LAS ELECCIONES NEGADAS

LAS DISPOSICIONES POLÍTICAS DE LA DEMOCRACIA CONSERVADORA EN PARAGUAY

Por LUIS ORTIZ SANDOVAL *

INTRODUCCIÓN

País mediterráneo de América del Sur y con poco más de seis millones de habitantes, Paraguay está marcado por una historia política envuelta de tiranías y revueltas. A partir de su constitución como República a inicios del siglo XIX (1811), atravesó por dictaduras, una guerra genocida y un periodo de democracia liberal oligárquica, hasta desembocar a mediados del siglo XX, en uno de los regímenes autoritarios más largos y crueles en la historia americana.

Tras el retorno a una incipiente democracia formal en 1989, la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), que ha servido de sustento político a la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), ha vencido en cuatro contiendas electorales (en los años 1989, 1993, 1998 y 2003), de modo que continúa alzándose con el poder del estado, en principio hasta el año 2008. En más de cincuenta años Paraguay no ha emprendido un proceso de reformas orientadas al desarrollo económico y el crecimiento sostenido, basados en una economía competitiva y de participación de la mayoría de la población, sino que sustentado en una modernización conservadora, ha prevalecido la estructura de extrema desigualdad de tenencia de la tierra, de la riqueza y el ingreso. En este contexto histórico, el desafío para esta república es la reformulación de un proyecto de nación que resuelva estas contradicciones.

Esta problemática no es tangencial al desempeño del partido oficialista. Muy por el contrario, su consolidación y continuidad en el poder guardan relación con dicho proceso y la cuestión está en dilucidar de qué modo y bajo qué mecanismos. Las afinidades electivas entre la continuidad “republicana” del gobierno del estado paraguayo y la reproducción social, cobran matices basados en las disposiciones políticas, las relaciones de poder y las representaciones simbólicas acerca de la relación entre el sistema político y la situación socioeconómica del país.

En este trabajo plantearemos una hipótesis sobre la continuidad del sistema político a partir de los elementos señalados anteriormente: La reproducción del sistema político paraguayo se sustenta en la ambigüedad de la democracia: la política es obsecuente con las condiciones económicas y ejerce una función de legitimación de la extrema desigualdad al mismo tiempo que postula el principio de representación ciudadana. Como efecto, las disposiciones políticas de los sectores subalternos se construyen pragmáticamente de modo ambiguo: como adecuación selectiva a las relaciones de poder y al mismo tiempo como prácticas de impugnación del status-quo que los amenaza en su reproducción social.

LA FORMACIÓN DEL ORDEN “REPUBLICANO”

Según Arditi, en el transcurso del siglo XX en Paraguay nunca se ha dado un cambio de partidos en el gobierno de forma pacífica y por vía institucional. Tanto en 1904 cuando los liberales desplazan a los colorados por un golpe de estado, como en 1947, cuando se instaura un gobierno colorado tras una cruenta guerra civil entre paraguayos, la violencia ha sido la protagonista principal en el cambio político (Arditi, 1993: 161).

Los intereses en pugna entre facciones oligárquicas, tenían al estado anterior a 1954 como un “arbitro” en decadencia y con serios problemas de legitimidad. La salida al conflicto entre grupos dominantes, entre clases dominantes y clases subalternas y en torno al control del estado, se resolvió con la guerra civil de 1947, tras la cual el estado requirió nuevos entramados ideológicos para su sustentación y legitimidad. El corolario de todo ese proceso fue la dictadura de Alfredo Stroessner. Hay tres dimensiones cruciales en el análisis de dicho proceso político: 1, conflicto en torno a la decadencia de los modos de acumulación antiguos y el problema de la pugna entre facciones oligárquicas para hacerse con el gobierno del estado, 2, una salida de “consenso coactivo” entre los sectores dominantes allende su contraposición partidaria y 3, la ideología del orden, que cristalizó el status quo en el régimen autoritario.

