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LA POLÍTICA DE DEFENSA PARAGUAYA A TRAVÉS DE LOS DISCURSOS PRESIDENCIALES (1844-2008)

  DISCURSOS PRESIDENCIALES - ING. JUAN CARLOS WASMOSY MONTI (1993 -1998)

DISCURSOS PRESIDENCIALES - ING. JUAN CARLOS WASMOSY MONTI (1993 -1998)

LA POLÍTICA DE DEFENSA PARAGUAYA  

A TRAVÉS DE LOS DISCURSOS PRESIDENCIALES  

(1844-2008).

 

ING. JUAN CARLOS WASMOSY MONTI

Periodo presidencial

1993-1998

 

Cnel. DEM EDUARDO A. GONZÁLEZ LEDESMA

Lic. JOSÉ ANTONIO OVELAR NUÑEZ

 

 

 

INTRODUCCIÓN

 

El gobierno presidencial del Ing. Don Juan Carlos Wasmosy Monti (1993-1998), gobernante que después de 39 años de gobierno militar, inicia la época de los gobiernos civiles, donde se afianzaron las instituciones que han plasmado trascendentales lineamientos en el ámbito de la Defensa Nacional. La ciudadanía ha dado un ejemplo de responsabilidad y disciplina cívica, de compromiso con la democracia y con las instituciones legítimamente constituidas, y ha demostrado la capacidad de participación en los asuntos políticos de la República. Pero, parece que, a veces, la sombra nefasta del pasado retorna a nuestro escenario político, pugnando por cortar el camino hacia la consolidación institucional que el pueblo se ha impuesto: democratización e institucionalización de la República.

El tema abordado por este trabajo tiene por objetivo dotar de instrumentos conceptuales y procedimentales para acceder al conocimiento pluridimensional de la realidad social, intelectual y espiritual, coherente con los principios de la democracia y realizar una reflexión de los mensajes presidenciales y el abordaje de la problemática, el fin último: «El Estado es una creación natural, que el hombre es un animal naturalmente sociable (zoion politikon) y que la tarea de gobernar rodea siempre un imposible, que ha sido la causa de tantas visiones y opiniones diversas; este imposible es lo que se llama el bien común, o sea el bien supremo».

Nos asiste la certidumbre, que en los años venideros, cuando las alternancias en los gobiernos de la República por otros partidos políticos, se encausaran políticas tendientes al desarrollo para beneficio del país y así habremos tendido el puente para transitar hacia el siglo XXI, como una nación políticamente moderna y apta para enfrentar los desafíos de su desarrollo como integrante del MERCOSUR.

 

 

POLÍTICA DE DEFENSA

 

En el desarrollo de las bases para una Seguridad Democrática, las Políticas de Gobiernos se deben estudiar y estructurar las soluciones más adecuadas a los problemas del país y para ello debemos conocer los conceptos y principios de Defensa Nacional y las Políticas de Defensa:

DEFENSA NACIONAL: «La Defensa nacional concebida como un conjunto de acciones vinculadas al desarrollo, permite como sociedad articularnos para lograr objetivos y alcanzar niveles óptimos de seguridad que hagan viable la ecuación: seguridad social crecimiento económico = bienestar».

Sobre esto, la sobrevivencia de la sociedad y su proyección son aspiraciones que requieren un grado de seguridad, que en casos de aparecer amenazas, activen acciones de Defensa Nacional para protegerlas. Muchos indicadores alertan sobre los riesgos y peligros que se ciernen sobre la Seguridad Nacional y el país se sumerge más en el caos y la violencia haciendo deslizar, a gran velocidad, hacia el colapso económico.

POLÍTICA DE DEFENSA NACIONAL: "La Política de Defensa Nacional es el conjunto de principios y criterios con que el Estado orienta su función de Defensa, una política de Estado en tanto exige estar por sobre la coyuntura política y sensible de algunos de sus elementos»; las actividades de la Defensa deben protegerse en marcos jurídicos especiales y trascender en proyectos y acciones de los sucesivos gobiernos del país, y por tanto, debe estar sujeta a objetivos generales de formulación, implementación y verificación de las políticas públicas, incluyendo la del sometimiento a la observación y opinión de los ciudadanos.

