CRIMEN ORGANIZADO EN PARAGUAY

TERCERA PARTE

LA MAFIA PARAGUAYA

LA TRANSICIÓN PARAGUAYA

SEGUNDA PARTE

Por ANÍBAL MIRANDA

NUEVE

SEGUNDA GUERRA DE MAFIAS

El Partido Colorado subió al poder cuando el general Higinio Morínigo y sus camaradas militares perdieron las riendas de las turbas pynandí que habían armado para la guerra civil de 1947. De ahí en adelante fueron los caudillos Colorados quienes tuvieron preeminencia en la conformación de los sucesivos gobiernos en alianza con los distintos mandos castrenses. Alianza que no se rompió con el golpe de 1954, el cual otorgó un mayor peso específico al estamento militar sobre la Junta de Gobierno. Casi cuatro décadas de maridaje Fuerzas Armadas-Partido Colorado con hegemonía de Stroessner y Rodríguez tuvieron profundo impacto en la manera de hacer política, en la convivencia social y en las oportunidades de ascenso económico. Ellas se condujeron de acuerdo a las reglas de dictadura y democracia, en lenguaje político. A un análisis más informado, desde el punto de vista estructural ellas fueron variantes criminales y como tales no factibles de transformar por el simple recurso al voto. Ganar en comicios a una organización criminal establecida, agarrada con uñas y dientes a las fuentes de generación del ingreso y con monopolio de la fuerza supuso una utopía o una aberración del razonamiento.

Hacer trato con el crimen organizado equivale a lo que Wolgang von Goethe describiera con lujo de detalles en Fausto.

El 7 de abril 1965 la Junta de Gobierno emitió una resolución, por unanimidad y con aplausos, que en su parte sustancial decía:

"Que el Excelentísimo Señor Presidente de la República General de Ejército don Alfredo Stroessner, ha dado pruebas de un patriotismo ejemplar y de singulares dotes en la conducción de los destinos nacionales y ha prestado extraordinarios servicios a la Nación, haciendo que los beneficios de la paz, de la justicia social y del desarrollo económico, caractericen más de diez años de buen gobierno, circunstancia que lo hacen acreedor a la alta dignidad con que quiere honrarle la voluntad popular.

Por tanto, la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado) resuelve:

Recomendar a los miembros de la Honorable Cámara de Representantes afiliados a la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado) que promuevan la sanción de una ley que otorgue la dignidad de Mariscal de la República al Excelentísimo Señor General de Ejército don Alfredo Stroessner.

Juan R. Chaves, presidente. Saúl González, secretario. Rosa Agustín González, secretario. Enrique Volta Gaona, secretario" 1/.

Varios firmantes de aquella resolución histórica fueron miembros del Congreso y ministros después del 3 de febrero 1989. De los sobrevivientes actuales unos pocos hacen política y el resto son prósperos jubilados.

En la conducción del Partido Colorado y del Gobierno tomaron la posta sus hijos, demás parientes y asociados. La dinastía no se reprodujo en el estricto orden de filiación sino entre miembros de las familias. El más reciente ha sido Luis González Macchi.

El 3 de noviembre 1972 un grupo de Colorados reunidos en la ciudad de Pilar consideró y aprobó el documento escrito por Luis María Argaña, en similar sentido que el pronunciamiento previo de la Junta. Entre otros afirmaba:

"En clara coincidencia de principios y sentimientos nacionalistas de los presentes, se vierten conceptos laudatorios sobre el artífice del gran momento que vive el país, el egregio conductor de los destinos patrios desde el 15 de agosto de 1954, el General de Ejército don Alfredo Stroessner, quien con su ejemplo del patriotismo sin límites, capacidad creadora y voluntad indoblegable, ha abierto una marcha que ya no será detenida jamás porque impone la trilogía imbatible del Gobierno, Fuerzas Armadas y Partido Colorado en la realización de los caros anhelos de un pueblo digno de este esplendor de paz, trabajo, bienestar y progreso acelerado... Siendo preciso seguir la marcha que el Coloradismo con Stroessner lleva a cabo con los resultados extraordinarios que han dado prestigio al país y un lugar relevante para los fastos nacionales, para honra y gloria de la nacionalidad.

Resuelven: Gestionar por los canales dispuestos por la Alta Autoridad partidaria, la Honorable Junta de Gobierno del Partido Colorado, con el patrocinio de esta Seccional Colorada, la designación del ciudadano correligionario General de Ejército don Alfredo Stroessner en carácter de candidato vitalicio del Partido Colorado a la Presidencia de la República" 2/.

Si bien la resolución sobre el mariscalato nunca fue considerada en la Cámara de Representantes por disposición de Stroessner, la propuesta de vitaliciado se tomo con más seriedad.  En agosto 1967 tuvo sanción la Constitución Nacional que la Junta de Gobierno aprovecho para postular de nuevo a Stroessner. De parte del Gobierno de Estados Unidos también hubo reconocimiento al trascendental paso hacia la `democratización': el 10 de agosto 1967 el embajador Benigno C. Hernández entregó 5 aviones C-47D para Transporte Aérea Militar (TAM). Los C-47D, versión militar de los Douglas DC 3 destinados al servicio interno de carga y pasajeros, fueron el paquete de reconocimiento del presidente Lyndon Johnson a su colega paraguayo por haber accedido a participar del esfuerzo anticomunista en Santo Domingo en 1965. Hernández había llegado a Asunción unos días antes del acto de entrega de los aviones y quedó acreditado en momento que con el Che Guevara a la cabeza una fuerza guerrillera se hallaba operando en el Oriente boliviano, no lejos de la frontera con Argentina. En La Habana se estaba desarrollando la primera conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) con participación de partidos comunistas y movimientos revolucionarios de los diferentes países de América Latina, incluyendo los paraguayos en el exilio. Su consigna común fue la toma del poder a través de la lucha armada para hacer frente a la "penetración, subversión, hegemonía política y económica del imperialismo norteamericano en América Latina" 3/. Johnson apostó por la continuidad de Stroessner en la Presidencia habida cuenta su excelente foja de servicio para neutralizar Comunistas, como ya lo había demostrado expeditivamente.