Mientras las clases campesinas iban en aumento, sus demandas eran más amenazantes y sus reivindicaciones apuntaban a una reforma agraria integral, cuestión que implicó la posibilidad de perder privilegios para la oligarquía nucleada en los dos partidos tradicionales. Como muestra Marx en el Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, a la clase dominante no le viene ex nihilo tomar conciencia de clase sino hasta la confrontación directa con las clases subalternas (Marx, 1978). La dictadura stronista conservó el pacto político entre liberales y colorados, emergente de la guerra civil, dada la amenaza campesina contra la oligarquía. El “consenso” entre los partidos oligárquicos paraguayos fue empero de subordinación, a saber, del liberal con respecto al colorado, consenso “coactivo” que consolidó el “orden republicano”[1].

Las relaciones entre el estado paraguayo y los agentes sociales tuvieron una inflexión fundamental en la incorporación de las clases populares al sistema político a través de los mecanismos clientelistas del estado que administró el partido colorado. Fue una mutación de la República entendida como cosa pública “desde el momento en que la burocracia y los aparatos estatales se convirtieron en terreno privativo del coloradismo (…). La simbiosis con el Estado hizo posible el enriquecimiento de los socios del poder y, al mismo tiempo, brindó canales para la movilidad social de cuadros de extracción popular y permitió financiar la actividad política de dirigentes de base –o sea en cargos rentados en la administración política del país, las empresas estatales o la burocracia–. El coloradismo operó como un ‘partido de patronazgo’, esto es, un instrumento de selección y colocación de sus propios cuadros en los puestos de la burocracia. Tal es así que su crecimiento fue paralelo a la expansión del empleo estatal”^[2].

El proceso político de democratización (1989-2006) estuvo marcado, a pesar de la continuidad de la ANR en el gobierno, por diferentes matices en la organización de las instituciones democráticas, tales como la elección en dos ocasiones de un parlamento de mayoría opositora (1993 y 2003 respectivamente) así como la distribución entre diferentes partidos de las gobernaciones de los departamentos que conforman la división político-administrativa del país. El poder judicial, a diferencia del heredero de la dictadura (cuyos mecanismos de elección de jueces y designación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia estuvieron supeditados al presidente de la República), ha iniciado en 1993 un proceso de institucionalización, con un Consejo de la Magistratura que funge, al menos formalmente, como instancia de elección de jueces y magistrados; con una Corte Suprema con ministros de diferentes afiliaciones y finalmente, la creación del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), con una conformación también inter-partidista, que hizo posible cierta transparencia del sistema electoral. En efecto, con el transcurso de los años el fraude electoral está cada vez más vigilado, hasta el punto en que las elecciones del 2003 fueron avaladas por distintos sectores de la sociedad civil y organismos internacionales, como las de mayor legitimidad en la era democrática.

La participación de los sectores políticos de oposición al Partido Colorado en la transición democrática fue subordinada. “Resulta pertinente –dice Fogel– recordar la existencia de relaciones asimétricas entre un partido ‘armado’, el colorado, y los partidos desarmados, constituidos por el resto; en cuanto a los riesgos de la militarización del estado debe tenerse en cuenta que si bien la oposición civil contribuyó en medida importante al debilitamiento del régimen autoritario, en su terminación fue decisiva la intervención de los militares como institución”[3].

La inserción social de los partidos de oposición es uno de los aspectos a tomar en cuenta en dicha condición, pero también su diferenciación del esquema político colorado con vistas a alcanzar el poder con apoyo popular y renovar las estructuras del estado paraguayo. La historia reciente de la oposición política ha sido de una inserción social ambigua. Por una parte, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), principal partido opositor, ha mostrado interacciones con bases liberales populares herederas del liberalismo de la primera mitad de siglo XX, pero por otro lado, también recurre a ganarse el favor de la burguesía nacional. Sus similitudes con el esquema político colorado, basado en prácticas de clientelismo rural, en la pretensión de alzarse con el aparato del estado para reproducir el nepotismo y el prebendarismo, y las formas jerarquizadas de organización partidaria, hacen a la población reconocer en estos grupos prácticas atávicas que erosionan la democracia.

