El Gobierno pone en venta todas las tierras fiscales y los yerbales del país, para “la explotación del trabajo nacional”.

El 9 de junio de 1885, durante la presidencia de Bernardino Caballero, fue promulgada una ley que autorizó al Poder Ejecutivo a vender en remate público los yerbales del Estado.

La medida se dio en el contexto de la profunda crisis económica que atravesaba el Paraguay tras la Guerra de la Triple Alianza, con un Estado debilitado y presionado por deudas y acreedores.

El gobierno justificó la venta de tierras y yerbales con el argumento de promover la explotación productiva, atraer capitales y fomentar el trabajo nacional.

Sin embargo, esta política significó el avance de un amplio proceso de privatización de bienes públicos y recursos naturales.

La ley complementó la venta de tierras públicas iniciada en 1883 y precedió a nuevas disposiciones de 1885, consolidando un cambio profundo en el modelo económico del país.

Con estas medidas, grandes extensiones de tierras y yerbales pasaron a manos privadas, afectando el acceso comunitario a recursos que antes estaban bajo control estatal o municipal.