De modo que las autoridades de la Junta tenían razones sustanciales para reconocer el liderazgo del general y Washington para brindarle apoyo. Una constelación de fuerzas a nivel hemisférico determinaba los acontecimientos en Paraguay, principalmente la pugna Este-Oeste en la cual el hermano mayor y vecino Brasil bajo dictadura militar también se hallaba inmerso. Los Colorados sacaron buen rédito de ello enarbolando la bandera del anticomunismo. Sus motivos eran absolutamente pragmáticos. Motivos de los cuales nunca se apearon, reformulando cada tanto el discurso como se notó en 1989, aunque conservando la esencia de su acción dirigida a ejercer y lucrar con el poder.

Así planteada la cuestión, para los jefes Colorados no existió peor problema que la división en sus filas ni mayor castigo que la falta de un caudillo. Caudillo como símbolo de unidad tal cual se nota en los pronunciamientos arriba extractados. Aquellas frases constantes en sus discursos contenían un mensaje, el de unidad y sobre todo uniformidad. Por lo mismo y porque su partido creció militarizado no aprendieron ni practicaron la competencia política en el sentido de dirimir libremente en las urnas y respetar los resultados. Sus confrontaciones las resolvieron con fuerza y manipulación, llegado un límite a balazo limpio. Esto es algo que mucho se debe a la herencia de Stroessner y el que haya sobrepasado a la transición confirma la profundidad de sus raíces.

WASMOSY-OVIEDO

Las heridas de la primera guerra de mafias entre Colorados stronistas endurecidos no cicatrizaron a pesar de la continuidad del caudillismo bajo Rodríguez. No fue porque Stroessner hubiese intentado alguna revancha o conspirara para tumbarlo sino por el hecho de surgir un nuevo liderazgo. Luis María Argaña estaba construyendo su propia plataforma, paralela al aparato de los generales y en cierta medida contrapuesta a éste. Lo hizo bajo las narices de Rodríguez, puso en movimiento a sus hombres de confianza en la Junta, en las seccionales y en las dependencias donde se le reconocía jefatura. Merced a ello pudo, en acuerdo con referentes de la oposición, trabar definitivamente toda posibilidad de reelección a través de la Convención Nacional Constituyente. Aparte de un trascendental logro ciudadano, la Constitución en cuanto contrato antimonopolio político sirvió para poner a Argaña en camino de la sucesión presidencial.

De no haber sido por la reacción de Rodríguez y sus comandados, Argaña tuvo que haber sido el candidato Colorado para las elecciones de 1993. Los números no mentían. Los arreglaron con trampas alevosas antes y después de las internas. El jefe de las trampas fue Lino Oviedo, a última hora activo operador de campaña para Wasmosy. La orden partió de Rodríguez y toda la plana mayor trabajó para fabricar el resultado, no solamente unos pocos generales. Fue Ejército, Armada, Fuerza Aérea y también los ministerios en conjunto contra Argaña y aún así éste resultó victorioso en las urnas. Sin ningún recato ni mesura Rodríguez mandó parar el conteo y lo hizo proclamar ganador a Wasmosy 4/. Con este acto se inició la segunda guerra de mafias cuyo desarrollo se prolongó hasta 1999. La maquinaria aplastante construida por Stroessner funcionó perfectamente, de la mano de los generales, para fabricar a conveniencia un candidato. Y para poner un presidente. Wasmosy fue el presidente elegido por los generales de la Caballería y puesto en funciones para preservar la corporación Colorado-militar en clara oposición a la mayoría del electorado Colorado que: a) rechazó a Wasmosy, o b) prefirió a Argaña. Así se hizo democracia.

Bajo estas condiciones los directores de la oposición, PLRA y PEN, aceptaron recomponer con Wasmosy el escenario político deteriorado por tantos abusos y manoseos. Pactaran con él, cada cual por interés propio, con las consecuencias referidas en el capítulo anterior y que pueden sintetizarse en una línea. La corrupción comió a la oposición. Laíno y Caballero Vargas y respectivos segundos fueron masticados, digeridos y terminaron en la categoría de abono. Aferrados a los escaños parlamentarios cual integrantes de comparsa, los restantes se dedicaron a feroces peleas movímentistas. Si esperaban otra cosa al pactar con la mafia evidentemente estuvieron equivocados. Difícil precisar si se equivocaron por arrogancia, por codicia o por inercia de las limitaciones que a no pocos había conducido al papel de oposición rentada ya bajo el stronato.

Las cúpulas PLRA-PEN concretaron con el pacto de enero 1994 lo que las cúpulas PL-PLR-PRF en agosto 1967. Le oxigenaron a las mafias y le alimentaron al Partido Colorado a cambio de migajas, no habiendo siquiera Guerra Fría que los justificara como en el pasado. El experimento resultó francamente siniestro.

A partir de la segunda mitad de 1995 la economía comenzó a resbalar hacia atrás, el desempleo hacia arriba y el saqueo de las arcas públicas por distintas vías desbordó. Lo único que se mantuvo estable fue la inflación, Pero no fueron los agregados macroeconómicos los más afectados sino la justicia. Se creyó que la renovación de magistrados con aporte del Consejo de la Magistratura, el control cruzado de la Superintendencia  de Tribunales y Jurado de Enjuiciamiento, la instalación de nuevos organismos intra-poder y mayores facultades puestas en el Congreso habría de disminuir el grado de corrupción. Todo lo contrario. Para 1998 Paraguay aparecía como el segundo pais más corrupto del mundo según los índices de Transparencia Internacional 5/. La supuesta gobernabilidad estaba cobrando demasiado alto precio y los beneficias giraban entre burocracias partidarias, gubernamental y en un nivel inferior la sindical. Los dueños del gran capital y contrabandistas a escala continuaron sus actividades, si bien sometidos a la disminución del comercio par Ciudad del Este, mayor fiscalización sobre el tránsito de armas, drogas y lavado en la frontera, cambiantes alianzas políticas y resultantes cortes de protección a los caídos en desgracia.

