LA CONDENA A ABC COLOR

Por ALCIBÍADES GONZÁLEZ DELVALLE

alcibiades@abc.com.py

Leemos en ABC Color del pasado martes 16: “Por una crítica al dictamen que blanqueó al expresidente Luis González Macchi en el caso del desvío de 16 millones de dólares, la Corte ratificó las condenas a nuestro diario. Ordena pagar indemnización a un camarista”. Se trata de Carmelo Castiglioni “que se sintió lesionado en su honor”.

Es función de la prensa contar lo que sucede y opinar con responsabilidad. Todas las constituciones democráticas le protegen para el buen desempeño de su labor. Esta protección termina donde comienza el mal uso de la libertad, debidamente demostrado. La prensa no está por encima de la Constitución, las leyes, la ética.

Ignoro los detalles del caso que llevó a la condena de ABC Color. Recuerdo, eso sí, la polvareda que levantó el desvío de 16 millones de dólares de los bancos Unión y Oriental. En este hecho se había involucrado a González Macchi. Cuando intervino la justicia, ABC Color publicó estos títulos: “Camarista rompe récord de rapidez y eficiencia para absolver a Lucho”; “Sugestiva celeridad para absolver a Lucho” y “Camarista analizó 87 tomos de expediente en dos meses”.

El problema es que el Poder Judicial tiene tanto desprestigio que, si escuchásemos a un ministro de la Corte, un juez, un fiscal, decir que hoy es domingo 27 de octubre de 2019, lo pondríamos instintivamente en duda. ¿Alguien creería, aunque por ahí fuese verdad, que un camarista estudió en dos meses ¡87 tomos de expedientes!?

En su condena a ABC Color, la ministra Miryam Peña dijo “que el artículo 28 de la Constitución señala que la ciudadanía tiene que recibir una información veraz”. En la primera semana de noviembre de 1997 el Gobierno venezolano propuso incluir “el derecho a una información veraz” en la declaración final de la Cumbre Iberoamericana de Isla Margarita, Venezuela. La iniciativa fue rechazada por la mayor parte de los editores de prensa latinoamericanos. La interpretaron como un intento de condicionar desde el poder el ejercicio de la libertad de información. Hubo la sospecha de que se trataba de otorgar poderes a los gobiernos para determinar qué informaciones atentaban contra la verdad.

Entre los periódicos que se opusieron a la iniciativa venezolana estuvo el diario español “El País”, que argumentó: “La información siempre es parcial –en el sentido de una parte de un todo– y no hay que confundir las partes de verdad que aportan los medios con las verdades a medias que engañan y confunden a la opinión pública. En cualquier caso, los gobiernos no parecen ser los mejores jueces de esa polémica, ya que a ellos les corresponde garantizar la libertad de prensa y no establecer los límites de la verdad”.

El artículo 20 de la Constitución española reconoce y protege el derecho a “comunicar y recibir información veraz por cualquier medio de difusión”. Para “El País”, “el concepto de información veraz no se vincula a ninguna definición apriorística de la verdad que deba servir de guía y de referencia normativa a los periodistas, sino que se conecta con el esfuerzo honesto y diligente que dichos profesionales deben hacer para adecuar lo más posible lo que dicen en su información con lo que realmente ha sucedido. En una democracia nadie está legitimado –ni sus leyes básicas ni sus gobiernos y demás poderes públicos– para establecer previamente lo que es o no es verdad en el terreno de la información (…) De esta forma es como el Tribunal Constitucional describe, más que define, la información veraz en su jurisprudencia sobre el artículo 20 de la Constitución”.

Cabe también que nuestra Corte Suprema así lo entienda. Si no, la prensa corre el riesgo de inundarse de demandas que buscan millonarias indemnizaciones. Si anuncia lluvia y no llueve, sería para nuestros magistrados un delito.

Fuente: ABC Color (Online)

www.abc.com.py

Sección: OPINIÓN

Domingo, 27 de Octubre de 2019

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