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FÁTIMA MYRIAM YORE

  LA DOMINACIÓN STRONISTA – ORIGENES Y CONSOLIDACIÓN - Por FÁTIMA MYRIAM YORE


LA DOMINACIÓN STRONISTA – ORIGENES Y CONSOLIDACIÓN - Por FÁTIMA MYRIAM YORE

LA DOMINACIÓN STRONISTA – ORIGENES Y CONSOLIDACIÓN

“SEGURIDAD NACIONAL Y REPRESIÓN”

Por FÁTIMA MYRIAM YORE

BASE INVESTIGACIONES SOCIALES

Edición al cuidado de DOLLY RUIZ SÁNCHEZ

Editora LITOCOLOR

Tapa: NICO ESPINOSA

Composición: MARGARITA DE SEGOVIA y ROSA PALAU

Diagramación y armado: ISAAC DURÉ

Asunción – Paraguay

Julio de 1992 (292 páginas)

 


CONTENIDO

Prólogo

Presentación         

1.- Introducción

2. El Estado y Régimen político autoritario en el Paraguay 

2.1 El objeto de estudio y su enfoque

a. El estado como expresión de dominación de clase

b. El estado como aspecto co-constitutivo, garante y organizador de las relaciones de dominación capitalista

2.2 Hipótesis de trabajo

3. Antecedentes históricos

3.1 Emergencia de las FF.AA. como fuerza política (1936) 

3.1.1 Antecedentes históricos: El ejército como fundamento de la independencia nacional

a. La dictadura del Dr. Francia

b. El régimen Lopizta   

3.1.2 La post-guerra del '70: La instrumentación del ejército por los partidos políticos

a. ¿Cómo eran las FF.AA.?

b. Hacia la profesionalización

3.1.3 La post-guerra del Chaco: Hegemonía del poder militar

a. La revolución del ’36

b. El militarismo modernizante de derecha

c. Estigarribia-Morínigo

d. Fortalecimiento estatal

3.2 Acceso al poder del Partido Colorado

3.2.1 Período de dominación en el gobierno (1947-1954)    

a. La guerra civil

b. Hegemonía colorada

4 Acceso al poder y configuración del sistema de dominación

4.1 El golpe militar de estado de 1954

4.2 Circunstancias explicativas      

4.2.1 El factor interno: La crisis del gobierno de Chaves     

4.2.2 El factor externo

a. El contexto internacional de la guerra fría     

b. El contexto latinoamericano

i. La tradición intervencionista de los EE.UU.

ii. América Latina en la estrategia militar de «seguridad hemisférica» de los EE.UU.

iii. La presencia norteamericana en el golpe de Stroessner

4.3 El pacto de dominación

4.3.1 Depuración y sometimiento de las EEAA

a. Posición y función en el esquema de poder

b. Partidización del ejército: Militarización del partido

c. Corrupción

d. Purgas y desprofesionalización

4.3.2 Domesticación y subordinación del Partido Colorado

a. ¿Cómo controló a las figuras?

b. La «unidad» partidaria

c. La caída de Epifanio Méndez

d. El auto golpe de l959

i. Antecedentes remotos

ii. Antecedentes inmediatos

iii. Segunda purga colorada

5. Consolidación de la estructura de poder        

5.1 El sistema represivo en la consolidación del régimen

5.1.1 El marco doctrinario

a. La Doctrina de la Seguridad Nacional. Postulados 

b. Orígenes. Influencia en América Latina

c. Justificación doctrinaria de la represión stronista

5.1.2 El marco jurídico

a. El estado de sitio

b. La legislación antisubversiva de excepción

5.1.3 Las características de la represión

a. Cómo operó el aparato represivo en el control social

i. Represión y control universitario

ii. Persecución y debilitamiento de los partidos políticos

iii. La derrota del movimiento sindical

b. El fracaso de la resistencia armada

i. Primeras incursiones

ii. Revolución cubana. La experiencia guerrillera

6. A modo de conclusiones

6.1 Antecedentes inmediatos a la toma del poder

6.2 Acceso al poder y configuración del sistema de dominación

6.2.1Los fuertes vientos del norte

6.2.2 Las influencias norteamericanas en el ámbito doméstico

6.2.3 Tres en uno

6.2.4 El nuevo esquema de poder

a. La relojería: resortes, mecanismos y procesos del poder

b. El epicentro armado de la corrupción

c. El partido como cortina política

6.3 La consolidación    

6.3.1 El rol de la DSN

6.3.2 Rasgos y modos de la represión

Bibliografía

Entrevistas



PRÓLOGO

La emergencia de los militares como fuerza política data de 1936, la del Partido Colorado de 1947, siete años después un «ejército colorado» de muy peculiares características empezará a consolidarse. Es el ejército «paraguayo» que hoy conocemos. Un ejército que de manera indirecta (1936-54) o directa, ha gobernado durante 56 años tiene antecedentes más que suficientes para ser la más importante de las fuerzas políticas del país.

El libro de M. Yore es un recuento de la forma como se gestó el poder de Stroessner, de la forma como éste, a través de la supeditación del ejército primero y del Partido Colorado después, impuso a la sociedad paraguaya el mayor trauma político del siglo. El tratamiento que la autora hace del tema llega en muchos momentos a ser excesivamente testimonial, de tal manera que produce reminiscencias todavía demasiado próximas, lo cual hace que la necesaria distancia entre el analista y su objeto de estudio no exista y con ello que se dificulte el desarrollo de una perspectiva analítica, teórica.

El lector en efecto, se siente envuelto en (por) el texto. La historia se hace tan vivida y a la vez tan espeluznante y descriptiva que por momentos el relato parece tener una capacidad anticipatoria. Hoy somos lo que fuimos; como cuerpo social, como practicantes colectivos de un cierto tipo de política. En el libro de M. Yore está entonces la clave para comprender la política paraguaya de hoy y de los próximos años.

Para ser una tesis de licenciatura es evidentemente una obra impresionante, como aporte a la comprensión teórica de nuestra historia política uno puede encontrar múltiples resalvas. La autora sin embargo, con su escasa experiencia como investigadora tiene no obstante un mérito decisivo: el coraje de combinar-como decía Pablo Macera- la rabia hacia la autocracia y la mediocridad, con la paz operativa, arduamente conquistada durante los más de cinco años de tenacidad que le tomó empezar y terminar el trabajo.

Es un libro recomendado a todo aquel interesado en conocer el stronismo, especialmente a las y los jóvenes, estudiantes o no, para que ellos, que quizás no han padecido con todo el rigor el oprobio nacional de la historia stronista reciente, no la olviden. Para que su lectura pueda también convencerlos y convencemos que la democracia está aún muy lejos en el Paraguay, que hay que construirla cotidianamente, conociendo y despreciando visceralmente el despotismo y que hay que construirla con las prácticas contrarias a las usadas por los dictadores; solidaridad, rescate de lo popular y un proyecto colectivo de comunidad nacional.

Tomás Palau

Asunción, mayo de 1992



PRESENTACIÓN

Este trabajo fue presentado y aprobado como tesina de Licenciatura para la carrera de Ciencias Políticas en la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción». Ofrecemos al lector el ensayo de interpretación histórica sin modificaciones, tal cual fue presentado, con las limitaciones teóricas y metodológicas propias de quien realiza un primer trabajo de investigación para cumplimentar un requisito académico.

El tema de análisis, el régimen político stronista, fue escogido a mediados de los años ’80s debido al interés personal de la autora y en un momento en que el caso paraguayo había sido tratado casi exclusivamente -con las limitaciones lógicas del observador externo- por algunos autores extranjeros. Con posterioridad, en los últimos años de la dictadura fueron apareciendo aportes significativos de autores locales, sobre todo los de carácter documental y testimonial, que se multiplicaron a partir del golpe militar de estado de febrero de 1989 y contribuyeron notablemente a arrojar luz, fundamentalmente acerca de las primeras décadas de un fenómeno político que se mantuvo impenetrable hasta que se inició su descomposición interna, en los primeros años de la década de los ’80s. De modo que nuestra tarea ya emprendida para entonces, fue facilitada y estimulada grandemente. Nuestro tema si bien fue perdiendo originalidad no perdió su relevancia, porque aún con las limitaciones apuntadas fue encarado desde una perspectiva histórica, basada en abundantes fuentes -escritas y testimoniales- a las que pudimos acceder, y con un aporte que no encontramos en trabajos anteriores: el análisis particular de la llamada «Doctrina de la Seguridad Nacional» y su influencia específica en el modelo stronista a partir de su vigencia en todo el continente latinoamericano.

Por un elemental deber ético y académico debemos puntualizar entre las limitaciones del trabajo: i. La ausencia de un análisis más sociológico, lo cual vuelve al estudio una interpretación muy rígidamente politicista y hasta historiográfica del objeto de estudio, quedando el régimen político y sus actores institucionales -partido y fuerzas armadas- como aislados del contexto social en que se implantó e impuso, ii. Una visión más global de la estructura social y económica nacional hubiera facilitado entender las razones estructurales de la emergencia, imposición y consolidación del régimen. En realidad, el referente de la sociedad global no desaparece en el análisis, está como sugerido, pero no tiene la atención y el tratamiento que hubiera dado un marco al general objeto de estudio.

Mi agradecimiento expreso es a los profesores Luis Armando Galeano y Tomás Palau quienes orientaron el trabajo en diversas etapas y sin cuyo apoyo decidido me habría convertido en un borrador eterno.

A Cristian Andrés Nielsen quien leyó pacientemente el manuscrito y lo pulió.

A todas aquellas personas -políticos e intelectuales- que en diversos momentos de la elaboración del trabajo leyeron capítulos o el manuscrito casi completo, aportando sus observaciones -en muchos casos rectificadoras- y sugerencias valiosas: Raimundo Careaga, Waldino Ramón Lovera, Bernardino Méndez Vall, Assad Yore, Carlos María Lezcano, José Carlos Rodríguez y Víctor-Jacinto Flecha.

Mi reconocimiento especial a BASE. Investigaciones Sociales por el apoyo institucional para la culminación y publicación del trabajo.

A Dolly Ruíz Sánchez, operadora, por su eficiencia y paciencia con el borrador.

A los compañeros de BASE-IS por su presencia estimulante en los tramos finales.

La autora



I. INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente trabajo es el estudio del régimen político stronista a partir de los procesos y actores político-institucionales que lo originaron, articularon y consolidaron en los primeros veinte años. Un sistema de dominación autoritario muy particular, que se empieza a construir desde el 4 de mayo de 1954, cuando el general Alfredo Stroessner Matiauda, comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la nación accede de facto al control político del Estado y configura una estructura unipersonal de poder de características autoritarias sustentada en la asociación Partido-Gobierno- Fuerzas Armadas. Los antecedentes de este modelo de dominación se remontan sin embargo, a la década de 1940 cuando se establecen las condiciones político-jurídicas favorables a su implantación, llegando a su cénit en la década de 1970, cuando logra su completa consolidación y legitimación, interna e internacionalmente.

Analizamos un fenómeno político desde la perspectiva y con el instrumental de la historia, buscando avanzar en el conocimiento de nuestra realidad contemporánea, con una interpretación lo más objetiva posible, despojada de la subjetividad del militante pero con la valoración propia de la autora sobre los fenómenos históricos, sociales y políticos del país, a partir de una concepción de la historia que trasciende el mero recuento de hechos y procesos, propio de la historiografía tradicional y busca la explicación de la realidad, en la interrelación de los fenómenos socio políticos en y desde su contexto histórico determinado.

Esperamos contribuir a un mayor esclarecimiento de un fenómeno político muy peculiar, tanto por su longevidad como por el desconocimiento casi total que de él se tuvo por muchas décadas, sobre todo las de su articulación y consolidación. Y constituir además, un aporte -aun reconociendo la modestia del trabajo- a la comprensión de la historia política reciente, principalmente por la recopilación bibliográfica, documental y testimonial sobre el tema.

La recolección de la producción bibliográfica sobre el fenómeno de estudio ha sido una tarea intensa de varios años y que incluye fuentes escritas: i. primarias: legislación en general, documentos políticos, etc., además de publicaciones (libros, folletos, libelos, artículos) específicas sobre el tema; ii. secundarias: publicaciones (libros, artículos y ensayos) de carácter más general que incluyen el tema de estudio. Asimismo hemos trabajado con fuentes no escritas orales: i. testimonios directos de protagonistas o testigos importantes de distintas etapas del régimen, en entrevistas personales hechas por la autora en base a seis cuestionarios diferentes especialmente elaborados, que recogieron el protagonismo y/o testimonio y el registro de la represión que han sufrido políticos del oficialismo, de la disidencia y de la oposición. En la mayoría de los casos son testimonios grabados y en unos pocos, entregados por escrito a la entrevistadora, y complementados por apuntes manuscritos, ii. testimonios indirectos entresacados de otras entrevistas a protagonistas.

En este sentido es que creemos que el trabajo puede ser un aporte significativo, no tanto por su valor teórico o interpretativo -que es uno más- como por la documentación e información recopilada que en todo caso servirá de base a trabajos de investigación de mayor envergadura y rigor.

A partir del enfoque adoptado, empezamos por definir conceptualmente categorías políticas básicas, partiendo del concepto de régimen político, como el eje articulador del estudio; además precisamos otros términos como estado, en cuanto globalidad abarcante del régimen, dominación y gobierno. Pasamos luego a formular nuestras hipótesis de trabajo caracterizando puntualmente al régimen personalista de Stroessner en sus peculiaridades más resaltantes.

En el análisis histórico propiamente del régimen, abordamos nuestro objeto de estudio encarándolo por etapas y procesos que lo antecedieron y le dieron origen, lo articularon y consolidaron. Esta clasificación permitió percibir y analizar al régimen no solo en la secuencia cronológica de sus fases, es decir en «la constatación de la simultaneidad o sucesión de los fenómenos y procesos» (Cardoso: 1981; 189); sino además en la articulación, interrelación y funcionamiento de los actores que lo conformaron, es decir, nos permitió exponer la estructura y el funcionamiento del régimen de acuerdo con sus necesidades cambiantes de: i. estructurar el esquema de dominación y luego, ii. consolidarse en el poder.

Siguiendo la clasificación de Cardoso, el plan de redacción del estudio intenta al menos, estructurarse con un enfoque dialéctico, es decir, reuniendo o combinando en una perspectiva unificada, las visiones genética por un lado, y estructural, por el otro, del régimen stronista. En un caso, buscando la explicación del proceso histórico del stronismo en la secuencia cronológica de etapas interrelacionadas a partir de una visión casual; en el otro, con la exposición de estructuración y funcionamiento de la totalidad que es el sistema de dominación stronista, en sus rasgos fundamentales.

Así abordamos en los Antecedentes históricos, los procesos de emergencia de las FF. AA. como poder político y de acceso al poder del Partido Colorado y, el singular relacionamiento colorado-militar que desde los años de 1940 sentaría las condiciones favorables al golpe militar de estado de 1954, y a la pactación del «acuerdo» de dominación post-golpe.

En el Acceso al poder y configuración del sistema de dominación, abordamos el hecho militar, los factores locales y externos que lo explican y la estructuración del poder stronista sustentado en la trilogía Partido-Gobierno-FF.AA., sobre la base de la domesticación del partido y del ejército.

En la Consolidación de la estructura de poder, abordamos exclusivamente la implementación de un sistema represivo ilimitado que tuvo el importante rol del control social por la institución militar. Especial atención hemos dado en este capítulo al tema de la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) que proveyó la justificación ideológica más importante a la represión del régimen.

Finalmente, a modo de Conclusiones, trazamos los grandes rasgos de los procesos históricos analizados, de modo a percibir al régimen en su totalidad.

Queremos dejar constancia que el análisis de los procesos de legitimación a partir de la década de 1960 y de crisis terminal del régimen a partir de la década de 1980 estaban previstos inicialmente en el estudio y una buena parte fue elaborado, pero las vicisitudes personales no fueron pocas durante varios años y retrasaron la culminación del trabajo hace tiempo, por lo cual optamos por revisar el plan inicial y suprimir ambos capítulos.



4. ACCESO AL PODER Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE DOMINACIÓN

 

4.1    El golpe militar de estado de 1954

El 4 de mayo de 1954, el general de División y comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación (64) Alfredo Stroessner, apoyado por un sector del gobernante Partido Colorado y por factores externos ponderables, encabezó un golpe militar de estado que derrocó al último gobierno civil del Paraguay, el de Federico Chaves y terminó con la hegemonía de dicho partido, en el poder desde 1947 y la abdicación de la civilidad, devolviendo al estamento militar el rol protagónico principal en la administración del Estado.

Las Fuerzas Armadas, que se habían consolidado desde los años 30 como elemento decisivo en la orientación de la vida política nacional, en 1954 se convierten en el actor político por excelencia y se afianzan como factor de poder real en el Paraguay, bajo el mando de su Comandante en Jefe, «un verdadero líder militar que supo devolver el poder al estamento militar y subordinar al partido colorado a la forma de realizar la praxis política actual que señala una inequívoca preponderancia política del Ejército» (Livieres: s/f; 15).

Si bien la participación de los militares en la administración del Estado fue continua e «in crescendo» desde 1936 -en la medida en que el poder civil perdía gravitación por varios factores históricos y coyunturales- no fue sino hasta la toma del poder por Stroessner que se consolidó el poder corporativo militar en el Estado, en torno a la dictadura personal de su Comandante en Jefe.

Apoyado por elementos influyentes del Partido Colorado de ascendencia y prestigio en círculos castrenses, como el caudillo Epifanio Méndez Fleitas, el general Stroessner quedaría poco después como árbitro absoluto e indiscutido del futuro del país en las siguientes tres décadas y media.

El Partido Colorado debilitado por la división y anarquía interna que se había extendido al mismo sector gobernante, no estaba en condiciones de ofrecer resistencia alguna, apenas de aceptar el establecimiento de nuevas reglas de juego político que implicaban su subordinación al estamento militar, para mantener siquiera su posición de privilegio en la administración pública del gobierno.

El jefe militar negoció con el Partido Colorado las condiciones de su permanencia en el gobierno, en primer lugar, para legitimar el golpe y en segundo lugar, para tener un apoyo político permanente. Esto no hizo menos militarista y autoritario su régimen, aunque en cierta medida lo camufló por muchos años. Stroessner ha mantenido al coloradismo en la administración burocrática del Estado por consideraciones pragmáticas y de paso obtuvo el respaldo y legitimidad política de un partido tradicional con raigambre popular. Pero el control absoluto del poder sobre el partido y sobre el país estuvo en sus manos (65).

Al respecto de la variedad de interpretaciones sobre los acontecimientos de mayo de 1954, el historiador Seiferheld (1987:16) menciona que «para algunos se trató aquí de un simple golpe militar (4 de mayo); para otros, de dos golpes sucesivos (3 y 4 de mayo). Unos hablan de conflicto de mando, resuelto por un pacto cívico-militar y otros sostienen en cambio, que se produjo una rectificación del curso político».

El 3 de mayo en realidad, se producía el segundo autogolpe -en cuatro meses- desde el gobierno, para defenestrar a los apoyos «epifanistas» que seguían en el ejército y la policía (66). Por orden del presidente Chaves, el comandante de la Primera División de Caballería, coronel Néstor Ferreira apresó a numerosos jefes y oficiales de la unidad, entre ellos, al comandante del RC3 «coronel Mongelós» mayor Virgilio Candía, «que se creía estaban conspirando, para desplazarlos [a Cháves y su entorno] y se completa el golpe comenzado el 4 de enero» (observación de Bernardino Méndez Vall a la autora).

A todo esto sobrevino la reacción del Comandante en Jefe de las FF.AA., por haberse ignorado y sobrepasado su autoridad en el hecho de los apresamientos, para el que no había sido consultado. Planteado el conflicto de mandos, el general Stroessner iniciaba al día siguiente la revuelta contra el gobierno de Federico Chaves, apoyado en la Policía, el Batallón 40 y el RI 14. El 5 de mayo se consumó el golpe con el apresamiento del teniente coronel Ferreira y el del presidente Chaves.

La tesis stronista sostenía que el cuartelazo de Stroessner posibilitó «la restauración de la autoridad política e institucional del Partido Colorado y de su Junta de Gobierno» (Vittone: 1975;538) y la propaganda del régimen habría de convertirlo en la «gesta rectificadora», que en opinión de Carlos Romero Pereira, (1987:30) «nuestro partido se encargó de mitificar durante todos estos años».

Definido por un dirigente colorado como un «ajuste de cuentas entre sectores civiles y militares colorados» (Seifart: 1988), el golpe militar de estado fue recibido entonces con expectación y esperanzas, no sólo por los colorados que se hallaban fuera del gobierno -guiones rojos, epifanistas- sino además, por la oposición que esperaba salir beneficiada con el cambio de situación. Con excepción de los «democráticos», sector colorado gobernante, y del Partido Comunista Paraguayo, los disidentes colorados y los dirigentes de los partidos Liberal y Revolucionario Febrerista celebraron la caída de Federico Cháves. «Stroessner asume la presidencia con el beneplácito de muchos sectores del Partido Colorado que creían que un general joven podía ser la solución para la anarquía colorada» (Jiménez Delgado: 1988) (67). Este es el criterio casi unánimemente aceptado por dirigentes colorados de distintas corrientes, que han coincidido en que el 4 de mayo fue percibido en la época como un golpe de estado protagonizado por oficiales institucionalistas, sublevados contra un gobierno que mostraba signos de corrupción incipiente. No se entendió el golpe como un atentado contra el partido en el sentido de buscar su derrocamiento, por la misma participación de civiles colorados. Los directores partidarios «creyeron de buena fe» en el coloradismo del general Stroessner, en que éste no tenía ambiciones de poder y que en cualquier caso su presidencia sería temporal (68), no obstante que algunos jefes castrenses propugnaron el despojo del Partido Colorado del poder y la constitución de una Junta de Gobierno Militar (69).

En el ámbito de la oposición política, las expectativas generadas no fueron menores; liberales conservadores y febreristas reformistas también vieron en el militar golpista -fieles a la tradición mesiánica de la política paraguaya- al «hombre providencial», el «militar sano» (Pérez Cáceres: 1988) que terminaría con el estado de proscripción indefinido a que los tenía sometido el régimen colorado; y además, posiblemente instaurara la democracia.

Los liberales, en general, vieron como «un síntoma positivo el advenimiento de Stroessner» (Pesoa: 1988), alentaron esperanzas «de que las cosas algo iban a mejorar» (Bordenave: 1988); y aún más lejos, sus dirigentes creyeron en la posibilidad de la «apertura de los militares hacia el partido» (Benítez Florentín: 1988). En igual sentido, el acceso violento de Stroessner al poder «se tomó como una solución» por los febreristas (Careaga: 1988).

Las pretensiones de los opositores, en realidad, iban más allá de la obtención de garantías y de una apertura política que les permitiera una actividad legal. Al tiempo que compartían la tesis de los colorados, de que Stroessner no duraría en el poder -le daban de 15 días a seis meses para ser derrocado- la dirigencia de ambos partidos se mantuvo expectante, por si acaso el general triunfante apelara a su concurso. La interpretación era que, retomado el poder por los militares, éstos desplazarían de la administración pública a los colorados y allí estaba la oposición esperando «ser llamada» para ocupar ese lugar.

El Partido Comunista Paraguayo advirtió entonces, que de esta interpretación simplista y superficial, «algunos dirigentes liberales y febreristas sacan la conclusión alegre de que ahora les ha llegado el turno a ellos...» (Creydt: 1954; 1). En un documento del PCP se denunciaba en el mes de agosto de 1954, que el plan de Stroessner era debilitar al Partido Colorado «con vistas a restablecer una dictadura personal al estilo de Higinio Morínigo» y que «ciertos dirigentes liberales y febreristas de derecha tratan de ayudar a impulsar a Stroessner en este sentido, con la idea de ocupar los asientos de los diligentes colorados» (ibid.: 12).

Pero presas del autoengaño y sobreestimación suficientes, liberales y febreristas no fueron ni más ni menos que convidados de piedra ante el desarrollo de los acontecimientos. Cuando intentaron reaccionar los colorados ya negociaron su permanencia en el gobierno.

Algunos políticos conocidos por su posición pragmática y participacioncita durante el stronismo, coinciden en sus críticas a lo que calificaron una actitud «petulante» de la dirigencia liberal y febrerista en aquella coyuntura. Se creían «imprescindibles» y contaban con que serían llamados por Stroessner, denotando una «falta de sentido práctico y de agudeza política». A ello se sumó su escasa visión de futuro, ya que esperaron tres décadas y media antes de que el dictador fuera derrocado.

Arnaldo Valdovinos, quien en la época vivía exiliado en Buenos Aires, fue el único dirigente febrerista que tomó contacto con Stroessner en 1954, dejando en manos del Comité Ejecutivo Nacional del PRF la tarea de proseguir las conversaciones. Pero, al parecer, los febreristas de Asunción desecharon tal posibilidad confiados en que el militar no tardaría en caer y en el «gran apoyo» que tenía supuestamente el PRF en el ejército70.

Por el lado del Partido Liberal, Femando Levi Rufinelli, entonces miembro del comité político del Directorio, apenas producido el golpe planteó la idea de que habría que «acercarse inmediatamente a Stroessner», porque a su criterio el Partido Colorado había caído del poder. «El argumento por el cual me rechazaron fue, que si él [Stroessner] nos necesitaba, que venga a pedirnos a nosotros la ayuda» (Levi Rufinelli: 1988).

En los días inmediatamente posteriores al golpe, mientras los liberales todavía estaban por decidir una postura institucional, los colorados llegaban a un acuerdo con Stroessner: «Desde entonces viví muy intensamente, ni dormí creo que durante tres días, incluso haciendo gestiones: cuando fui a una reunión en que se iba a resolver el problema de qué hacer... y voy llegando y me encuentro con un colorado en el camino y le digo ‘qué hay’, y me dice: 'ya está solucionado' ... 'llegamos a un acuerdo. El Partido Colorado se queda’. Bueno, naturalmente yo me rindo, llegué a la reunión, nadie sabía nada y les dije: 'vamos a suspender nomás, porque, les doy esta noticia’. Entonces el Partido Liberal entró otra vez en una situación penosa que era vivir de fantasías, de golpes de estado» (idem.)71.

Pero este estado de delirio fue no solamente de los Liberales sino de la oposición en su conjunto y de los grupos colorados que iban siendo expulsados por el régimen.

Durante décadas se dijeron a sí mismos que era cuestión de tener un poco de paciencia, que ya caería Stroessner, que el régimen ya estaba terminado.... y así por el estilo.


NOTAS

64.    El 15 de agosto de 1951, por decreto No. 9.157, el General de Brigada Alfredo Stroessner es ascendido a General de División y el 13 de octubre del mismo año, por decreto No. 7.631, el presidente Federico Chaves lo nombra, por delegación. Comandante en Jefe de las FF.AA.