En ese ambiente de relajo dos personalidades totalmente disímiles empujaron juntos el mando traspasado por Rodríguez. Wasmosy era el empresario inteligente y emprendedor, team player agradable, hábil para desdoblar los problemas en sus componentes básicos y resolverlos en secuencia, el articulador de consensos entre posiciones que a otros parecían inconciliables. Su contracción al trabajo y estilo que evitaba las confrontaciones le permitió desarrollar empresas de consultoría, construcción e industriales en ventajosos consorciamientos con otras tantas brasileñas y argentinas para acometer al mismo tiempo los desafíos de alta complejidad en Itaipú y Yacyretá. Era persona de mucha capacidad y una productividad fuera de lo común en el pequeño mercado local de los profesionales ingenieros. Contaba con un mérito adicional. Si bien creció en el selecto ámbito de los contratistas con aval de Stroessner y apoyo de Mario Abdo Benítez, no se involucró directamente en militancia partidaria y por tanto no tenía enemigos. Así fue hasta lanzarse a la arena para disputar la postulación Colorada a fines de 1992, a partir de la cual se vio obligado a lidiar con acusaciones personales que lo molestaron profundamente. Nunca se acostumbró a ellas. En el debate por televisión donde expuso su programa frente a Argaña éste lo redujo con certeros golpes al cuerpo, lo tiró a la lona y vapuleó a gusto. Quedó patente que Argaña no sólo venía de un largo entrenamiento sino que superaba ampliamente en cintura a su inexperto contrincante. Confundido y humillado, Wasmosy tuvo que pedir disculpas ante cámaras cuando el otro lo descoloró con una andanada de media distancia.

Argaña podía vencerlo hasta con un brazo atado a la espalda. De suerte que su verdadero adversario en aquel pleito fue el equipo de los generales puestos en pie de guerra para pasarle encima por cualquier medio. Oviedo quedó a cargo. Suelto de lengua y díscolo, envanecido en su auto-exaltación de soldado valiente, libertador arrojado, patriota y defensor de la democracia, en vez del uniforme precisaba a ojos vista una camisa de fuerza. Su cuadro clínico era bastante violento y en ocasiones caótico. Con el grado de general de División y comandante del Ejército en Uganda Idi Amin logró acceder a la Presidencia y se dio el rango de mariscal de campo iba derecho a convertirse en el máximo caudillo con su proyecto de gobernar por los siglos unidos el Partido Colorado con las Fuerzas Armadas 6/. Oviedo estaba obsesionado por volver a los buenos tiempos del stronato y la propagación que tuvo su simple prédica evidenció que las huestes Coloradas le respondieron positivamente. Lejos de padecer facultades mentales abatidas, Oviedo el hiperactivo parecía estar en una guerra contra el tiempo, en otra contra sus adversarios civiles y militares, y en la más constante contra Wasmosy mismo a pesar de colaborar con él. Le sacaba concesiones, le presionaba directamente y a través de sus aliados Colorados, hacía correr rumores de golpe y por propia resolución cada tanto mandaba acuartelar tropas sin respetar la cadena de mando. Era incontrolable, ora chispeante y obsequioso, al momento siguiente amenazador e intolerante.

Mientras desarrollaba su carrera político-militar a un ritmo vertiginoso iba aun más rápido en la parte comercial. Se convirtió en tragamonedas y tragabilletes sacando porcentajes de esta y otra obra pública, haciendo de recaudador para el comercio fronterizo y por conexión con distintos carteles de Bolivia, Brasil y Colombia llevando a sus arcas los beneficios mayores del contrabando triangulado por Paraguay. Los norteamericanos abrieron sobre él una investigación en estricto secreto, con énfasis en lo concerniente a lavado y narcotráfico. Por lo que ocurrió más adelante se dedujo que esa información, o parte de ella, fue compartida con el Gobierno de Brasil.

El interés de Fernando H. Cardoso en relación a Paraguay tenía que ver con dos cuestiones muy concretas. La primera cruzaba por Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y la amplia frontera seca entre ambos países permeable a todo tipo de transacciones. La segunda tocaba a Itaipú, ya en etapa de plena producción y en sí misma un potente foco de irradiación de riqueza. El comercio bilateral y el flujo financiero ida y vuelta Ciudad del Este-Foz de Yguazú a mitad de la década pasada se estimaba en USD 15.000 millones por año, equivalente a 14 veces las exportaciones totales registradas de Paraguay. No pagaba impuesto, no tenía control efectivo y servía para proveer al mercado brasileño desde computadoras hasta CDs piratas. En contrapartida al importante volumen de negocios para los comerciantes, sacoleiros, dueños de hoteles y compañías de turismo, representaba un freno a la industria de Brasil. Las cámaras de industriales influyentes en hacer oír sus quejas ante el Gobierno Federal, deseaban que éste levantara una valla aduanera-fiscal a objeto de frenar el ingreso de productos y posibilitar así más trabajo para sus fábricas. Ciudad del Este era además un emporio de alcance regional para el movimiento de drogas y armas, hecho que ocupó a los organismos de seguridad por cuanto las bandas criminales obtenían cuanta cantidad permitiera sus finanzas y ciudades como Rio, Sao Paulo, Curitiba, Brasilia y hasta Porto Alegre se veían afectadas en las calles. No solamente la Policía Federal, INTERPOL y Policía Civil reportaron esa creciente inseguridad sino que Aduanas y el Banco Central la pusieron en perspectiva con el elemento de frontera, fuente mayor de negocio. La conclusión lógica para contener la criminalidad fue que debía articularse e implementarse un severo programa de interdicción al tráfico, en especial en su centro Ciudad del Este.

