unesco, como el de patrimonio religioso y el de arqueología subacuática, este último para dar respuesta y dejar capacidad instalada ante el interés de recuperar embarcaciones hundidas como los barcos Paraguarí, 1º de marzo y Eponina. También queda pendiente el proceso de reglamentación de la Ley Nº 5621/16 de Patrimonio Cultural, con especial referencia a los procesos vinculados a las intervenciones en el patrimonio material. Asimismo, el programa Patrimonio vivo, orientado a la revitalización del Centro Histórico de Asunción, que se lleva adelante desde el consejo ejecutivo del Plan CHA con apoyo del BID, con 17 iniciativas para proyectos, entre ellos la revitalización de la Recova del Puerto y del conjunto de plazas frente al Congreso.

Otro pendiente es la construcción del Museo Nacional de Arte en el puerto de Asunción, cuyo proyecto ejecutivo ya fue desarrollado; la restauración con cooperación chilena de documentos sobre la Independencia del Paraguay que están en el Archivo Nacional (349 fojas; se hizo un trabajo conjunto entre la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA y la SNC para el estudio de la carga bacteriológica de archivos o depósitos documentales); la puesta en valor del acervo de la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional y una segunda etapa de mejoras edilicias, así como el finiquito de la titulación del terreno a nombre del Estado paraguayo, ya que hasta el momento es titular del predio la Embajada Argentina (en un momento dado el gobierno argentino donó al Paraguay el terreno donde se encuentra la Biblioteca Nacional, que constituía una unidad con el Solar Sarmiento, pero el pedido de fraccionamiento para proceder a la titulación solo fue formalizado hace unos años).

Básicamente, mi desvinculación del cargo se debió a la disparidad de criterios relativos nada menos que a la protección del patrimonio, así como a diferencias de criterios técnicos aplicados a ciertas intervenciones como, por ejemplo, la sacristía de Yaguarón, y el caso Pindú. También incidieron mis reclamos por falta de apoyo para el fortalecimiento de la Dirección General, que asume la mayor parte de los casos que ingresan a la SNC. Lo que llevó al extremo esas disparidades fue mi radical oposición a un sistema de reglamentaciones que actúan como excusas para dejar sin protección determinados bienes (de nuevo el caso Pindú) en beneficio de la especulación inmobiliaria y los intereses políticos generados en torno a la misma, además del reciente desmontaje del altar del templo de Trinidad sin involucramiento de los técnicos de la SNC.

Sí, renuncié luego de casi 12 años trabajando por el patrimonio porque las condiciones para seguir ya eran insostenibles, a pesar de que en los últimos meses el ministro me ofreció quedar como asesora. A esto se sumó mi descontento por la no recontratación de la arquitecta Silvia Rey, que se desempeñaba como directora de Bienes Culturales (una dirección clave), una de las mejores técnicas en el área de patrimonio arquitectónico con una solvencia que pocos profesionales de nuestro medio poseen. El ambiente laboral ya no era propicio para desarrollar tareas de equipo, sin la confianza y el apoyo de la autoridad mayor.

ENLACE INTERNO A ESPACIO DE VISITA RECOMENDADA

EL IDIOMA GUARANÍ, BIBLIOTECA VIRTUAL en PORTALGUARANI.COM

(Hacer click sobre la imagen)