Es necesario que la Política de Defensa sea coherente con el posicionamiento de nuestro país en el sistema internacional, con los riesgos y amenazas por enfrentar la realidad geopolítica del Paraguay y, también, con la tradición en materia de Defensa. En su formulación se debe considerar la participación de todos los entes orgánicos del Estado que tienen responsabilidades directas en la Defensa, destacándose el papel protagónico del Ministerio de Defensa Nacional - Fuerzas Armadas, como asimismo del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior-Policía Nacional, como también, ambas Cámaras del Poder Legislativo y el Poder Judicial; resulta también conveniente atender la opinión de otras instituciones, estatales o privadas, que posean un conocimiento calificado en la materia, como el Consejo de Defensa Nacional - Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE), incluyendo los criterios y orientaciones básicas de los trabajos para las previsiones que se deben adoptar con el objeto de apoyar la proyección del Paraguay en el exterior, neutralizar eventuales amenazas, así como superar acontecimientos internos cuando lo disponga el Estado de excepción Constitucional, para contribuir a atenuar los efectos de catástrofes naturales. Tales orientaciones deben estar dirigidas al conjunto de los organismos del Estado que ayudan en la Defensa, y no solo a las Fuerzas Armadas en particular. Para ello debe existir, como derivación de la Política de Defensa, una Política Militar que establezca las bases para el accionar de las instituciones armadas en tiempo de paz.

Los delineamientos básicos en el programa de gobierno del Ing. Don Juan Carlos Wasmosy Monti (1993-1998), en sus discursos presidenciales divide la Defensa Nacional en focos bien definidos:

 

1. LAS FUERZAS ARMADAS:

 

«En su carácter institucional requiere de un proceso fundamentalmente marcado por el largo tránsito de un régimen autoritario a una democracia. A lo largo de nuestra historia las Fuerzas Armadas han desempeñado un rol preponderante en la defensa de la Independencia Nacional, el mantenimiento de la soberanía y la integridad territorial.

Las Fuerzas Armadas de la Nación están empeñadas en la reformulación y reorientación de sus planes operativos y de desarrollo, con miras a su adecuación a los imperativos de la nueva realidad paraguaya. Impulsar su eficiencia en todos los ámbitos del quehacer militar, a partir de la profesionalización y capacitación de sus recursos humanos para optimizar la capacidad operativa que le exige el cumplimiento de su misión constitucional, define su objetivo prioritario, para lo cual se ha empeñado en distintas acciones. Las Fuerzas Armadas, conscientes de los cambios estructurales que demandan los adelantos tecnológicos, están abocadas a profundas reestructuraciones en el orden de personal, material y redistribución de sus áreas de influencias».

Cabe destacar que el estudio de los programas y lineamientos obtenidos por el gobierno del ING. JUAN CARLOS WASMOSY MONTI fue una tarea bastante interesante, pues, constituyó estudiar esta primera Presidencia Constitucional civil después de cuatro décadas de gobiernos militares, y a estimular a la Comunidad Internacional de manera a reconocer nuestra condición de país democrático, fomentando el intercambio comercial, manteniendo relaciones amistosas con los países vecinos, creando una conciencia nacional de organizar internamente al Paraguay para alcanzar la seguridad y desarrollo especialmente considerando que la época exigía la implementación de medidas democráticas en materia de Defensa Nacional, particularmente por las nefastas ambiciones político-militar, semejantes a los años 1920 hasta 1954, retornando el pasado a nuestro escenario político de intentos de golpes de Estado, pugnando por cortar el camino hacia la consolidación institucional democratizadora de nuestra República.

 

Para la ejecución de estas pretensiones, supo encontrar las soluciones mediante el comprometimiento del patriotismo y desplegar toda buena voluntad para concretar los acuerdos democráticos para una Política de Defensa Nacional.

 

En el ámbito de las FF.AA. de la Nación, pudo administrar todas estas situaciones presentadas obteniendo:

• Firma de un contrato de Asociación Académica con la Universidad Católica de Asunción. (Firmado en nov./93 y ampliado en 1996)

• La formación y perfeccionamiento de los cuadros mediante el usufructo de becas en los cursos con países.

• La especialización constante de los cuadros en todos los niveles a través de los distintos cursos suministrados por los Institutos de Enseñanza de las Fuerzas Armadas.

• La creación del Centro de Comunicación Social en todos los niveles y bajo el

asesoramiento competente de profesionales nacionales y extranjeros.

• Racionalización de los medios humanos y materiales, y cambio de una estructura pesada por una funcional y flexible. (Ley 216/93, Organización de las FF.AA).

• Explotación del poder disuasivo de las tres fuerzas componentes, dotándolas de los medios tecnológicos para el cumplimiento de la misión asignada.

• Permitir una rápida transición a una estructura organizativa de Defensa Activa.

• Ley N° 1.115/97 «DEL ESTATUTO DEL PERSONAL MILITAR».