El presidente Cardoso decidió reducir la cuota de compra por turista de USD 250 a USD 150 e introducir controles cruzados en el tránsito por el puente de la Amistad, lo que mal predispuso tanto al Gobierno de Paraguay como a los comerciantes de ambos lados del cruce. Ellos reaccionaron con protestas ante ese ataque a sus ingresos. Según voceros autorizados en Brasilia aquellas restricciones estaban dirigidas a frenar el contrabando y nada más ponían en vigor el protocolo de Ouro Preto signado por los presidentes en el marco del MERCOSUR. A fines de noviembre 1995 una delegación encabezada por el presidente del Senado Milciades Casablanca visitó a sus pares del Congreso de Brasil y se entrevistó con autoridades de Itamaratí para solicitar la revisión de las restricciones, fundamentalmente la cuota de compra. No obtuvo otra cosa que corteses explicaciones y la promesa de conformar una comisión parlamentaria binacional para analizar el tema desde el punto de vista económico y político 7/. La prometida comisión nunca se creó. No obstante los controles el comercio ilegal siguió creciendo ya que las cuadrillas ampliaron las rutas yendo más al norte, por Salto del Guairá y Capitán Bado o Pedro Juan Caballero. Pagaban con autos robados la cocaína y marihuana, los maleantes paraguayos a su vez revendían los vehículos a través de bien aceitadas redes de alcance nacional. Los automóviles de lujo eran conducidos a Santa Cruz de la Sierra donde volvían a pasar de mano por cocaína o divisas cerrándose el circuito con la protección de alto nivel a traficantes, reducidores, choferes y pilotos involucrados. El más alto nivel de protección tenía sede en el Comando del Ejército en Mariano Roque Alonso. Desde ahí el señor comandante general Oviedo dirigía y ordenaba el tráfico cual supervisor de torre de control en un congestionada aeropuerto. Paraguay servía a varias redes desde el más antiguo dominado por Fadh Jamil o Fernandinho Beira Mar, a su vez prósperos dueños de aserraderos y haciendas a lo largo de la convulsionada frontera, hasta los grupos de más reciente asentamiento como los fundamentalistas islámicos.

Teniendo de trasfondo la acentuada presión del Gobierno de Brasil al contrabando, en coordinación operativa con agentes de la DEA para rastrear los cargamentos pasados de Paraguay, Wasmosy se distanció sutilmente de Oviedo. Le preparó la jubilación con cargo al comandante de la Fuerza Aérea general César Cramer y de la Armada vicealmirante Guillermo López Moreira, y al efecto ordenó aprestar un plan de contingencia por si su destinatario no se sometiera a las buenas. Al parecer Wasmosy evaluó con mucha anticipación las alternativas para deshacerse de Oviedo, lo dejó hacer y lo vio meterse cada vez en mayores problemas a medida que éste adelantaba su proselitismo de cara a las elecciones 1998. Acertadamente para sus objetivos tendió puentes con las bancadas del PLRA y PEN en el Congreso. Es probable que ya estuviera en su mente la difícil depuración de la cúpula del Ejército comenzando con su comandante al negociar los cargos de miembros de la Corte Suprema con Laíno y Caballero Vargas a principios de marzo 1995. Fueron marginados de estas negociaciones los legisladores oviedistas y Oviedo, quienes pretendieron tener cuota en el máximo escalón judicial con José Francisco Appleyard y Carlos González Alfonso. Para consensuar las listas definitivas de altos magistrados Wasmosy tuvo que dar a sus interlocutores de la oposición compensaciones adecuadas, principalmente puestos en el servicio diplomático y consular. Accedió también a una amplia reforma de las Fuerzas Armadas. Embajadores y cónsules Liberales y Encuentristas fueron designados en los meses siguientes y en mayo 1995 se concretó el significativo acuerdo oficialista-opositor para la reforma general de las Fuerzas Armadas, no exactamente del agrado de Oviedo. Estas movidas tácticas le brindaron a Wasmosy el apoyo político que sería necesario para neutralizar a Oviedo, de intentar él un golpe que cabía dentro de lo previsible. Cualquier prevención era poca y Wasmosy no se equivocó al elevar al máximo sus resguardos político-militares. A ellos acompañó una maratónica serie de consultas con Washington y Brasilia, en ese orden, esta última llevada a cabo el sábado 20 de abril 1996 fuera de toda programación oficial. De acuerdo a fuentes diplomáticas:

"El encuentro (llevado a cabo en Brasilia) sirvió para que Wasmosy le ponga al tanto a Cardoso sobre su intención de reemplazar a Oviedo, y aprovechó el presidente paraguayo tanto para pedir el apoyo de Cardoso como para que `sujete' al general Zenildo de Lucena, ministro del Ejército y amigo personal de Oviedo" 8/.

En Asunción el secretario privado de la Presidencia Rubén Melgarejo Lanzoni ya había comunicado la decisión del relevo a los embajadores Roben Service de Estados Unidos y Marcio D´Oliveira Días de Brasil. En el Departamento de Estado se formó un pequeño equipo de crisis para atender la cuestión paraguaya, con nula visibilidad y alta efectividad como quedó patente luego. A Wasmosy literalmente lo salvaron los presidentes Bill Clinton y Fernando H. Cardoso, en el primer caso por delegación en la ministra Madeleine Albright quien hizo su ronda de llamadas al propio Cardoso y al secretarlo general de la OEA César Gaviria. Su labor fue complementada con oficio por Robert Service. El alojó a Wasmosy en la residencia de la Embajada Americana y cuando éste pareció flaquear en su determinación le dio apoyo decisivo, aconsejándole no renunciar ante el alzamiento declarado de Oviedo que se produjo entre la noche del 22 y madrugada del 23 de abril 1996. De modo que muy ciertamente el proceso de transición no se quebró por intervención de Washington y Brasilia y en medio de la crisis por el apoyo al presidente de parte del nuncio apostólico Lorenzo Baldisieri al lado de Service y D'Oliveira Días.

