EL ESTADO SINDICAL - Por JORGE RUBIANI - Martes, 22 de Noviembre de 2011

EL "ESTADO SINDICAL"

Por  JORGE RUBIANI

De visita a unos amigos residentes en los Estados Unidos, tuvimos problemas con el acondicionador de aire. Llamaron a un técnico y a su llegada, con la puerta apenas entreabierta, la dueña de casa pidió al visitante le exhibiera su carnet del sindicato. Tras este trámite, le franqueó la entrada. Le pregunté sobre el detalle y ella me dio la siguiente explicación: "El Sindicato es, en primer lugar, la garantía de que el que llega a mi casa es el técnico que yo pedí; en lo segundo, que hará un trabajo por el que responderá el gremio; y tercero, que el pago por el servicio no estará supeditado al humor del profesional ya que el costo de lo que haga se encuentra pautado en la lista de precios proveída por el mismo sindicato".

Me he preguntado muchas veces si esa capacidad de proteger los derechos de la ciudadanía tanto como la de sus afiliados no sería el fundamento de la acción sindical. La vida cotidiana en nuestro país desalienta categóricamente tal posibilidad. Que, como una de las tantas novedades que nos trajo la democracia, tenemos la impresión de que el objetivo de la agremiación obrera, campesina o la de funcionarios públicos, es hacerse de todas las ventajas sin ninguna contraprestación, compensación o respeto al colectivo. De hecho, no parecen buscar la simpatía de la opinión pública para su causa –como debería ser– sino irritarla para demostrarnos el poder o la impunidad de las que se invisten. Pues por las omisiones generales del Gobierno y chantajes al resto de la sociedad, convierten el elemental derecho de "peticionar a las autoridades" en una actividad lucrativa, cuasi profesional que habría superado la más delirante imaginación de los contados y sufridos líderes gremiales de antaño.

Sin duda que los sindicatos fueron un factor de la lucha contra la dictadura pasada. Pero derrocada esta y gracias al prestigio ganado tras décadas de persecución, obreros y campesinos se convirtieron en grandes protagonistas de la vida partidario/política (en ese orden), atrayendo con las ventajas inherentes de la condición, a los funcionarios públicos, otrora rabiosos apologistas del "líder único". Es decir, de los tiempos en que la felicidad era obligatoria y reclamar algún derecho era atentar "contra la paz y el orden". En efecto, el festín democrático hizo que sindicatos, gremios o enrolados en cualquier causa, se hicieran de las características de los partidos sin ninguno de los pocos límites que todavía contienen a estos. Al punto que se han vuelto casi "inimputables". Pues tenemos a delegados y secretarios generales que se eternizan en la conducción de sus gremios además de acceder a puestos electivos o en los bien remunerados Consejos de dudosa utilidad; sin dejar de participar en los negocios del Estado o pellizcando algunos de sus recursos. Por lo que cuando reivindican "derechos adquiridos", estos ya no son sino meros privilegios, en la gran mayoría de los casos. Con semejantes franquicias, se autoproclaman "protectores de empresas públicas" (aunque no les importe lo mal que funcionen o la corrupción que contengan) mientras que cualquier intento de concesión de las mismas por parte del Gobierno encontrará en la facción sindical los contrapesos necesarios para que todo siga igual. Lo que es decir, DE MAL EN PEOR.

El Paraguay se desbarranca en la miseria. En medio de las carencias generales y especialmente de oportunidades de trabajo, el hecho de contar con uno, ya constituye una bendición.

Y si es en una oficina pública, se sabe también que la posición está asegurada por múltiples mecanismos. Legales y de los otros. No obstante, el carácter "partidario" de los gremios o su cercana relación con los partidos habría determinado que cuando los representantes de distintos gobiernos anteriores negociaran con ellos sus contratos colectivos, sus leyes de amparo a la gestión sindical o los mecanismos que les infatuaran de la manera en que están, tales funcionarios incurrieron en peligrosas e irresponsables omisiones. Especialmente el no haber previsto y exigido mínimas garantías para la vigencia de derechos inalienables del resto del colectivo. Como para que bajo ninguna circunstancia, los niños y jóvenes, por ejemplo, dejen de recibir educación; como para que no falte una atención indispensable a quienes acuden a los hospitales públicos; o que ninguna huelga chantajee a la sociedad con la suspensión de servicios esenciales. Especialmente los que se proveen a centros sanitarios y de enseñanza.

Sería además saludable que amparados en el simple criterio de la igualdad ante la ley, la inimputabilidad sindical termine. Como para que los desmanes o las agresiones sufridas por la ciudadanía durante la acción de cualquier "movilización" tengan el condigno castigo. Para lo que también sería necesario que los fiscales y policías actúen para proteger a los ciudadanos indefensos y no solo para garantizar inmunidad o impunidad a los violentos. Y para que los demás trabajadores de cualquier categoría, sindicalizados o no, no sean impedidos de acudir a sus labores o llevar a sus hijos al colegio, solo porque alguna patota decidió que la "lucha sindical" se remite a hacerse de los privilegios que los sindicalistas dicen combatir.

Fuente: ABC Color

www.abc.com.py

Sección OPINIÓN

Martes, 22 de Noviembre de 2011

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