El 16 de julio de 1885. Se promulga una ley de venta de tierras públicas.
El 16 de julio de 1885, el presidente Bernardino Caballero promulgó la Ley de Venta de Tierras Públicas.
La normativa autorizó la enajenación de extensas propiedades pertenecientes al Estado paraguayo.
La medida fue adoptada en un contexto de profunda crisis económica después de la Guerra de la Triple Alianza.
El gobierno buscaba obtener recursos para reconstruir el país, atender la deuda pública y atraer capitales extranjeros.
La ley incluyó campos, bosques y terrenos fiscales ubicados tanto en la Región Oriental como en el Chaco.
Las tierras fueron clasificadas en distintas categorías según su ubicación, calidad y condiciones productivas.
Los precios establecidos eran considerablemente bajos en comparación con los de otros países de la región.
Además, la normativa no fijó límites máximos estrictos para la cantidad de tierras que podía adquirir una persona o una empresa.
Esta situación facilitó la compra de grandes extensiones por parte de compañías extranjeras, bancos y propietarios privados.
Al mismo tiempo, numerosos campesinos y comunidades indígenas quedaron excluidos por no contar con los recursos necesarios para adquirir las parcelas.
La venta masiva de tierras públicas favoreció la formación de grandes latifundios y modificó profundamente la estructura agraria del Paraguay.
La ley de 1885 tuvo consecuencias económicas y sociales duraderas, especialmente en la concentración de la propiedad de la tierra y en la desigualdad rural del país.