En aquellas tensas horas de crisis hubo contactos y jugadas de todo tipo, reflejo de la casi inexistente institucionalidad sobre la cual primaban los intereses de caudillos y grupos. Una vez asegurado que Oviedo no habría de ganar can sus amenazas y tretas de matón, Wasmosy inició una secuencia poco ortodoxa para alejarlo del mando de tropa. Le ofreció el Ministerio de Defensa a condición de que se acogiera al pase a retiro y entregara pacíficamente la Comandancia del Ejército, lo que satisfizo momentáneamente al sublevado. El traspaso de la Comandancia se produjo sin contratiempos en presencia del alto mando con Wasmosy a la cabeza, embajadores y el secretario general Gaviria que arribó de La Paz en misión de urgencia. Acto seguido Oviedo obtuvo su baja del servicio activo. Pero el tercer compromiso quedó por el camino ya que Wasmosy no lo nombró ministro alegando el mandato del pueblo que dijo haber escuchado. Una intensa movilización de jóvenes se había mantenido desde la madrugada inicial de la sublevación y había ganado las plazas del Congreso, de donde no se movieron siquiera bajo una fría llovizna. Eran los `carapintadas', estudiantes de colegios y universidades entusiastamente autoconvocados al llamado de su limpieza de espíritu. Se propusieron defender la democracia que en aquel momento entendieron se hallaba amenazada. Años después algunos echaron de ver cuánta ingenuidad hubo en aquella defensa en el fondo defraudada. Pero valió la pena. Fue a esos jóvenes que Wasmosy aludió al mencionar haber escuchado la voz del pueblo para tirar a la cuneta a Oviedo. Se desembarazó de él sin gastar un tiro, a pura astucia y aprovechando cada elemento de apoyo que tuvo dentro y fuera, entre éstos de los demás miembros del MERCOSUR explícitamente contrarios a los golpes de estado.

A las pocas horas de conocer que le maniobraron Oviedo se lanzó a la arena política. Vistiendo camisa Colorada improvisó una arenga en semi-castellano, guaraní, semi-alemán y otras lenguas propias, alzado a una tarima en el Linódromo 9/. Ya no hubo margen para pensar que estuviese cuerdo y tal cual se presentaba su situación de indiciado, retirado de los cuarteles y sin aparato partidario, algunos analistas comentaron que estaba acabado. Se apresuraron en sacar conclusiones.

En cuanto a los opositores, su actuación fue entre deslucida y patética. El presidente del Senado, Casabianca, fue pillado en falta al aceptar el ofrecimiento que le hizo Oviedo de ocupar la Presidencia de la República. Hizo de mensajero para llevar la intimación de renuncia del presidente y vicepresidente y se mostró dispuesto a asumir tan pronto ello ocurriera. Sus explicaciones posteriores lo embarraron más. Laíno también se presentó ante Oviedo en la Caballería para negociar una salida `honorable', la que por descargo de su leal Rodrigo Campos Cervera en conversación con el periodista José Luis Simón por Radio Ñandutí básicamente apoyó el alzamiento. Favoreció de inicio el traspaso del poder a Casabianca pero cuando se hizo notorio que los norteamericanos y brasileños apoyaban a Wasmosy hubo un cambio de posición. El directorio del PLRA emitió un comunicado de condena al golpe abortado y siguió negociando -como lo había hecho a lo largo de la transición y continuaría haciéndolo en lo sucesivo. Eventualmente las cúpulas del PEN, PLRA y ANR se desentendieron del golpe y cada uno volvió a su tarea de ganar votos. Aquello era cuestión de la justicia. Pero en ese ámbito tampoco había ninguna garantía y fue así que luego de un breve arresto dictado en la jurisdicción ordinaria, Oviedo recuperó su libertad y se volcó de lleno al proselitismo. Tenía enfrente a Argaña, presidente del Partido Colorado ansioso por devolverle la gentileza que en 1993 lo había sacado de carrera a la fuerza.

La campaña Colorada era por la candidatura para las presidenciales de 1998. Con Oviedo y Argaña en disputa se puso linda.

A TODO JUEGO

En la segunda guerra de mafias la segunda batalla terminó con la victoria de Wasmosy sobre Oviedo. Desplazada desde mitad de 1996 al terreno electoral partidario, la guerra tomó un sesgo inesperado. Oviedo se levantó de sus cenizas y trajinó toda la geografía nacional, visitó todos los pueblos y compañías, los barrios pobres de ciudad, se metió en los ranchos y tomó mate con sus moradores, bailó, zapateó, montó a caballo, regaló banderitas y triciclos, comió chipa, jugó partido so-ó, prometió tierra a los sin-tierra, techo a los sin-techo, trabajo a los desempleados, comida a los hambrientos y silla eléctrica para los delincuentes. Su derroche de energía y populismo delirante le atrajeron el fervor de los desheredados. Sus promesas concitaron la adhesión de gente humilde en quienes la comunicación clara en guaraní conectada a necesidades del día tocó una fibra sensible que otros políticos habían pasado por alto. Rejuntó a todos los Colorados dispersos y les ofreció un puesto de lucha en su movimiento Unión Nacional de Colorados Éticos (UNACE). Equipó un amplio local en Asunción donde médicos y enfermeras atendieron pacientes y entregaron medicina gratuitamente. Su campaña fue un blítz pagado con el dinero que había logrado de la extorsión a stronistas caídos y sus asociados de empresa durante la fase inicial de la transición, el tráfico de armas y drogas a continuación y los porcentajes por protección a contrabandistas más quitas del presupuesto hasta ser defenestrado.