El ejemplo más palmario de esta afirmación se halla en la distribución de cargos entre partidos de oposición en los poderes legislativo y judicial, así como en menor proporción en el ejecutivo, como fruto del “Pacto de Gobernabilidad” en 1993, entre los partidos Colorado, Liberal y el Encuentro Nacional (EN), tercera fuerza política de entonces. Ese pacto, que tenía por objeto la institucionalización de varias instancias públicas y órganos constitucionales, tuvo también la finalidad de abrir espacio para la oposición en el estado prebendario, lo cual le significó un alto costo político que se tradujo en el no crecimiento electoral previsto para disputar, con sabor a victoria, las elecciones de 1998. En efecto, la “Alianza Democrática” conformada por los dos últimos partidos referidos, llegó en dicha contienda a alcanzar un total del 46,5% de los votos para presidente, porcentaje que no correspondía con las previsiones resultantes de la suma simple de intenciones de votos de cada partido por separado en 1993 (el 34,8% para el PLRA y el 17,3% para el EN)^[4].

La pregunta que surge es qué consiguieron los partidos de oposición a cambio de su participación en el proceso, o lo que es lo mismo, qué otras funciones desempeñan los partidos de oposición además del de legitimadores. “Desde este punto de vista –dice Esteban Caballero– convendría destacar el marco básico dentro del cual los partidos de oposición han aceptado participar. En este sentido cabría apuntar dos exigencias básicas que tienen los partidos políticos de oposición respecto a su participación en el proceso. En primer lugar la liberalización y en segundo lugar la explicitación y el cumplimiento de un cronograma de transición”^[5].

Sin embargo, a pesar de avances institucionales en la “transición democrática”, ésta sigue sin operar al nivel del imaginario social, como un proceso que redunde en beneficios socioeconómicos. El caso paraguayo presenta una peculiaridad desde su inicio mismo: sus procesos de reformas se han distinguido del resto de los países en el hecho de adecuar prácticas autoritarias con disposiciones clientelares de las clases populares. El denominado proceso de transición a la democracia en Paraguay es más que una realidad, un mito. El cumplimiento de reglas de juego en abstracto fue priorizado por encima de la participación ciudadana, e impuso un calendario que se ha cumplido en sus formas, pero que dista mucho de denominarse un proceso sustantivo.

Los resabios de la dictadura stronista en Paraguay todavía inciden en las disposiciones de los agentes sociales (Bourdieu: 1997) y en sus prácticas ataviadas de formas democráticas. Las relaciones sociales de la cotidianeidad hacen posible la reproducción del status quo, que se hace palpable en la administración de la cosa pública, en las relaciones políticas y en las conductas de voto. En la transición democrática, muchas de las instituciones y sus procedimientos no se adoptaron porque eran las medidas más efectivas que se tenían a la mano, sino quizá se conformaron porque venían de prácticas culturales tradicionales. Aquí por ello es clave dar cuenta del desempeño de los agentes a partir de las instituciones oligárquicas, en lugar de evaluar la “eficiencia” o “racionalidad” desde el deber ser democrático. El proceso de reproducción social en condiciones económicas conservadoras da cuenta del sistema político neoautoritario, que halla su legitimidad en relaciones sociales de clientelismo y a pesar de luchas sociales abstraídas de finalidades políticas.

LAS CONDICIONES SOCIALES DE LAS DISPOSICIONES POLÍTICAS

En Paraguay la ausencia de un modelo industrialista así como del carácter no populista de la participación política de las clases populares, invitan a buscar otras aristas explicativas del problema de la inclusión social [6]. La particularidad de ese país en el contexto de América Latina, no lo constituye sólo la esfera política, sino también la esfera económica. “En contraste con los demás países de la región, esta nación no se ha caracterizado por poseer una economía protegida a causa de la implementación del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Tampoco había tenido una economía dirigida por una poderosa burocracia, ni sometida a las angustias de las hiperinflaciones tan recurrentes en la región. Por el contrario, su comportamiento económico, más agro-exportador que industrialista, había sido alentado por las economías protegidas y ‘estados empresarios’ de los países vecinos”^[7]. El mercado laboral se configuró fundamentalmente en la predominancia del empleo en el sector primario hasta los años ’80, para pasar a una fuerte predominancia del sector terciario en los ‘90, como efecto de los procesos regionales de liberalización así como de aperturas económicas en el país tras la caída del régimen stronista.