 

 

2. LA SEGURIDAD PÚBLICA:

 

«La Seguridad Interna es una preocupación constante del Poder Ejecutivo. Revalorizada la noble misión que le cabe cumplir, la Policía Nacional está justificadamente acreditada como un brazo eficaz de la justicia, ciñendo estrictamente sus procedimientos a los mandatos de la Constitución y las leyes. Su personal, debidamente entrenado, trabaja con abnegación y valor en defensa de las personas y de sus bienes. En ocasiones, el acoso tenaz de la delincuencia a la ciudadanía, lleva a pensar que la democracia y el estado de derecho configuran un escenario débil o incompetente para precautelar los intereses individuales y colectivos, y no faltan las voces que añoran el autoritarismo, revelando en su ingenuidad una actitud que necesitamos superar. Para reprimir la delincuencia dentro del marco de respeto al estado de derecho, el Poder Ejecutivo está mejorando la capacidad operativa del servicio, reorganizando el cuadro policial».

 

Para la realización de estos anhelos, encontró las soluciones para concretar los intereses institucionales de la Policía Nacional dentro una Política de Defensa Nacional; pudiendo gestionar todas estas situaciones obteniendo:

• Incorporación de oficiales y 600 sub oficiales previamente capacitados, y organizando nuevas unidades especializadas como la Agrupación Montada.

• El proyecto de Ley para el nuevo Código Penal.

• Promulgación de la ley N° 223/93 de la Policía Nacional, cambiando su rol y reorganización.

• Provisión de chalecos antibalas y armas de fuego individuales.

• Dentro del proceso de mejoramiento de la gestión del Ministerio del Interior, fue creado el Sistema de Comunicaciones y Transporte para la Policía Nacional, con apoyo del Gobierno de España.

 

La Ley del Código Penal actual, trata de un cuerpo legal en cuya preparación participaron o tuvieron oportunidad de participar, todos los sectores interesados y que suplió las carencias del código y la legislación vigentes, obsoletas e inadecuados ya para los tiempos que empezábamos a vivir, la era democrática. Las expectativas que se manifestaron libremente en nuestro estado de derecho, planteaba el permanente conflicto que debe administrarse en democracia, entre las libertades y garantías individuales, y las regulaciones y restricciones que para precautelar esos mismos derechos a terceros y a la comunidad, deben ser mantenidas o restablecidas por las fuerzas del orden.

Con la Ley de la Policía Nacional se ha logrado cambiar el rol y recuperar la imagen que le corresponde como institución al servicio de la ciudadanía. Esta Ley permite su reorganización, facilita el saneamiento de sus cuadros, la promoción de los mejores hombres, y la especialización en diferentes áreas. Se ha dado a la Policía el apoyo necesario, que ya tiene sus primeros testimonios con la incorporación de elementos indispensables para garantizar la protección que se merecen en el cumplimiento de sus misiones.

Ha garantizado el accionar del Poder Ejecutivo, de modo a que estemos abiertos permanentemente a la Seguridad Interna, primera preocupación constante que nos involucra dentro de la vida nacional, y es justo recordar que las soluciones de problemas estructurales tan antiguos estaban demandando, además de una mejor voluntad política, un tiempo de maduración acelerada y acertado en la medida que sigamos trabajando juntos, el gobierno y la ciudadanía, en el ejercicio de nuestra democracia participativa.

 

 

3. LA DEFENSA NACIONAL, LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA JUSTICIA

 

«En las Fuerzas Armadas proseguimos con el proyecto de institucionalización, poniendo énfasis en actividades de organización, justicia militar, capacitación, doctrina, moral y disciplina, para adecuar su estructura y funcionamiento a las nuevas exigencias que plantea la consolidación de nuestras instituciones democráticas.

Al Ministerio del Interior, como órgano responsable de la Seguridad Interna del país, le corresponde proteger a la ciudadanía contra el flagelo de la delincuencia, a través de la Policía Nacional. En ese sentido se han adoptando medidas tendientes a ampliar el programa de capacitación de los cuadros policiales, a mejorar sustancialmente las comunicaciones y el transporte de la Policía Nacional, a fin de fortalecer adecuadamente sus cuadros sin aumentar innecesariamente el personal. Debo destacar, el rol que asumieron las Fuerzas Armadas, para complementar y reforzar los programas que el Gobierno y la sociedad civil desarrollan, en el campo de la acción social, a través de sus órganos competentes, llevando su eficaz apoyo a la comunidad, participando en la construcción de vías de comunicación y tendidos eléctricos, realizando evacuaciones fluviales, terrestres y aéreas, suministrando alimentos y medicinas a poblaciones aisladas, así como servicios de radiomensaje y asistencia para la educación de niños, jóvenes y adultos. Las Fuerzas Armadas, colaboraron también con otras instituciones del Estado, como los Ministerios, la Secretaría Nacional Antidrogas y el Comité de Emergencia Nacional».

 

Para la obtención de una Política de Defensa Nacional, la Seguridad Pública y la Justicia se plasmaron en leyes y decretos que hicieron posible una política:

• La Ley N° 1.015 «QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILICITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES»

• Instalación de un laboratorio de identificación de personas a través de la prueba ADN.