65. Con Stroessner, los militares han extendido su función institucional tradicional de garantes de la soberanía nacional e integridad territorial, a la función política directa en la gestión estatal y partidaria. Los ministerios claves de Defensa Nacional, de Hacienda y de Obras Públicas y Comunicaciones, así como la dirección de los organismos del Estado relacionados con la seguridad interna y el desarrollo, siempre estuvieron bajo su control y dirección. Asimismo, ingresaron a la Junta de Gobierno colorada como miembros titulares permanentes.

66. «Para comprender el 4 de mayo se debe retrotraerse al «putsh» del 4 de enero en que sin consulta con el Partido y en abierto alzamiento contra su autoridad, don Federico, envuelto ya por el micro clima «isabelista», destituye nada menos que al Presidente del Partido, Dr. Enciso Velloso, a la sazón Ministro de Hacienda, al Vice, Arq. Tomás Romero Pereira. Ministro del Interior, al Jefe de Policía Cnel. Esteban López Martínez, al Jefe de Investigaciones, Juan Manuel Santander y a consecuencia de esto, renuncia el Pdte. del Bco. Central, Epifanio Méndez». Observación de Bernardino Méndez Vall a la autora.

67. Es posible que Jiménez estuviese en antecedentes del golpe antes de producirse, aunque no lo dijo directamente. Vivía exiliado en Buenos Aires desde hacía varios años, cuando en octubre de 1953 lo visitó el Gral. Stroessner, de paso hacia los Estados Unidos. Mallorquín tiene un criterio distinto sobre el punto: «La tesis de Stroessner de que él vino a poner término a una situación de enfrentamiento partidario es falsa. Hubo eso, pero mucho antes de que él llegara al poder» (Mallorquín: 1988).

68. Este criterio es sostenido entre otros por (Da Silva: 1988); (San Martín: 1987-1988); (Seifart: 1988); (Salum Flecha: 1988); (Lovera: 1987). Otro grupo de colorados señaló el «carácter netamente militar» del golpe, con apoyo de «algunos civiles», con el objetivo de «evitarla consolidación» del partido en el gobierno y la «institucionalización» del país (Florentín Peña: 1988); (Stumpfs: 1987); (Gíl Oporto: 1987).

69. En esta postura francamente militarista estuvieron los generales Ceferino Vega Gaona, Quintín Parini y el contraalmirante G. Patino. El Mayor DEM Jesús M. Villamayor, por su parte, afirma en (Villamayor: 1957 ) que la idea de instaurar una dictadura militar era antigua en Stroessner y su grupo de amigos.

70.    Según un dirigente febrerista, «como los cabecillas del Comité Ejecutivo, Germán Soler, Roque Gaona y otros, eran de los que creían que el poder tenía que caer en manos del febrerismo como por arte de magia, no movieron un solo dedo en prosecución de aquellas negociaciones con Stroessner». Pérez Cáceres criticó acerbamente la «pedantería, la vanidad, la suficiencia» de la dirección febrerista de aquella época, integrada por «unos buenos burgueses» (Pérez Cáceres: 1988).

71. En la expresión del político, se popularizó aquello de «la industria de la conspiración», muy cierta para «algunos que se hicieron de bastante dinero con las conspiraciones». Afirma haber estado metido como mínimo en 20 o 30 de ellas organizadas por su partido, confiado como otros jóvenes liberales, en el presunto apoyo militar que los principales directivos decían tener. Cada conspiración planeada era la «definitiva», pero «nunca pasaba nada real y efectivo».



4.2    Circunstancias explicativas

4.2.1El factor interno: Crisis del gobierno de Federico Cháves

Delich (1981: 230-240) reconoce en una serie de factores y condicionantes «hipótesis puntualmente históricas y reconocidas como tales» que explicarían el acceso de Stroessner al poder: la guerra civil del ’47; el apoyo del entonces presidente argentino Juan D. Perón y el clima propicio de la guerra fría.

La guerra civil en todo caso, fue un condicionante indirecto del advenimiento del stronismo, al haber sido el punto de partida de un régimen civil de partido único, caótico, cuasi anárquico, que entre 1947 y 1954 sometió al país a un estado de intolerancia, primitivismo y persecución política y mantuvo el estancamiento y desequilibrio de su economía agrícola atrasada y la situación de miseria y pobreza de las mayorías trabajadoras del campo y de la ciudad; agravado por el despilfarro de los recursos del Estado por sus administradores de turno.

La crónica inestabilidad política de los gobiernos colorados surgidos tras la guerra civil por golpes palaciegos, parecía haberse empezado a superar sin embargo, con los cuatro años de administración de Federico Cháves, que en alguna medida implemento una política de pacificación nacional y de superación de la crisis económica. Pero la presión de poderosos intereses económicos y militares, tendieron a obstaculizar el propósito gubernamental de saneamiento y reactivación de la economía y favorecieron las pretensiones del general Stroessner y su grupo militar, que estaba al acecho. El gobierno de Cháves sucumbió por la agudización de las contradicciones de intereses de las fuerzas en él representadas. En enero de 1954 serían desplazados los elementos populistas del gabinete por los representantes de la oligarquía agropecuaria. Cuatro meses después, en mayo, todos pactaban con el poder militar para derrocar al gobierno.

En el orden político, aún sin constituir un gobierno democrático-constitucional en el sentido liberal del concepto (72), el régimen de Federico Cháves restableció los derechos y garantías civiles fundamentales de los paraguayos. «... Se restauró el orden jurídico, la independencia y dignidad del Poder Judicial, la seguridad de las personas y el respeto a los derechos» (Méndez: 1965;305). Ya bajo la administración de Felipe Molas López se había decretado una amnistía por la que fueron liberados 361 opositores de distintas filiaciones, recluidos en la cárcel pública de la capital y 50 colorados, recluidos en la prisión de Villa Hayes.

En orden a superar un estado de intolerancia y persecución política, que obligó a la emigración de miles de ciudadanos, se realizó la repatriación voluntaria desde la Argentina, de 10.000 familias (73). En vísperas de su reelección para el período 53-58, el presidente Cháves resaltó la intención de «normalización democrática» de su gobierno y el compromiso de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con participación de los partidos legalmente organizados, para la redacción de una nueva Constitución, antes de concluir su mandato (74).

En el orden económico, 1952 fue un año crítico: «tensión política, déficit financiero, angustia económica, inflación, bolsa negra» (ibid.: 298) eran los signos exteriores de la grave situación recesiva derivada del desequilibrio económico-financiero y monetario. Pero también fue un año decisivo en la voluntad gubernamental para implementar una política de superación de la crisis y reactivación económica.

Bajo el impulso de los miembros del gobierno más sensibles a la situación social de trabajadores y campesinos, los más afectados por la crisis, se elaboró y adoptó a principios de 1953 un programa de estabilización y fomento económicos, que en esencia constituyó el primer intento de planeamiento de la economía que se instituía en el país, según Epifanio Méndez.

Guillermo Enciso Velloso y Epifanio Méndez, ministro de Hacienda y presidente del Banco Central respectivamente, fueron los principales mentores y defensores de la política gubernativa, en la que la intervención decisiva del Estado en los diferentes ámbitos económicos, tendía a corregir los profundos desequilibrios, a eliminar la corruptela pública y privada y antiguos privilegios de poderosos sectores.

Desde la Comisión de Planeamiento del Fomento Económico enfrentarían a la oligarquía agropecuaria y latifundista cuyos intereses y privilegios estaban en abierta contraposición a la ejecución del plan. El organismo gubernamental se opondría a las pretensiones del sector ganadero nucleado en la Asociación Rural del Paraguay, que exigía un aumento desmesurado en el precio de la hacienda (75).

En el orden económico-social, fue el impulso de una experiencia similar a la del peronismo en la Argentina, «algo así como una sombra del experimento nacionalista que prosperaba en grande un poco más al sur» (Díaz de Arce: 1977;360) con cuyo gobierno se estrecharon vínculos suscribiéndose un tratado de cooperación económica. En agosto de 1953 se firmó en Buenos Aires, el Convenio de Unión Económica Paraguayo-Argentino, que había sido precedido por la gestión de una misión paraguaya encabezada por el presidente del Banco Central, en el mes de mayo del mismo año.

Esta orientación nacionalista-populista de la política gubernativa había implicado, en principio, el año 1952, el rechazo de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la enmienda de un proyecto elaborado por una misión técnica de dicho organismo junto con el Banco del Paraguay, para la superación de la crisis económica (76).

En este contexto fue que la principal división interna en el Partido Colorado, entre «democráticos» y «guiones rojos» -que el gobierno de Chaves mantuvo sin resolución, en estado latente-, se extendería en los últimos años al mismo sector democrático gobernante: entre un grupo de orientación claramente populista, nucleado en torno a la figura de Epifanio Méndez y el grupo de la vieja dirigencia partidaria, que expresaba esencialmente los intereses de la oligarquía económica (latifundista y ganadera).

Jaqueado por estas fuerzas heterogéneas, el gobierno de Chaves cayó en el descrédito generalizado en sus últimos tiempos. La corrupción económica, de la que no estaba ajena la presión militar (77) y la descomposición moral, por la entronización del nepotismo y el aparente descontrol gubernamental a manos de un «entorno presidencial», aparecían insuperables (78).

Por otra parte, la definición de la pugna entre «chavistas» y «epifanistas», desembocaría en una suerte de desquiciamiento institucional del que participaban civiles y militares adictos a uno y otro grupo. Un ejemplo de esta situación fue la proclamación de la seccional colorada de Luque y sus bandas milicianas armadas, como la «Segunda División de Caballería Civil», por el propio comandante de la Primera División de Caballería (DC1), teniente coronel Néstor Ferreira (Seiferheld: 1987:96). Una verdadera organización paramilitar apoyada por un importante sector del ejército.

El poder y ascendencia creciente del carismático Méndez, preocupaba no solo a sus adversarios dentro del partido, sino fundamentalmente a altos oficiales del ejército identificados con el sector más reaccionario liderado por el Comandante en Jefe, que veía con desagrado la influencia que ejercía el político en la joven oficialidad y la orientación pro-peronista de la política económica, de la que era uno de sus propulsores principales.

Desde fines de 1953, círculos castrenses empezaron a presionar al presidente Chaves para que expulsara al ministro Enciso y a Méndez, bajo la acusación de supuesta deslealtad y conspiración para derrocar al gobierno y llevar a la presidencia a Tomás Romero Pereira, ministro del Interior. La determinación militar de que Méndez y sus amigos políticos debían irse, «fue reforzada al regreso después de Navidad del Comandante en Jefe, General Alfredo Stroessner, del Brasil, donde había pasado dos semanas como invitado del ejército brasileño» (ibid.: 43).

El 4 de enero de 1954, en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno que reafirmó su adhesión al presidente Chaves, los acusados negaron estar involucrados en ninguna conspiración y dijeron que tales versiones sólo intentaban destruir al partido y derrocar a su gobierno, con el pretexto de defender al Presidente de la República, en obvia alusión a la presión castrense.

La crisis de enero que culminó con el desplazamiento de la gestión gubernativa del ministro de Hacienda Guillermo Enciso Velloso y del presidente del Banco Central del Paraguay Epifanio Méndez, entre otros (79) fue la resolución, en el ámbito político- partidario, de la pugna entre «chavistas» y «epifanistas» por el control del poder. El transfondo económico determinante, fue la defensa de los intereses y de la «continuidad del dominio oligárquico» (Méndez: 1965;319), apoyado por el factor militar. La misma conjunción de intereses oligárquico-militares (80), que en diciembre de 1955 eliminaría definitivamente a Méndez y sus seguidores.

El involucramiento del Brasil y de los Estados Unidos en el asunto, fue dado como un hecho cierto por diplomáticos argentinos, que atribuyeron la renuncia forzada de Méndez, «a las maquinaciones» de ambos países (Seiferheld: 1987;53-56). Osvaldo Cháves apuntaba años después, que «enfrentar a Epifanio Méndez con el gobierno fue la primera victoria de la reacción -interna e internacional- que ya trabajaba en la sombra para preparar el gran zarpazo contra las conquistas ganadas por el pueblo... El paso siguiente fue orquestar una hábil campaña de difamación contra el Jefe del Ejecutivo» (Méndez: 1965;XI).

Obviamente, la victoria sería efímera para los «chavistas». El autogolpe debilitó aún más la posición del gobierno y lo dejó a merced de la presión militar. La crisis gubernamental se exacerbó, en tanto que ahora, Stroessner y su grupo militar seguían presionando para obtener la renuncia del presidente Cháves. Una fuente norteamericana manifestaba a mediados de enero del ’54, que seguían los rumores sobre la posición «insegura» del Presidente frente a los militares y que éste «preferiría renunciar en lugar de someterse a mayor presión del ejército». También daba cuenta que Stroessner «se haría cargo de las riendas del gobierno» (Seiferheld: 1987;54).

Si bien la «percepción» de la muy bien conectada e informada embajada norteamericana en Asunción era de que el general Stroessner no tenía interés en instalar un «gobierno militar», sin duda, éste trabajaba aprestando su golpe. Ya había puesto a prueba su capacidad de manipulación sobre los dirigentes colorados, enfrentando a Méndez con el gobierno del que era uno de los puntales, logrando su defenestramiento. Ahora seguía atacándolo anónimamente y minando al gobierno de Chaves. Una desconocida «Liga Militar Patriótica» denunciaba que el «perón-comunista colorado» Méndez seguía «conspirando» desde la Junta de Gobierno, con apoyo en el ejército, en la policía y de los «comunistas», dirigido por la «Embajada Argentina» (ibid.: 56-61) (81).

Desde luego, en aquella crucial etapa pre-golpista, las conspiraciones se multiplicaban (82). Cuando el Comandante en Jefe de las FF.AA., aprovechando un conflicto de mandos, asestó el golpe contra el gobierno de Cháves, Epifanio Méndez sería llamado y aparentemente reivindicado. El juego de Stroessner fue utilizarlo para negociar con la dirigencia de la Junta de Gobierno partidaria y acabar con la débil resistencia inicial de los colorados a aceptarlo como el nuevo dueño del poder. Y esto resultó así en los hechos, a pesar de que la convicción íntima de Méndez al ayudarlo, hubiera sido en un sentido opuesto.

«En realidad, el golpe del 4 de mayo no fue premeditadamente hecho por Stroessner, ni mucho menos en connivencia con Epifanio Méndez Fleitas... Epifanio estaba retirado en San Pedro del Paraná y no se enteró del episodio hasta el 5 de mayo en que fueron a buscarlo para intermediar entre el partido y Stroessner que ya quería quedarse con el poder del gobierno. Esto es fundamental para comprender todo el proceso que deviene» (observación de Bernardino Méndez Vall a la autora).

 

4.2.2 El factor externo

a.       El contexto de la guerra fría

El general Stroessner llegó al poder en un contexto internacional y regional en que los Estados Unidos de Norteamérica, que emergía como potencia hegemónica indiscutible en el mundo capitalista, enunciaba las bases de su nueva política exterior, de enfrentamiento con el también emergente bloque socialista, e imperialista con respecto a los demás países del hemisferio occidental y de Latinoamérica en particular, en función de la consolidación de sus intereses económicos y políticos en todo el mundo.

Al término de la Segunda Guerra Mundial, derrotados Alemania, Japón e Italia y debilitadas y relegadas las antiguas potencias coloniales europeas (Inglaterra, Francia), los Estados Unidos y la Unión Soviética eran las nuevas superpotencias que quedaban en pie; «ambas partes salieron de la guerra con ánimo de autoafirmación» (Wesson: 1979;34).

Previamente, en Yalta, los tres grandes aliados en la guerra (EE.UU., URSS, Inglaterra) habían decidido repartirse el mundo. En Potsdam ratificarían esta decisión. Los acuerdos de Y alta -en la península de Crimea- suscritos entre Franklin D. Roosevelt, José Stalin y Winston Churchill, en febrero de 1945, sentaron las bases para instrumentar la sociedad mundial para el mantenimiento de la paz, o lo que es lo mismo: posibilitaron el reparto del mundo en esferas de hegemonía e influencia. En la conferencia de Potsdam, realizada entre junio y julio del mismo año, se volvió a planear la nueva ordenación territorial y económica de postguerra (Laviña-Baldomir: 1983;280-285).

La nueva realidad política internacional de postguerra se presentaba muy diferente al clásico sistema de equilibrio del poder entre una pluralidad de grandes potencias. Los centros de poder universal se instalaron en Washington y Moscú respectivamente, y la «pax ruso-norteamericana» se extendió sobre el orbe. Sobre este supuesto político se instrumentó posteriormente la Carta de las Naciones Unidas (ONU), que entró a regir el 24 de octubre de 1945, con los objetivos principales de mantener la paz y la seguridad internacional con la cooperación de las superpotencias.

Sin embargo, el mantenimiento de la paz mundial pasaría a depender exclusivamente de las decisiones de ambas superpotencias, con lo que las Naciones Unidas restringirían su rol a la mediación y al asesoramiento para atenuar la tensión entre ellas. «En vez de constituirse las Naciones Unidas en el centro de gravedad de la organización mundial, dicho centro se iba a distribuir en dos polos, cuyas cabezas se enfrentarían en un vasto conflicto ideológico y de intereses» (ibid.: 252).

La división del mundo en zonas de influencia de una y otra superpotencia determinó el nacimiento del sistema bipolar y el planteamiento del conflicto Este-Oeste, dentro de cuyo contexto se desarrollaría la llamada «Guerra Fría», la primera y más peligrosa fase en las relaciones internacionales del período de postguerra, signado por la contraposición de intereses de los dos bloques de poder emergentes: el «mundo democrático» y el «mundo comunista». El sistema bipolar se integró por dos grandes bloques de naciones dirigidos por los EE.UU. y la URSS respectivamente, que responden a ideologías excluyentes y se organizan política,  social y económicamente de acuerdo a aquellas, de manera diferente. Representan dos concepciones filosóficas, políticas, económicas y sociales diametralmente opuestas del mundo y de la sociedad humana, cuyo control y hegemonía disputan, en un caso, para mantener el tradicional orden social e internacional «burgués» (Wesson: 1979;33), en el otro, para suplantarlo por el orden «comunista»*.

En este contexto, se encontraba en los años 50 en pleno auge el proceso de la guerra fría referida a «una situación en las relaciones internacionales, en la que ambos bloques liderados por la Unión Soviética y los Estados Unidos, por una y otra parte, mantienen fricciones, colocan al mundo en tensión política, y maniobran para fortalecer su bloque en perjuicio del otro» (Laviña-Baldomir: 1983;286-287)

Los Estados Unidos ponían en práctica su «política de contención» (atribuida a George Kennan, ex embajador norteamericano en Moscú), destinada a contener el avance comunista hacia el oeste de Europa y hacia el este y sur de Asia (83). La misma suponía enfrentar militarmente con armas convencionales, conflictos que en el análisis norteamericano eran provocados por la URSS.

La primera expresión de esa política que «tendía a contener a las potencias comunistas dentro de los límites pactados en Yalta» (ibid.: 76-77) fue la Doctrina Truman, por la que el Presidente norteamericano advirtió que defendería a los «pueblos libres» atacados por minorías armadas o por presiones exteriores. El 11 de marzo de 1947, Harry S. Truman lanzó su teoría de apoyar a los países contra «insurrecciones provocadas por la URSS» y de otorgar ayuda económica para afirmar la «libertad política», pensando básicamente en la situación por la que atravesaban Grecia y Turquía. En Grecia, un gobierno conservador prooccidentalista, enfrentaba una insurrección civil apoyada por la URSS, mientras que Turquía era presionada por exigencias territoriales y militares soviéticas (ibid.: 289). En opinión de la administración Truman, la «pérdida» de Grecia o Turquía, provocaría un efecto de dominó que volcaría gran parte de la zona mediterránea y del Oriente medio dentro de la esfera soviética.

Truman y sus asesores «emprendieron algo nuevo en la historia norteamericana: un programa de guerra política para tiempos de paz». En su mensaje al Congreso, el Presidente expuso la situación en términos de «los mundos del bien y del mal en conflicto» -el primero obviamente era el basado en el «estilo de vida norteamericano»- para señalar que la política de los EE.UU. «debe consistir en el apoyo a los pueblos libres que tratan de resistir el intento de sojuzgamiento por minorías armadas» (Wesson: 1979:35). De aquí a generalizar la «ayuda» a todo gobierno que se decía «luchar contra el comunismo» fue la regla durante varias décadas.

Así los EE.UU. se encontraron combatiendo a movimientos de liberación nacional y guerras revolucionarias, en muchísimos casos antinorteamericanos pero sin connotación comunista. Para la potencia todos representaban una clara agresión «soviética». Wesson afirma que «dado que sólo el comunismo se percibía como enemigo de la libertad, los Estados Unidos se sorprendieron prestando apoyo a dictadores sin el menor principio. La contención hizo también posible que los Estados Unidos, en situaciones complicadas, se internaran en un pantano de indefinida e inútil intervención. El país no sabía cómo manejarse sin exagerar» (ibid.: 48-49).

En guerras civiles y convulsiones locales, los EE.UU. se encontraron interviniendo en defensa del «status quo» de cualquier signo, enunciando sus vagos ideales de libertad política. Como la ideología soviética y el comunismo se oponen a la propiedad privada, el propósito de evitar la expansión de su poder, «se mezcló con la defensa de la propiedad privada (particularmente, los intereses empresarios norteamericanos) expresada en tonos moralizantes... Mucho se perdió cuando la potencia más rica asumió la imagen de un imperialismo económico ante los ojos de muchos que no se sentían amenazados por el comunismo» (ibid.: 49).

Siguió la aplicación del plan Marshall, impulsado por Estados Unidos para fortificar a los estados occidentales frente a los países comunistas, así como una serie de pactos de naturaleza militar, intra e interregionales, que comprendía alianzas, organizaciones de defensa y pactos bilaterales. Entre ellos, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), suscrito el 2 de setiembre de 1947 en Río de Janeiro, que entró en vigor el 3 de diciembre de 1948, luego de su ratificación por 20 estados latinoamericanos: y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), alianza defensiva suscrita entre los Estados Unidos y los principales países del hemisferio occidental (84).

Las alianzas militares se multiplicarían en los años 50. Los EE.UU. promovieron una verdadera red de ellas con 43 países, la mayoría ubicados en la periferia del bloque de naciones socialistas.

Respecto a los países latinoamericanos, después de haber logrado la firma del TIAR, fue suscribiendo pactos bilaterales de asistencia y ventas militares, a partir del año 1952; asistencia que se concibió «en función de lo que la estrategia política y militar de los Estados Unidos consideraba como enfrentamiento fundamental en el mundo contemporáneo: el ‘american way of life’ ...y el ‘comunismo’... «(Veneroni: 1971; 18) (85).

Asimismo, los Estados Unidos extendieron en todo el mundo y principalmente en torno del bloque de naciones socialistas, una red de bases e instalaciones militares propias, las que junto a las establecidas por la OTAN en Europa y Turquía y por otras organizaciones militares multilaterales, en varios lugares de Asia y África «constituyeron hasta la divulgación de los proyectiles balísticos intercontinentales un eficaz sistema defensivo y ofensivo al servicio de la política exterior y la seguridad de los Estados Unidos» (ibid.: 36-37) (86).

La doctrina geopolítica de contención, de naturaleza defensiva, fue acompañada por la política de «disuasión», desde el punto de vista estratégico-militar. La disuasión estaba basada en el poder de las armas nucleares que los EE.UU. amenazaban utilizar eventualmente como «represalia masiva», en caso de ataque soviético, aún convencional (87). La doctrina militar llamada de la «estrategia global» que se basaba en las «represalias en masa» ponía a los Estados Unidos -frente a la hipótesis de un conflicto armado con la Unión Soviética- ante la alternativa de la guerra nuclear o la rendición (ibid.: 66) (88).

Más de cien conflictos significativos se darían en el curso de la guerra fría en el marco del enfrentamiento este-oeste. Entre los conflictos más graves que marcarían y profundizarían la guerra fría en su primera etapa, poniendo en peligro la paz mundial, figuraron: la toma del poder por los comunistas checos en 1948; el bloqueo soviético de Berlín en 1948, que condujo al surgimiento de la República Democrática Alemana (RDA) y de la República Federal Alemana (RFA), bajo influencia soviética y norteamericana, respectivamente; la instalación del gobierno comunista de Mao Tse Tung en China en 1949; y la guerra de Corea (1950-1953).

Por entonces, la actitud norteamericana se volvió más rígida y se convirtió en un «anticomunismo indiferenciado y militarista»; los chinos eran considerados «maléficos demonios» y la «búsqueda de chivos expiatorios» llevó a la era Mc Carthysta, de ignorante intolerancia» (Wesson: 1979;37). Wesson (ibid.: 49-50) afirma que la política exterior norteamericana se militarizó, se volvió más ideológica que nunca y adquirió un tinte algo mesiánico. Si antes se había confiado en las medidas económicas y políticas para trabar la propagación del comunismo, el montaje militar destinado a la guerra de Corea se volvió permanente y aumentaron crecientemente los gastos de defensa, así como se afirmó la decisión de seguir en la carrera de armas nucleares. Antes del año 50, las fuerzas armadas norteamericanas se habían asentado sólo en países antes enemigos; en 1959 tenían bases diseminadas en 42 países. La ayuda militar superaba a la ayuda económica al extranjero y se fomentó la lucha contra el comunismo, multiplicándose los pactos de defensa permanente en los que se incluyeron Corea del Sur, China Nacionalista, Japón, Paquistán, Thailandia y las Filipinas (89).

Al extremo de la ideologización, la política norteamericana concebía al comunismo soviético «semejante a la peste nazi», aunque más peligroso y su seguridad -la de los EE.UU.- dependía de la eficacia con que se frenara su expansión a cualquier dirección. Los Estados Unidos no podían contentarse con «contener» el expansionismo soviético. Tenían una misión especial: lograr que la «democracia» se afirmara en todo el mundo (ibid.: 38).

 

b.      El contexto latinoamericano

i.       La tradición intervencionista de los EE.UU.

Entre la guerra de Secesión 1861-1865 y el siglo XX, los Estados Unidos de Norteamérica alcanzaron su mayoría de edad, «pasando de nación rural a urbana» (Morales Padrón: 1975;454). En efecto; una época distinta comenzaba en la postguerra. La revolución industrial que en Europa había transformado la vieja sociedad agrícola y aristocrática en una sociedad comercial y competidora en el siglo XVIII, ahora, en los Estados Unidos, posibilitaba una transformación semejante.

Las necesidades de la guerra habían dado gran impulso a la economía y a las industrias, acelerando un proceso de crecimiento que se vió favorecido con progresos científicos y nuevas explotaciones. Surgieron los «trusts» en la industria siderúrgica y petrolera. Las ciudades constituían el centro de este nuevo orden económico; en ellas estaban los grandes capitales, las industrias, el comercio, las finanzas, las fábricas, las organizaciones obreras y los centros ferroviarios.