El agotamiento del modelo de desarrollo “hacia fuera”, tributario de la agro-exportación pone en discusión la viabilidad, no sólo de ese modelo, sino también de la institucionalización democrática en Paraguay. Ese país se debate en una encrucijada crucial en la que el Estado se vuelve el centro de la polémica: por el contrario del resto de la región, donde las reformas políticas estaban propugnadas por la reconversión del estado desarrollista hacia uno neoliberal, en Paraguay es más bien el estado autoritario el que requiere ser reconfigurado, dado que la traba a la consolidación democrática es al mismo tiempo al del crecimiento económico. Según Borda y Masi, “la reforma del Estado y las reformas económicas constituyen núcleos centrales para la recuperación económica y la profundización de la democracia. La postergación de estas reformas se convierte en el límite más serio de la transición a la democracia en el Paraguay”^[8].

En el espacio rural, la estructura social se constituye en base al monopolio de la tierra, la ocupación irregular extranjera en la frontera y la pauperización minifundista campesina, todos factores resultantes de la modernización conservadora efectuada por la dictadura, cuyo efecto principal es una configuración dual del desarrollo. “Aun cuando la modernización sea parcial y afecte más a algunos productos, regiones y tipos de unidades productivas, sus efectos se hacen sentir en las distintas categorías sociales del mundo rural, esto es, en el tipo de crecimiento polarizado que se da. La expansión de algunas unidades productivas comporta el deterioro de otras. En efecto, las condiciones de vida de los asalariados y semiasalariados no guardan relación con la rentabilidad de las empresas en las cuales trabajan. Más aún, puede afirmarse que en las regiones más afectadas por la modernización, las condiciones de vida de los cultivadores son más primitivas. En estas regiones surgen y se consolidan grandes empresas ocupando los mejores suelos y obteniendo los mejores rendimientos. Su expansión horizontal, por compra de tierras de los campesinos, implica necesariamente empobrecimiento de la agricultura campesina”^[9]

Las situaciones de desigualdad en términos de tenencia de tierra e ingresos no son elementos espectrales sin relación alguna con las prácticas políticas y el desenvolvimiento de la democracia. Las condiciones económicas y sociales en las cuales se desenvuelve el mercado rural, propician la reproducción de patrones institucionalizados de clientelismo político^[10]. “A menudo –señala Barrington Moore– no existe una auténtica oportunidad de mercado. Para gente que vive cerca del margen de la existencia física, la modernización resulta sin duda demasiado arriesgada, sobre todo si es de presumir que, con las instituciones sociales en vigor, los beneficios se llevarían otros. Lo único que tiene sentido, en esas circunstancias, es adaptarse a un nivel de vida abismalmente bajo y reducir las esperanzas al mínimo. Localmente, cuando las circunstancias son distintas, se producen a veces cambios dramáticos en corto espacio de tiempo”. [11]

Un interrogante central a propósito de la participación política campesina en el proceso de democratización es el que plantea Fogel: ¿Qué formas de participación podrían demandar grupos subalternos, cuya posición está reforzada a través de diversos mecanismos, y necesariamente integrados a relaciones de clientela en una sociedad con larga tradición de regímenes autoritarios?^[12].

La necesidad de asegurar la reproducción social en circunstancias económicamente desventajosas, constituye la orientación primordial de la acción de los campesinos paraguayos. Así, su participación en política se establece por doble vía: a modo de aquiescencias y de adecuación a las relaciones de poder de las que su vigencia está bajo el control y monopolio de los agentes políticos “legítimos” –caudillos partidarios a nivel nacional y local que operan como “patrones”– y a través de luchas vía movilizaciones por acceder a la tierra y condiciones de producción. Desde un modelo típico-ideal, la primera vía está más sedimentada en los espacios rurales en que las comunidades campesinas tienen asegurado su arraigo. La segunda vía es recurrente en sectores campesinos que no han sido beneficiarios íntegros de políticas de colonización agrícola

Las disposiciones democráticas, basadas en la construcción de ciudadanía como premisa de inclusión social y política, todavía están en suspenso en países como Paraguay. Carlos de la Torre refiere que, “a diferencia de la experiencia occidental, donde hubo una progresiva inclusión de los sectores populares a través del reconocimiento de sus derechos civiles, políticos y sociales, en América Latina estos derechos fueron usados selectivamente para excluir a muchos. Al contrario de los países occidentales donde los ciudadanos individuales tienen derechos, en América Latina la mayoría de la gente tiene acceso a los recursos del estado no como derechos sino como privilegios, como miembros de instancias corporativas o redes clientelares. A raíz de las relaciones personalizadas de dominación, los sectores subalternos han sido incorporados a través del clientelismo y el populismo”^[13]

