TACUARA’I Y LA TIERRA - Por MIGUEL H. LÓPEZ - Jueves, 07 de Marzo de 2019

TACUARA’I Y LA TIERRA

Por MIGUEL H. LÓPEZ

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El caso de la comunidad Ava Guarani de Tacuara’i (Canindeyú) debería ser una causa nacional, si realmente somos merecedores de nuestros ancestros y su herencia cultural.

El problema que alcanzó su punto más tenso en setiembre del año pasado –cuando civiles armados, capangas de colonos brasileños, los expulsaron con violencia y sangre de sus tierras ancestrales y vinieron a instalarse a la Plaza de Armas– constituye hoy una herida abierta en el corazón de Asunción.

En la expulsión ilegal de hace seis meses, desapareció Isidoro Barrios, que según la denuncia de los colectivos indígenas fue asesinado por los guardias al servicio de terratenientes.

Tacuara’i es actualmente la expresión más descarnada de la inacabada lista de atropellos y violaciones que los gobiernos sucesivos, sin excepción, y el Estado y sus predecesores vienen perpetrando en contra de los pueblos indígenas desde la invasión europea a esta región en el siglo XVI.

La indiferencia del gobierno de Mario Abdo, de los legisladores, de los demás organismos del Estado en aplicar el imperio del derecho consuetudinario, a la sazón derecho colectivo, en beneficio de los afectados es descarado, cómplice e inhumano.

El hecho de que la advenediza presidenta del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Ana María Allen Dávalos, haya declarado hace unas semanas sobre el reclamo de los miembros de la comunidad de Tacuara’i que “están pidiendo algo que es imposible darles. Piden tierras ancestrales y ya escapa del Indi”, es la antesala de la ignominia y el desconocimiento de lo básico en derecho. No obstante, refleja diáfanamente la ideología que se sostiene desde el poder del Gobierno, el Ejecutivo. Importan más los usurpadores empresarios del agronegocio que los ocupantes ancestrales. La vida y la cultura de los ava guaraní de la zona de Corpus Christi les son insignificantes.

En esta serie de violaciones al derecho consuetudinario y a los DDHH se fueron agregando más hechos agravantes. Por la indefensión causada a los ava guaraní acampados en el centro, la inseguridad generada en la propia inacción de las autoridades provocó el asesinato de Francisco Vicente López Ortiz, en un hecho que enfrenta a pobres contra pobres. E inmediatamente el ineficiente sistema judicial –efectivo para desviar el centro de los asuntos importantes– detuvo y mantiene preso al hermano del difunto, líder del grupo de la Plaza de Armas, Derlis López. Él no puede ser beneficiado por el derecho general de libertad ambulatoria porque –según el raciocinio de la jueza Marta Romero– no tiene cómo demostrar lugar de residencia.

Los habitantes de Tacuara’i tienen derecho. El Estado y el Gobierno tienen la obligación. El resto es chicana política y discurso distractor que abreva en el peor de los racismos.

Este asunto evidencia que la tierra sigue siendo lo central en el problema general en Paraguay. Su apropiación por grupos de poder económico y político y su despojo de poblaciones enteras son fuente de las peores de las desigualdades. Afecta a indígenas y no indígenas campesinos en áreas rurales y zonas urbanas. Prueba de ello es la violenta expulsión –de ayer– de centenares de familias en Luque de tierras pertenecientes al Estado a nombre de la telefónica pública Copaco. Violencia, detenciones, sangre, quemazón de viviendas y bombas lacrimógenas.

Al final de todo, de la inacción y las represiones, el saldo es el de siempre: una multitud de sintierras y sintechos.

Fuente:  ULTIMA HORA (ONLINE)

Sección OPINIÓN

Jueves, 07 de Marzo de 2019

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