Se dinamizo y elevó el nivel de vida, gracias a innumerables conquistas. Indudablemente se inicia la época del industrialismo y del maquinismo y los problemas de la lucha y de las competencias sociales.

Tradicionalmente, desde su misma emergencia como nación independiente, los Estados Unidos habían practicado sucesivamente una política exterior aislacionista e intervencionista, según se ajustaran dichas actitudes a sus necesidades de consolidación interior y expansión exterior y a un sentimiento de desapegada superioridad que moldeo el carácter norteamericano desde los días de la colonia.

Con la expansión territorial y económica, los Estados Unidos tuvieron cada vez más la impresión de constituir un mundo cerrado en sí mismo, seguro, una nación libre como ninguna, en un continente de abundancia. Con el sentimiento de ser omnipotentes, en el Nuevo Mundo, los norteamericanos no veían motivo alguno para inmiscuirse en las disputas del Viejo Continente (Europa). Dado que en el siglo XIX se convirtieron en la potencia hegemónica del hemisferio, los EE.UU. no tuvieron ya la impresión de halar con iguales. Los amigos eran -como en América Latina- inferiores.

Durante más de un siglo, los objetivos de su política exterior fueron la fortaleza y la seguridad de su territorio y la expansión por el continente y el asentamiento de su dominio (Wesson: 1979;24). Sin embargo, este principio de desentendimiento con respecto al mundo exterior fue siempre relativo y aplicado principalmente a la política de poderes europeos, por la cual los Estados Unidos experimentaron un no disimulado temor, aún mucho tiempo después de haber superado económicamente a las grandes potencias europeas. En otros sitios del mundo-América Latina y el Lejano Oriente- los EE.UU. se afirmaron desde el principio; de modo que esta posición aislacionista fue más bien con respecto a las potencias europeas que podrían eventualmente representar un peligro para la nueva nación.

América Latina, desde su misma independencia política, sobre todo a partir de la formulación de la Doctrina Monroe, habría de ser considerada zona de particular interés para los Estados Unidos, a la vez que su «patio trasero». Toda pretensión de soberanía político-económica por parte de las repúblicas latinoamericanas, sería sistemáticamente negada desde el siglo pasado, por las múltiples doctrinas, declaraciones unilaterales e intervenciones norteamericanas en el hemisferio. Es decir que mucho antes de la Segunda Guerra Mundial y de la emergencia del mundo socialista, la seguridad e independencia latinoamericanas ya estaban en función de la «seguridad nacional» y de los «intereses vitales» de los Estados Unidos.

Las «doctrinas» que habitualmente han expresado posiciones políticas en relación a circunstancias o aspectos de la política exterior norteamericana, han servido para justificar las más diversas acciones intervencionistas de los EE.UU. en América Latina. En la línea de la Doctrina Monroe, las diversas declaraciones unilaterales hechas por autoridades norteamericanas, desde finales del siglo pasado hasta nuestros días, han invadido las jurisdicciones de otros estados, al arrogarse los EE.UU., el «derecho» de controlar las relaciones exteriores de otros países, violando acuerdos de derecho internacional, sobre la soberanía y la autodeterminación de los pueblos (90).

Una cabal interpretación de la política exterior norteamericana en general y con respecto a América Latina en particular, desde el siglo pasado, arranca de la doctrina Monroe, «una realidad histórica y una ideología política que ha estado y permanece vigente desde hace más de ciento cincuenta años. Elaborada, desarrollada, ampliada y aplicada unilateralmente por la potencia que la creó, el mundo ha reaccionado ante ella de diversas maneras según el tiempo y lugar» (Morales Padrón: 1975;62).

El 2 de diciembre de 1823, el presidente James Monroe, en su mensaje anual al Congreso norteamericano, declaraba que «los continentes americanos en virtud de sus condiciones de independencia y libertad, mutuamente otorgadas y mantenidas no serán considerados, en adelante, como objetos de futuras colonizaciones por ninguna potencia europea». Monroe hizo saber que el continente americano no debía ya ser considerado como zona de colonización ya que estaba constituido por pueblos soberanos e independientes, y que el sistema político de la Cuádruple Alianza (Austria, Inglaterra, Prusia y Rusia) era esencialmente distinto del americano, siendo considerado como atentatorio el intento por extender a América dicho sistema (monárquico).

A continuación declaró que los Estados Unidos no habían intervenido ni intervendrían en las colonias o dependencias actuales de cualquier potencia europea y que a la política norteamericana no le interesaba inmiscuirse en las guerras de éstas. Y como contrapartida advirtió que «con respecto a los gobiernos que han declarado ya su independencia, que la sostienen y que nosotros -los Estados Unidos- hemos reconocido, la intervención de una u otra de esas potencias -las europeas- la consideraremos como una expresión hostil contra los Estados Unidos (IEPALA: 1981;3) «Debemos a la sinceridad y a las amistosas relaciones existentes entre los Estados Unidos de América y esas potencias (las europeas), el declarar que consideramos cualquier intento de su parte por extender su sistema a cualquier porción de este hemisferio como peligroso para nuestra seguridad» (Morales Padrón: 1975;62).

No hay lugar a equívocos en las palabras del presidente Monroe. Este invocaba el principio de la seguridad nacional norteamericana, más de un siglo antes de que este concepto fuera enseñado, asimilado y aplicado con todo rigor en América Latina. En el mensaje citado se encuentran los orígenes remotos de la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) que la estrategia militar norteamericana traspasaría a los ejércitos latinoamericanos desde los años 50 del siglo XX.

El historiador Morales Padrón (ibid.: 62) se interroga si existía un peligro real para los Estados Unidos, considerando que el mar constituía la vía de comunicación más directa en la época y que geográficamente varios miles de kilómetros separaban a éste de los países latinoamericanos: «¿Podrían estos países, reconquistados por las potencias europeas, meterse en la aventura de poner en peligro los intereses nacionales de Norteamérica? ¿Podría sostenerse que con el establecimiento de regímenes distintos al norteamericano se amenazaba a los EE.UU? ¿Qué quiso decir Monroe al referirse a la extensión de los regímenes europeos al Nuevo Mundo?. Si los EE.UU. habían reconocido el limítrofe régimen monárquico de Iturbide en México y estaban a punto de reconocer el imperio del Brasil, ¿en qué sentido habría constituido una amenaza para los EE.UU.? ¿Hasta qué grado puede Norteamérica inmiscuirse en la organización política de otro Estado? Entonces, ¿cuál es la verdadera relación de la doctrina Monroe con la seguridad nacional norteamericana? Ni la seguridad norteamericana estaba amenazada, ni los países hispanoamericanos estaban en peligro de ser invadidos» (91).

La Doctrina Monroe declarada unilateralmente por los Estados Unidos, implicaba que éste país se reservaba el derecho de «garantizar» la independencia de los países latinoamericanos frente a toda amenaza extracontinental y establecía consiguientemente, el principio del «derecho de intervención» en éstos, si se viera amenazada la paz y la seguridad de los EE.UU.

Esta ambigua protección del Nuevo Mundo por parte de los Estados Unidos fue concebida en función de sus intereses y ha sido el rasgo fundamental que ha orientado sus relaciones exteriores con sus vecinos del sur hasta la actualidad (92).

El principio célebre de «América para los americanos» contenido en el mensaje de Monroe, habría de convertirse, sobre todo, desde finales del siglo XIX, en «América para los norteamericanos».

Años después, en 1845, aparecía en la «Democratic Review» la frase «destino manifiesto», que implicaba una teoría según la cual los Estados Unidos tendía, por leyes históricas inevitables, a extenderse sobre todas aquellas tierras que parecían señaladas con un destino manifiesto. Primero Texas, luego California, iban a hacer realidad tan peregrina teoría. Por el «destino manifiesto» los Estados Unidos se anexarían la mitad del territorio mexicano, extendiendo sus fronteras hasta el golfo de México, el río Grande y el Pacífico, a costa de España, Francia y México. La expansión a costa de México se efectuó durante la administración de James Knox Polk, volviéndose a invocar la doctrina Monroe. En esta época -mediados de siglo- no sólo había aumentado el poder real del país, sino que se había afirmado su voluntad de utilizarlo para reafirmar su predominio en el hemisferio occidental, pues los EE.UU. creían en su «destino manifiesto», aunque no resultaba claro cuál era el alcance de dicho «destino». Él fue el marco de la expansión norteamericana dentro de sus actuales límites continentales (ibid.: 261-263) (93).

Sin embargo, no será sino hasta la casi finalización del siglo, cuando la política exterior norteamericana, con respecto a América Latina, cobrará inusitada importancia. Durante las últimas décadas, cuando la perspectiva comenzó a cambiar con la frontera continental cerrada y finalizada la resistencia indígena, los Estados Unidos se disponían a conquistar nuevos mundos. Los problemas internos, inherentes al modelo de acumulación capitalista de su economía, le obligaron a desempolvar y remozar la doctrina Monroe y a exhibir una nueva forma de destino manifiesto.

Cuando en Europa un renovado movimiento imperialista impulsaba a las viejas potencias coloniales (Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, Italia y aún, Bélgica) a una contienda por el logro de territorios en África y Asia, en la búsqueda de mercados para sus productos y fuentes de materias primas para su industrialización, los Estados Unidos, conscientes de su riqueza y poderío, iniciaron a su vez, su expansión interamericana. En adelante estarán en íntima conexión el desarrollo del capitalismo norteamericano y su política exterior: «... el expansionismo yanqui fue consecuencia y exigencia del tipo y grado de su desarrollo económico, que modelado por el capitalismo industrial tuvo que afrontar la concurrencia de los mercados internacionales» (IEPALA: 1981;3).

Los Estados Unidos buscaban expandirse territorial, económica, política y culturalmente; «dominar ella sola en el continente» en su exclusivo beneficio, en la expresión de Morales Padrón. La doctrina Monroe que vetaba la intromisión europea en América pero no impedía la norteamericana, había sido hasta entonces, más una proclama de intención que una práctica política y permaneció arrinconada durante casi todo el siglo XIX. Los Estados Unidos no se acordaron de ella en circunstancias de diversas intervenciones europeas en Hispanoamérica (94). Ahora empezaría a adquirir gran operatividad práctica, erigiéndose en instrumento justificador de todo tipo de intervenciones continentales y expansiones territoriales. «... Virtualmente olvidada y rara vez evocada, hasta después de 1890, cuando sirvió de pretexto para múltiples acciones irritantes en su mayoría para América Latina y de escaso beneficio para los listados Unidos» (Wesson: 1979;25). «Comenzando aproximadamente con la Guerra Hispano Norteamericana de 1898 y continuando con la guerra de Vietnam, los Estados Unidos se perdieron por el camino del intervencionismo...» (ibid.: 16). En efecto, los Estados Unidos, iniciaban bajo la administración de William Mac Kinlay una sistemática política intervencionista en América Latina, particularmente en el Caribe y América Central. Theodore Roosevelt (1901) y William H. Taft (1909) pondrían en práctica la misma política exterior (95).

Por su parte, el «destino manifiesto», también reapareció a fines de siglo, «disfrazado» y «con el nombre de imperialismo económico y político» (Morales Padrón: 1975;461) exigiendo un canal interoceánico en América Central para conectar con California y bases en el Caribe y el Pacífico, con el fin de proteger el posible canal y sus propias fronteras, mantener seguras las fronteras logradas y contar con mercados donde introducir la excesiva producción, obra del capitalismo y del industrialismo.

Finalmente, la doctrina Monroe puso las bases y la orientación del actual sistema interamericano: «El Secretario de Estado, Blaine, comprendió que con la doctrina Monroe se podrían estrechar vínculos comerciales con Hispanoamérica y darle salida al exceso de producción. Teniendo esto presente, orientó la doctrina hacia el panamericanismo, cuyo primer fruto fue el Congreso Panamericano de 1889-1890» (ibid.: 462). El resultado fue la creación de la Unión Panamericana (antecesora de la OEA) y una América Latina unida jurídica y políticamente en torno a los Estados Unidos. Fue el inicio de la desviación del sentimiento e intención panamericanista proclamado por los hacedores de la independencia política latinoamericana.

 

ii.      América Latina en la estrategia militar de «seguridad hemisférica» de los EE.UU.

En América Latina -la vieja esfera de influencia norteamericana-, ya había una larga tradición de un siglo de conquistas territoriales, de intervenciones militares y de penetración económica y cultural de la potencia dominante, cuando la Segunda Guerra Mundial llevó la supremacía de los EE.UU. en el hemisferio occidental a su culminación.

El alto grado de cooperación logrado por los Estados Unidos en el continente durante el conflicto, evidenció la adhesión de las repúblicas latinoamericanas a la causa aliada, pero fundamentalmente, la pérdida de una autonomía efectiva por parte de los países latinos (Wesson: 1979;324). Desde la guerra, la política exterior norteamericana hacia América Latina habría de imponer la doctrina de la Defensa Colectiva o Seguridad Hemisférica, fundada en la solidaridad continental frente a un eventual ataque extracontinental. Poco antes y durante el desarrollo del conflicto, en diversas conferencias y reuniones interamericanas de consulta, se sentaron las bases del principio de la «solidaridad continental», que implicaba la respuesta conjunta de los países americanos ante un eventual ataque armado que sufriera cualesquiera de ellos, proveniente de una potencia extranjera. Obviamente, la referencia era por entonces, a los países integrantes del Eje nazi-fascista agresor (Alemania, Italia y Japón).

La doctrina militar norteamericana señalaba en apoyo de aquel principio, que la amenaza de guerra o agresión armada al continente tendría el mismo origen, lo que le permitió en el plano político, sustentar la necesidad de crear en América un sistema de «seguridad colectiva» fundado en la «solidaridad continental» y de paso, beneficiarse en el plano económico, al vender a los países latinoamericanos, material bélico sobrante que le había quedado del conflicto mundial, apto para repeler una eventual agresión extracontinental (Veneroni: 1971:57-58). La base de la doctrina de la seguridad hemisférica constituida por el principio de que «cualquier ataque de un Estado no americano a otro del continente será considerado como un ataque a todas las naciones signatarias», quedó establecida en la Declaración de La Habana suscrita en 1940, durante la Segunda Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas. Mediante la resolución XV, los estados americanos establecieron «Asistencia recíproca y cooperación defensiva de las naciones americanas» ante un probable ataque (Garrié Faget: 1968;7).

Asimismo, por resolución de la Tercera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas, reunida en Río de Janeiro en enero de 1942, se creó la Junta Interamericana de Defensa (JID) que a partir de 1945 tendrá carácter permanente. Integrada por jefes y oficiales de las fuerzas armadas de los estados americanos, tendrá por misiones, el estudio y sugerencia de medidas necesarias a la defensa del continente; la preparación de la defensa colectiva contra la eventual agresión; y la preparación y mantenimiento al día del planeamiento militar de la defensa común (ibid.: 23).

Con el Acta de Chapultepec suscrita en 1945 y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), en 1947, «el principio de la ‘solidaridad continental’ y el sistema regional de 'seguridad colectiva’ del hemisferio se convirtieron en compromisos internacionales (Veneroni: 1971;58).

El «Acta de Chapultepec» suscrita en la ciudad de México en la «Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz», recoge los principios y procedimientos por medio de los cuales «los Estados americanos se comprometen a mantener su unión y solidaridad y hasta hacer efectivo su sistema regional de seguridad colectiva».

La firma del TI AR como culminación de la «Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente», reunida en Petrópolis, Brasil, fue el «último paso en el establecimiento del sistema interamericano regional de seguridad colectiva» (Garrie Faget: 1968;8). Dicho tratado establece las obligaciones de cada nación y las condiciones de acción ante posibles agresiones extracontinentales.

Pero ¿cuál era la agresión externa posible al continente en 1947?. La guerra mundial había culminado dos años antes con la derrota nazi-fascista. El eje agresor ya no existía. La Junta Interamericana de Defensa hablaba de una nueva y más grave amenaza contra la seguridad del hemisferio, la que provendría presuntamente del bloque de naciones socialistas encabezado por la URSS. La inserción del continente latino-americano y el Caribe dentro de la política de bloques del mundo contemporáneo, explica la reelaboración de la doctrina con respecto al enemigo exterior. El continente americano estaba dentro de la zona de influencia de los Estados Unidos desde el siglo pasado, sujeto a su poder hegemónico y víctima de una historia de intervención militar, económica y política por parte de la potencia imperialista.

La Escuela Nacional de Guerra de los Estados Unidos creada en 1946, se convirtió así en el centro difusor de la política de seguridad colectiva. Es el laboratorio de las estrategias militares básicas para el continente americano. De la experiencia de ella nacerán otras similares en todos los países del hemisferio, y el Colegio Interamericano de Defensa (CID), como órgano de la Junta Interamericana de Defensa (JID).

El CID con sede en Fort Mac Nair, Estados Unidos fue inaugurado en octubre de 1962, con el objetivo de «unificar la instrucción de las fuerzas armadas de los países americanos en un nivel superior» (ibid.: 26) (96) con un programa de estudios semejante a los de la Escuela Nacional de Guerra de los Estados Unidos, de la Escuela de Defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de la Escuela Imperial de Guerra del Reino Unido.

A los organismos militares interamericanos se sumará la asistencia y ventas militares de los Estados Unidos a los países de la región, que llegará por los más variados medios (entrega de armamento y equipos militares por préstamo, donación y luego ventas; a través del entrenamiento a oficiales latinoamericanos; por el apoyo a programas de «acción cívica» de las FF.AA. latinoamericanas en sus países; y por la instalación y mantenimiento de bases militares en algunos países para la «defensa colectiva del continente»).

La política exterior militar de los Estados Unidos estuvo orientada en un principio hacia el suministro de asistencia militar a los países signatarios de la OTAN y a las naciones limítrofes con el mundo socialista que habían suscrito tratados multilaterales y bilaterales de naturaleza militar con la potencia. Los EE.UU. proporcionaron el tipo de armas y equipos bélicos adecuados al papel que su Programa de Asistencia Militar (PAM), la doctrina militar y la política exterior militar, habían fijado a las fuerzas armadas de los países receptores.

La «Ley de Seguridad Mutua» sancionada por el Congreso norteamericano en octubre de 1951, dispuso que también los países de América Latina serían «elegibles» en adelante para recibir asistencia militar, siempre que la aceptaran para la finalidad establecida en la misma ley, esto es, para que «participaran en misiones importantes para la defensa del Hemisferio Occidental» (97).

En base a dicha legislación, los EE.UU. pusieron en ejecución desde el año 1952 el «Programa de Asistencia Militar» (PAM), por el que firmaron acuerdos, convenios, tratados o pactos bilaterales con países latinoamericanos, a los que suministraría «artículos y servicios de defensa», con el compromiso de éstos aludido más arriba, además de «facilitar la producción y transferencia... de... materiales estratégicos requeridos por los Estados Unidos» y limitar sus relaciones comerciales con las naciones socialistas (98).

Entre 1952 y 1955 los EE.UU. suscribieron pactos de esa naturaleza con 12 países latinoamericanos y hasta 1964, con 14 países.

Mientras las naciones desarrolladas recibían armamentos y equipos bélicos aptos para llevar a cabo guerras de tipo convencional, a las menos desarrolladas o subdesarrolladas, vecinas o no de los países socialistas (entre las que estaban las naciones latinoamericanas) la provisión bélica y el entrenamiento fueron los mismos. Pero además, fueron proveídos de elementos y entrenamiento necesarios para sofocar y reprimir insurrecciones internas. Durante toda la década del 50 se mantuvo y primó en los EE.UU. la doctrina de la agresión extracontinental en América, lo que significó que las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos continuaban desempeñando básicamente su papel tradicional de defensoras de la soberanía política y territorial de sus respectivas naciones y equipándose con material bélico apropiado para tal misión (cañones pesados, tanques, cruceros, submarinos, aviones de intercepción, de bombardeo, etc.) que les vendía la potencia hegemónica de los sobrantes de la Segunda Guerra Mundial y de la de Corea.

No será sino hasta los primeros años de la década del 60, cuando las fuerzas armadas de los países tercermundistas -entre ellos, los latinoamericanos- experimentan una redefinición por parte de los Estados Unidos de su papel profesional, pues de defensores de la soberanía e independencia nacionales, se las llevaba a la misión de guardianes de la seguridad interna. Luego de 1961, EE.UU. se negó a seguir entregando material bélico convencional a los militares latinoamericanos, suministrándoles exclusivamente elementos, equipos y entrenamiento destinados al resguardo de la seguridad interna de sus países, de acuerdo al nuevo rol que se les había asignado en las leyes, doctrina militar y política exterior estadounidense (Veneroni: 1971 ;39-42).

La asistencia militar y las ventas militares al exterior fueron concebidas claramente como instrumentos de la política exterior y de la estrategia militar de los EE.UU., en beneficio del fortalecimiento de su seguridad nacional, según lo establecían las restricciones y condiciones impuestas por las leyes de asistencia al exterior y de ventas militares al exterior.

Las múltiples condiciones y restricciones contenidas en ambas leyes, no solo lesionaban la soberanía de los países receptores o compradores, sino que además implicaban que su seguridad estaba en función de la seguridad y de los intereses nacionales de los Estados Unidos (ibid.: 44-48) (99).

En junio de 1963, el entonces secretario de Defensa norteamericano, Robert S. Mc Namara explicaba el significado y los objetivos de la asistencia y las ventas militares para la política exterior de los EE.UU., ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado:

«La asistencia militar es una ayuda adecuada a los ejércitos locales para impedir o afrontar conflictos convencionales, es decir, no nucleares, y guerras de liberación nacional -agregando más adelante que dicha asistencia sirve nuestro propio interés nacional, no sólo como instrumento clave de la política exterior y la estrategia militar de los Estados Unidos, sino también como medio de conservar nuestros recursos humanos y financieros sin sacrificar nuestra seguridad» (100).

Es evidente que si bien América Latina, estaba considerada por los estrategas norteamericanos como un campo secundario en la confrontación este-oeste, bajo la égida de los Estados Unidos se estructuró todo un sistema político y militar interamericano en función de los objetivos políticos, económicos y de seguridad de la potencia. Bajo el principio de la solidaridad continental, ésta consolidó su poder hegemónico. En este sentido, la importancia de cada país latinoamericano durante la guerra fría, y en todas las posteriores etapas del conflicto mundial, estuvo siempre condicionada por el desarrollo de su economía, por su ubicación geográfica, estratégica y por el grado de activismo comunista y sentimiento antinorteamericano que presentara. En tanto blandía la amenaza de la bomba atómica contra la Unión Soviética y sus aliados, la política exterior norteamericana hacia Latinoamérica en los años 50, fue la de instalar y/o apoyar regímenes dictatoriales clientes de extrema derecha. Proliferaron las dictaduras y los gobiernos militares «fuertes» de tipo caudillista.

Con excepción de Getulio Vargas y su «Estado Novo» en Brasil y Juan D. Perón en Argentina (gobiernos con tinte populista no precisamente favorables a los intereses de la potencia), el resto (general Héctor Trujillo en República Dominicana, general Marcos Pérez Giménez en Venezuela, general Carlos Ibáñez del Campo en Chile, general Anastasio Somoza García en Nicaragua. Fulgencio Batista en Cuba) fue prohijado y respaldado por los Estados Unidos, en el marco de su política exterior hacia la región, de implantar y sostener dictaduras afines a sus intereses, en el contexto de su estrategia de «seguridad hemisférica».

En 1953, con el general Dwight Eisenhower, se iniciaba la administración republicana que implementará una agresiva política exterior destinada a consolidar la presencia norteamericana en el continente, ante el «peligro comunista», a través del eficiente secretario de Estado, John Foster Dulles.

El 18 de junio de 1954 los EE.UU. emprendieron una acción militar contra el gobierno nacionalista de Jacobo Arbenz en Guatemala, por medio de una tropa de exiliados al mando del coronel Carlos Castillo Armas. Arbenz fue obligado a entregar el mando a un gobierno militar provisional el 27 de junio de ese año. La invasión de Guatemala por exiliados fue patrocinada por la CIA. El secretario Dulles instó a los países latinoamericanos a un embargo de armas (101).

 

iii.     La presencia norteamericana en el golpe de Stroessner

En este contexto en que las respectivas superpotencias consolidaban sus áreas de influencia en el mundo (a través de la alineación de naciones en uno u otro bloque de poder antagónico) un militar que aparecía como «amigo» de los Estados Unidos y anticomunista a ultranza en el propio patio trasero de la potencia capitalista, no era nada despreciable, a pesar de que el Paraguay era un pequeño e intrascendente país (desde el punto de vista económico y geopolítico), con relación a sus vecinos en el Cono Sur.

La diplomacia norteamericana en el Paraguay, al igual que en todas las naciones latinoamericanas, se orientaba básicamente a distinguir a nivel local, a los aliados o «amigos» de los Estados Unidos, de los «enemigos» o adversarios. Desde este enfoque maniqueísta los responsables de la política exterior norteamericana interpretaban la realidad política paraguaya en los años 50.

Sin duda, la preocupación del Departamento de Estado norteamericano se centraba en detectar quiénes eran amigos o enemigos y en qué grados. Este aspecto de la política paraguaya presidía los informes remitidos por la embajada en Asunción a dicha secretaría de Estado, en aquellos años.

Seiferheld señala que en los informes remitidos desde Asunción entre febrero de 1953 y hasta casi finales de 1954, se detectan «cuestiones de vital interés para la política de los Estados Unidos en la época..., tales como la preocupación del Departamento de Estado sobre el grado de amistad o enemistad de los políticos locales hacia los Estados Unidos; su presunta inclinación hacia el comunismo e incluso la amistad del influyente Epifanio Méndez Fleitas hacia el gobierno argentino del general Juan Domingo Perón, vista con desagrado por la Unión» (Seiferheld: 1987; 15).

De modo que en vísperas del golpe del 4 de mayo del 54, sus dos principales protagonistas estaban escrupulosamente evaluados desde la óptica norteamericana: el general Stroessner, comandante en Jefe de las FF.AA., era considerado «pro-brasileño» y «amigo» sin dudas de los Estados Unidos; mientras que Epifanio Méndez, uno de los más conspicuos civiles del gobierno de Federico Cháves y propulsor de la política de estrechamiento de relaciones con la Argentina, tenía posturas «poco claras» hacia la potencia. La inclinación de Stroessner se expresaría abiertamente poco antes de llegar al poder, cuando en su condición de Comandante en Jefe de las FF.AA. viajó a los Estados Unidos y luego al Brasil (102), con el consiguiente resultado de un estrechamiento de las relaciones castrenses paraguayas con sus pajes de esos países.