Apoyaron su campaña varios halcones Colorados nunca acostumbrados a la 'descangallada democracia', según ellos necesitada de mano dura para volver al orden. Entre ellos Blas N. Riquelme, Diógenes Martínez, Raúl Cubas Grau, Gerardo Doll, Raúl Doutrelau, Conrado Pappalardo, Carlos Barreto Sarubbi, los ex-generales Darío Franco Flores, Magno Candia, Carlos Egisto Maggi, José Segovia Boites y la amplia mayoría de los demás comandantes desplazados de la Caballería por Wasmosy, prácticamente la totalidad de los miembros del Círculo de Jefes y Oficiales Retirados, políticos tales como José Francisco Appleyard, Octavio Gómez, Enrique González Quintana, Víctor Galeano Perrone, Amado Yambay y Julio Rolando Elizeche. Se les unió el peso pesado Aldo Zuccolillo devenido oviedista tardío. En este equipo de la derecha dura hubo otras incorporaciones extrañas desde excontestatarios Colorados hasta Liberales, Encuentristas y afiliados a partidos menores en busca de cargos o prebendas que les permitiera rehacer sus alicaídas economías familiares. Varios jueces radiados por denuncias de corrupción y por movidas políticas anteriores se sumaron al esfuerzo de restaurar la trilogía Fuerzas Armadas-Partido-Gobierno con su brillo, cohesión y mando de antaño. Oviedo prometió y en esto realmente se comprometió con alma, bregar por la unidad granítica como en los tiempos de oro del stronato. Gobernar con la fuerza de abajo para los de arriba y retornar a los privilegios perdidos eran los objetivos últimos. Si bien el costoso despliegue propagandístico se adaptó a un diseño de imagen encuadrado en el marketing para consumo de masas, destacó la figura Oviedo general-presidente levantado contra Wasmosy débil y Argaña oligarca-stronista. Oviedo fue presentado en cortos de TV como el dilecto hijo de pueblo perseguido por un ladrón entreguista, enfrentado a la plutocracia desalmada vendepatria por sus ideales de paraguayidad.

Era puro mensaje propagandístico con guión de teleteatro, muy apropiado al cambalache político de aquella transición que ya nadie entendía para dónde tiraba. Los empresarios de la prensa comercial hicieron su apuesta a favor de uno y otro candidato Colorado, con alta visibilidad Aldo Zuccolillo a favor de Oviedo y Nicolás Bo Peña a favor de Argaña. Oviedo ganó en exposición mediática y ganó en las urnas con una cómoda ventaja. De ahí a ganar la Presidencia de la República era sólo cuestión de poner más plata para el trabajo de los operadores, hacer más promesas y alzar más niños en brazos. A pesar de tener unos cuantos procesos encima Oviedo lucía imbatible. Su compañero de fórmula Raúl Cubas Grau, suficientemente opaco y parco, servía para realzar aquella imagen. Los adversarios principales Domingo Laíno del PLRA y Carlos Filizzola del PEN que al final corrieron juntos parecían llenar papeles de reparto, algo perdidos en medio del desorden de sus equipos electorales pobremente compuestos de cara a los avezados Colorados y su maquinaria extendida 10/.

Ante la certeza de que Oviedo sería el próximo ocupante del Palacio, Wasmosy le mandó fabricar un proceso por el abortado alzamiento de abril 1996. A los ponchazos y con el objetivo de sacarlo de carrera, lo puso frente a un Tribunal Militar Extraordinario que con celeridad digna de su ulterior propósito ordenó la prisión y dictó condena de 10 años de cárcel. Lo único legal de aquel tribunal fue el nombre. El juzgamiento fue una aberración burda, parodia de pésimo montaje contra el candidato Colorado victorioso en las elecciones internas que paradójicamente fueron las primeras relativamente decentes en más de cincuenta años. Pero mirado con más detenimiento la pena a Oviedo resultó torcidamente justa en proporción a sus antecedentes delictivos y a las trampas alevosas que había impuesto desembozadamente para torcer los resultados electorales anteriores. Su paso por prisión que duró de diciembre 1997 hasta agosto 1998 fue una vendetta política al buen estilo de la mafia. Wasmosy lo hizo encerrar para evitar que fuera presidente y para evitarse las represalias que habrían de sobrevenir sobre él y sus empresas en tal circunstancia. Nadie medianamente informado podía desconocer a esa altura que la democracia era una falacia orquestada por cúpulas Coloradas enfrentadas. La oposición enredada en el medio no fue capaz de desprenderse, se debilitó y ya no habría de recuperarse a pesar de crecer en número de afiliados.

A más de cárcel para Oviedo, Wasmosy arregló otras dos cuestiones para su propio beneficio.

Itaipú siempre fue un comedero malsano por ambos lados y Brasil el socio que guardó la llave de las provisiones. A medida que subía la presión para desactivar el contrabando por la extendida frontera y por el puente de la Amistad principalmente, el Gobierno Cardoso condicionó el flujo de regalías a una concesión mayor en los libros contables de la Entidad Binacional. Puso sobre la mesa la decisión del Consejo de Administración de abril 1986 (Acta N° 81/86) según la cual la tarifa previamente acordada de USD 14.75 por KW/mes fue reducida a USD 10 por KW/mes debido a que la anterior "se había vuelto inviable" a las empresas del sector eléctrico de Brasil según la justificación del director general Ney Braga. Par los términos del Anexo C del tratado binacional correspondían aplicar USD 16.50 por KW/mes, siendo las siguientes reducciones "escalones intermedios" dictados exclusivamente por las contrapartidas de ganancia para la empresa ELETROBRAS y contratantes privadas. ELETROBAS era la mayor proveedora de créditos a Itaipú y cualquier pedido de ella sobre tarifas era sobreentendido que condicionaba tales créditos. Los consejeros paraguayos Ezequiel González Alsina, Luis Martínez Miltos, Andrés Gómez, Salvador Rubén Paredes, Luis A. Báez, Silvio Meza Britez y el representante por la Cancillería José Antonio Moreno Ruffinelli suscribieron aquel Acta N° 81/86, actuando bajo la égida del director general adjunto Enzo Debernardi. Un hermoso regalo que entre 1986 y 1989 representó la suma de USD 445 millones de ingresos no devengados según informe de la Contraloría General.

