EXCESO DE ALTERNANCIA, AUSENCIA DE ALTERNATIVAS
Por JORGE RUBIANI
“Hay que construir una alternativa, porque la alternancia no es sino otra forma de corrupción política” (Fernando Louça, líder político portugués).
El titular del Ejecutivo dura cinco años en sus funciones. Los jueces de la Corte son inamovibles desde que son nombrados hasta que cumplan los 75 años de vida. Todos pueden concluir sus respectivos mandatos si antes no fuesen destituidos mediante juicio político. Las cámaras del Parlamento, sin embargo, cambian de mesa directiva TODOS LOS AÑOS y ni siquiera el mal desempeño de algunos de sus miembros, induce a sus pares a despojarle de sus fueros para que sean investigados por la justicia. ¿Por qué la diferencia? Una posible respuesta –entre otras muchas– podría buscarse en la Convención de 1992, responsable de la Magna Carta que rige desde entonces los desvelos del Paraguay. De cuando el todavía fresco hedor de la dictadura hizo que los convencionales se impusieran el tenaz empeño de fortalecer la representación popular. Tanto que se olvidaron de condicionar virtudes esenciales para su integración, como ponerles límites semejantes a los otros poderes. Fue así que el protagonismo del estamento legislativo junto a la distensión regalada a sus miembros, prohijó muchos desbordes, disolviendo, para comenzar, el sistema de bancadas. Las que representaban, en alguna medida, el pensamiento oficial de los partidos políticos sobre los grandes temas nacionales.
El hecho es de lamentar si tenemos en cuenta que la cualidad más apreciada de un parlamento es la de constituir –precisamente– un “colectivo”. Gracias a su integración con personas de distintas procedencias, con pensamientos políticos que abarcan (deberían al menos) el amplio espectro de ideas que campean en la sociedad, con conocimientos y experiencias dispares, pero sometidos a una disciplina funcional en la que radica, normalmente, su eficacia.
Un vistazo a los sistemas parlamentarios de mayor tradición y prestigio en el mundo entero nos permite verificar que, independiente a criterios de gobierno o tendencias ideológicas, el Parlamento privilegia un compromiso real por la calidad en el funcionamiento del Estado. Pero disuelto en una multitud de voces e intereses, que no siempre coinciden con los del país, tal como funciona el “sistema paraguayo”, no constituye el contrapeso que se requiere y se exige del Poder Legislativo.
La situación tiende a generar, básicamente, dos defectos: o el Parlamento sucumbe ante la voluntad del Ejecutivo o lo chantajea con el peso de sus votos complotados para protagonizar casi un co-gobierno que medra “a la sombra del poder en procura de sus ventajas, pero sin asumir ni una sola de sus obligaciones”.
Todo comenzó en 1991 al iniciarse el mandato del Dr. Carlos Filizzola en la Intendencia de Asunción. Los representantes de los partidos tradicionales en la Junta Municipal, si bien respetuosos de la jerarquía, hicieron lo posible en pellizcar algo de lo obtenido por el sector independiente. O hacerle cuesta arriba el ejercicio del poder comunal. Fue así que el voto mayoritario del Legislativo Municipal obligó a la alternancia anual de su mesa directiva.
Con el procedimiento adoptado, la Junta llegó a tener seis presidentes de tres partidos distintos durante los cinco años y seis meses de duración de aquel mandato. Ningún hecho anormal, sin embargo, se concretaría con los cambios, a tal punto que los 59 funcionarios existentes en la JM al inicio de la gestión (junio/1991), solo se elevaron a 64 tras su conclusión (diciembre/1996), es decir, cinco funcionarios más; 2,6 por cada concejal. Pero la sucesiva generación de presidentes de la corporación le tomó el gusto al asunto y hoy, más de 20 años después, son más de 900 funcionarios para la misma actividad simple y rutinaria, y para la misma cantidad de 24 concejales, por lo que cada uno de estos cuenta en promedio con 38 funcionarios, que llegarían a 46 si se contabilizan los más de 200 comisionados que admitió la institución.
¿A qué se debió tanto abuso? Es fácil deducir la respuesta. Ahora traslademos estos antecedentes y realidades hasta el Parlamento Nacional (que copió con democrática devoción aquella alternancia anual) y entendamos la verdadera razón por la que se cambia la mesa directiva del Congreso, TODOS LOS AÑOS. Elección que paraliza la actividad legislativa tres meses antes y tres meses después de cada cambio. Los de antes para el proselitismo y los restantes para los “reacomodos” correspondientes.
En ambos “procesos” se deciden los cupos para “gente necesitada” (que los parlamentarios detectan con curiosa facilidad); parientes, amigos, correligionarios, compañeros de colegio, compueblanos, empleados particulares (caseros y niñeras); todos con sueldo público aunque más no sea para “trabajar” de parrilleros, cebadores de tereré o mate, damas o caballeros de compañía, contadores de chistes o expertos en algo. ¿Y cuántos son?, se preguntará el lector. Nunca se supo la cifra exacta. Y si se la dan, probablemente se descompensará si es alérgico a la indignación.
En conclusión: el Parlamento debe elegir a sus autoridades por UNA SOLA VEZ y para todo el mandato. Debe hacerlo por razones de respeto a los resultados eleccionarios, igualdad con los demás poderes, funcionalidad y eficacia. Y para evitar que con el sistema vigente se siga incrementando el padrón de funcionarios y que con cada período abierto en el Congreso, se ponga en vilo al país y toda la gestión de gobierno.
Fuente: ABC Color
www.abc.com.py
Sección POLÍTICA
Jueves, 02 de Enero de 2014
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