El terreno no podía haber sido más propicio para que este militar, políticamente un conservador de orientación nazi y personalidad autoritaria, pusiera en ejecución su plan de poder; y no debe extrañar que tuviera los auspicios norteamericano y brasileño en el golpe. Y aunque así no hubiese sido, los Estados Unidos no tenían más que aprovechar el anticomunismo militante que decía profesar el nuevo hombre fuerte del Paraguay, estrechando relaciones en torno a una maraña de intereses mutuos (103).

En el análisis marxista, la intervención norteamericana en el golpe stronista, fue mucho más directa que simplemente presentarle la coyuntura favorable de la guerra fría.

Para Díaz de Arce (1977;360) el derrocamiento de Federico Chaves fue «fruto tardío de la vieja estrategia de Estados Unidos encaminada a desplazar a sus rivales en la cuenca del Plata» antes que obra del peronismo, como sugieren otros autores. La reacción norteamericana no podía ser más que adversa a la orientación populista del gobierno de Chaves, sobre todo, por su acercamiento a la Argentina de Perón, que mantenía una postura reconocida de desafío ante el imperio. EE.UU. no iba a permitir los esfuerzos expansionistas de Perón en la Cuenca del Plata, en desmedro de sus intereses económicos, ya que el Paraguay representaba para la Argentina un proveedor de materias primas e insumos para la industria, y un mercado para sus productos manufacturados.

«En 1953 el Dpto. de Estado, bajo la égida de Foster Dulles, conspiraba contra todo lo que no se sometiera incondicionalmente a sus designios en América Latina: Arbenz, Vargas, Perón. Así se entiende que tampoco pasara por alto al paraguayo Chaves...» (ibid.).

A nivel local, en contra de la opinión de la mayoría de los grupos políticos representativos de la oligarquía tradicional y de la burguesía comercial (el Partido Liberal y el Partido Revolucionario Febrerista), el Partido Comunista Paraguayo denunció el golpe de Stroessner como propiciado por los Estados Unidos «contra el renovado impulso a un nuevo ascenso de las luchas de masas, a un nuevo desarrollo del movimiento democrático» que se producía en el marco de «la crisis general de la vieja organización económica y social de nuestro país, basada en la gran estancia improductiva y en el saqueo del país por un grupo de compañías imperialistas» (Creydt: 1954;3).

El Partido Comunista señaló en un documento de la época que «la agudización de las contradicciones» del gobierno «anti-nacional» y «anti-popular» de Federico Chaves, con «los jefes fascistas del Ejército, que eran el verdadero poder detrás de la pantalla», fue el detonante del golpe (ibid.: 2).

«La ‘Declaración’ del Partido (ibid.: 6-7) denuncia al imperialismo norteamericano como la fuerza que dirige el desarrollo del golpe.

Este es un hecho que ha sido confirmado totalmente. Naturalmente, eso no impide que en este golpe participen activamente elementos fascistas que obedecen a Perón, y que aspiran al gobierno.

La conspiración de los generales Stroessner y Morínigo ha sido organizada por la Misión Militar norteamericana bajo la dirección del Comando de las fuerzas norteamericanas dé la Zona del Caribe...

En mayo de 1953, cuando la conspiración de Stroessner ya era comentada en las calles de Asunción, el ministro de Guerra de los Estados Unidos, R.T. Stevens y el comandante en jefe de la Zona Militar del Caribe, general E.C. Kiel, ... invitaron a Stroessner a visitar Norte América ‘a los efectos de estrechar vínculos de amistad y solidaridad hemisférica’. Ya sabemos lo que significa ‘solidaridad hemisférica’: sometimiento a los imperialistas norteamericanos».

El análisis de los comunistas paraguayos es el que comparte el historiador Díaz de Arce (1977: 360-361) cuando señala que Cháves fue derrocado por un golpe de estado «apadrinado por la embajada norteamericana» y que éste «sería el primero entre un grupo de figuras nacionalistas condenadas por el imperialismo a desaparecer de la escena política latinoamericana en la década del cincuenta». Es decir, que aunque el golpe se hizo con la intención formalmente declarada de superar la «anarquía» y la «corrupción» del gobierno chavista, la motivación real fue truncar el populismo nacionalista que se insinuaba, y, con la venia norteamericana.

En general, para la dirigencia opositora paraguaya, el apoyo norteamericano vino después, una vez consumados los hechos. Muchos tienen el criterio de que fue una grosera intervención militar, un golpe de mano que dio Stroessner y «le salió bien» (Gill Oporto: 1988). Otros entienden, a la luz de la experiencia de más de treinta años de régimen stronista, que Stroessner dio el golpe ya con un proyecto político definido; es decir, sabía lo que quería y lo que haría y lo fue cumpliendo paso a paso con los años (Franco Bécker: 1988). Con esta segunda tesis coincide un militar que conoció a Stroessner íntimamente, el mayor DEM, Jesús M. Villamayor (1957;7), quien refiere escrupulosamente la meteórica carrera militar del mismo desde su época de comandante del Regimiento de Artillería «general Bruguez». Ya por entonces, el general Stroessner tenía su «claque» de amigos militares y civiles «íntimos» con ambiciones de poder y con un proyecto político concreto: la implantación de una dictadura militar.

Desde luego, es impensable que Stroessner haya decidido dar el golpe -aunque no tuviera el apoyo directo de los EE.UU. - fuera de los límites de la estrategia de seguridad hemisférica de la potencia continental. Este hecho, quizás no perceptible para los dirigentes de la época, está fuera de duda actualmente. Los norteamericanos tuvieron que cerciorarse muy bien de que éste general que aparecía como «amigo» no fuera a defraudar sus intereses vitales en el Cono Sur americano más adelante, aun cuando sea una realidad, el que la estrategia de seguridad hemisférica de EE.UU. «no pasa por el Paraguay, entre otros motivos por su condición de país mediterráneo. Aun así, era interesante para EE.UU. la estabilidad de gobiernos adictos, cualquiera sea su naturaleza política, sobre todo si se alineaban espontáneamente a su posición anticomunista» (Salum Flecha: 1988).

En este contexto se enmarcan las dos entrevistas confidenciales que mantuvo, poco antes y poco después de asumir la presidencia, con miembros del Comando Sur norteamericano. Al respecto dice Díaz de Arce (1977: 361):

«Si Stroessner hubiese poseído los ‘méritos’ que ya había acumulado un hombre como Batista en la Cuba de entonces, no habría sido necesario aleccionarlo antes de ocupar el poder. Pero ahora Washington procuraba cerciorarse, por lo que el anodino Romero Pereira se encargó de la provisionalidad, mientras el futuro dictador perpetuo viajaba a Lima para entrevistarse confidencialmente - junio- con miembros del comando estratégico norteamericano en el Caribe. Ya en la presidencia -desde el 15 de agosto- tuvo lugar una segunda reunión, esta vez en el Fortín Mariscal Estigarribia, donde se firmó un pacto secreto con altos oficiales yanquis y brasileños, bajo los auspicios del embajador de Estados Unidos en Asunción y sin la presencia de Argentina».


NOTAS

72. «Carecía de los órganos institucionales autorreguladores de la democracia. Sin prensa libre ni partidos de oposición -las libertades políticas restringidas aún para los colorados-, pero sin persecuciones maniáticas, ni cámaras de torturas» (Méndez: 1965;303).

73.    Cifra dada por Méndez (ibid.: 305).

74.    Citado por ídem. (307-308).

75.    Sobre la naturaleza, ejecución y resistencia opuesta al Plan de Estabilización y Fomento Económicos, desde 1953 hasta 1955 inclusive, ver (ibid.: 307-338).

76.    Una comisión especial, dependiente del Consejo Nacional de Coordinación Económica e integrada por los entonces ministros de Justicia y Trabajo. Guillermo Enciso Velloso, jefe de la Policía de la Capital, Epifanio Méndez, entre otros, se encargó de reestudiar y reelaborar el proyecto del FMI.

77.    Las presiones de la caballería y de la artillería «para la obtención de privilegios económicos se volvieron insoportables y comenzó a deteriorarse la administración de Cháves» (Stumpfs: 1987).

78.    La dirección del gobierno se había desplazado del Partido Colorado al círculo de los llamados «isabelinos», agrupados en tomo a la Sra. Isabel Vda. de Vallejos, amiga del Pdte. Chaves (Da Silva: 1988). Un autor se refiere al «despotismo y nepotismo «de un clan familiar» el que condujo al golpe stronista de mayo del '54 (Vittone: 1975;538).

79. También fueron defenestrados, Tomás Romero Pereira, ministro del Interior, Cnel. Esteban López Martínez, jefe de la Policía de la Capital y Juan Manuel Santander, jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía.

80.    Cuatro meses antes de su salida del gobierno, en agosto, Méndez se enfrentaba en su condición del Pdte. del Banco Central a los ganaderos nucleados en la Asociación Rural del Paraguay, en defensa del plan de estabilización y fomento económicos, contra las pretensiones desmedidas del sector.

81. Según un informe diplomático del 29.01.54, la «Liga Militar Patriótica» era desconocida para la Embajada norteamericana, pero se intuía que agrupaba tanto a oponentes de Méndez como del gobierno y que el objetivo de sus denuncias, sería mantener la tensión política y conducir a «cambios más drásticos en el gobierno».

82. Peris Busto (1986;4) menciona las conspiraciones del propio presidente Cháves junto con el Comandante de la Caballería, Néstor Ferreira; la de los generales Quintín Parini, Ceferino Vega Gaona y el contralmirante Gabriel Patiño; y la del Gral. Stroessner con Méndez Fleitas.

* Con la desintegración del bloque socialista de naciones liderado por la URSS a partir de 1989, el sistema bipolar que caracterizó las relaciones internacionales de postguerra desapareció, dando paso a la actual indiscutida hegemonía mundial del bloque capitalista.

83.    Según la teoría geopolítica de Nicolás Spykman, estas zonas del mundo integran junto con otras, la llamada «Tierra Orilla» (Rimland), cuyo dominio daría el poder sobre el mundo a una nación. Para Spykman, -profesor norteamericano de política internacional- ya en 1944 estaba en claro la política que debía seguir Norteamérica en el Oriente Medio y en el Este y Sudeste asiático. Por otra parte, Wesson (1979:48) reconoce que la «contención» fue excesivamente negativa y se la adoptó como argumento «no sólo para impedir el imperialismo soviético, sino también para que el mundo fuera seguro para el estilo norteamericano; y además (incidentalmente) para los intereses comerciales de los Estados Unidos. La contención condujo al intervencionismo y posiblemente también a la chauvinista convicción de que los Estados Unidos estaban llamados a mantener el orden en el mundo».

84.    El Tratado del Atlántico Norte (OTAN), suscrito en abril de 1949, reunió en una alianza a los EE.UU., Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Italia. Dinamarca, Noruega, Portugal, Islandia y Canadá. Y más tarde, a Grecia y Turquía.

85.    Según este autor, la asistencia militar y las ventas militares a Latinoamérica fueron los instrumentos de la política exterior y la estrategia militar de los Estados Unidos, por medio de los cuales se creó una estrecha relación de dependencia de los ejércitos latinoamericanos en materia de equipamiento, entrenamiento y adoctrinamiento.

86.    Veneroni menciona que a mediados de 1969 los EE.UU. contaban en todo el mundo con 428 bases militares «principales» y unas 3.000 bases «secundarias», cifras que para marzo de 1970 se habían reducido a 402 bases «principales» y 1.927 «secundarias».

87.    1.a política de disuasión, de gran poder sicológico, tuvo en realidad vigencia mientras los EE.UU. tuvieron el monopolio del arma atómica, hasta que la URSS llegó a la paridad nuclear en 1957. A partir de entonces la disuasión se convirtió en el equilibrio del terror.

88. Veneroni señala que mientras existió el predominio nuclear estadounidense, «esa dramática opción pudo servir de argumento a John Foster Dulles para su política...», pero que llegadas a la paridad nuclear ambas superpotencias, emergía una concepción defensiva, «la de la ‘reacción flexible’, que permitía la búsqueda o selección de ‘respuestas graduadas’ a la agresión:..».

89.    Wesson explica la militarización de la política exterior norteamericana durante la guerra fría. Los Estados Unidos usaron y abusaron del poder militar para resolver problemas eminentemente políticos y se convinieron en una especie de policía mundial; iniciando acciones militares directas o estimulando la desestabilización en los países débiles a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

90.    De las referidas a América Latina, algunas de las más conocidas declaraciones, ver en (IEPALA: 1981: 9-10-11).

91. Sobre la situación de las potencias coloniales europeas en la época de la formulación de la doctrina Monroe, ver (Morales Padrón: 1975;62-63).

92. Wesson (1978;24) observa que era una protección «poco real», pues existía una relación más estrecha entre gran parte de América Latina y Europa continental que con los EE.UU., tanto desde el punto de vista económico y cultural y, -en parte- desde un punto de vista geográfico. Además, los estados latinoamericanos «no estaban realmente amenazados».

93.    «Claro que el destino manifiesto se podía dejar sentir tanto hacia el Norte como hacia el Sur, pero en el Norte los ingleses se mostraban irreductibles, por lo que no quedó más remedio que aplicar la doctrina hacia la América Hispana, que ofrecía la línea de resistencia más débil. La expansión comenzaba por una discusión sobre límites», observa el historiador Morales Padrón (ibid.: 250-251).

94. Una cronología de dichas intervenciones, ver en (ibid.: 355-373 y 462).

95.    Algunas de las más importantes intervenciones de los Estados Unidos en América Latina, desde mediados de siglo pasado y durante las décadas 10-20-30-40-50-60 del presente siglo, ver en IEPALA (1981: 12-17).

96.    Garrié dice que el CID «es un instituto de altos estudios destinado a llevar a cabo cursos sobre el Sistema Interamericano y los factores militares, económicos, políticos y sociales de la defensa interamericana con el fin de dar realce a la preparación del personal escogido de las fuerzas armadas de las repúblicas americanas para las empresas de cooperación internacional» (Garrié Faget: 1968;27).

97.    US Departament of State Bulletin, abril 9, 1951. pp. 566-567. citado por Veneroni (1971:59).

98.    US Departament of State Bulletin. marzo 3. 1952, pp. 336-338, citado por ídem.

99. En qué consistían esas condiciones y restricciones a los países receptores en general, ver en (ibid.: 44- 47) y en particular, para América Latina (70-74).

100. Citado por (idem.: 48).

101.  El antecedente de esta «acción» norteamericana, fue la reforma agraria que en el 52 llevó adelante Arbenz y que habría comprendido la expropiación de la United Fruit Company. Además, el gobierno guatemalteco había planificado una carretera paralela al ferrocarril privado de la compañía, desde la capital hasta el Atlántico.

102. En mayo de 1953, el Gral. Stroessner visitó los EE.UU. en calidad de huésped del Ejército, invitado por el secretario del Ejército norteamericano, Robert T. Stevens y por el comandante general de la Aviación del Caribe, Gral. de Brigada, Emil C. Kiel. En diciembre del mismo año visitó el Brasil, invitado por el Ministro de Aeronáutica. Aquí fue condecorado con la «Orden Nacional del Mérito» en el grado de Comendador.

103. Según un prominente ex-diplomático del régimen stronista, la consolidación del mismo «no se debe a apoyo alguno de EE.UU., aunque a éste le ha sido coyunturalmente ventajoso..,»(Salum Flecha: 1988).



4.3 DOMESTICACIÓN Y SUBORDINACIÓN DEL PARTIDO COLORADO

 

iii.     Segunda purga colorada

El general Stroessner preparó su revancha. «Minuciosa, fría y arteramente, condujo los acontecimientos hacia la violencia hasta desembocar a la crisis... que le permitió consumar su último putsch contra el Partido» (Méndez: 1965;505) y así culminó «la violenta efervescencia de la libertad» (Lewis: 1986; 178).

En el enfoque posterior del MOPOCO, fue el inicio de la dictadura militar en el partido, la pérdida de su autodeterminación y libertad interna (MOPOCO: 1985;s/ P)-

«La Resolución ... adoptada por la Junta de Gobierno en base a la Nota de los 17... obligó a Stroessner a cumplimentar parcialmente algunas de las medidas aprobadas por la alta autoridad partidaria.

Sin embargo, otra era su verdadera intención; y, en el momento propicio, desencadenó el golpe ... contra el Partido Colorado y el Plan de Normalización Institucional. Hizo apresar a la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno y de la Cámara de Representantes y con la complicidad de algunos traidores, impuso una dictadura militar en el seno del partido, que a partir de entonces perdió su autodeterminación y su libertad interna. Los dirigentes auténticos -quienes habían motorizado el Plan de Normalización Institucional- fueron apresados, confinados y desterrados».

El detonante de la crisis fue la protesta estudiantil contra el aumento de tarifas del transporte público. En realidad, fue la excusa del gobierno para liquidar definitivamente a los descontentos dentro del Partido Colorado, sus apoyos en el ejército y cancelar abruptamente un proceso de apertura al que había sido obligado a embarcarse, pero que no tenía futuro en un régimen con perfiles ya nítidamente totalitarios.

Ante una resolución del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por

la que se incrementaba el precio de los pasajes en el transporte colectivo urbano, unos doscientos jóvenes, estudiantes secundarios de colegios de la capital convocados por sus respectivos centros (203) se concentraron en la plaza Italia para protestar por la medida, considerada gravosa para los sectores estudiantiles y asalariados.

La represión policial se abatió sobre los manifestantes, con la excusa de que «estaba inspirada por Comunistas» (Miranda: 1988a;247), a pesar de que ya no regía el estado de sitio y la Carta Política vigente garantizaba los derechos de reunión pacífica y de petición a las autoridades (204).

Un escuadrón de la temida Policía Montada, reorganizada hacía poco tiempo, cargó contra los estudiantes a sablazos y produjo un centenar de heridos, contusos y lesionados, disolviendo el mitin. Muchos fueron perseguidos por los efectivos a caballo por cuadras enteras en las calles de Asunción. Corría el 28 de mayo de 1959. «Los estudiantes fueron sableados sin consideración y muchos dirigentes presos y apaleados en la Central de Policía» (Cárdenas: 1960; 17) (205), incluyendo algunos congresistas que habían llevado su solidaridad a los jóvenes, Fulgencio Aldana y Miguel A. González Casabianca, entre otros. «Se habían violado los fueros parlamentarios» (San Martín: 1987-1988). «En principio se resistió, porque no estábamos, especialmente los colorados, acostumbrados a ser reprimidos y enfrentamos parcialmente [a la Policía], pero la sorpresa y por la falta de organización adecuada, aquello fue disuelto violentamente» (Florentín Peña: 1987) (206).

La violenta represión policial en la plaza Italia no hizo más que aumentar las manifestaciones estudiantiles callejeras, en repudio por la acción y en reclamo de la destitución de las «cabezas principales de la represión», Edgar L. Ynsfrán, ministro del Interior, Ramón Duarte Vera, jefe de la Policía de la Capital y Juan Erasmo Candía, jefe del Departamento de Investigaciones, exigiéndose además, la liberación de todos los detenidos.

El 29 de mayo se precipitaría el desenlace de los acontecimientos. Miles de estudiantes convocados en el centro de Asunción fueron impedidos de llegar hasta el Panteón Nacional de los Héroes por fuerzas policiales antimotines, efectivos de la Policía Motorizada, de la División de Caballería y de la Infantería. La formidable columna estudiantil marchó hacia el Colegio Nacional de la Capital (CNC) y lo tomó como «cuartel general», dispuesta a resistir hasta que el gobierno atendiese sus reclamos.

Después de cuatro horas de asedio e intimación policial, las fuerzas represivas asaltaron el local del colegio como a las 3:00 de la madrugada del 30 de mayo, «rompiendo ventanas y puertas, previo lanzamiento de gases lacrimógenos. Centenares de estudiantes fueron apresados tras ser castigados a patadas, a garrotazos y sablazos» (idem.).

En la noche del 29 de mayo, mientras el enfrentamiento policial-estudiantil aún proseguía en las calles, la Cámara de Representantes, en sesión extraordinaria, aprobaba por mayoría de sus miembros (36 contra 21) una declaración de repudio a la violencia policial, por la que responsabilizó al Jefe de Policía y resolvió elevar los antecedentes respectivos a la justicia ordinaria, solicitando el enjuiciamiento de Ramón Duarte Vera. Decididamente los colorados críticos volvían a cuestionar al resistido funcionario policial, al que no habían podido eliminar de su puesto anteriormente.

Pero esta resolución fue un triunfo efímero y dio la oportunidad que Stroessner aguardaba para deshacerse del grupo de los críticos que eran mayoría en la Cámara de Representantes, dando su autogolpe de estado. A la decisión parlamentaria respondió disponiendo el apresamiento masivo de los legisladores rebeldes (207) y luego disolvió el cuerpo legislativo. Invocando el artículo 53 de la Carta Política del 40 entonces vigente, que le otorgaba la prerrogativa, decretó la disolución de la Cámara de Representantes, el 30 de mayo, aunque antidatando el decreto al día anterior, con la pretensión de anular lo resuelto en la sesión de la víspera, por los parlamentarios. El fundamento del decreto decía que en el lapso de 60 días un nuevo Congreso sería electo con participación de partidos de oposición.

Por otro decreto restableció el estado de sitio por 60 días (208) y ordenó la detención en masa de colorados disidentes: parlamentarios defenestrados, líderes estudiantiles y obreros, miembros titulares y suplentes de la Junta de Gobierno y firmantes de la Nota de los 17. Centenares de ellos llenaron las dependencias policiales y las de la Guardia de Seguridad.

Se había producido el quiebre definitivo de la aparente unidad y legalidad colorada. Hábilmente, Stroessner y su llamada «camarilla» resolvieron la crisis planteada, «encarándola como un conflicto de poderes (Poder Ejecutivo Vs. Parlamento) y no como una cuestión de orden meramente administrativo de destitución del Jefe de Policía...» (Lovera: 1987) (209) porque era lo que convenía al plan dictatorial. Se eliminaba el mecanismo de contralor democrático representado por el Congreso, el que aún con serias limitaciones constitucionales e integrado únicamente con miembros del Partido Colorado, tenía voces disonantes y cuestionadoras de los desbordes del Ejecutivo. «Tal vez en esta postura estaba su pecado. Es bueno remarcar que este parlamento colorado cayó en defensa de tan caros principios e ideales democráticos, a diferencia del parlamento liberal de la década del 40 que se autodisolvió para respaldar y legitimar la famosa Constitución fascista promulgada por el general José Félix Estigarribia» (ídem.).

El 1 de junio, lo que quedaba de la Junta de Gobierno declaró su apoyo a Stroessner, aprobando lo actuado por el gobierno en los recientes acontecimientos, incluyendo el arresto de siete de sus 25 miembros (Lewis: 1986; 181).

El 3 de junio, el presidente de la desmembrada Junta, Tomás Romero Pereira, «explicaba» en una declaración oficial, el golpe del general Stroessner y la depuración del partido que presidía, en la «rebeldía» de la Juventud Vertical Colorada, al protestar por la suba de los pasajes; en la Nota de los 17, que pedía la normalización democrática del país; y en la «actitud» de la Cámara de Representantes, que condenó la brutalidad policial y pidió castigo para sus responsables (MOPOCO: 1985;s/p).

En un comunicado, los congresistas que se mantuvieron «leales» a Stroessner bajo la conducción de J. Eulogio Estigarribia -titular de la Cámara de Representantes- condenaron a sus ex-colegas y manifestaron su apoyo al gobierno.

La misma Junta de Gobierno que el 24 de marzo aprobó los planteamientos de democratización, durante la crisis se alineó con Stroessner y pidió «obediencia y disciplina» a sus seccionales de base, mientras la policía arrestaba a sus miembros. Cuando el enfrenamiento terminó a favor de Stroessner, aprobó todos los actos gubernamentales, con la única disidencia de Virgilio Cataldi. Por último, en una declaración oficial atacó a los firmantes de la nota de los 17, acusándolos de «anarquistas y comunistas» (Lewis: 1986; 181-182). La claudicación de la dirigencia ya era irreversible.

A principios del mes de julio las clases en los centros de enseñanza media (públicos y privados) y en la universidad volvían a la normalidad. El ministro de Educación y Culto, J. Bernardino Gorostiaga, anunció la puesta en libertad de los estudiantes detenidos y la decisión del gobierno de satisfacer las demandas «con excepción de aquellas otras dirigidas a expulsar a ciertas autoridades policiales, lo que el Gobierno creía habían sido manipulados por Comunistas, agitadores políticos u otros descontentos» (Miranda: 1988b; 147). Coherente con el argumento monotemático utilizado en todos los episodios represivos, el régimen de Stroessner nuevamente acusaba a «grupos comunistas» y a «elementos de la oposición» de la provocación y manipulación de las protestas estudiantiles de mayo, en las que en verdad, los jóvenes opositores tuvieron escasa participación, más bien como observadores, ya que la idea generalizada era de que se trataba de una cuestión entre colorados (210).

Con este golpe de estado interno, Stroessner llevaba a cabo la depuración más importante dentro del proceso de domesticación colorada, con el descabezamiento de su dirigencia más combativa y el aniquilamiento del movimiento disidente al interior del partido, con lo que no quedaba lugar para el cuestionamiento ni el disenso. Cancelaba definitivamente hasta 1963 cualquier seudo apertura democrática y con sus leales en la Junta de Gobierno y total apoyo de las Fuerzas Armadas se aprestaba a consolidar su férrea dictadura. Estaba por desencadenarse la ofensiva guerrillera, que con su estrepitoso fracaso terminaría por reforzar al régimen autoritario.

Tras la crisis de mayo, Stroessner afianzó su poder sobre el eje Partido Colorado/Fuerzas Armadas, a pesar de las especulaciones que se hacían sobre su próxima caída (211). Esta idea fue una constante en los años 50, hasta para los representantes de la política exterior norteamericana en el Paraguay. Detrás de cada depuración colorada o castrense, se anunciaba «inminente» la caída del dictador paraguayo, especulándose con el retiro del apoyo militar al régimen. Sin embargo, las más importantes unidades militares siempre se mantuvieron firmes para repeler cualquier connato de rebelión interna o exterior.

Stroessner salía ampliamente fortalecido en un balance de sus primeros cinco años. En el frente interno, con sus apoyos partidario y castrense varias veces expurgados; una oposición proscripta, débil y dividida; una sociedad civil desmovilizada, por las brutales represiones y descabezamientos de los movimientos obrero y estudiantil. En el frente externo, había enfrentado con éxito las primeras incursiones armadas desde el exterior (Coronel Bogado y Bouvier) y sobrevivido airosamente a las presiones argentinas, a las campañas adversas en la prensa extranjera y a las caídas de varios dictadores de la época, sin que su principal apoyo y sostén, los Estados Unidos de Norteamérica hubiera disminuido la ayuda que le brindaba en diversos órdenes. Con su base de poder segura, eliminados los elementos díscolos, se disponía a liquidar a los movimientos guerrilleros en ciernes. Atrás quedaban los intentos «democratizadores» y la presunta o real presión militar.