Doce años después hubo una entrega aun más sustancial estipulada en la Resolución RCA-06 del 31 de marzo 1997 del Consejo de Administración de la CBI, conocida como Acuerdo de Sao Paulo para la reestructuración de la deuda del ente con su principal acreedor ELETROBRAS. Por Paraguay firmaron Joaquín Rodríguez, Miguel Fulgencio Rodríguez, Héctor Richer, Adolfo Ozuna, Paul Sarubbi y el representante de la Cancillería Carlos A. Saldívar. Esta resolución fue precedida por la reunión de fecha 25 de marzo 1997 realizada en Brasilia entre los representantes de alto nivel de las dos partes, asistiendo por Paraguay los ministros de Hacienda Carlos A. Facetti y de Obras Públicas Gustavo Pedrozo. En dicha reunión se acordó en realidad la reestructuración de la deuda, refrendada por el Consejo de Administración unos días después. En cifras exactas se cargó a los balances de Itaipú una deuda impaga de USD 4.193 millones, monto a ser amortizado en descuentos sucesivos de los ingresos que recibiera la entidad por provisión de energía en un promedio de 96 por ciento destinada a la misma ELETROBRAS. O sea, aparte de energía a bajísimo precio se reconoció a favor de dicha empresa estatal una deuda ilegal en violación al texto del tratado y en desmedro de Paraguay. Así lo dictaminó el informe de Contraloría General.

"[Paraguay] asumió parte de una deuda que no le correspondía debido a una decisión improcedente del Consejo de Administración al fijar la tarifa ilegalmente por debajo de la que correspondía cobrar en ese momento según lo establecido en el Anexo C... Lo correcto hubiera sido que la facturación se realice a USD 14.75 por KW/mes y que cada parte contratante negocie con la Itaipú el pago de dichas facturas de acuerdo a sus posibilidades. De esa forma cada una de las partes contratantes estaría absorbiendo la porción real de la deuda que le corresponda...

[Esta decisión] fue agravada por el atraso en los pagos por parte de la ELETROBRAS, lo que obligó a la Itaipú a contratar préstamos para hacer frente a sus compromisos financieros, originando así el creciente endeudamiento... llamativamente (los préstamos) fueron concedidos en su mayor parte por la ELETROBRAS, siendo la deuda de Itaipú con ELETROBRAS al 31/12/95 la suma de USD 16.630 millones que representa el 83.9 por ciento del total de préstamos y financiamientos tomados por la Itaipú" 11/.

Por los ilícitos encontrados y probados en las respectivas resoluciones y acuerdos la Contraloría General solicitó el procesamiento de las autoridades involucradas, responsables directas de aquellos monumentales despojos al patrimonio público. Nadie fue procesado ya que la Fiscalía General encarpetó el informe y aquí no pasó nada. Los USD 4.193 millones los va pagando Paraguay, socio condómino en Itaipú, en una mitad exacta. Queda de aquel arreglo dos décadas más por delante antes de su cancelación. Esto es si la nación sobrevive hasta entonces.

Las autoridades de Brasil jugaron sus cartas con destreza para obtener tan singular e inusual presente en una empresa binacional. Dieran otra vuelta de torniquete y expusieron públicamente datos que hacían a contrabando de armas transportadas desde Paraguay. El ministro brasileño de Justicia Nelson Jobim destacó en Washington que 70 por ciento del armamento confiscada a narcotraficantes en Brasil tenía origen norteamericano, entrado en cargamentos por Pedro Juan Caballero. Fusiles automáticos AR 15 y AK 45 en gran numero hablan sido confiscados de narcotraficantes en Rio de Janeiro y Sao Paulo, lo que dio pie además para que el presidente Cardoso «manifestara su desagrado. Dijo él que 80 por ciento de las armas ilegales ingresadas a su país lo hicieron vía Paraguay y que el flujo iba en aumento. El ministro de Defensa Hugo Estigarribia, nunca demasiado hábil en sentar posiciones, retrucó con la ingeniosa hipótesis de que eran los exportadores brasileños quienes estaban utilizando el subsidio a la exportación (de Brasil) para simular envíos al exterior o remitir armas hasta la frontera paraguaya para reintroducir al mercado brasileño y obtener así los porcentajes de beneficios extras 12/. La secretaria de Justicia Janet Reno tomó nota del hecho y de inmediato Estados Unidos prohibió la venta de armas al Paraguay. En el correspondiente comunicado de la Embajada Americana en Asunción se explicó que dicha prohibición tendría vigencia hasta que el Gobierno de Paraguay "implemente medidas adecuadas para controlar la reexportación". Lo que significaba parar el contrabando.

El 11 de febrero 1997 cayó en Pontes de Lacerda, 46Q km. al norte de Cuiabá (estado de Mato Grosso), un avión bimotor propiedad de Hilarlo Marinho, residente en Ponta Porá. Se encontró en el avión siniestrado un buen lote de armas, algunas de ellas pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Paraguay. El vuelo partió de Pedro Juan Caballero con destino a Barcelos [estado de Amazonas]. Las averiguaciones por parte de la Policía Federal permitieron concluir que el cargamento debía ser entregado a uno de los carteles colombianos a cambio de cocaína. Los fusiles ametralladoras G-3 incautados eran del tipo utilizado por la Aeronáutica de Paraguay y comprometían a la Dirección del Material Bélico de cuyos depósitos se habrían sustraído. Para establecer nada más que lo obvio, agentes de la SENAD comentaron sobre la vinculación del tráfico de armas y drogas y ambos con el lavado de dinero. El ex-superpolicía senador Romeu Tuma precisó la cuestión. Denunció que la firma Pantanal Cambios de Ciudad del Este lavó USD 126 millones girados por su matriz Split de corretaje bursátil con sede en Sao Paulo [intervenida por el Banco Central de Brasil]. Figuraba como dueño de Pantanal. Cambios el empresario paraguayo Benicio Alonso Godoy, quien se creía era un mero testaferro. Los datos apuntaban que la firma lavaba un promedio de USD 7.5 millones al día antes que las pesquisas de la CPI de Brasil desbarataran el negocio. Parlamentarios de la CBI de Paraguay se informaron del tema con sus pares brasileños, quienes revelaron nombres de algunos bancos y financieras de plaza implicadas en lavado. No se dio a conocer aquí tales nombres. Pero el superintendente de Bancos Víctor Chamorro Abadíe afirmó que en Paraguay se lavaba hasta USD 20 millones por día según un informe elaborado por la oficina a su cargo. Agregó que ese informe fue entregado al Banco Central para su correspondiente decisión 13/. Los señores del narcotráfico y lavadores no fueron molestados y la actividad continuó alegremente.