La débil institucionalización de la participación democrática es el terreno fértil sobre el que fecundan las relaciones clientelares. Pero no sólo. La coartada a dicha participación por parte de las élites políticas sienta las condiciones de posibilidad del habitus clientelar en los sujetos. En suma: la desigualdad social, la asimetría económica y el sistema político operan de modo a articular esas disposiciones en los agentes sociales, atados a sus necesidades y a las estrategias de supervivencia, que en afinidad con el discurso caudillista propio del populismo agrario, hacen posible la continuidad de una estructura social conservadora.

La institucionalización del clientelismo está en estrecha correlación con la institucionalización del sistema de necesidades insatisfechas, que tras los mecanismos de lealtades siempre será abordado como cuotas de dádivas insuficientes, pero simbólicamente legítimas. Dado lo poco que los campesinos poseen materialmente, sacrificar su seguridad económica bajo el riesgo de elegir “nuevos patrones”, les comportaría la incertidumbre de un alto costo simbólico. En este proceso, las clases campesinas votan pero no eligen. Las “reglas de juego”, que son aceptadas tácitamente por los campesinos, se traducen en la necesidad de insertar sus demandas sociales –fundamentalmente de supervivencia– en un contexto marcado por el monopolio de la tierra, en que los recursos materiales de existencia son escasos. El “estado de cosas” basado en la subordinación campesina y la coartada a su participación política, se constituye en “cosa de estado” definiendo de facto desde el poder oligárquico institucionalizado, la naturaleza política o no-política de los agentes^[14].

En este marco, se constatan dos modalidades de procesos políticos campesinos. La primera es aquella en que la participación en las estructuras locales de poder se hace posible a través de sistemas morales –solidaridades y reciprocidades– que distribuyen los bienes en el presente y orientan las prácticas de la experiencia cotidiana para maximizar la seguridad económica y la reproducción cultural a futuro. Para ello los campesinos establecen “alianzas selectivas” con las instituciones oligárquicas, verbi gracia a través del cambio clientelar de votos por dádivas, que se contrapone a las prescripciones institucionalistas que evalúan con criterios meramente instrumentales lo que es “adecuado” para el juego político. La garantía de conservar recursos simbólicos como la dignidad, constituye la razón de las clases campesinas para moldear el constreñimiento de la estructura social a su favor, ante la escasez de recursos materiales. Pero ello no es exclusivo de prácticas concesivas como las que se ejercen en las relaciones clientelares. La segunda modalidad de prácticas políticas campesinas, también apuntan a disputar las relaciones de poder existentes, lo que se constata en la recurrencia a la lucha por la tierra. Los campesinos sin tierra son el síntoma de que los mecanismos clientelares alcanzan a apenas un sector del espacio rural. Existe otro sector que no halla respuesta en la actual estructura social basada en la asimétrica y desigual distribución de los recursos productivos. “El proceso democrático iniciado con la ruptura del régimen autoritario no significó para la gran mayoría de la población y, específicamente para los campesinos, un avance en el mejoramiento de sus condiciones de vida. (…) Los campesinos siguen obligados a realizar ocupaciones, a changar –realizar trabajos extraprediales– y a migrar. Esa permanente búsqueda de su bienestar, sin respuesta alguna por parte de un estado que cada vez lo conduce hacia una mayor marginalidad, lo ha degradado y lo ha marginado del avance tecnológico de la sociedad. La ilusión de la tierra propia nacida con la desaparición del régimen stronista se vio frustrada y numerosos campesinos sin tierra siguen deambulando en la búsqueda de una parcela donde asentarse y desarrollar la actividad que saben hacer, la agricultura”. [15]

La paradoja sobresaliente de los procesos políticos en que se inscriben las luchas campesinas, radica en que las demandas para acceder a la tierra por parte de los minifundistas implican el conflicto social, mientras que en sus conductas de voto los problemas de inclusión social (acceso a la tierra, a tecnología y al mercado) están escindidos del imaginario de lo político. El proceso político no lo representan vinculado al proceso social y sus luchas no las representan como luchas políticas.

