JUVENTUDES: DESAFÍOS PARA EL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL

CUADERNO DE DIFUSIÓN  3

PROYECTO JUVENTUDES SUDAMERICANAS:

DIÁLOGOS PARA CONSTRUIR LA DEMOCRACIA REGIONAL

LUIS CAPUTO

MARIELLE PALAU

DIEGO SEGOVIA

Asunción – Paraguay

2009

INTRODUCCIÓN

En el marco del proyecto “JUVENTUDES SUDAMERICANAS: DIÁLOGO PARA CONSTRUIR LA DEMOCRACIA REGIONAL(periodo 2008-2009), serealizaron entrevistas, grupos focales, unaencuesta nacional, un grupo de diálogo nacionaly uno regional. Un tema recurrente desde laspropias voces juveniles ha sido el Estado,exigiendo el reconocimiento de la especificidad dela condición juvenil, de sus demandas. Asimismo,múltiples testimonios enfatizaron laresponsabilidad que tiene el Estado de generarpolíticas públicas de juventud que respondan asus reivindicaciones, y que antes que frenar losavances participativos o luchas de lasorganizaciones juveniles, el mismo deberíaanimarlas y propulsarlas (1).

En este material se sintetiza el análisis de los datos relevados, que asocian Estado con Juventudes, tomando como eje articulador la visión que tienen los colectivos jóvenes organizados, así como también la población en general (estudio cuantitativo en base a dos mil encuestas, BASE-IS, 2009a) sobre esta siempre compleja relación en la que el Estado es quien debe combatir las desigualdades, reconociendo a los y las jóvenes como sujetos de derecho, y respetando la autonomía de los grupos y organizaciones juveniles.

Las investigaciones realizadas desde el año 2007 en Paraguay y Sudamérica, indican que es preciso reconocer los derechos fundamentales de la juventud, atendiendo las distintas dificultades y las dimensiones a fortalecer. No resulta suficiente la obtención de algunos beneficios en materia de programas o proyectos. La juventud organizada portadora de demandas tradicionales (educación, tierra, trabajo) hace referencia también a renovadas cuestiones (identidad juvenil, equidad intergeneracional, respeto al medio ambiente, la no violencia y discriminación) mientras le confiere un enorme valor al reconocimiento pleno de la ciudadanía, más allá de la edad o factores socioculturales.

Con frecuencia en las entrevistas colectivas y durante el grupo de diálogo, las juventudes militantes o voluntarias de distintos espacios sociales, manifestaron la importancia de primer orden que tiene la formación y la práctica participativa, así como las implicancias de la intervención en los espacios públicos, sea en cuanto a beneficios personales (crecer como persona, fortalecer el ser joven) sea en términos de beneficios colectivos (relaciones fraternas, aprendizajes, democratización).

En este sentido, un tema de gran importancia y que hasta el momento ha sido indiferente a las instituciones, es lo relativo a valorar el capital que expresa la ciudadanía juvenil en movimiento. Al respecto, los estudios realizados en el marco de “Juventudes e Integración Sudamericana”, ofrecen evidencias empíricas que dan cuenta de interesantes procesos de democracia directa y participativa. En el caso de la orientación de las demandas de la juventud estudiantil, este actor organizado ha posibilitado a sus militantes una formación general para la vida, para la ciudadanía, mediante experiencias de acercamiento vivencial a la diversidad juvenil:

“En su carácter de Federación Nacional, la FENAES ha brindado un espacio a los jóvenes de acercarse a otras realidades juveniles del país. Esto, según se pudo percibir, resulta en un mayor conocimiento de situaciones sociales, políticas y culturales que se dan en distintas regiones del país e incluso en áreas diferentes” (Segovia, BASE-IS 2008a: 126).

Del mismo modo, en el campo, se estudió al segmento de la juventud campesina organizada, focalizando en dos asociaciones adultas más amplias, la OLT (Organización de Lucha por la Tierra) y el Consejo Juvenil Rural de ASAGRAPA.

Esta última, la Asociación de Agricultores de Alto Paraná (ASAGRAPA), ha logrado percibir que es posible producir cambios en varias escalas, por ejemplo: capacitarse e innovar prácticas, fortalecer las luchas del movimiento campesino y, a su vez, modificar las relaciones con los adultos (logrando mayor compromiso mutuo) y hacer valer sus derechos en sus comunidades: “Uno de los aspectos principales que marca la diferencia entre jóvenes organizados y no organizados, es el acto de conversar y resolver conflictos, tomar decisiones en conjunto y formular estrategias alternativas para el bienestar comunitario. Este capital social-juvenil y las actitudes -cómo resolver conflictos familiares, evitar la migración de un/a joven, resistir la presión de sojeros, realizar actividades comunitarias, denunciar actos de violación de derechos humanos- son otros indicadores importantes del anhelo que posee la juventud de generar cambios sociales y del ejercicio de ciudadanía, en una sociedad marcada por la discriminación y la exclusión política (Kretschmer, BASE-IS 2008a: 41).

Es en este sentido, apoyo al fortalecimiento de los movimientos y organizaciones juveniles y propiciar la creación de nuevas organizaciones y grupos juveniles, como deberían ser los pilares que sustentan a una política pública que contribuya a profundizar la democracia a mediano y largo plazo.

En efecto, además de la co-responsabilidad del Estado y la Sociedad de potenciar a las organizaciones juveniles existentes, a ello se debe agregar la ampliación de nuevos espacios y asociaciones juveniles con autonomía, a modo de mejorar la acción colectiva al servicio de las políticas públicas de juventud democráticas, orientadas a las demandas más politizadas y a aquellas de carácter micro o locales de las juventudes.

1.-  Inicialmente también, estas inquietudes y exigencias para el caso de los estudiantes secundarios y jóvenes campesinos, pueden identificarse en el proyecto de investigación desarrollado durante el año 2007 “Juventudes e Integración Sudamericana: caracterización de Situaciones Tipo y Organizaciones Juveniles” (BASE-IS, 2008a).

Fuente digital : http://www.baseis.org.py

Registro: Agosto 2011