Para quienes en el exilio se constituyeron institucionalmente en el Movimiento Popular Colorado (MOPOCO), bajo el lema de «libertad dentro y fuera del Partido», la consecuencia más grave del golpe consistió en «la quiebra del orden legal partidario», consumado mediante el apresamiento, el destierro y el confinamiento de varios de sus miembros en pleno ejercicio (212). Tal como el golpe de diciembre de 1955 lo fue para Epifanio Méndez y sus seguidores.

Luego de la extensa purga, el Partido Colorado se transformó en «un verdadero Partido Colorado ‘stronista’» (Chartrain: 1973;279). El 29 de julio de 1959, la desmembrada Junta de Gobierno convocó a una convención extraordinaria (Miranda: 1988a;300-309) (213) de la que reunida los días 19 y 20 de setiembre, surgiría una recompuesta cúpula partidaria, con hombres enteramente leales, a la medida de las necesidades de la dictadura de Stroessner.

El comité ejecutivo provisorio del MOPOCO impugnó anticipadamente, desde el exilio, esta convocatoria, como carente de «toda fuerza jurídica-moral», denunciando que «el propósito que la inspira -retomar los mecanismos de la dictadura mediante una Junta a la medida exacta del General Stroessner- constituye una violación flagrante a la Declaración de Principios del Partido y vicia en su origen la Convención Extraordinaria». El manifiesto también denunció, que la elección de candidatos a miembros de la Cámara de Representantes buscaba «parlamentarios colorados obedientes» a Stroessner. Al impugnar por «ilegítima» dicha convención y sus resoluciones «nulas y de ningún valor» (MOPOCO: 1985;s/p) los colorados en el exilio, nunca reconocieron la legalidad y autoridad de ésta y las posteriores Juntas electas durante el régimen stronista.

La reestructurada Junta de Gobierno, presidida ahora por J. Bernardino Gorostiaga, estaba integrada por elementos de las distintas facciones coloradas que por entonces ya habían cambiado su lealtad partidaria por la lealtad personal a Stroessner, para conservarse en sus cargos. Eliminado el grupo disidente Vertical, seguían representados los «Democráticos» encabezados por J. Bernardino Gorostiaga, los «Guiones Rojos», cuyo máximo exponente en la Junta era Crispín Insaurralde y los «Oficialistas» (la claque de Stroessner), con preeminencia de los últimos, que habían ganado posiciones y se afirmaban en el control de la directiva, en desmedro de las otras facciones. «El acontecimiento más significativo en la jerarquía partidaria es el aumento de los ‘oficialistas’ a expensas de los fallados disidentes tanto Guiones como Democráticos» (Miranda: 1988a;298) (214).

No obstante este balance de poder, favorable al grupo de Stroessner, algunas de esas figuras del entorno presidencial, eran menos stronistas que personalistas y tenían sus propias ambiciones de poder (bien disimuladas por entonces). Eran los casos de J. Bernardino Gorostiaga y Edgar L. Ynsfrán. Ambos habrían de ser eliminados a mediados de los años 60, cuando su presencia y prestigio en el Partido y en el Gobierno se habían convertido en una molestia o en un freno, por las necesidades coyunturales del régimen y en un potencial peligro para la permanencia del dictador en el poder.

El 18 de marzo de 1960, la Junta de Gobierno expulsó -decreto mediante- del partido, a algunos de los dirigentes del MOPOCO, sin que los afectados hubieran tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, según los estatutos partidarios (215).

Un «documento oficial» emitido por la Junta de Gobierno, presidida por Juan R. Chaves, el 11 de enero de 1984 -24 años después- revalidó y ratificó plenamente, la expulsión de 19 dirigentes del MOPOCO decidida en 1960, «de conformidad con las disposiciones estatutarias pertinentes» y «a consecuencia de reiterados actos de inconducta consumados desde mayo de 1959...» (EDN: 1989;2-3).


NOTAS

203. Entre los centros de estudiantes convocantes de la manifestación -la mayoría bajo control de jóvenes colorados- estaban el «23 de Octubre» del Colegio Nacional de la Capital; el «Ismael González» de la Escuela Nacional de Comercio No. 1 y el CECI, Centro de Estudiantes de Colegios Incorporados (privados).

204. El estado de sitio había sido levantado exactamente un mes antes. Además, el edicto policial que prohibía las concentraciones políticas en el centro de Asunción, no podía afectar la protesta estudiantil, que no era un acto político propiamente y había sido incluso autorizada en principio por la Policía.

205. El folleto trae un relato pormenorizado de los hechos de mayo y la represión en los meses subsiguientes. El autor fue una de las centenares de víctimas.

206. Heriberto Florentín Peña fue activo protagonista de las masivas protestas estudiantiles, los días 28 y 29 de mayo. Tenía 18 años de edad.

207. Varios miembros de la Cámara de Representantes ya fueron apresados durante las manifestaciones estudiantiles, antes de firmarse el decreto de disolución del Congreso.

208. El 28 de julio el estado de sitio sería extendido por otros 60 días. El 28 de setiembre fue prorrogado por un mes más. La razón oficial: «subsisten las mismas causas que motivaron la última prolongación». Y así sucesivamente, el estado de sitio fue prorrogado ininterrumpidamente en los siguientes 28 años. En abril de 1987, ya casi al final de su dictadura, Stroessner decidió que podía seguir gobernando sin decretar su prórroga, y el estado de sitio dejó de tener vigencia administrativa pero no fáctica.

209.  Waldino R. Lovera era miembro titular de la Junta de Gobierno partidaria y vice-presidente 1º de la Cámara de Representantes. Bajo su presidencia circunstancial, el Congreso impuso la resolución de condena de la violencia policial.

210. El tradicional maniqueismo imperante en la historia política paraguaya, fue exacerbado justamente por los colorados tras su triunfo en la guerra civil de 1947, lo que les permitió implementar una política de persecución implacable contra los derrotados liberales, febreristas y comunistas, llamados «legionarios», «traidores», etc. En el 59, el canibalismo político era una práctica generalizada en todos los partidos, que impedía a la civilidad percibir el significado exacto del golpe stronista para toda la sociedad. «Pero si ellos [los del MOPOCO] estaban conspirando y  Stroessner les ganó de mano nomás», (Careaga: 1988). «Nosotros recibimos la consigna [de la dirigencia liberal] de que los liberales no nos metiéramos demasiado, porque era una cuestión interna de los colorados», (Yore: 1988).

211. Fuentes del Departamento de Estado norteamericano se hacían eco de informes de su Embajada en Asunción, sobre especulaciones callejeras, de que Stroessner «no durará más de dos meses o a lo sumo un año». (Miranda: 1988a;299).

212. Entre los conspicuos dirigentes defenestrados estaban siete miembros de la Junta de Gobierno: Luis Oscar Boettner, Mario Mallorquín, Waldino R. Lovera, J. Virgilio Cataldi, Eladio V. Montanía, Enrique Riera y César Garay. En el exilio, los purgados en el 59 se unirán a los purgados en el 56 (epifanistas) constituyendo el MOPOCO. La ruptura entre ambas tendencias vendrá en 1973 por divergencias metodológicas en la acción común de resistencia a la dictadura. Los epifanistas conformarán la Asociación Nacional Republicana en el Exilio y la Resistencia (ANRER). Ambos núcleos encamarán el «bastión del coloradismo perseguido» (W. Lovera) y su proscripción durará casi tanto como el régimen stronista. Sus principales dirigentes fueron autorizados a retomar al país a finales de 1983.

213. Sobre el desarrollo de esta «soberana» convención, hasta a los diplomáticos, amigos de Stroessner, no se les escapaba que la lista de candidatos a la Cámara de Representantes electa en la ocasión, fue muy bien elaborada «para tener un Congreso domado con un mínimo de interferencias».

214. Además de los democráticos, guiones y oficialistas, este informe diplomático identificaba un cuarto sector «independiente» en el que incluía a Gustavo Storm, Domingo Montanaro y Romero Pereira. Por su parte, Lewis (1986:182) observa que la Junta post 59 estaba integrada por «tres tipos de hombres»: los «stronistas por pura necesidad» (Romero Pereira, Gorostiaga, Juan R. Chaves); los «stronistas por convicción» (G. Storm, Barrientos, Samaniego «y, hasta cierto punto, González Alsina»); y los «guionistas encabezados por Ynsfrán», éstos no eran «stronistas», habían ayudado a Stroessner para «sojuzgar a sus rivales y para fortalecerse». «Ellos querían el gobierno para ellos solos» (Ynsfrán, Volta Gaona, Domingo y Sabino Montanaro, Saúl González y J.A. Saldívar). Cualquiera haya sido la denominación en la que se ubicó o reubicó cada dirigente después del 59, lo cierto es que la cúpula directiva en su conjunto a partir de entonces, quedó rígidamente alineada detrás de Stroessner.

215. Osvaldo Chaves refiere que la expulsión «fue decretada por Stroessner... inmediatamente después y con motivo de nuestra histórica ‘Declaración de Resistencia’ (23 de Febrero de 1960...)», (Chaves: 1971;136).




A MODO DE CONCLUSIONES

El capítulo traza globalmente los grandes rasgos de los procesos analizados, que antecedieron o se sucedieron simultáneamente a la implantación, configuración y consolidación del régimen stronista. Procesos que convergieron como estadios o etapas históricos sucesivos -y como tales, relacionados unos con otros- o simultáneos en: a. el establecimiento de condiciones político-jurídicas favorables previas; b. la implantación de facto del régimen y la configuración de la estructura unipersonal autoritaria de poder; y c. la consolidación del sistema de dominación pactado.

Así, el particular relacionamiento colorado-militar y la inestabilidad política -por la división y anarquía del Partido Colorado gobernante- del período 47-54, favoreció la concreción del golpe militar y la articulación del «acuerdo» colorado- castrense, a partir de la relación de fuerzas entre los actores políticos principales en el momento del golpe, favorable a la institución armada.

Por otra parte, la estructuración del singular poder stronista sobre la base de la identificación de la trilogía Gobierno-Partido Colorado-Fuerzas Armadas, difícilmente habría sido posible sin el previo acuerdo (o imposición militar aceptada por el partido).

Ahora bien, la consolidación del sistema de dominación del régimen, ya configurado, tiene a su vez un proceso simultáneo con el anterior, de estructuración de ese poder o dominación, si se tiene en cuenta que el principal factor motorizador de ambos procesos (el de estructuración y el de consolidación de la dominación stronista); la represión, se abatió paralelamente sobre la sociedad política y civil, como sobre los actores institucionales del esquema de poder (partido-fuerzas armadas) en proceso de domesticación.

A continuación, podemos esbozar las características mayores de las etapas o procesos, que ya como estadios históricos sucesivos, relacionados unos con otros, o bien, de desarrollo simultáneo, articularon el régimen stronista.

El primer proceso, tuvo que ver con el relacionamiento simbiótico que se estableció entre el Partido Colorado y las Fuerzas Armadas a partir de dos procesos anteriores: a. el de la emergencia del poder militar como fuerza política que controla el poder, desde 1936, y b. el del acceso al gobierno, del Partido Colorado, con apoyo militar, en 1947. Esta imbricación, dada por la afiliación masiva de los militares al partido, convertidos en milicia a su servicio, sentó las condiciones que andando el tiempo, favorecieron el acceso violento al poder del general Stroessner y la concreción del llamado «pacto» de dominación entre las cúpulas del partido y del ejército. Este proceso que desembocó en el advenimiento del régimen stronista, lo hemos considerado como antecedente histórico inmediato.

El segundo proceso, que se desencadenó a partir del golpe militar del 4 de mayo de 1954, constituyó el del acceso al poder por Stroessner propiamente y la configuración del esquema de dominación o autoridad unipersonal stronista. Por un lado, el golpe fue favorecido -y se explica- por circunstancias y factores locales y externos; entre los primeros, la crisis política del gobierno de Federico Chaves y la anarquía predominante en el partido oficialista; entre los segundos, el contexto exterior propicio de la guerra fría, la tradición de dictaduras de derecha en América Latina, y la creciente influencia de la diplomacia y la estrategia de «seguridad hemisférica» norteamericana, en la política interna de la época.

Por otro lado, el mal llamado «pacto cívico-militar» entre las cúpulas colorada y castrense, respectivamente, a partir de la imposición militar golpista a la Junta de Gobierno, tuvo como consecuencia, la articulación de un esquema de poder unipersonal, autoritario, expresión de un proyecto dictatorial de gobierno, sobre la base del sometimiento de ambas instituciones por el general Stroessner. En este sentido, la más importante estrategia del doble sometimiento fue la política de partidización institucional de las Fuerzas Armadas -y Policiales- y la de militarización de la estructura del Partido Colorado.

Pero además existieron otros mecanismos e hitos en la domesticación de partido, ejército y policía.

La institución armada, principal sostén y beneficiaría del régimen, fue purgada y desprofesionalizada y también fue corrompida por diversos métodos (privilegios, prebendas, etc.) y reorganizada sobre la base de la lealtad personal a Stroessner por parte de los altos mandos. La depuración permanente, la degradación profesional y la corrupción generalizada, aseguró la fidelidad continua al Comandante en Jefe. Por iguales mecanismos fue sometida la institución policial.

En cuanto al Partido Colorado, los tres hitos más importantes -no únicos- en el proceso de su domesticación, paralelo a la consolidación del poder de Stroessner, fueron, en los años ’50: la «unidad partidaria» de octubre del ’55; la caída de Epifanio Méndez Fleitas, en diciembre del mismo año; y el autogolpe de mayo del ’59, con la disolución del Parlamento y de la Junta de Gobierno colorada.

Los procesos de domesticación y subordinación colorado-militar, estrechamente interrelacionados, formaron parte de la articulación y consolidación del poder stronista, sobre la base de la trilogía Gobierno-Partido Colorado-Fuer/.as Armadas.

Por último, el tercer proceso analizado, que contribuyó al afianzamiento y consolidación del sistema de dominación, tuvo su fundamento principal -no exclusivo- al menos en los primeros veinte años, en la implementación de una política represiva sistemática, indiscriminada, masiva, que eliminó o neutralizó toda contestación al régimen por la cárcel, el exilio o la muerte; que impuso como práctica oficial el terrorismo de estado, basado en la actuación violenta de un aparato policial-militar- parapolicial, que operó indistintamente en el marco de la juridicidad represiva vigente (estado de sitio, leyes antisubversivas) como fuera de él. El principal resultado fue el control totalitario y la desmovilización de la sociedad política y civil, desde los primeros años.

La Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) en cuanto justificación doctrinaria e ideológica principal de la represión, fue el denominador común compartido por el régimen stronista con los demás regímenes militares autoritarios principalmente del Cono Sur, aún cuando éstos respondían en su estructuración y en la lógica de su funcionamiento mucho más que el sistema stronista, a los postulados y tesis de tal ‘doctrina’.

Si bien no fue el único factor gravitante en este proceso, la represión constituyó uno de los elementos más importantes en la consolidación de la dictadura de Stroessner. Por ella sometió a los sectores políticos (partidos políticos), sociales (movimiento sindical, organizaciones campesinas, estudiantiles, eclesiales) y a la resistencia armada (guerrillas).

A partir del hecho de su consolidación a mediados de los años ’60, el stronismo estaba listo para ejecutar su estrategia de reciclaje y legitimación, tendiente a integrar a los partidos de la oposición conservadora y reformista (liberales y febreristas) a una «apertura política» restringida y controlada.

La apertura comprendió cierta liberalización de la política interna, para quienes aceptaban formar parte -las reglas de juego- del llamado «proceso de democratización» y presentarse a las elecciones patrocinadas por el régimen.

 

6.1    Antecedentes inmediatos a la toma del poder

El período que medió entre la conclusión de la guerra del Chaco (1936) y la implantación del gobierno de Stroessner (1954), fue el de la emergencia y afirmación como factores de poder en la política local de las dos instituciones -el Partido Colorado y las Fuerzas Armadas- que habrán de pactar el sistema de dominación impuesto sobre la sociedad a partir del golpe stronista.

De la confluencia de estos procesos de nuestra historia reciente, sobrevino un período de intensa inestabilidad política, antecedente crucial de la implantación del autoritarismo stronista. Este capítulo aborda el proceso de relacionamiento simbiótico entre el Partido Colorado y las Fuerzas Armadas, a partir del hecho militar del 13 de enero de 1947, relación cuya evolución subsiguiente fue ampliamente favorable y sentó las precondiciones históricas para la instauración del régimen de Stroessner.

Previamente fue necesario hacer una somera revisión de nuestra historia política inmediata y exponer, por un lado, a partir de mediados de los años ’30, las circunstancias histórico-político-sociales que favorecieron la emergencia y el ascenso de la institución militar, como actor político principal - por sobre los partidos políticos- en la administración del Estado, predominio que prevalece hasta hoy día.

Y por otro lado desde 1947, el acceso solitario del Partido Colorado al poder con respaldo militar-policial y su afirmación en el gobierno del país tras la guerra civil; así como también, las principales características de lo que fue el período de su hegemonía en el gobierno (47-54): Crónica división faccional de los colorados por el poder y relacionamiento inconstitucional entre el partido y el ejército. Porque la debilidad institucional del partido en el gobierno, así como la interrelación con la institución castrense, con claro predominio colorado (partidización en masa de las fuerzas armadas y policiales), favorecerán en el ’54 el golpe y la implantación del stronismo, con absoluto predominio castrense.

En lo que respecta a las Fuerzas Armadas, la emergencia del poder militar desde 1936 sobre la sociedad nacional contemporánea, tiene hasta cierto punto su explicación, en la tendencia histórica del protagonismo castrense desde los albores de la nación paraguaya: en su gestación y en las necesidades de la defensa de su territorio y la afirmación de su independencia y soberanía políticas, en distintas etapas de su conformación histórica.

Por este motivo y sin pretender hacer un análisis exhaustivo sobre las FF. AA. y su protagonismo en la historia, que supera la intención del estudio, partimos de una breve retrospectiva, desde el período colonial inclusive, que nos permitió describir, en general, el proceso histórico de formación de las Fuerzas Armadas Nacionales y de la variación o evolución de su rol y su comportamiento, en diferentes épocas de la historia.

En el período inmediato posterior a la independencia política del imperio español (1811-1870), la organización, mantenimiento y acrecentamiento de un ejército nacional estable estuvo ligado básicamente a la defensa de la integridad territorial y a la consolidación de la independencia política y económica de la nueva República. El rol de la milicia era claramente el de fundamento y resguardo de esa independencia, cuya preservación era de su exclusiva y excluyente competencia; ante las incursiones indígenas, ante la amenaza de la reacción española y ante la pretensión anexionista porteña. Así lo establecían el Reglamento de Gobierno de 1813, como la Ley que establece la Administración Política del Paraguay de 1844.

En la etapa de la post-guerra de 1870 y hasta mediados de los años ’30 del presente siglo, el período que se inicia con la mengua política y territorial del país y la pérdida de su independencia económica con su inserción al sistema capitalista mundial, fue de intensa y sistemática intervención militar en la vida política, sobre todo, hasta 1922, en violación de la misión institucional de las FF.AA. establecida en la Constitución del ’70.

Constitucionalmente subordinado al poder civil, el rol del ejército estaba limitado a la protección de las fronteras geográficas y a contener eventuales insurrecciones internas. En la práctica sin embargo, la tendencia fue a levantarse contra las autoridades constituidas, al servicio de caudillos y de facciones partidarias. En general, las FF.AA. fueron el instrumento de acceso o defenestramiento del poder, de las oligarquías partidarias (colorados y liberales) y de los caudillos, civiles y militares, a través de cuartelazos, golpes palaciegos y guerras civiles. Por lo que fueron disueltas y reorganizadas sobre nuevas lealtades con cada cambio de gobierno. Numerosos autores señalan que fue éste, entre otros factores, el que retardó el inicio de la profesionalización militar en el país.

No será sino hasta el primer cuarto del siglo, más concretamente bajo la administración de Eligió Ayala (1924-1928) cuando el ejército llegó a un cierto nivel de profesionalización y la carrera militar se implementó formalmente. Los militares se mantendrán en este período, desvinculados de la política y subordinados realmente al gobierno civil.

Pero esta tendencia duró poco más de una década, hasta culminar a mediados de los ’ 30, cuando se inicia el período de contestación al Estado Liberal Oligárquico, con la «Revolución Libertadora» protagonizada por un sector del ejército contra el gobierno de Eusebio Ayala. Por una serie de coyunturas favorables, entre ellas, la Guerra del Chaco contra Bolivia y sus secuelas socioeconómicas en la sociedad, la institución militar emerge como actor político de primera magnitud en representación del pueblo y corporativamente asumirá la administración del Estado, en ejercicio del gobierno del país.

El triunfo militar en la contienda bélica chaqueña, en efecto, fue el hito histórico que modificó el sentido de la intervención y el rol de los militares en la política paraguaya. A partir de entonces, el poder militar es, o decide, el gobierno del país, cualquiera sea la tendencia y posición ideológica predominante en el interior de la institución castrense.

Bajo la hegemonía militar -expresada corporativamente- sobre la sociedad política y civil que se instauraba en la post-guerra, se estructuraría el marco jurídico institucional que legalizó los sucesivos regímenes dictatoriales, incluido el de Alfredo Stroessner, en su primera etapa.

En el futuro, la presencia hegemónica del estamento militar será la tendencia en un proceso de gradual militarización del Estado y de la sociedad civil, que llegará a su expresión más acabada bajo el régimen de Stroessner. El ejército estará en el gobierno del país en forma directa o como árbitro y contralor de quién y cómo se ejercerá el mismo.

La irrupción de los militares como factor político decisivo en la estructuración del poder del Estado, se operó simultáneamente a una suerte de deslegitimación de los partidos y de la praxis política vigente, en particular, y del poder civil en general, acusados de ser los sustentos de un orden considerado expoliador, desnacionalizante y caduco. Proceso que alcanzaría su punto culminante en los años ’40.

El ejército victorioso del Chaco iría afirmándose como el factor real de poder en el Paraguay y consolidando su primacía sobre la sociedad y sus organizaciones, independientemente de las motivaciones e influencias ideológicas, que han sido variadas en las distintas etapas de su intervención, a partir de 1936.

Así, en una primera fase del período clasificado como «revolucionario» (36- 47) de las FF.AA. por Conrads, un gran sector del ejército intervenía, liderando un movimiento social revolucionario, respaldado por sectores medios y populares de la sociedad, que revirtió la concepción misma del Estado liberal gendarme y su función en la sociedad.

El 17 de febrero de 1936, el ejército nacional se constituía en la vanguardia armada de una revolución social, de carácter nacionalista, antiimperialista y democrático, impulsada por un amplio movimiento de masas en contra del régimen liberal y que proclamaba su intención de realizar profundas transformaciones económicas, sociales y políticas, instaurando un gobierno esencialmente reformista.

Se trataba de un fenómeno de eclosión social enteramente distinto de la tradición de intervenciones militares en cuartelazos y golpes palaciegos, propios de la praxis política conocida de los partidos tradicionales en su lucha por el poder.

Sectores castrenses descontentos con los términos del acuerdo de paz firmado con Bolivia y con su situación económica y de marginamiento en los ascensos, agravada por la desmovilización; identificados además, con el malestar generalizado por la crisis económica que afectaba sobre todo a los estratos medios y populares y con el creciente sentimiento nacionalista y antiliberal, que impugnaba no sólo al partido en el gobierno, sino también a toda una concepción filosófica y doctrinaria del liberalismo vigente, encabezaron el movimiento revolucionario que derribó el «viejo orden», bajo la influencia heterogénea de comentes ideológicas tan contradictorias como el nazi- fascismo y el marxismo.

Así, en esta primera fase de su irrupción como fuerza política, el ejército no ha actuado en provecho de sus intereses corporativos, sino en representación del pueblo; iniciando en su favor, bajo el corto gobierno del coronel Rafael Franco, un proceso de reformas socioeconómicas y de reivindicaciones populares.

De ‘protagonista del cambio’, la institución castrense involucionaba, entre 1937 y 1939, hacia lo que sería una breve restauración liberal, por el desplazamiento de los oficiales revolucionarios que sostenían al gobierno franquista, por sus camaradas simpatizantes del Partido Liberal.

La corta gestión gubernativa del Mariscal José Félix Estigarribia, apoyada en su inicio por el Partido Liberal, evolucionó desde febrero de 1940 hacia un poder dictatorial, apoyado exclusivamente en el ejército.

El Ejército paraguayo que en los años ’40 se hizo cargo del gobierno, eliminando a los partidos políticos de la escena, está fuertemente influenciado por el movimiento nazi-fascista. Imbuido de una ideología consecuentemente nacionalista autoritaria de derecha, se oponía a la democracia formal de partidos y auspiciaba la intervención del Estado en las reformas básicas para el desarrollo y la modernización del país.

Estigarribia dejará establecido en la Carta Política promulgada por decreto, el marco legal para las dictaduras militares que sobrevendrían; la antipartido del general Higinio Morínigo y de partido único del general Alfredo Stroessner.

En la guerra civil del '47, sin embargo, sectores ‘institucionalistas' de las FF.AA. asumían por última vez una posición revolucionaria, al sublevarse contra el régimen de Morínigo, apoyado en sus últimos tramos por el Partido Colorado; exigiendo la destitución del dictador y reclamando la normalización democrática del país y la integridad institucional castrense, contra la sectarización que había empezado a manifestarse tras el golpe del 13 de enero de ese año.

Pero con la victoria gubernista sobre las fuerzas rebeldes, apoyadas por los partidos Liberal, Febrerista y Comunista, se iniciaba el desplazamiento masivo del ejército, de jefes y oficiales sublevados y se reorganizaban los cuadros con oficiales de la reserva y afiliados y simpatizantes del Partido Colorado. En la afirmación de Conrads, un ejército de «fidelidad colorada» para un período «conservador» de las FF.AA., próximo a iniciarse.

En efecto, entre 1947 y 1954, las FF.AA. y Policiales respaldaron el régimen de partido único establecido por el Partido Colorado, cuyo período de hegemonía en el poder culminó con el golpe stronista. Stroessner desplazó al partido a una función de socio minoritario y restituyó el control directo del poder a la institución castrense por su intermedio, como nunca antes lo había ejercido.

En resumen, lo que no se puede obviar de la historia contemporánea del Paraguay, es que a partir de 1936 los militares han jugado un rol político de inequívoca preponderancia en la vida del país; sea como fuerzas revolucionarias a la vanguardia de un proceso de cambio; sea como fuerzas conservadoras del status quo, empeñadas en la modernización del país. Y que la afirmación del poder militar, fue correlativo al declinamiento de los partidos como factores de poder y de la sociedad civil y sus organizaciones como contrapesos de ese poder. En este contexto, los regímenes de Estigarribia y Morínigo prepararon en realidad, el marco fáctico y legal de la larga hegemonía del poder militar que aún sobrevendría con el régimen de Stroessner.