REPRODUCCIÓN SOCIAL Y DEMOCRATIZACIÓN CONSERVADORA

La pregunta por la continuidad del sistema político apuntalado por la Asociación Nacional Republicana, no puede llevar a respuestas que aluden al caudal cuantitativo de las bases sociales de dicho partido, sino a mostrar porqué dicho caudal se mantiene, a pesar de la reproducción de condiciones sociales conservadoras y una economía desventajosa para los campesinos paraguayos. No es tangencial señalar que la validez subjetiva de las conductas de voto entre los campesinos obedece, antes que a lógicas de acción estratégica y cálculo racional –que supondría la evaluación de candidaturas desconocidas y programas de gobierno abstractos–, a la proximidad simbólica de los políticos locales, tanto para la obtención de reconocimiento simbólico o de favores. Como aduce Auyero, “para quienes están ubicados dentro del círculo íntimo, la dominación se presenta como una paradójica antinomia: si se resisten –lo cual está fuera de consideración– pueden perder el acceso a bienes vitales, viendo así profundizada su condición de privación; si se asimilan al ‘mundo de verdad’ del mediador (o patrón), son cooptados por las prácticas institucionalizadas del clientelismo, participando así en la reproducción de las relaciones jerárquicas dentro del campo de la política local y dentro del espacio de vida” [16].

Las acciones colectivas campesinas se orientan al mismo tiempo a problemas de corto plazo y a estructurales. Antes que avizorar sus luchas como “visión de largo plazo”, los campesinos asumen su problemática como una “deuda de larga data” para con ellos, que los lleva a movilizarse en pos de acceder a la propiedad y mejores condiciones de producción. Esta lógica de las cosas no se corresponde con las cosas de la lógica, que algunas visiones “bien educadas” de la política esperarían de los campesinos a modo de “conductas racionales”. Como sugiere Pierson, “con frecuencia hay complejas cadenas causales que conectan las acciones políticas a los resultados de las medidas que se toman. La complejidad de las metas en política y lo difuso de los vínculos entre acciones y resultados hacen que la política sea inherentemente ambigua. Incluso si los errores cometidos son relativamente aparentes y la culpabilidad de los ‘agentes’ puede ser atribuida, los esfuerzos de los ‘principales’ para sancionar o castigar a sus agentes son difíciles. Sus herramientas de acción son muy rudimentarias, tales como el voto”^[17].

En suma, la “racionalidad” campesina en un sistema político en que su participación electoral no es percibida como portadora de cambio, no es otra que la orientación de las prácticas según una “experiencia dóxica” (Bourdieu, 1997, 161); experiencia que halla su fundamento en el condicionamiento de la no elección del modo de vida, de la no libertad como sujetos. “No es una observación nueva sostener que la política partidaria es percibida como una actividad extremadamente alejada de las preocupaciones cotidianas de la gente. Es vista como actividad ‘sucia’, que aparece cuando se acercan los tiempos electorales y desaparece rápidamente en el oscuro reino de las promesas incumplidas” [18]. Mientras las dádivas oligárquicas aseguren a los campesinos la seguridad de subsistir materialmente, las votaciones que aseguran la continuidad del Partido Colorado parecerán no racionales, pero serán sin duda razonables^[19]. Aquí podríamos afirmar que las “conductas de voto” de los grupos rurales responde más a una adecuación de la acción con respecto a valores –según el tipo planteado por Weber– que a una “racionalidad democrática”.