• El Departamento de Identificaciones mantiene una ininterrumpida labor para la expedición de documentos.

• Primer país integrante del MERCOSUR que habilitó el Pasaporte Policial, conforme a las normas establecidas en el Tratado de Asunción, con asistencia de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

• La Dirección General de Migraciones cuenta con el nuevo marco jurídico establecido por la Ley Nº 978/96.

• La Ley N° 1.115/97 «DEL ESTATUTO DEL PERSONAL MILITAR».

 

Con la Ley Nº 1.015 disposición legal que constituye un instrumento adecuado para apoyar el esfuerzo de los organismos oficiales encargados de enfrentar al narcotráfico y los delitos conexos, y cuya autoridad de aplicación es la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, dependiente de la Presidencia de la República.

Mediante la gestión conjunta del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo se han podido alcanzar objetivos conforme a los proyectos de gobierno, aunque sin alcanzar todavía plenamente esos objetivos, como también la obtención de los equipamientos necesarios para que se pueda cumplir la tarea con la debida eficacia en el ámbito de las FF.AA. y la Policía Nacional.

Se debe destacar también que los gobernadores han colaborado con el Gobierno Central -como parte de la política de descentralización del Gobierno- yéndose en un Consejo, a través del cual ellos tienen su representación en el Ministerio del Interior.

Las Fuerzas Armadas de la Nación, fieles a su rol constitucional, cumplen con su misión en el marco de la disciplina y del total acatamiento a las leyes de la República, avanzando visiblemente en el proceso de profesionalización de sus miembros. Las nuevas formas de amenaza a la Seguridad Nacional y la posibilidad de configurar fuerzas militares combinadas, para el Mantenimiento de la Paz hoy, exigen al personal militar, una alta capacidad profesional.

La seguridad interna de la República es comprendida y asumida por el Poder Ejecutivo, como un bien prioritario para garantizar a la ciudadanía, el pleno ejercicio de sus derechos constitucionales y civiles, en el marco del estado de derecho, bien supremo e inalienable de la ciudadanía.

El estado de precariedad económica en el que aún se encuentran sectores numerosos de la población, asentados en los cinturones periféricos de la capital y de ciudades del interior, carentes de las prestaciones sociales básicas y desarrollándose en un panorama laboral contraído e inestable, conforma una fuente constante de reclutamiento de jóvenes a los que se tienta a incorporarse a los cuadros de la delincuencia juvenil tendiendo a lo profesional.

 

CONCLUSIÓN

 

Dentro del ámbito de un plan estratégico de acción, del programa gubernamental, de la SEGURIDAD Y DEFENSA, cuyo objetivo es garantizar a la ciudadanía las condiciones necesarias para su desarrollo político, económico y social, la vasta formación cultural, el discernimiento sobrio de la situación dentro del contexto nacional como internacional y por sobre todo un liderazgo fuerte, activo y decisivo han hecho posible que la tarea del Gobierno del Ing. Wasmosy (Periodo 1993-1998) haya inaugurado una época, aunque caracterizada por la discrepancia y la saciedad, de una nueva era: la «era Democrática».

A pesar de los problemas económicos en el sistema financiero de esa época, el mundo despliega hoy formidables presiones para globalizar la economía de mercado sin soslayar los preceptos democráticos. Los procesos mundiales de ajuste económico, social y político preconizan una correlación irrefutable entre economía de mercado y democracia. Entonces, nos vemos obligados a lograr, simultáneamente, condiciones más apropiadas al desarrollo de una economía pujante y competitiva, en el marco de una creciente democratización.

A más de someternos a los sanos principios del desarrollo sostenible y la equidad social, los programas gubernamentales deben incluir, como desde luego incluyen, una dosis cada vez mayor de previsiones y recursos, para enfrentar los problemas de seguridad. Las corrientes contemporáneas de sociología y análisis político, insisten en el hecho de que las sociedades organizadas, de conformidad con el modelo de economía libre, deben enfrentar los problemas derivados del desempleo y una creciente brecha en la distribución del producto social. Estas indeseables consecuencias del libre juego del mercado, se traducen en nuevos y complejos problemas de seguridad y defensa, que amenazan con socavar las bases mismas de nuestra sociedad. Seguridad y lucha contra la corrupción, están estrechamente vinculadas.

 

Fuente: INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS. LA POLÍTICA DE DEFENSA PARAGUAYA  A TRAVÉS DE LOS DISCURSOS PRESIDENCIALES  (1844-2008). TRABAJO COLECTIVO DE LA PROMOCIÓN. GRAL. BRIG. HUGO MENDOZA . Director General , Asunción - Paraguay 2010 (198 páginas)

 







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