PROPUESTA INDECENTE - Por JORGE RUBIANI - Viernes, 20 de Abril de 2012

PROPUESTA INDECENTE

Por  JORGE RUBIANI

“La ley es el débil intento del hombre por codificar los principios de la decencia” (Alguien). Ante la remoción de los jueces del más alto tribunal de la República –medida resuelta por la Cámara de Senadores– podrían plantearse los siguientes interrogantes:

* ¿No se trata de la misma Corte cuya integración había sido “consensuada” –arreglada sería el vocablo correcto– entre los dos partidos tradicionales... negociación mediante la cual se había aceptado la composición hoy cuestionada y hecha entonces para permitir la presencia de jueces propuestos por el Partido Liberal?
* ¿No es perverso que los miembros de un tribunal de justicia sean designados por sus tendencias o afiliaciones partidarias? ¿No se evidencia con el hecho la clara disposición de una Justicia a la medida de los estamentos de poder?
* ¿No sería consecuencia de esta “característica” que en un país postrado por la corrupción no tengamos a un solo ministro, director o funcionario público de alto nivel condenado por algún delito de malversación o por defecciones diversas en el ejercicio de sus responsabilidades?

* ¿Por qué es inconveniente que los miembros del tribunal respondan a los intereses de un partido político diferente al nuestro... y ya no lo es cuando se lo integra con nuestros correligionarios? ¿Acaso se olvida que el basamento del sistema republicano y democrático radica en la independencia del Poder Judicial de toda injerencia ajena a la suprema misión de impartir justicia?

* ¿Podríamos asumir que el equilibrio de poderes está vigente cuando los miembros de la cámara de representantes pueden designar, interpelar o destituir a los componentes de los otros poderes, sin que hasta hoy se admitiese el simple desafuero de algún miembro del Congreso, siendo también esta medida de exclusiva competencia legislativa?

* ¿Dónde el equilibrio, si para los cargos del Poder Judicial se requieren de rigurosas calificaciones profesionales que se distienden generosa o irresponsablemente para los cargos de los otros estamentos? O planteado al revés y más simplemente: si para ser “representante del pueblo” ni siquiera se demanda la razonable competencia de los postulados en cualquiera de los dos idiomas oficiales: guaraní o castellano... ¿Por qué tan onerosas exigencias para integrar los demás poderes... y especialmente el Judicial?

* ¿Cómo puede entenderse el concepto de “equilibrio” si para la conformación de los tribunales de Justicia se convocan al Colegio de Abogados y a las universidades y los candidatos deben inscribirse o ser propuestos dotados de una fundamentación curricular impecable? ¿Mientras que para formar parte de la cofradía legislativa no se precisa ni siquiera de un certificado de vacunación contra la gripe?

* ¿Cómo se entiende el equilibrio si para la contraloría de los actos judiciales se integra un tribunal de jurados y un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados? ¿Mientras que frente a cualquier exigencia de la ciudadanía y los medios de opinión para mejorar la labor o los cuadros del Parlamento no valen críticas, interpelaciones o propuestas de ninguna clase? Sin embargo, para delicia de la democracia, ¡el estamento legislativo SÍ puede juzgar las calidades de los demás poderes!

Los parlamentarios se desbarrancan en actitudes y gestos que jamás se tolerarían entre los miembros de otros factores de gobierno (la lista es demasiado larga y conocida para reiterarla). Algunos ni siquiera presentaron un proyecto de resolución en años de “dura permanencia” en la Cámara; mientras todos por igual disponen de salarios impecables, gastos de representación, sobresueldos, viáticos, viajes (mucho más frecuentemente que los miembros del Poder Ejecutivo o Judicial), entre otras varias ventajas.

Cualquiera de las respuestas a estas interrogaciones nos enfrentará inexorablemente a las graves contradicciones que nos depara nuestra todavía incipiente democracia.

Contradicciones que pueden resumirse en una verdad fundamental: la democracia es calidad. Calidad de las instituciones, eficacia en la gestión pública, alto sentido de la dignidad y el honor en el ejercicio de la misma. Además de una estricta vocación de justicia en todos los actos de gobierno. No “la justicia” que reparte prebendas o se exime de la obligación de “codificar los principios de la decencia” antes que penalizar con rigor y puntillosa legalidad la inconducta de los ciudadanos.

Porque cuando los privilegiados por una elección popular nos impiden sacudirnos de los vicios de la dictadura con todos sus perversos y tramposos mecanismos, la democracia es una farsa y el andamiaje institucional instalado para consagrarla y protegerla no es más que un costoso fraude.

Fuente: ABC Color

www.abc.com.py

Sección OPINIÓN

Viernes, 20 de Abril de 2012

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