Si de lo que se trata es de comprender lo socialmente atingente, es decir, lo razonable -en contraposición a lo racional–, para sobrevivir en circunstancias adversas en la vida cotidiana^[20], no puede desconocerse que en condiciones de escasez, el clientelismo campesino de afiliación colorada hace posible el apoyo incondicional al partido de gobierno, aún cuando la promesa de representación ciudadana no satisfizo las expectativas anteladas en la transición: no hay desaprobación partidaria en términos electorales, sino que se da una continuidad en el voto partidario ex ante sus ofertas electorales y ex post su desempeño político (lo que es también conocido como “voto cautivo”). Así pues, no es verdad que las instituciones políticas vivan en un ambiente denso de competencia. En muchos países, incluso del primer mundo, hay estructuras anquilosadas y retrógradas. Por otro lado, son difíciles de identificar los incentivos y los resultados, dado el pobre desempeño de las mismas instituciones políticas (Piersons, 2000). En este sentido, es clave la perspectiva histórica de atender que las bases de las relaciones institucionales corresponden a los marcos condicionantes que deja el pasado en la sociedad y en la política. Las reglas heredadas de algún modo desde el régimen autoritario, se reproducen sin más, como rutinas redefinidas por las oligarquías tradicionales, como es el caso de Paraguay: “el grupo que juega a dos caras es particularmente importante en lo que parece un caso único de derrocamiento de una dictadura, en la cual, los mismos equipos que apuntalaron al régimen depuesto, se presentan hoy en el nuevo gobierno, como campeones de la democracia” [21].

El orden político republicano se reproduce mutatis mutandis a partir de relaciones sociales en torno a conservar la estructura social, la fuerte jerarquización de las decisiones políticas y un mecanismo clientelista-prebendario de dominación, que coexiste con luchas sociales campesinas por acceder a condiciones de producción pero cuyas reivindicaciones no van más allá de asegurar la apropiación individual de la tierra. Esta es la constelación de relaciones que configuran y constituyen en Paraguay el sistema político neoautoritario, a todas luces aggiornado a la transición democrática. Un estado como el paraguayo, que se reproduce bajo una estructura del sometimiento (Arditi, 1987) tiene su base en el sistema stronista “republicano”: la verticalidad de las decisiones preñadas de intolerancia, la debilidad de la sociedad civil para sostener demandas a largo plazo, la desmovilización de las clases subalternas vía represión o clientelismo y, la corrupción generalizada de la burocracia pública (Flecha-Martini-Silvero, 1993: 550-552).

CONCLUSIÓN: DEMOCRACIA Y CONTRADICCIONES DE LEGITIMACIÓN

La principal contradicción de legitimidad de la democracia realmente existente en Paraguay se halla en lo que se podría denominar su exclusividad política. Mientras las políticas económicas adquieren un carácter marcado por la orientación hacia el libre mercado, la desatención de las demandas populares agrava las desigualdades sociales, que no halla en la política y el sistema político un campo de solución a las mismas. Las tensiones sociales así, operan como señalan Fogel y Riquelme, como mecanismos de orientación defensiva ante la crisis (Fogel, 1990; Riquelme, 2003), entretejiéndose con la producción social de apariencias hegemónicas.

Los campesinos paraguayos se defienden de la adversidad con parsimonia aunque no con docilidad: se involucran en mecanismos clientelares o disputan conflictivamente nuevas condiciones de producción bajo la apariencia hegemónica de la reivindicación de la propiedad. Para Scott, la hegemonía como proceso de incorporación de la ideología dominante por parte de las clases subalternas, no se condice con la realidad de la experiencia política de estas clases en la vida cotidiana. “En circunstancias normales, los subordinados tienen interés en evitar cualquier manifestación explícita de insubordinación. Ellos también, por supuesto, tienen siempre un interés práctico en la resistencia: en minimizar las exacciones, el trabajo y las humillaciones que reciben. La reconciliación de estos dos objetivos, que parecen ir en sentido contrario, se logra en general insistiendo justamente en aquellas formas de resistencia que evitan una confrontación abierta con las estructuras de autoridad. De esa manera, el campesinado, en beneficio de la seguridad y el éxito, ha preferido históricamente ocultar su resistencia” [22].