En lo que se refiere al Partido Colorado, su acceso al poder a mediados de 1946, a partir de la conformación de un gabinete de coalición colorado-franquista, ocurrió en circunstancias de la crisis terminal de la dictadura de Higinio Morínigo. Sin embargo, el importante movimiento militar-policial del 13 de enero de 1947, dirigido por jefes y oficiales simpatizantes del partido, desplazaba a la entonces Concentración Revolucionaria Febrerista, forzando la permanencia de los colorados en el gobierno.

Pero el afianzamiento de su control solitario del poder con apoyo militar, sobrevino hasta la finalización de la guerra civil. Respaldado por el ejército, el Partido Colorado establecería un sistema monopartidista en los siguientes siete años.

La importancia que reviste el 13 de enero del ’47, trasciende el de un pronunciamiento militar aislado, llevado a cabo por oficiales sectarizados en favor de un partido político. Importantes diligentes partidarios y protagonistas castrenses de la época, han reconocido que el golpe fue ya una obra del partido, pues los jefes militares y policiales «actuaron ya como colorados» y en este sentido no solamente forzaron, sino establecieron el gobierno colorado.

Y en efecto, esta decisión política de sectores armados, marcaba un hito de trascendencia en el incipiente relacionamiento colorado-militar e iniciaba el período de dominación de dicho partido en el gobierno, en que se desarrollarán las condiciones que favorecerán con los años, la implantación del proyecto autoritario de Stroessner.

A partir de este golpe de fuerza, el Partido Colorado quedaba solo en un gabinete de coalición militar-colorado, apoyando -aparentemente- los restos del régimen moriniguista en crisis. Pero no será sino hasta la conclusión de la guerra civil, en agosto del ’47, cuando se inició en verdad el período de su dominación; en general, una etapa conservadora, muy lejos aún con todo, del autoritarismo stronista.

El período colorado (47-54) fue signado, por un lado, por la inestabilidad política crónica de los sucesivos gobiernos, a raíz de las luchas faccionales internas por el poder partidario y nacional; y por el otro, por la afirmación de la relación Partido/ Fuerzas Armadas a través de la afiliación masiva de los militares al partido de gobierno.

La conjunción de estas características distintivas de este período, no superadas, favorecerá la evolución de los acontecimientos hacia la resolución militarista y le será nefasta al partido a partir del desencadenamiento del golpe stronista en 1954.

La lucha faccional por el poder mantuvo al Partido Colorado sumido en una crisis institucional permanente y al país todo, en un estado de anarquía e inestabilidad política. Nada menos que cinco presidentes se sucederían en el poder -golpes mediante- entre 1948 y 1954. La intolerancia y el fanatismo se expresarían en el período no sólo contra los partidos y sectores castrenses derrotados en la guerra civil, sino entre los propios colorados sometidos a una extenuante persecución por la facción de turno en el poder.

Esta crisis interno-partidaria sin resolución cuando sobrevino el golpe, le sería fatal al coloradismo. En mayo del ’54, el partido debilitado por la división y la anarquía que se había extendido al sector 'democrático' gobernante, inclusive, no estaba en posición de ofrecer resistencia; apenas de aceptar las condiciones militares de nuevas reglas de juego, que significaban su sometimiento a la institución castrense para mantener siquiera, su posición privilegiada en la administración pública del Estado.

Los conflictos interno-faccionales del Partido Colorado se explican, en que ninguna de las facciones en pugna era lo suficientemente fuerte como para imponer su hegemonía; es decir su liderazgo y autoridad a las otras. Ninguna tenía la suficiente capacidad de dirección reconocida por las demás. Alain Rouquié lo señaló precisamente: cada fracción, muy débil para gobernar por sí sola, buscaba necesariamente apoyo en el ejército. Lo que es peor, las ambiciones por el poder excluyentes de estas élites, frustraron algunos intentos de unidad colorada que hubiera fortalecido al partido y favorecido su posición en el '54.

Por otro lado, durante el período se acentuará la tendencia a partidizar las fuerzas militares y policiales, que estaban bajo el control y la subordinación directa de la Junta de Gobierno colorada. La idea era asegurarse la lealtad y el apoyo permanente del ejército a la continuidad del partido en el poder, frente a los adversarios de la oposición. Política que facilitaría la militarización del coloradismo bajo Stroessner.

La imbricación partido/fuerzas armadas llegaría a su punto culminante con la afiliación masiva de los cuadros castrenses, dispuesta por el entonces comandante en Jefe general Emilio Díaz de Vivar, en cumplimiento de una disposición emanada del ministerio de Defensa Nacional, durante el gobierno de Federico Chaves, en 1953.

La fidelidad colorada de las instituciones armadas se plasmará en el hecho que el ejército y la policía serán los árbitros de las disputas por el poder entre las facciones. Su apoyo decidirá la subida y caída de los presidentes que se sucederán hasta el 54; en cierta forma, bajo la hegemonía colorada en el gobierno, el ejército retomó su función anterior al ’36: la de dipensador del poder a las élites políticas, en este caso, a las coloradas.

En el tema del Partido Colorado, la conclusión es clara: la persistencia de la división interna y la afirmación de una estrecha relación colorado-militar, características distintivas de la etapa de su gobierno hasta el momento del golpe, no solo han creado las condiciones favorables al mismo, sino que han sentado las bases del futuro proyecto autoritario de gobierno del general Stroessner.

Los inestables gobiernos colorados, al cabo, abrirán las puertas al régimen stronista, con su no acertar a resolver su crisis interna, así como los graves problemas del país y su falta de disposición -o impotencia en el caso del gobierno de Cháves- para ejecutar cambios radicales estructurales, sobre todo, en beneficio de las masas rurales empobrecidas.

 

6.2    Acceso al poder y configuración del sistema de dominación

Tras el breve análisis de los antecedentes históricos, vayamos al proceso mismo de la instauración del régimen, que se inició con el golpe de estado y condujo a la estructuración del poder stronista, sostenido por la trilogía mesiánica Gobierno- Partido Colorado-Fuerzas Armadas. Este proceso fue en cierto modo, el resultado de las condiciones establecidas en el período estudiado como antecedente inmediato.

Las circunstancias y factores analizados por un lado, como condicionantes y legitimantes del acceso violento al poder del general Stroessner y los procesos vistos por otro lado, como constitutivos del esquema de su dominación personalista a partir del ‘pacto’ colorado-militar, los considero vitales, es decir, el eje central de articulación del régimen.

El golpe de estado militar stronista que terminó con la hegemonía del Partido Colorado en el poder, devolvió a las Fuerzas Armadas el control directo del gobierno del país, e implicó su afianzamiento como factor de poder real en el Paraguay. Si bien la participación de los militares en la administración del Estado fue continuamente en aumento desde 1936 en la medida en que el poder civil perdía gravitación, sin embargo, no fue sino hasta la toma del poder por Stroessner cuando se consolidó el poder corporativo militaren el Estado, como sostén de la dictadura personal de su comandante en Jefe.

El carácter del régimen que se impondría sobre la sociedad nacional estuvo definido desde los momentos iniciales. El militar golpista optó por negociar con el Partido Colorado las condiciones de su permanencia en el gobierno; en primer lugar para legitimar el golpe y en segundo lugar para lograr un apoyo político permanente. Y a pesar de que algunos jefes castrenses propugnaron el desplazamiento total del partido y la constitución de una Junta Militar de Gobierno. Lo que coincide con lo sustentado por un ex-alto jefe militar exiliado por Stroessner, de que la idea de instaurar una dictadura militar era antigua en aquel y su grupo de amigos.

Sin embargo, la permanencia del coloradismo no haría menos militarista y autoritario su régimen, aunque, en cierta medida lo camuflaría por muchos años. Stroessner mantuvo el partido en la administración burocrática del Estado por consideraciones puramente pragmáticas, y de paso, obtuvo el respaldo y la legitimidad que le podía brindar un partido tradicional con raigambre popular; pero el control absoluto del poder sobre el partido y desde el gobierno sobre el país, estuvo en sus manos.

Las expectativas políticas generadas por el golpe también favorecerían al grupo alzado. Con excepción de los colorados ‘democráticos’ derrocados y del Partido Comunista Paraguayo, los demás sectores colorados disidentes y los partidos de oposición (Liberal y Revolucionario Febrerista) celebraron la caída del gobierno de Federico Cháves, esperando que el cambio de la situación política los favoreciera.

La percepción generalizada era la de un golpe protagonizado por oficiales ‘institucionalistas’, sublevados contra un gobierno que evidenciaba signos incontrastables de corrupción; que el general Stroessner no tenía ‘ambiciones de poder' y que en cualquier caso, su presidencia sería temporal.

Los dirigentes colorados en general no entendieron el golpe como un atentado contra su partido, que buscara su derrocamiento del poder, por la participación de elementos influyentes como el propio Epifanio Méndez Fleitas. Aparecía más claramente como un ‘ajuste’ entre facciones, apoyadas por sus partidarios del ejército y de la policía.

Por su parte, los líderes de la oposición, liberales y febreristas, no sólo esperaban que este ‘militar sano’ (en la expresión de uno de ellos) modificara su situación de proscripción indefinida desde 1947; además alentaron esperanzas de ser ‘llamados’ por el nuevo hombre fuerte para ocupar el lugar de los colorados derrocados. De acuerdo a la mejor tradición caudillista y mesiánica de la política paraguaya, estos políticos vieron en Stroessner al hombre providencial que los devolvería al poder o muy cerca de él; o en el peor de los casos que operaría una apertura de los militares hacia la oposición. El Partido Comunista fue el único de oposición que denunció -entonces- que el plan de Stroessner era debilitar al Partido Colorado y establecer una «dictadura personal al estilo de Higinio Morínigo».

El significado del golpe del 4 de mayo no fue captado ni sus proyecciones fueron previstas -con escasas excepciones- en aquella circunstancia histórica. Para la gran mayoría de colorados y opositores, aparecía como una esperanza de rectificación de la corrupción económica y de la falta de conducción política del gobierno de Cháves. Desde una perspectiva histórica, el análisis de lo que realmente implicó para el país y para el Partido Colorado en particular la caída de Federico Cháves, ha variado sustancialmente para los políticos entrevistados entre 1987 y 1988, en plena crisis terminal del régimen stronista cuando la casi totalidad de los sectores colorados habían sido expulsados del partido y la mayoría de los partidos de oposición no participaban de las farsas electorales desde hacía diez años.

Dirigentes colorados de distintas épocas tienden a señalar el comienzo de la dictadura de Stroessner coincidente con las fechas en que ellos mismos fueron radiados: para los disidentes más antiguos, el Partido Colorado cayó del poder el 4 de mayo de 1954, aunque no lo hayan percibido claramente sino en el exilio. Y para quienes acompañaron al régimen casi hasta su final, la dictadura comenzó sólo en agosto de 1987.

A continuación, queremos precisar algunas circunstancias favorables y factores concretos establecidos en nuestro análisis, que actuaron como condicionantes primero y legitimantes después, del golpe stronista.

Habrían de concurrir factores muy importantes para que el levantamiento militar prospérara. Está claro que factores de orden interno como externo no sólo favorecieron el acceso violento de Stroessner al poder, sino que fueron causas importantes del desencadenamiento del golpe y de su aceptación casi pasiva por colorados y opositores.

Pero, ¿qué factores tuvieron mayor incidencia y peso en el hecho militar? ¿Los de orden local o exterior? Es difícil establecer la primacía de los elementos que fueron más gravitantes en la consideración de los protagonistas -militares y civiles- en su determinación de echar al gobierno colorado, sobre todo cuando aquellos aparecen entremezclados. Veremos por qué. Lo indudable es que el factor interno: La crisis política y económica del gobierno de Cháves, proveyó el argumento central: la necesidad de «rectificar rumbos»; originó la circunstancia casi casual aprovechada por Stroessner: Un «conflicto de mandos» entre el Presidente de la República y el Comandante -delegado- en Jefe de las FF.AA.; y mantuvo la relación de fuerzas desfavorable a su administración, entre un partido gobernante anarquizado y debilitado y un ejército coloradizado, inestabilizado por esa misma situación.

En orden a encontrar una explicación en última instancia, es posible afirmar que la crisis política -de gobierno- que precipitó el golpe de estado, respondía a la crisis económica y a los intentos de superación, con un enfoque marcadamente populista que afectaba a poderosos intereses, entre ellos, los castrenses.

El gobierno de Cháves, que en lo político realizó cierta apertura, asumió en lo económico una orientación nacionalista-populista, similar a la de la Argentina de Perón, con la implementación de un programa de reactivación de la economía, que significó el rechazo de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la superación de la crisis. Pero la presión de poderosos intereses y privilegios económicos y militares, tendieron a obstaculizar el propósito de saneamiento y reactivación y favorecieron los planes -en marcha- de Stroessner y su grupo.

A este transfondo económico respondía la división entre los propios colorados ‘democráticos' en el gobierno: entre un grupo de orientación populista, nucleado en torno al carismático presidente del Banco Central, Epifanio Méndez Fleitas (‘epifanistas’) y, el sector de la vieja dirigencia partidaria, que expresaba básicamente los intereses de la oligarquía económica -latifundista y ganadera- y que constituía el entorno del presidente Cháves (‘chavistas’). El gobierno de Cháves sucumbió por la agudización de las contradicciones de intereses de las fuerzas en él representadas. En enero de 1954 serían desplazados por presión de aquellos intereses, los elementos populistas del gabinete promotores de la política económica, por los representantes de la oligarquía agropecuaria y latifundista, cuya expresión gremial era la influyente Asociación Rural del Paraguay (ARP). Cuatro meses después, los caídos pactaban con el poder militar para derrocar al gobierno, que ya soportaba entonces el descrédito generalizado por la corrupción económica, por la descomposición moral y por la fuerte presión castrense sobre el Presidente de la República.

Ahora es factible concretar que la crisis del gobierno chavista fue impulsada y exacerbada en sus últimos meses, por la presión militar liderada por el propio comandante en Jefe, obligando primero a la renuncia de los ‘epifanistas’ del gabinete, en una estrategia de debilitamiento que en cuestión de meses lo dejaría a merced de los golpistas.

Ahora bien, por encima y más allá de las condiciones históricas concretas de la sociedad paraguaya particular en la coyuntura de los años ’ 50; existían efectivamente condicionamientos exteriores tanto o más importantes que influyeron, sin duda, en la gestación y triunfo del golpe y siguieron favoreciendo durante décadas la consolidación del proyecto autoritario de dominación.

 

6.2.1 Los fuertes vientos del norte

Al ponderar la gravitación del factor externo y sin entrar aún a detallar algunos indicios y conclusiones, debemos partir de la comprobación histórica general: el contexto mundial de la ‘guerra fría’ caracterizaba las relaciones internacionales de la época y se proyectaba en el hemisferio y en cada país a nivel local. El Paraguay, lógicamente, no escapaba a dicha influencia. La política exterior de los Estados Unidos a través de su omnipotente diplomacia y de su poder militar, tenía por conducto de su embajada en Asunción y de la Misión Militar Norteamericana, perfectamente individualizados y catalogados a los «enemigos» o «comunistas» criollos y a los «amigos» de los EE.UU., entre éstos últimos, el general Stroessner.

Sintéticamente puntualizaremos que el contexto internacional de la época en que Stroessner capturó el poder en el Paraguay, ampliamente favorable a las dictaduras de derecha en América Latina, era el del pleno auge de la llamada ‘guerra fría’ en el marco del conflicto este-oeste, planteado por el sistema bipolar que dividía al mundo desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial en dos centros de poder: Washington y Moscú y sus respectivas zonas de hegemonía e influencia.

Las nuevas bases de la reformulada política exterior norteamericana eran, por un lado, de enfrentamiento con el emergente bloque socialista de naciones y por otro lado, imperialista con respecto a los países occidentales, en particular de América Latina, considerada desde hacía un siglo el «patio trasero» de la potencia.

En los años ’50, como parte su política de «contención» del comunismo, los EE.UU. se habían empeñado -directa o indirectamente- en combatir movimientos de liberación nacional o guerras revolucionarias -muchos antinorteamericanos pero sin connotación comunista- tanto como a prestar apoyo indudable a dictadores y regimenes opresivos de derecha, en distintos puntos del mundo: gobiernos establecidos en muchos casos con ‘asistencia’ de sus variadas agencias gubernamentales, especialmente la CIA.

Por otro lado, aparte de implementar el Plan Marshall para la recuperación económica de las antiguas potencias coloniales de Europa, multiplicaría los pactos y alianzas de naturaleza militar, intra e inter-regionales, así como también una red de bases e instalaciones militares en todo el mundo, promovidos como eficaz sistema defensivo y ofensivo al servicio de su política exterior y su seguridad.

La política de «disuasión» de gran poder sicológico, también estuvo en vigencia por aquellos años. Basada en la amenaza del uso de las armas nucleares cuyo monopolio ostentaba los EE.UU., pendió con una amenaza latente sobre la paz mundial, hasta que la Unión Soviética llegó a la paridad nuclear, hacia finales de los ’50.

El curso de los acontecimientos en esta primera etapa de la guerra fría, en cuyo transcurso se darían más de un centenar de conflictos significativos entre el este y el oeste, pondría en peligro la estabilidad del mundo reiteradamente.

Con la guerra de Corea (1950-53), la guerra fría llegaría a su plenitud y la política exterior norteamericana se expresaría en un anticomunismo militarista, con el convencimiento de que más que las medidas económicas o políticas, el poder militar que ostentaba la potencia hemisférica era el que frenaría la «expansión comunista».

Convertidos en «policía mundial», los Estados Unidos realizaron acciones militares directas y/o estimularon la desestabilización de gobiernos antinorteamericanos -no precisamente comunistas- en el Tercer Mundo y en particular, en América Latina, donde ya existía una vieja política intervencionista.

La formulación de la Doctrina Monroe y la de la teoría del Destino Manifiesto, entre un interminable número de declaraciones unilaterales, habían justificado todo tipo de acciones intervencionistas norteamericanas en el hemisferio, que avasallaron la pretensión de soberanía político-económica y de autodeterminación de las repúblicas latinoamericanas.

Por la Doctrina Monroe los EE.UU. se arrogarían el derecho de «garantizar» la independencia de las ex-colonias europeas frente a toda probable amenaza extracontinental, pero en contrapartida, establecían el principio del «derecho de intervención» en ellas a su favor, si «su» seguridad era amenazada. Y por el Destino Manifiesto, extenderían sus fronteras a costa del cercenamiento territorial de varios países, en el marco de su política imperialista de expansión y predominio económico y político en el continente.

Cuando la Segunda Guerra Mundial llevó la supremacía norteamericana a su culminación, América Latina ya constituía su vieja «esfera de influencia», con una tradición de un siglo de conquistas territoriales, de intervenciones militares y de penetración económica, política y cultural de la potencia. En este contexto de sólida hegemonía, los latinoamericanos formaban parte obvia de la «seguridad» y de los intereses vitales norteamericanos.

En este orden, durante la guerra la política exterior norteamericana hacia la región, impondría la doctrina militar y el sistema interamericano de seguridad colectiva o hemisférica, fundado en el principio de la «solidaridad continental» entre las naciones, frente a un posible ataque extrahemisférico, que por entonces se suponía, provendría de los países integrantes del eje (Alemania, Italia, Japón).

Pero una vez culminada la guerra, la nueva y más grave amenaza contra la seguridad del hemisferio, según la Junta Interamericana de Defensa (JID), estaba representada por los países socialistas liderados por la URSS. Esta reelaboración de la doctrina con respecto al «enemigo» exterior, alcanzaba obviamente a toda América Latina y el Caribe, insertos en el sistema bipolar naciente dentro del bloque hegemonizado por los EE.UU. y subordinadas sus FF.AA. a la estrategia militar del Pentágono, como parte de la política exterior norteamericana.

A la proliferación de tratados y organismos militares interamericanos promovidos por EE.UU. en los ’50, se sumarán la asistencia militar y las ventas (donación o préstamo) de armamentos y equipos de la potencia a los países de la región, por diversos medios: el entrenamiento de oficiales latinoamericanos en sus centros militares; el apoyo a los programas de «acción cívica» de las FF.AA. en sus respectivos países y la instalación de bases militares en algunos de esos países, para la «defensa colectiva» del continente.

Durante los años '50 en que se mantuvo vigente la teoría de la agresión extracontinental, los ejércitos latinoamericanos fueron proveídos de armamento convencional, básicamente de los sobrantes de la guerra mundial y de la de Corea. Sin embargo a comienzos de los ’60, la política exterior norteamericana hacia la región daba un giro violento a consecuencia del triunfo de la Revolución Cubana y el papel profesional de los militares comenzaba a ser redefinido por el Pentágono.

De garantes de la soberanía política e integridad territorial de sus países, las FF.AA. se convertían en guardianes del orden y de la seguridad interna de sus naciones, de acuerdo al nuevo rol que les asignaba la doctrina militar norteamericana. Entonces empezaron a recibir exclusivamente, entrenamiento y material bélico destinados al resguardo y control de la seguridad interior contra las insurrecciones urbanas y las guerrillas rurales.

Concebidos como instrumentos de la política exterior y de la estrategia militar norteamericana, en beneficio del fortalecimiento de su seguridad nacional, la asistencia y las ventas militares al exterior; sus beneficiarios, entre otros, los países de América Latina, quedaban sujetos a múltiples condiciones y restricciones impuestas por la legislación norteamericana en la materia, que lesionaban su soberanía y además, implicaban que su seguridad (de cada país) estaba en función de la seguridad y de los intereses nacionales de los Estados Unidos.

Lo que debe quedar claro, es que aun cuando América Latina era considerada por los estrategas del Pentágono, como un campo secundario en la confrontación este-oeste, sin embargo era la zona vital de expansión del imperialismo, que no podía sustraerse a su dominio político y económico. Por lo cual se explica la estructuración, bajo la égida de la potencia, de todo un sistema político y militar interamericano en función de sus objetivos políticos, económicos y de seguridad.

Ahora bien, la importancia de cada país latinoamericano en la consideración de la política exterior norteamericana, estaba en proporción a su ubicación geográfica y estratégica, a su desarrollo económico y al nivel e importancia de la militancia comunista que tuviera. La tendencia fue a instalar y apoyar regímenes dictatoriales clientes, de extrema derecha. Con escasas excepciones, el continente estaba gobernado por caudillos militares «amigos» de los EE.UU. En 1953, la administración del general Dwight Eisenhower implementaba una agresiva política exterior destinada a consolidar la presencia norteamericana en el hemisferio, ante el «peligro comunista». La primera víctima: el líder nacionalista guatelmateco Jacobo Arbenz.

Es este contexto regional a mediados de los ’50, el que explica la influencia de las condiciones externas en el golpe stronista. Y aunque nuestro estudio no ha podido concluir con certeza, una intervención norteamericana directa en su preparación o ejecución -fuera de las denuncias y de los análisis estrictamente marxistas- sí ha encontrado indicios importantes acerca de una «presencia» -como lo hemos denominado- diplomática y militar de los EE.UU. en los prolegómenos y durante el desarrollo de los acontecimientos. Esto es lo que trataremos de sintetizar a continuación.

Antes de concretar los indicios que ha relevado nuestro análisis será ilustrativo apuntar brevemente, el peso de la influencia y las preocupaciones de la diplomacia norteamericana en la política paraguaya de la época.

 

6.2.2 Las influencias norteamericanas en el ámbito doméstico

Desde el enfoque maniqueísta propio de una política exterior al extremo ideologizada, los diplomáticos norteamericanos interpretaban la realidad paraguaya de los ’50, al igual que en otros países del continente; distinguiendo básicamente entre «amigos» o «enemigos» (y por extensión, «comunistas») de los EE.UU., a los políticos y hombres públicos locales, hombres del gobierno y de las Fuerzas Armadas.

Con este análisis simplista, en los informes de la embajada norteamericana en Asunción al Departamento de Estado en aquellos años, el comandante en Jefe de las FF.AA., el general Stroessner estaba precisamente evaluado como un «amigo» de los EE.UU. y un anticomunista a ultranza. Esta inclinación se expresaría un año antes del golpe, cuando visitó aquel país como huésped del ejército norteamericano.

El primer indicio sobre la «presencia» norteamericana en el golpe de Stroessner, hace relación con la percepción -y desagrado- de la potencia sobre el gobierno de Federico Cháves, fundamentalmente por el estrechamiento de relaciones económicas con el régimen argentino del general Perón, quien por entonces asumía una peculiar «tercera posición», en desafío a la política de bloques este-oeste y principalmente, a los intereses económicos de los EE.UU. en el Cono Sur.

En este orden, aun cuando el golpe no haya contado con los auspicios directos norteamericanos, no era despreciable que su principal protagonista fuera el comandante en Jefe de las FF.AA., políticamente un anticomunista y conocido por sus simpatías hacia los EE.UU. y el Brasil, con cuyos ejércitos había estrechado relaciones en vísperas de su alzamiento.

El segundo indicio tiene que ver con las dos entrevistas confidenciales que mantuvo Stroessner una vez consumado el golpe; poco antes y poco después de asumir la presidencia de la República, el 15 de agosto de 1954 con miembros del Comando Sur norteamericano asentado en la zona del canal de Panamá. La primera cita se realizó en Lima, Perú y la segunda en el fortín Mariscal Estigarribia (Chaco); en esta última, también con presencia de militares brasileños.

Ahora bien, fuera de la denuncia del Partido Comunista Paraguayo (PCP) en el momento, de que el golpe estuvo propiciado por los EE.UU. a través de la Misión Militar Norteamericana y de su Embajada en el Paraguay, el criterio generalizado en la oposición sobre el papel de la potencia, es que el apoyo norteamericano en todos los órdenes se concretó luego de consumados los hechos.

Si la visión de los comunistas pudiera haber parecido extrema en la época, la percepción del resto de la oposición se reveló con el tiempo ingenua y carente de una visión política realista sobre los acontecimientos del país y su relación con el contexto hemisférico. No hay que olvidar que en aquella coyuntura histórica, los EE.UU., como parte de su estrategia de eliminar gobiernos que no se sometieran incondicionalmente a sus intereses, apoyaban directa o indirectamente su desestabilización o derrocamiento y la implantación de regímenes adictos, generalmente dictaduras de derecha, civiles o militares.

Tras el análisis del contexto hemisférico de la época, la conclusión más evidente es que el general Stroessner determinado a derribar al gobierno de Cháves, lo hizo sin lugar a dudas en consultas, al menos, con las autoridades norteamericanas, por la vía militar y diplomática. Era impensable en la coyuntura de los años ’50, que ningún militar latinoamericano se atreviera a capturar el poder en cualquiera de los países, sin la aprobación de los Estados Unidos. La potencia debió cerciorarse por su parte, que este general no fuera a defraudar sus intereses en el Cono Sur latinoamericano en el futuro.

 

6.2.3 Tres en uno

Ahora podemos pasar a revisar, de qué forma se fue articulando el poder unipersonal, autoritario stronista, a partir del llamado «pacto cívico-militar», sobre la base de la identificación Gobierno/Partido/FF.AA., para lo cual, partido y ejército debieron ser purgados varias veces y sometidos a la voluntad indiscutida de Stroessner.

En lo que respecta al «pacto» que posibilitó la articulación del poder stronista sobre la trilogía Gobierno/Partido/Fuerzas Armadas, la verdadera naturaleza de tal acuerdo de dominación desvirtúa la versión interesada de un pacto suscripto entre fuerzas en igualdad de posiciones.

Nuestra tesis afirma que las negociaciones se hicieron bajo una situación de presión militar y que la dirigencia colorada optó por someterse a la imposición de las condiciones de Stroessner, para conservar siquiera el control del aparato burocrático del Estado. O sea que, la situación de imposición militar desnuda la verdadera esencia del tal «pacto» o componenda.

Más concretamente, cuando el general Stroessner optó por negociar con el anarquizado y debilitado Partido Colorado, para asegurar por un lado, el poder contra eventuales reacciones castrenses de oficiales partidizados o simpatizantes del partido y por otro lado, para legitimarlo, la diligencia colorada aceptó secundarlo porque no tenía alternativa, sin arriesgar su inclusión en el nuevo esquema de poder. El objetivo era asegurar por lo menos su permanencia en la administración pública, aunque sometida al grupo militar triunfante y consciente de que el poder político real se desplazaba en adelante, del partido al ejército.

Un breve análisis de la relación de fuerzas en el momento del golpe sustenta nuestra tesis. ¿En qué condiciones estaba el Partido Colorado cuando fue obligado a negociar su permanencia en el gobierno?.

El golpe militar venía precisamente a terminar con un período de gobierno durante el cual, el Partido Colorado se mostró incapaz de gobernar orgánica e institucionalmente, a raíz de la lucha faccional entre los grupos que se sucedieron en el poder partidario y nacional, con absoluta exclusión y persecución de los adversarios.

La profunda división y rivalidad entre facciones, las desmedidas ambiciones de poder de sus líderes, configuraban una situación de crónica anarquía y debilidad institucional no superada durante todo el período de su hegemonía en el gobierno y por la que el partido no pudo resistir la imposición castrense.

Los dirigentes colorados no solamente demostraron su incapacidad de unirse y oponer un candidato civil a la presidencia de la república para frenar las pretensiones de militar golpista, sino que además ensoberbecidos por años de manipulación del ejército desde el poder, pensaron utilizarlo -ya que era el único candidato aceptado por todas las partes- para eliminarse mutuamente y más adelante expulsarlo del poder con sus respectivos apoyos militares y policiales.

En contrapartida ¿cuál era la situación de las Fuerzas Armadas cuando el grupo golpista impuso al Partido Colorado condiciones para compartir el gobierno?

El golpe terminó con la hegemonía del Partido Colorado en el gobierno y restauró el poder político al estamento militar. Ello implicó el desplazamiento del centro del poder (de las decisiones políticas) del partido al ejército, de la civilidad a la corporación militar. El control del poder volvía a los militares como nunca antes en forma absoluta, desde 1936. Y recuperaba -el ejército- su protagonismo político como cuerpo, a través de su Comandante en Jefe.

De acuerdo a esta relación de fuerzas existente tras el golpe, cabe concluir que el «pacto» -si por tal conceptuamos un acuerdo entre partes que están en igualdad de posición para negociar- no se dio en los hechos, tanto por sus antecedentes como por las condiciones de desequilibrio de su tramitación en la relación partido/ejército.

En cuanto a sus antecedentes, es indudable que la desigual fuerza de negociación entre el poder militar de facto (golpistas) y el poder civil (derrocados) y sobre todo el acuerdo final para candidatar a Stroessner por el partido a la presidencia de la república, era la consecuencia lógica de una relación antidemocrática e inconstitucional establecida entre el Partido Colorado y las Fuerzas Armadas en el período inmediatamente anterior (47-54), con la afiliación masiva de oficiales al partido y el apoyo castrense a su gobierno.

En cuanto a la naturaleza del acuerdo cabe concluir que ante el golpe consumado, la presión y la imposición del factor castrense primó sobre una dirigencia partidaria dividida, enconada y debilitada por las luchas intestinas y además, por el desgaste de la acción gubernativa. Esta, casi sin resistencia adoptó una actitud de sometimiento y cedió el control y el liderazgo del partido y del gobierno al militar sublevado.

El «pacto» en consecuencia, significó el trastrocamiento de la relación anterior: el ejército pasaba de milicia sectarizada al servicio del partido en el poder al control del poder mismo; el partido expulsado del poder quedaba compartiendo el gobierno, pero como socio minoritario, cautivo y sometido a los designios del estamento militar en la persona de su Comandante en Jefe.

En lo que fue el último acto de relativa autonomía, el coloradismo nominó al general Stroessner candidato presidencial para terminar el mandato del derrocado Cháves y organizó una «elección» que revistió de cariz legal y legítimo la asunción al poder del futuro dictador.

¿Pero existía un proyecto dictatorial de poder que se empezaba a implementar a partir del pacto de dominación?.  Estimamos que datos y testimonios históricos avalan este aserto; que la idea, e incluso la firme intención pero además, las bases de una futura dictadura, ya habían sido trabajadas por Stroessner varios años antes.

Antes de intentar una caracterización más precisa del nuevo esquema de poder, es preciso fundamentar nuestro convencimiento de que el golpe de estado no fue algo casual, ni un producto del azar o la improvisación, algo así como un «golpe de suerte que le salió bien a Stroessner», en la expresión de un colorado. Esta ha sido la creencia generalizada. Que fue un simple «ajuste» de cuentas entre colorados -civiles y militaros

El tiempo demostró lo contrario, pero también lo demostró la indagación histérica a partir de su meteórica carrera militar.

 

6.2.4 El nuevo esquema de poder

Por un lado, si bien el mentado «conflicto de mandos» entre el presidente Cháves y el general Stroessner, a la sazón comandante en Jefe de las FF.AA., se ha destacado como el motivo desencadenante del golpe, el desarrollo y el desenlace de los acontecimientos a partir de entonces (el ‘pacto', su candidatura), demostró que el jefe castrense no sólo pretendió resolver una crisis militar y política y mucho menos que expulsó a un colorado del poder para apoyar el ascenso de otro, sino para ejercerlo él mismo.

Además según vimos, que a partir de las negociaciones entabladas con la Junta de Gobierno colorada, el hecho golpista se distanciaba y diferenciaba de la tradición de los golpes castrenses en el continente apoyados exclusivamente en el factor militar; confirmando la existencia de al menos, una voluntad política de implantar un proyecto de dominación dictatorial a largo plazo, que requiere de alguna legitimación civil.

Stroessner negoció efectivamente con la dirigencia colorada las condiciones de permanencia del partido en el gobierno, tanto para legitimar su golpe como para tener un apoyo político permanente y la base social de su masa partidaria. El coloradismo fue mantenido en la administración burocrática del Estado por consideraciones pragmáticas. Simultáneamente, otorgó el respaldo y la legitimidad política de un partido tradicional con raigambre popular a una dominación autoritaria, absoluta, sobre la estructura partidaria y sobre la sociedad. Por otro lado, datos y testimonios de protagonistas cercanos, sostienen que la idea de instaurar una dictadura militar era antigua en Stroessner y su entorno castrense y que ya en los años ’40 el entonces coronel Alfredo Stroessner, en apariencias un oficial anodino, sin mayores luces ni apetencias de poder, eliminaba hábilmente a numerosos jefes castrenses con mayor antigüedad y predicamento, en su rápido ascenso en la jerarquía.

Hacia 1950, el general de Brigada Alfredo Stroessner adquiría popularidad entre la joven oficialidad, en el Comando de Artillería del Ejército en Paraguarí, bajo su comando, por el ambiente de relajación de la disciplina por él mismo fomentado.

Tiene sentido la hipótesis, de que el militar articulaba ya entonces un proyecto de poder personal. Para ello trabajó calculada y simuladamente, al punto que se le desconocían apetencias o ambiciones personales de ningún tipo. Lo que facilitó sin duda, su ascenso en la jerarquía castrense, primero y la captura y consolidación del poder político, después.

En este punto debemos hacer notar una condición fundamental sentada por Stroessner apenas fue nombrado comandante en Jefe de las FF.AA., en octubre de 1951. Empezó un calculado trabajo para controlar al ejército, reforzando la Artillería (arma a la que pertenece) y a otras unidades en detrimento de la División de Caballería (DCI) controlada por oficiales muy identificados con el Partido Colorado. Según Chartrain, se aseguró de esta forma que una sola unidad no pudiera derrocarlo, una vez en el poder.

La hipótesis de que el golpe no fue un hecho aislado ni la dictadura stronista improvisada, sino concreciones de un proyecto autoritario de poder de vieja data, se refuerza con los innumerables casos de jefes y oficiales que lo apoyaron en diversas circunstancias, incluyendo el ’54, a quienes una vez en el poder radió del ejército y los persiguió de por vida cuando representaron algún peligro para su continuidad.

En consecuencia, la tesis que sustentamos es que el derrocamiento del gobierno de Cháves fue efectivamente el inicio de la ejecución de un viejo proyecto dictatorial de poder, incubado en la época de su ascendente carrera militar. Es evidente que si se trataba de «rectificar» el rumbo de la administración colorada simplemente, el grupo golpista habría procedido como era norma en el ejército desde 1947: instalar en el gobierno a otra facción o cambiarlo al Presidente; a lo sumo -en un viraje más impensable- entregar el gobierno a la oposición. No olvidemos que sectores opositores esperaban ser eventualmente convocados por el militar. Pero Stroessner reveló enseguida no tener interés en volver a entregar el poder a ningún sector civil. Por el contrario, forzó su aceptación como candidato del Partido Colorado a la presidencia de la república y aceptó el provisoriato de Tomás Romero Pereira hasta que él mismo fuera formalmente electo. En este sentido desechó la sugerencia de su entorno castrense de desplazar totalmente a los colorados e instaurar una Junta de Gobierno Militar.

Hasta aquí concluimos, que a partir del pacto cívico-militar se articularía un esquema de poder unipersonal, autoritario, que era la expresión de un antiguo proyecto de gobierno dictatorial de Stroessner y sus amigos militares.

Veamos más precisamente en qué consistió y cómo se estructuró este poder personalizado de un caudillo militar, sustentado en una trilogía de connotación fascista y mesiánica por la identificación entre el Gobierno, el Partido Colorado y las Fuerzas Armadas, aunados para imponer una dominación autoritaria, verticalista, excluyente y militantemente anticomunista: una «democracia sin comunismo» en el lenguaje oficialista.

Dijimos que la configuración de este poder se hará en base a la subversión o inversión de la relación Partido Colorado-Fuerzas Armadas: de la subordinación del ejército al partido, del poder militar al poder político civil vigente hasta el golpe, el sometimiento será ahora el del partido al ejército, el del poder civil al poder militar.

En el esquema las FF.AA. se erigirán en centro de las decisiones políticas, pasando el Partido Colorado a una situación de doble sometimiento; por un lado al estamento militar y por otro lado al Poder Ejecutivo, por conducto de su sometimiento al general Stroessner. El ejército quedará a su vez sometido a la voluntad autocrática de su comandante en Jefe. El esquema traducirá claramente la subordinación de la civilidad al factor militar; del actor institucional político al actor institucional armado y de ambos al dictador o caudillo, en su triple condición de Jefe de Estado, Presidente Honorario del Partido Colorado y Comandante en Jefe de las FF.AA.

La autoridad personalista de Stroessner así sustentada, tendrá estabilidad en la capacidad coactiva legal del ejército y en la de legitimación política y popular del partido. A este efecto ambos actores -partido y ejército- sufrirán un proceso de permanente recomposición de cuadros; serán depurados y reorganizados periódicamente en torno al liderazgo único e indiscutido del general Stroessner, por diversos mecanismos.

Más concretamente, existen hitos en la concentración y control totalitario del poder por el general Stroessner, resultantes de los más importantes episodios de expurgación partidario, militar y policial. Es decir que la afirmación de su poder y liderazgo se dio gradualmente por etapas, generalmente correspondientes a las varias purgas, masivas e individuales en estas instituciones.

Entre otros mecanismos de sometimiento (la corrupción prebendaria, los privilegios, etc.) la estrategia que se reveló fundamental para el mantenimiento de la trilogía, fue la del doble proceso de coloradización de las FF.AA. y también de las Fuerzas Policiales (altamente dependientes de la corporación castrense) y en contrapartida, la militarización del Partido Colorado, de su estructura dirigencial y de base. Lo que a su vez posibilitó la implementación de mecanismos de dirección y control en el interior de las instituciones.

El resultado conocido fue la implantación del régimen stronista sobre el soporte de un ejército desviado de su institucionalidad y desprofesionalizado, purgado y corrompido por diversos mecanismos; cuyo rol fue esencialmente de control y represión de la sociedad política y civil y de copamiento y dirección de los organismos del Estado en beneficio del enriquecimiento de sus miembros. La militarización del Estado fue una realidad reflejada en el control castrense de los más importantes ministerios, empresas y entes autárquicos estatales.

Y sobre un partido de tendencia conservadora, purgado sistemáticamente de sus núcleos progresistas para convertirlo en una organización civil de estructura e ideología totalitaria, cuyas funciones fueron básicamente de disciplinamiento y adoctrinamiento de sus cuadros y de reclutamiento al servicio del poder autoritario militar, por un lado y asistenciales -por el manejo y control de un sistema prebendario, a través de sus organismos auxiliares y de base- con respecto a su gran masa clientelística, por el otro.

La estabilización y consolidación del general Stroessner en el poder se fue dando en proporción inversa al sometimiento y subordinación a su única voluntad del Ejército (la Policía) y el Partido Colorado. Por un lado, surgen los mecanismos de ese sometimiento que fueron prácticamente los mismos; y por otro lado, las características que asumen dichos actores y su función en el esquema de dominación, una vez depurados.

Ejército y partido fueron sometidos a una recomposición permanente en torno al liderazgo indiscutido de Stroessner, con el fin de adecuarlos a su respectiva posición y función en el sistema de dominación del régimen. Stroessner afirmó y consolidó su poder por etapas, antecedidas por depuraciones y reorganizaciones sistemáticas internas de los cuadros dirigenciales partidarios y castrenses. Todas las purgas efectuadas en ambas instituciones así como en la policía, se orientarían a debilitar, neutralizar o eliminar grupos, tendencias e individualidades desafectos y con suficiente fuerza en sus respectivos ámbitos para disputarle el poder.

Es posible reconocer ahora aquellos hitos que fueron marcando la evolución en la concentración y absolutización del poder por Stroessner, coincidentes con las más importantes depuraciones masivas efectuadas simultáneamente en ambas instituciones, en los años de afirmación del régimen (50-60). Es decir que invariablemente las purgas implicaban un fortalecimiento del stronismo.

Ahora queremos precisar más particularmente, los principales rasgos de la domesticación de las instituciones armadas, por un lado y del partido, por otro lado.

 

a. La relojería: resortes, mecanismos y procesos del poder

En lo que respecta a las FF.AA. y Policiales, fueron sometidas por diversos mecanismos a lo largo de un proceso sistemático de depuración y reorganización de sus cuadros. Junto a la estrategia de su sectarización colorada, queremos concretar algunos de los modos por los cuales estas fuerzas fueron neutralizadas, domesticadas y controladas por Stroessner; sobre todo de qué manera se aseguró su fidelidad y la lealtad personal de los altos mandos castrenses y policiales. Porque sin duda, mantener la lealtad de los jefes militares era vital para el funcionamiento del esquema de dominación y para la estabilidad del régimen y ello dependía de cuan satisfechos estuvieran los jefes de unidades y atendido fuera el ejército y obviamente, la policía.

En este orden, varios mecanismos fueron relevados como fundamentales: las FF.AA. y Policiales fueron convenientemente corrompidas, purgadas y desprofesionalizadas, por un lado y partidizadas por otro lado, para adecuarlas a su posición y rol en la estructura de poder.

Existieron mecanismos utilizados para someter, tanto a quienes aceptaban el poder autocrático como a quienes lo resistían. Para los primeros, la más importante táctica a nivel de la oficialidad superior fue la corrupción (una de las dimensiones del «precio de la paz» stronista). Corromper a todos los jefes y oficiales que fuera posible para asegurar fidelidades e incondicionalidades. Tolerada, fomentada y extendida la corrupción posibilitaría el enriquecimiento rápido de oficiales de alta jerarquía involucrados en todo tipo de actividades extraprofesionales –licitas e ilícitas-  en el sector privado como público, donde las más importantes empresas del Estado estaban bajo administración militar. Las vinculaciones de altos jefes castrenses del entorno del dictador con el narcotráfico internacional y con el contrabando de armas, pusieron en evidencia en los años ’70, la complicidad paraguaya al más alto nivel de sus FF.AA. en este tema.

La corruptela e indisciplina en las Fuerzas Policiales no fue menor. Hacia mediados de la década del ’60, el escándalo desatado por un hecho de extorsión y chantaje protagonizado por los más altos jefes del Departamento de la Policía de la Capital, obligó al régimen a desplazar a toda la camarilla policial represiva de la época, arrastrando en su caída al propio ministro del Interior, Edgar L. Ynsfrán.

Pero además, los privilegios y las prebendas de todo tipo (en la atención de la salud, en la educación, en la alimentación, en las oportunidades de trabajo para sus familiares y allegados, entre otros) de que gozaba la oficialidad en general, convirtió a los militares en una clase verdaderamente privilegiada, con un standard de vida muy superior al del resto de los sectores de la sociedad nacional.

Para los segundos, es decir, para eliminar a los no adictos, estuvieron las purgas colectivas e individuales, sistemáticas y periódicas en todos los niveles de la jerarquía militar y policial; lo que significaba el relegamiento o radiación de la carrera y la persecución indefinida mediante la cárcel, el confinamiento o exilio, de quienes -jefes y oficiales- cuestionaban o peligraban el poder de Stroessner y su entorno más próximo. Concretando: las purgas alcanzaron habitualmente a: i. oficiales colorados con prestigio y que podían constituir eventuales rivales y ii. restos de la oficialidad ‘institucionalista’.

Se trataba de la implementación de una política de «vacío jerárquico», mencionada por Chartrain: Sectores e individualidades militares con algún prestigio fueron desplazados sistemáticamente; paralelamente fueron promocionados oficiales de menor rango para los más altos cargos, que por ello mismo comprometían su lealtad personal a Stroessner.

 

b.  El epicentro armado de la corrupción

Todo esto conducirá a una desprofesionalización acentuada de las Fuerzas Armadas, porque los cargos se ocupaban no por la jerarquía, la idoneidad y los méritos del oficial, sino por las seguridades de obsecuencia absoluta que brindara. Se alentaba, y promocionaba la carrera de cuadros exclusivamente leales al liderazgo del dictador.

Stroessner se mantuvo en permanente alerta contra cualquier eventual intento por socavar su poder; presuntas o reales conspiraciones de inspiración castrense y/o policial se abortaron sistemáticamente y eran el pretexto para seguir desatando purgas en el ejército y en la policía.

Las depuraciones más importantes por lo masivas en las instituciones armadas, se efectuarían durante la primera década de gobierno y constituirán un eslabón fundamental en la consolidación del poder stronista. Hacia la primera mitad de la década de los años '60, FF.AA. y Policía ya habían sido depurados varias veces de colorados fanáticos (epifanistas, mopocos, etc.) y elementos institucionalistas y en los organismos de seguridad del Estado sólo ascendían los oficiales encargados del aparato de represión civil y de los operativos antiguerrilleros.

Con una de las más importantes purgas realizadas en el ejército (sobre todo, por sus efectos intimidatorios), contra jefes y oficiales del cuadro permanente de servicio activo y en situación de retiro, que afectó además a dirigentes contestatarios del Partido Colorado, en diciembre de 1962, Stroessner terminó de someter a las FF.AA. El «caso Ortigoza» fue en realidad como lo planeó el régimen, un ejemplar escarmiento para los oficiales que intentaran rebelarse en el futuro.

Otras depuraciones y expresiones de descontento de menor envergadura aún se conocerían esporádicamente, pero no tendrían ninguna trascendencia en un ejército rígidamente identificado con las directivas de su Comandante en Jefe.

Pero como adelantamos, la estrategia básica con que Stroessner sometió al ejército y al partido, fue la del doble proceso de coloradización y militarización respectivamente, porque le permitió efectuar un control cruzado en una y otra institución, a través del mismo equipo de hombres -civiles y militares- de su entorno de poder.

Stroessner se limitará a institucionalizar y sistematizar la partidización de las Fuerzas Armadas y Policiales, iniciada como vimos en el período de gobierno colorado, al disponer por un lado, que los militares en servicio activo se sometieran a un censo partidario en 1955 y por otro lado, al mantener la exigencia de la afiliación colorada para el ingreso a la carrera militar y policial.

Podemos ahora concretar las características sobresalientes de este ejército sometido por su comandante en Jefe.

Sustento coactivo y principal beneficiario de una dictadura personalista, el ejército se desinstitucionaliza al quedar sometido a la voluntad omnímoda de un hombre, aunque éste sea su comandante en Jefe; la lealtad del oficial no es hacia el partido (como en el período anterior) ni hacia la propia institución castrense, sino para con la persona de Stroessner. El ejército también se desprofesionaliza, cuando solamente acceden a la carrera militar los afiliados a un partido político, se expulsa a oficiales de carrera y se llenan sus cuadros con oficiales de la reserva y se promocionan ascensos por obsecuencia al dictador sin considerar méritos y jerarquía.

Otra característica notoria es la ideologización y desvío de su rol constitucional tradicional, por las funciones en la represión interna de la sociedad y en tareas de acción social, según lo señalaba la Doctrina de la Seguridad Nacional. En este orden, no debemos perder de vista que su función en el sistema de dominación estuvo determinada por un lado, por la tendencia reaccionaria y anticomunista del grupo de generales del entorno de poder; y por otro lado, por la reformulación de su rol tradicional según los lineamientos de la DSN.

En este contexto, integrado a la trilogía mesiánica Gobierno-Partido-FF.AA„ su misión fue prioritariamente el mantenimiento de la «seguridad interna» del estado y resguardar al país de la agresión del «comunismo internacional» y sus «agentes infiltrados en el cuerpo social de la nación».

 

c.  El partido como cortina política

Ahora bien, el proceso de sometimiento, subordinación y militarización del Partido Colorado, se inició solapadamente con el mismo golpe que derrocó a Cháves y lo desplazó del poder. Estaba en juego un proyecto dictatorial de poder y su imposición se haría sobre el aniquilamiento institucional del coloradismo.

Punto clave en este proceso fue el «pacto» o acuerdo por el cual el partido enajenó su autonomía. A partir de ello, la tendencia fue a favor de la transformación y adecuación de su estructura orgánica y de su doctrina republicana a las necesidades e intereses del régimen autoritario, según la función de socio menor que se le asignó en el esquema de dominación. El coloradismo fue sometido a una gradual apropiación de sus estructuras y subordinación al poder militar. En la expresión de un connotado dirigente, sufrió un proceso de «expropiación partidaria».

En este punto debemos hacer notar que todas las purgas que Stroessner efectuará en el partido tendrán la legitimidad aparente, que bajo las condiciones de pérdida de autonomía y en situación de subordinación le dará el propio coloradismo. Este será cómplice en el proceso de su sometimiento al estamento militar; de apropiación de sus estructuras y de vaciamiento y sustitución de su doctrina republicana poruña ideología militar y autoritaria.

Antes de continuar, debemos precisar que existieron precondiciones favorables, es decir se dio la recurrencia de dos factores históricos que objetivamente favorecieron la stronización del Partido Colorado, su domesticación y acople al proyecto autoritario de poder del general Stroessner.

Fueron por un lado, el hecho de un partido profundamente comprometido con, e infiltrado por el ejército en el momento del golpe, al que se había afiliado en masa para favorecer su permanencia en el poder desde 1947. Por otro lado, la crónica división faccional de las élites partidarias, por la preeminencia en el control de la Junta de Gobierno y del gobierno nacional, que mantuvo al coloradismo en un estado de anarquía y debilidad institucional permanente y favoreció la claudicación de su dirigencia ante la presión castrense.

Habíamos señalado que la estabilización y consolidación de Stroessner en el poder, fue dándose en forma inversamente proporcional a la domesticación de los actores del sistema de dominación. En el caso del Partido Colorado, la concentración del poder y la cristalización del autoritarismo en el militar fue consecuente a la expurgación, expropiación, debilitamiento y atomización institucional del partido, cuya función fue cada vez más de mera legitimación de un poder personalizado/autoritario, absoluto. Ese proceso tuvo varios capítulos gravitantes.

Entre los relevados por nuestro análisis, por haber jalonado de manera determinante el desquiciamiento institucional del partido, sobresalen la «unidad partidaria», llevada a cabo en octubre de 1955; el defenestramiento de Epifanio Méndez Fleitas pocos meses después; y el autogolpe de mayo de 1959, por el que Stroessner disolvió el Parlamento y purgó la Junta de Gobierno. Existe otro hito, que sin ser menos trascendente por su significado sin embargo, sólo afectó al poderoso ministro del Interior de la época: se trata de la caída de Edgar L. Ynsfrán en 1966, quien fue el último político colorado capaz de disputarle el poder al dictador. Volveremos sobre estos puntos.

El resultado de este proceso de vaciamiento doctrinal, de expurgamiento de su dirigencia en varias épocas y de recomposición de su Junta de Gobierno en base a la lealtad incondicional a Stroessner, fue a grandes rasgos: i. el sometimiento absoluto a su voluntad omnímoda, ii. la rígida organización y disciplina partidaria según pautas militares, iii. la ausencia de democracia interna, y iv. la situación de apéndice legitimador del régimen.

En estas condiciones el rol del Partido Colorado en la estructura de dominación del régimen, fue el de ofrecer una base social popular, legitimadora, por un lado; y asumir por otro lado, la corresponsabilidad política por la actuación del gobierno, aun cuando su poder de decisión en las cuestiones de estado fue cada vez más en los hechos, nulo.

¿Pero cuáles fueron los mecanismos del sometimiento colorado?.

En primer lugar, Stroessner ahondó la división existente entre sectores de la dirigencia y consolidó inclusive las diferencias facciosas, enfrentando a sus líderes unos con otros y dejándolos a merced de su arbitrio personal.

De esta manera, todas las facciones que en un momento estimaron palor utilizar al militar para liquidarse recíprocamente, en realidad fueron instrumentadas por éste que se apoyó en unos y otros alternativamente para barrer con las pretensiones de todos, supeditarlos a su liderazgo indiscutido y concentrar el poder partidario y nacional en sus manos.