En efecto, las prácticas campesinas entretejidas de relaciones clientelares presentan una ambigüedad de efecto: por una parte reproducen la estructura social en el mundo de la vida cotidiana, pero por la otra, funcionan como dispositivos de retención y control de los exabruptos de las clases dominantes. No está claro que las relaciones de poder sean relaciones hegemónicas, sino que la agencia histórica de los grupos subordinados toman en cuenta la reproducción de las apariencias de hegemonía, con el entendido de que pueden estar divididos geográfica y culturalmente, que la resistencia abierta es un ejercicio temerario inadecuado ante la severidad de la represión, la lucha cotidiana de subsistencia y su estado de vigilancia conlleva a desplazar toda posibilidad de oposición directa, así como podrían estar desencantados a partir de fracasos anteriores (Scott, 2000: 112)

La reproducción social es dialécticamente la posibilidad objetiva de supervivencia de los productores minifundistas y sus familias. Los elementos simbólicos de su constitución como sujetos no desconocen sus adecuaciones selectivas a las estructuras de dominación local, que despunta en una dominación por constelación de intereses a lo Weber. Se trata así de mesurar los constreñimientos propios de las relaciones objetivas de dominación política en que participan los sectores subalternos, con los beneficios relativos que les redundan el uso creativo de dichas relaciones en el marco de sus prácticas cotidianas y acciones colectivas de resistencia oculta. “Desde el punto de vista del cliente, el elemento central en la evaluación de la legitimidad de la relación es la relación entre los servicios que recibe y los que presta. Cuanto más grande sea el valor de lo que recibe del patrón (…) en relación con lo que debe contraprestar, será más probable que el cliente vea el lazo como un vínculo legítimo”^[23].

Es aquí donde la hipótesis de Fogel, de que “para los campesinos el régimen democrático debería prestar atención a las demandas de la mayoría y no defender los privilegios de una minoría” [24], es más bien débil. Según este sociólogo con la intensificación de la invasión de tierras luego de la caída de la dictadura, los campesinos movilizados expresan lo que más esperan del nuevo sistema de gobierno (Fogel, 1990, 65). Sin embargo, se constata más bien que para los campesinos, tras una evaluación más pragmática que teórica, el régimen democrático es ambiguo. Antes que representar promesas, para los campesinos la democracia redefinió los árbitros de juego pero con las mismas reglas. Contra la ambigüedad de un régimen que tout court se proclama de las mayorías pero que ennoblece minorías privilegiadas, las prácticas políticas campesinas también se configuran como ambiguas: se confabulan con los grupos de poder y al mismo tiempo, reivindican en contraposición a ellos, sus derechos de acceso a condiciones de producción y mejores niveles de vida.

En suma, las conductas clientelares de voto de los campesinos, se entrecruzan con demandas al estado a través de movilizaciones y ocupaciones, dada la ambiguedad de la “transición democrática”. “El desinterés, la falta de voluntad política o la viabilidad política para afectar los grandes latifundios son factores que obligan a los campesinos a recurrir a las ocupaciones de propiedades privadas y no cultivadas como el mecanismo de presión más importante para el logro de sus objetivos, que es conseguir una parcela propia donde asentarse y desarrollar sus actividades productivas. Si el Estado sigue con su política de ignorar la asimetría en la distribución de la tierra, de mostrar su falta de voluntad para desafectar la tierra  a los políticos, a los militares y a los ganaderos, y los empresarios insisten en tratar el problema de la exclusión de la tierra como un simple problema de desocupación (…), el conflicto podría adquirir un cariz cada vez más violento, y las consecuencias más dramáticas recaerían sobre la población campesina” [25]

La reproducción del sistema político se debe a la democracia y su ambivalencia: la puesta del acento sobre lo político en desconexión con lo social así como la superposición de la desigualdad social sobre los intereses sociales de los des-privilegiados. En este marco, las prácticas políticas de los agentes comunes y corrientes son acomodaticias. A partir del análisis realizado en este trabajo y enfocado sobre los grupos campesinos, son dos las modalidades –a modo de tipos ideales– de participación política de los agentes sociales en la estructura de poder: el clientelismo y las luchas por la tierra. En la realidad fáctica, empero, predominan los claroscuros de dichas modalidades, en que el elemento común son los intentos de articulaciones discursivas de las demandas campesinas, tal como lo planteara el primer Laclau [26]. Estos intentos constituyen prácticas políticas interpelatorias al status quo que atenaza su reproducción social, aunque la dirección y finalidades de las acciones colectivas campesinas, no tienen una dirección predefinida: he allí la posibilidadde una democracia sustantiva basada en la construcción de ciudadanía –con derechos económicos y sociales– o de lo contrario, la continuidad del sistema “republicano” que no es otro que el neoautoritarismo de la democracia conservadora.

BIBLIOGRAFÍA

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