En segundo lugar, llevó a cabo las más importantes depuraciones internas en sus años iniciales de afianzamiento y en función de la consolidación de su poder en 1955 y en 1959, respectivamente.

En tercer lugar, un factor fundamental que favoreció todas las purgas, fue la ausencia completa de alguna solidaridad entre los colorados, lo que facilitó su sometimiento por el militar en complicidad con la propia Junta de Gobierno. Esta fue la tendencia todo el tiempo, pero puesta en evidencia principalmente en los años iniciales. Cuando se llevaron a cabo las depuraciones masivas más importantes con sus secuelas de persecuciones y destierros colectivos, no había vestigio de solidaridad entre los colorados y Stroessner pudo proceder contra los grupos expulsados con toda tranquilidad y en acuerdo con quienes quedaban en la Junta. Los grupos defenestrados y enviados a exilio, lo fueron ante la indiferencia y/o connivencia de quienes seguían en la directiva partidaria.

El proceso de depuración colorada duró prácticamente lo que el régimen y condujo a la recomposición permanente de una dirigencia sumisa y obsecuente a la voluntad del dictador, que fue perdiendo cada vez más toda autoridad y capacidad de decisión política. Pero Stroessner no solamente instrumentó a los miembros de la rancia oligarquía partidaria, viejos dirigentes del coloradismo. En el proceso de copamiento y domesticación total, en la medida en que se iba desprendiendo de quienes cuestionaban su poder o le rivalizaban, iba colocando paralelamente a sus hombres leales tanto en la estructura partidaria como gubernamental. Política que daría sus frutos a comienzos ya de los años' 80, con la aparición del movimiento «Militante, Combatiente y Stronista» liderado por Mario A. Benítez, su secretario privado. Los militantes desplazaron de la Junta de Gobierno a los viejos dirigentes de la oligarquía en 1987. Este grupo debió asegurar la continuidad del apoyo colorado al régimen y su pervivencia a partir de la desaparición física del dictador. Cayó con él en febrero de 1989.

La partidización del ejército fue una cara de un mismo proceso -según nuestro análisis- que del reverso implicó la militarización del Partido Colorado. Habíamos dicho también que esta fue la más importante estrategia del doble sometimiento de los actores institucionales por Stroessner.

La militarización del partido, encubierta durante el período de su hegemonía gubernamental cuando el ejército actuaba como milicia a su servicio, se empezó a implementar realmente cuando el golpe stronista lo desplazó del poder e impuso condiciones a la dirigencia para continuar en los cargos públicos.

En esta política marcaría un hito de trascendencia la convención colorada del 4 de marzo de 1956 que por un lado, legitimaría la partidización institucional de las FF.AA. y por otro lado, formalizaría la militarización de la estructura partidaria, al aprobar por aclamación la «lista del reencuentro» de miembros para la Junta de Gobierno, en la que estaban ya incluidos varios generales y el propio Stroessner. Dos años después en otra convención, éste sería electo «Presidente Honorario» del partido, cargo que ya no abandonaría.

Cautivo de los militares, el partido ya no pudo evitar su reestructuración, adecuación y su funcionamiento según rígidas pautas de la institución castrense: verticalidad, autoritarismo, ausencia de deliberación y de democracia interna.

En síntesis, el Partido Colorado será sometido a un proceso de militarización interna que afectará a su estructura dirigencial y de base. La Junta de Gobierno será infiltrada por el grupo de generales encabezados por Stroessner, que de esta forma ejercerá un control directo sobre la organización política.

Pero veamos los rasgos principales de aquellos capítulos que jalonaron el desquiciamiento colorado, comenzando por la conocida «unidad partidaria».

Stroessner promovió (o aceptó) la aparente unidad de las facciones coloradas, al año siguiente de haber capturado el poder. Este reencuentro, como también se lo conoce, aglutinó ficticiamente a las corrientes internas profundamente enfrentadas y en el fondo, mantuvo los enconos facciosos y las rivalidades y ambiciones personales de sus principales líderes.

La falacia de la «unidad granítica» colorada le permitió al militar instrumentar a todos los grupos para afianzar su poder y liderazgo indiscutido en el partido, en base a las purgas sistemáticas de quienes se levantaban contra el estado de cosas interno y nacional.

Según la historia oficial stronista, el 27 de octubre de 1955 se consolidaba la «unidad partidaria» de la ANR, falacia que posibilitaría una solapada depuración interna encubierta por la complicidad de la misma dirigencia colorada.

Para entender la motivación que llevó a esta dirigencia a protagonizar una reunificación más formal y aparente que real, hay que tener en cuenta la delicada coyuntura política interna como externa que afrontaba el gobierno de Stroessner. La necesidad de presentar una base política unificada y sólida de respaldo a la administración stronista, aparecía imprescindible por varios factores de orden local y exterior.

En primer lugar, la unificación aparentemente era la condición básica para una apertura política que condujera a la democratización del gobierno y del país, en circunstancias en que la actividad de la oposición -clandestina y semi clandestina- cobraba auge alentada por las críticas hacia el régimen desde el exterior.

En segundo lugar, la caída del general Juan Domingo Perón del gobierno argentino y el rápido deterioro de las relaciones con la Junta Militar que asumió el poder, por el asilo que le concedió el régimen de Stroessner, incidieron igualmente en el aceleramiento de la unidad colorada, con idéntico ánimo de afirmar el apoyo partidario al gobierno. Este era sometido a una crítica sistemática en la prensa rioplatense y estaba preocupado por el apoyo que pudiera brindar el gobierno argentino a los exiliados paraguayos en aquel país, especialmente a los liberales.

Los acontecimientos argentinos incidieron además en otro sentido en la unificación colorada: la necesidad de atraer a dirigentes alejados de la conducción del partido y del gobierno, no comprometidos con el peronismo como ocurría con los «epifanistas», que entonces todavía ocupaban sólidas posiciones en la estructura partidaria y gubernamental.

Por otra parte, la reconciliación colorada aparte de apuntar directamente a la estabilización del régimen, pudo además, ser entrevista como necesaria por los dirigentes partidarios, para reforzar al propio partido y evitar su desplazamiento total y sustitución por un gobierno enteramente militar.

El significado y proyección del reencuentro sería develado al poco tiempo. La unidad colorada terminó reforzando única y exclusivamente al incipiente régimen stronista a costa del Partido Colorado. Bajo el eufemismo de la «unidad granítica» se simularían en el futuro todas las purgas internas, con el resultado de una mejor manipulación por Stroessner de las facciones y el afianzamiento de su régimen personalista sobre la división y dispersión colorada.

Pero lo más grave es que el reencuentro no conducirá a ninguna apertura democrática. Por el contrario, el mito de la unidad colorada legitimará el autoritarismo stronista, camuflayando la persecución que se desataría en las siguientes décadas en el partido y en el país.

Concluyendo, habría que considerar que la famosa unidad colorada llevada a cabo ya en condiciones de sometimiento del partido al estamento militar, fue el primer paso en el proceso de copamiento de sus estructuras por el grupo castrense liderado por Stroessner, de cuyo seno serán expulsados en el futuro quienes no acepten su sometimiento incondicional al militar.

Por sus efectos, la unidad se ha revelado como la segunda claudicación de la dirigencia colorada después del «pacto» protagonizado con el poder militar. Que la unidad no fue tal, se reflejó a los dos meses cuando se agudizó la pugna entre las facciones -ahora aumentadas- por la redistribución del poder partidario y Stroessner comenzó la depuración interna con los llamados ‘epifanistas’. Fue la derrota política definitiva de Méndez, pero la primera de la serie que sufrirá el coloradismo en el futuro.

El mito de la unidad finalmente empezaría a desmoronarse tres décadas después, en 1984, con el enfrentamiento abierto por el poder partidario entre «tradicionalistas» y «militantes»; y se desplomaría definitivamente en 1987, con el desplazamiento de la conducción del partido de la vieja oligarquía y su sustitución por el grupo de neo-colorados formados al calor del entorno dictatorial.

La caída de Epifanio Méndez Fleitas fue otro capítulo gravitante en el desquiciamiento colorado. ¿Qué significó su eliminación de la escena política en el proceso de la domesticación del Partido Colorado?. La caída de Epifanio Méndez y sus apoyos civiles, militares y policiales, constituyó la primera purga importante llevada a cabo en el Partido Colorado y estuvo enmarcada en el contexto de la eliminación del sector populista, liderado por el rival potencial más importante de Stroessner en la época.

De modo que el defenestramiento del carismático presidente del Banco Central y su entorno, fue parte del proceso de estabilización y consolidación del militar en el poder. Porque Méndez representaba el peligro político más inmediato para su proyecto de perpetuación.

Dos fueron los hechos desfavorables que marcarían su declinación política en la segunda mitad del año 1955: por un lado, en el orden exterior, la caída del general Perón del gobierno argentino y por otro lado, a nivel local, el reencuentro colorado.

Expliquemos por qué. Al respecto de la influencia del derrocamiento de Perón, se recordará que Méndez ya bajo la administración de Federico Cháves había impulsado el acercamiento con el gobierno peronista y era uno de los firmes propulsores de una política económica orientada a beneficiar a los estratos más humildes de la población. Por este motivo ya había sido desplazado de su puesto de presidente del Banco Central pocos meses antes del golpe, por presiones de poderosos intereses económicos y de las más altas esferas castrenses, provenientes desde el propio comandante en Jefe de las FF.AA., Alfredo Stroessner.

Caído Perón, en la concesión de asilo político que le otorgó el régimen de Stroessner a él y otros funcionarios de su administración, tuvieron mucho que ver obviamente los partidarios del peronismo encabezados por Méndez. Las complicaciones diplomáticas y económicas generadas con el nuevo gobierno militar argentino fue el factor externo que contribuyó a debilitar su posición. Porque además, acrecentó la protesta interna de la oposición contra la política pro-peronista del régimen influenciada por Méndez.

El gobierno militar argentino no sólo presionó para obtener la expulsión de los refugiados peronistas, sino además, aparentemente, para lograr su eliminación y la de sus amigos del gobierno y del ejército.

Pero la gravitación del caso Perón en la caída de Méndez fue además indirecta. A la incertidumbre generada en torno a su futuro político por el asunto Perón, se sumó -como ya dijimos- un factor local: el movimiento de unificación colorada, acelerado justamente por los acontecimientos argentinos. La «unidad» colorada también contribuiría en última instancia al declinamiento político de Méndez, al favorecer la reincorporación al partido de numerosos disidentes -principalmente chavistas- que le eran hostiles y buscaban su caída para vengar la del propio Federico Cháves.

Testigos calificados de la época sostienen que incluso la eliminación de Méndez fue pactada por el defenestrado Cháves y Stroessner, con la condición del apoyo incondicional de los democrático-chavistas a su gobierno. El objetivo real de éstos últimos habría sido la eliminación de Méndez como la de Stroessner. Tenían confianza en que con la desaparición de Méndez de la escena partidaria y nacional, Stroessner perdería a su soporte político en la Junta de Gobierno y terminar con él era cuestión de tiempo.

La lucha por el poder entre Méndez y Stroessner se precipitó en diciembre del ’55, a raíz de las presuntas exigencias argentinas sobre el retiro de aquel y sus amigos del gobierno y la determinación de Stroessner de expulsarlo. Al no obtener su dimisión, éste planeó el golpe militar en la caballería que lo dejaría sin apoyo castrense. Tras una breve sublevación interna fue removido el comandante de la DC1 el mayor Virgilio Candia, su más importante aliado militar.

Al estallar la crisis castrense, los aparentes aliados de Méndez en la Junta de Gobierno, Edgar L. Ynsfrán y Tomás Romero Pereira lo abandonaron y se alinearon oportunistamente con Stroessner. La cúpula directiva partidaria en pleno lo apoyó emitiendo una declaración de «lealtad».

Entre el 22 y 23 de diciembre, el asunto Méndez quedó prácticamente finiquitado con la destitución del Comandante de la Caballería y la intervención de la Policía de la Capital y el Batallón ’40, todos bastiones ‘epifanistas’. Poco después Méndez presentaba su dimisión como presidente del Banco Central.

En febrero de 1956, con el arresto masivo de jefes y oficiales militares y policiales adictos a Méndez y el envío de éste a exilio bajo la apariencia de una «misión cultural», desaparecía de la escena partidaria y nacional toda una corriente interna colorada, que en los siguientes años sólo sería una cuestión atingente a los organismos de seguridad del régimen. Si la caída de Epifanio Méndez constituyó un hito destacable en la consolidación de Stroessner en el poder, la represión que siguió contra los ‘epifanistas’ -reales y supuestos- durante todo el régimen, fue también una faceta importante en el conjunto de la represión sistemática implementada contra la civilidad.

El defenestramiento de Méndez significó a nivel interno-partidario, el primer jalón en el rompimiento de la frágil unidad colorada, cuya consecuencia visible con el tiempo, fue la implantación del poder discrecional de Stroessner sobre el partido. Era la primera de las facciones coloradas eliminadas por el futuro dictador en connivencia con la propia Junta de Gobierno. Eliminado Méndez, Stroessner afirmó su poder al contrario de lo que los colorados de todas las tendencias esperaban. En la reestructuración de su gabinete ascendían los «guiones rojos» para contrarrestar el peso de los «democrático-chavistas» y mantener el equilibrio de fuerzas, sin que ninguna por sí sola pudiera representar un riesgo para su poder.

En mayo de 1959 sobrevendría la segunda y última gran purga colectiva en el Partido Colorado y sectores del Ejército, cuyo resultado fue el afianzamiento del control absoluto del poder por Stroessner. Fue el tercer hito importante en la domesticación colorada.

¿Por qué ocurrió mayo del ’59?. ¿Cuál fue su significado y proyección?

Mayo del 59 ocurrió por el crecimiento de la oposición interna o disidencia a Stroessner en el Partido Colorado, en proporción a la consolidación de su control de la Junta de Gobierno a través de sus incondicionales («oficialistas») y como reacción a la dirección (que ya aparecía irreversible) autoritaria de su gobierno.

Fue la expresión del descontento y preocupación de toda una corriente crítica, incubada y acrecentada en años anteriores y que incluía a «guiones rojos», «democráticos», como al Comité Central de la Juventud Colorada («verticales»). Reclamaba la «libertad interna» en el partido y la normalización democrática del país.

Algunas precondiciones remotas para el surgimiento de esta disidencia que se mantuvo latente hasta esta fecha, fueron por un lado, las expectativas generadas por la unidad colorada del año ’55, en torno a la normalización institucional de la república Expectativas que en el transcurso del tiempo fueron dando paso al escepticismo y luego a la frustración, a medida que el régimen se iba endureciendo.

Por otro lado, la repostulación por el Partido Colorado y la reelección de Stroessner a la presidencia de la república, en 1958, aunque fue apoyada formalmente por la dirigencia, en realidad ya no tenía el consenso de algunos de los próximos disidentes, que sin embargo estaban en desventaja con relación a la presencia creciente de los pro-stronistas en la Junta de Gobierno, quienes conformaban la claque de poder del dictador.

En el trascurso de este año se expresarían las primeras señales de inconformismo, justo cuando el poder de Stroessner aparecía afianzado en la alianza sin fisuras importantes entre las cúpulas militar y colorada; el descontento aumentaba en tanto, fuera y dentro de la Junta de Gobierno, en la Cámara de Representantes y en el Comité Central de la Juventud Colorada.

Varias de las reformas políticas (apertura hacia la oposición, convocatoria de la Asamblea Constituyente para la reforma de la Carta Política del ’40), prometidas por Stroessner tras su reelección no se cumplirán, ni ninguna otra medida concreta de democratización. Por el contrario, será el año de la gran represión sindical al movimiento obrero controlado por los colorados.

A comienzos de 1959, varios factores concurrirían a agravar el descontento colorado. A poco del triunfo de la Revolución Cubana, el régimen de Stroessner estaba considerado como una de las pocas dictaduras restantes en el continente y era sistemáticamente criticado por la prensa extranjera, principalmente rioplatense.

Además se filtraban informes sobre la organización de movimientos revolucionarios armados de exiliados paraguayos en los países vecinos.

El malestar colorado asumirá desde febrero manifestaciones concretas de presión, para inducir al gobierno a liberalizarse. Primero, al cuestionar y pedir la destitución del todopoderoso jefe de la Policía de la Capital, coronel Ramón Duarte Vera, acusado de crueldad con los presos políticos. El voto de confianza al funcionario por parte de la Junta de Gobierno en consulta con Stroessner, lo fortaleció en el cargo y preludió la próxima derrota de los cuestionadores. Segundo, al exigir en la llamada «Nota de los 17» del 12 de marzo de aquel año, la «normalización institucional del país» y la adopción de medidas tendientes a este objetivo, como el levantamiento del estado de sitio, la promulgación de una ley de amnistía y la vigencia de las libertades de piensa, de reunión, de asociación, etc. Pasando a la ofensiva frontal contra el régimen y contando con una supuesta disconformidad castrense, los colorados críticos consideraban oportuna la coyuntura, a estar por los planteamientos de la nota presentada a la Junta de Gobierno.

En todo caso, el balance entre las fuerzas que en el partido y en el ejército abogaban por una apertura del régimen y las que se oponían a ella, aparecía por entonces incierto. Por las dudas, Stroessner decidió conceder algunas libertades políticas y lo anunció ante la Cámara de Representantes, al inaugurar el período de sesiones ordinarias, el 1 de abril.

En su mensaje, aceptó el plan de normalización sugerido y señaló que por «etapas sucesivas» se adoptarían las medidas pertinentes a este fin. Las aparentes concesiones hechas estuvieron dirigidas a amortiguar las presiones, como parte de una estrategia golpista que sin dudas estaba en marcha y se consumaría poco después.

La cesación del estado de sitio por decreto, el 28 de abril, duró un mes, breves semanas en que los sectores de la oposición pondrían a prueba la sinceridad de propósitos del gobierno, con el anuncio de que ejercerían todos sus derechos políticos y la realización de actos públicos. La excusa pudo haber sido cualquiera para desatar la crisis. El detonante fueron las masivas protestas estudiantiles contra el aumento de tarifas del transporte público, reprimida violentamente por fuerzas combinadas del ejército y de la policía. Stroessner aprovechó para liquidar definitivamente a sus enemigos dentro del Partido Colorado y de la Cámara de Representantes y sus apoyos militares; y para cancelar abruptamente una apertura a la que había sido obligado a embarcarse.

La declaración de repudio a la violencia policial emitida -por mayoría- por la Cámara de Representantes, en la noche del 29 de mayo y su resolución de pedir el enjuiciamiento de Ramón Duarte Vera, fue la oportunidad que Stroessner y su entorno tenían para deshacerse de los colorados críticos. Dispuso el apresamiento masivo de los legisladores rebeldes y decretó la disolución del Congreso, el 30 de mayo, según le facultaba la Carta Política del ’40.

Encarando la actitud parlamentaria como un conflicto entre los Poderes Legislativo y Judicial, Stroessner eliminó un Congreso que con todas sus limitaciones ya le resultaba incontrolable y de paso, llevó a cabo la depuración más importante dentro del proceso de domesticación colorada, con el descabezamiento de su dirigencia más combativa y el aniquilamiento de la disidencia en el interior del partido.

La crisis de mayo terminó en: i. la cancelación hasta 1963 de cualquier seudo apertura democrática, ii. el afianzamiento en el poder de Stroessner con sus leales en la Junta de Gobierno y el total apoyo de las Fuerzas Armadas, y iii. la claudicación definitiva de la dirigencia colorada que quedaba en la Junta de Gobierno.

El balance del primer quinquenio de gobierno stronista era ampliamente favorable a la consolidación de la dictadura: en el frente interno, con sus apoyos castrense y partidario varias veces depurados; con una oposición proscripta, debilitada y dividida; y con las organizaciones obreras y estudiantiles descabezadas y controladas. En el frente externo, el rechazo exitoso de las primeras incursiones armadas desde el exterior (Coronel Bogado y Puerto Bouvier), y el haber soportado las presiones argentinas, las campañas de la prensa extranjera y las caídas de varios dictadores en el continente, sin que los Estados Unidos, su principal apoyo financiero y político, hubiera disminuido su asistencia. Con su base de poder asegura, Stroessner se aprestaba a liquidar a los movimientos guerrilleros en ciernes.

 

6.3    La consolidación

Finalmente, el proceso de consolidación del régimen político se extenderá desde mediados de los años ’60 -liquidada la resistencia armada- hasta mediados de los años ’70, período en que el stronismo obtiene su máxima legitimación a nivel político y económico, local e internacionalmente, con la participación de los partidos de oposición (Liberal y Revolucionario Febrerista) en las elecciones patrocinadas por el régimen y con el rápido crecimiento de la economía impulsado por la construcción de la represa de Itaipú.

La consolidación estuvo fundada básicamente en una política represiva sistemática, indiscriminada y masiva que neutralizó la contestación al gobierno por la cárcel, la muerte y el exilio o confinamiento y cuyo resultado fue el control y la desmovilización de la sociedad política y civil desde los primeros años.

Así fueron sometidos los sectores políticos (partidos), sociales (movimiento obrero, organizaciones campesinas, estudiantiles, eclesiales de base) y la resistencia armada. El rol trascendental que tuvo la represión en la consolidación del régimen se explica por el formidable aparato represivo montado y su eficacia en el desmantelamiento y sometimiento de la sociedad por el terror.

En ello tuvo mucha influencia el contexto regional, donde la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina impuso su doctrina y su estrategia militar de seguridad hemisférica a través de los ejércitos locales. Los postulados de la llamada «Doctrina de la Seguridad Nacional» serán el principal respaldo doctrinario de la represión stronista, al igual que en los demás países gobernados por regímenes militares de facto.



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UNION DE PERIODISTAS DEL PARAGUAY (UPEP) (1976). «Informe presentado a la primera sesión de la Comisión Investigadora de las Violaciones de los Derechos Humanos», Basilea, Suiza. 1-5 setiembre.

VENERONI, Horacio L. (1971). Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de América Latina. Buenos Aires. Ediciones Periferia.

VILLAGRA MARSAL, Carlos (1989) (HOY, 9.04.89).

VILLAMAYOR, Jesús M. (Mayor DEM) (1957). La claque de Stroessner. Montevideo. MIMEO.

VIOLA, Alfredo (1977). «El Dr. Francia y la organización de la defensa nacional». Cuadernos Republicanos No. 13.

VITTONE, Luis (Coronel) (1975). Dos siglos de Política Nacional (XIX-XX). Aspectos y episodios sobresalientes. Asunción. Dirección de Publicaciones de las FF.AA.

WESSON, Robert G. (1979). Política exterior para una nueva era. Buenos Aires, Editorial Troquel.



Entrevistas*

ALVAREZ, Marcos (1987). Entrevista realizada por la autora. Asunción agosto 9.

BENITEZ FLORENTIN, Juan M. (1988). Entrevista realizada por la Autora, Asunción diciembre 1.

BOGADO ROMERO, Andrés (1987). Entrevista realizada por la autora, Asunción julio 29.

BORDENAVE, Enrique (1988). Entrevista realizada por la autora, Asunción abril 20.

CAREAGA, Raimundo(1988).Entrevistas realizadas por autora, Asunción mayo 31 y junio 9.

DA SILVA, Persio (1988). Entrevista realizada por la autora, Asunción, junio 7

DE VARGAS, Francisco José (1988). Entrevista realizada por la autora, Asunción noviembre 16.

FLORENTIN PEÑA, Ángel (1988). Respuesta a un cuestionario por escrito, Fernando de la Mora, julio 11.

FLORENTIN PEÑA, Heriberto (1987). Entrevista realizada por la Autora, Asunción junio 30.

FRANCO BECKER, Percio (1988). Entrevista realizada por la autora, Asunción, setiembre 24.

GIL OPORTO, Sandino (1987). Entrevista realizada por la autora, Asunción, julio 30.

GRANADA, Juan G. (1988). Entrevista realizada por la autora, Asunción, octubre 22.

JIMENEZ DELGADO, Enrique (1988). Entrevista realizada por la autora, Asunción, octubre 19.

JIMENEZ MEZA, Edgar(1988). Entrevista realizada por la autora, Asunción, octubre 20.

LAINO, Domingo (1988). Entrevista realizada por la autora, Asunción, noviembre 16.

LEVI RUFINELLI, Fernando (1988). Entrevista realizada por la autora, Asunción, abril 25.

LOVERA, Waldino R. (1987). Respuesta a un cuestionario por escrito, Asunción, octubre.

MALLORQUIN, Mario (1988). Entrevista realizada por la autora, Asunción, junio 17.

ORTIGOZA, Napoleón (1987 y 1988). Entrevistas realizadas por la autora, San Estanislao, diciembre 27 y enero 9.

PEREZ CACERES, Humberto (1988). Entrevista realizada por la autora, Lambaré, agosto 13.

PESOA, Manuel (1988). Entrevista realizada por la autora, Asunción, mayo 30 y julio 8.

RIART, Gustavo (1988). Respuesta a un cuestionario por escrito, Asunción, mayo 24.

RIVEROS, Waldino (1988). Entrevista realizada por la autora, Asunción, julio 14.

ROMERO PEREIRA, Carlos (1988). Entrevista realizada por la autora, Asunción, junio 3.

SAGUIER, Miguel A. (1988). Entrevista realizada por la autora, Asunción, noviembre 22.

SALUM FLECHA, Antonio (1988). Respuesta a un cuestionario por escrito, Asunción, mayo 26.

SAN MARTIN, Eduardo (1987 y 1988). Entrevistas realizadas por la autora. Asunción, octubre 24-29 y marzo 17.

SEIFART, Ángel R. (1988). Entrevistas realizadas por la Autora, Asunción setiembre 23 y noviembre 8.

SPERATTI, Juan (1988). Entrevista realizada por la autora, San Lorenzo, agosto 5

STUMPFS, Alejandro (1987). Entrevistas realizadas por la autora. Asunción julio 1 y 2.

VARESINI, Alberto (1988). Entrevista realizada por la autora, Asunción, enero 16

YNSFRAN, Edgar L. (1988). Entrevista realizada por la autora. Asunción, noviembre 28.

YORE, Assad (1988). Entrevista realizada por la autora, Asunción, noviembre 30.


NOTA

* Hacemos constar que todos los aportes testimoniales recogidos en estas entrevistas contribuyeron a nuestro conocimiento y comprensión de los procesos analizados en los distintos capítulos, aun cuando los entrevistados aparezcan expresamente mencionados en las notas.

 

 

 

 

POSTALES DE NUESTRO PARAGUAY ETERNO


Enlace interno recomendado al espacio de

"MUSEO VIRTUAL DE LA MEMORIA Y VERDAD SOBRE EL STRONISMO" en PORTALGUARANI.COM


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Visita de Charles de Gaulle a Paraguay, Alfredo Stroessner a su derecha.

Imagen, gentileza de Jorge Rubiani





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