Fue precisamente un mes y medio después de capotar el avión con armas militares paraguayas y en medio de las restricciones aduaneras al turismo de compra en Ciudad del Este que las autoridades de ambos países arribaron al Acuerdo de Sao Paulo sobre la deuda pendiente de Itaipú. Las transferencias de la EBI al Banco Central estuvieron demoradas. ELETROBRAS tampoco hacía a tiempo los pagos a EBI. Esta modalidad de retrasar los pagos al mismo tiempo que entregar créditos fue fabulosa para obtener ganancias continuadas de las que ELETROBRAS se benefició ampliamente. Facturas en mora del servicio eléctrico por un lado y por el otro, intereses y comisiones sobre créditos asegurados fueron dos fuentes de aquellos beneficios, sin contar otros ítems. No obstante el perjuicio resultante sobre Paraguay, Wasmosy obtuvo su parte respetable de aquellas liberales concesiones y en particular de los UDS 4.193 millones que autorizó como reestructuración de la deuda con Brasil.

Una de sus cuentas secretas se descubrió en las Islas Caimán y tenía relación directa con los beneficios de Itaipú, o entrega de soberanía mejor. Asimismo con el vaciamiento y posterior auxilio prestado por el Banco Central a los bancos en quiebra, el desvío de fondos asignados a los ahorristas estafados, los depósitos del IPS en instituciones financieras que colapsaron y el desvalijamiento del Banco Nacional de Trabajadores acerca de lo cual se reseñó información en el capítulo anterior. En cada uno de estos golpes Wasmosy sacó tajada grande -no podía ser menos en su condición de presidente de la República- y la puso a buen resguardo. Entre diciembre 1993 y junio 1998 operó en las Islas Caimán una cuenta que según documento autenticado del intermediario Organization of Investment Centralization tuvo depósito inicial de USD 12 millones. Cuando la cuenta fue reportada el 13 de junio 1998 la suma sobrepasaba los USD 697 millones 14/. El 15 de agosto de aquel año el presidente entregó el mando a Raúl Cubas Grau. O sea que en poco menos de 5 años y coincidente con su mandato acumuló en la referida cuenta bancaria un promedio anual en exceso de USD 139 millones, absolutamente desproporcionado a su ingreso agregado en la función pública de nada más que USD 60.000 al año. Ciertamente él obtuvo otras rentas de sus empresas cada vez más prósperas -presuntamente desvinculadas de su persona mientras ejerció la Presidencia- pero nada de tan extraordinario enriquecimiento fue informado en su declaración de bienes. Por ley todos los funcionarios públicos deben entregar a la Contraloría General declaración de bienes al ingresar y al egresar del cargo. Wasmosy negó por escrito y mediante espacio reservado haber abierto en forma directa ni a nombre de terceros cuenta bancaria alguna en ninguna entidad de las Islas Caimán, rechazó por falso y calumnioso el contenido de las publicaciones del diario La Nación que calificó de "montaje falaz y temerario" "falso y torpe" 15/. Los directores del diario, Osvaldo Domínguez Dibb y su hijo Alejandro Domínguez, continuaron con las revelaciones en tanto la Fiscalía General y la Contraloría General iniciaron las correspondientes investigaciones según lo manifestaran sus respectivos titulares Oscar Latorre y Francisco Javier Galiano. Este último expresó que la denuncia era gravísima por involucrar a una persona en el cargo de presidente de la República y por tratarse de cifras siderales.

En efecto, era equivalente a casi la mitad de la deuda externa paraguaya cuyo monto en agosto 1998 totalizaba USD 1.440 millones. Sintomático fue que al año siguiente, su activo de USD 1.400 millones lo pusiese como el hombre con la mayor fortuna en Paraguay, al frente del grupo Wasmosy convertido en un vasto conglomerado comercial-industrial-financiero transnacional 16/. Esta fortuna labró Wasmosy a la sombra del poder entre 1975-1992 y desde el poder en el periodo que fue presidente, 1993-1998. Al finalizar su mandato el país entero -finanzas, producción agrícola e industrial, servicios básicos, empleo y gasto público- se hallaban patas para arriba. La política era caótica. La corrupción generada localmente alimentaba la criminalidad en los países vecinos.

Nuestros vecinos se alarmaron, repentinamente caídos en cuenta de haber sobreutilizado el patio trasero tanto en su versión de gobierno represor como de gobierno enclenque hasta tornarse éste en problema de seguridad nacional 17/. Problema para Argentina, para Brasil y para la región por el desborde del crimen organizado a través de la frontera y por la aguda inestabilidad política interna que hizo eclosión unos meses después.

La cuenta WASJUCA 151238 en el Swiss Bank/ Cayman Islands sugiere un deliberado esfuerzo de ocultamiento, muy propio a los delitos de tráfico, evasión fiscal y lavado. Al negar la información Wasmosy no hizo otra cosa que seguir un libreto establecido a objeto de:

a. ganar tiempo, diluir la responsabilidad penal, destruir pistas y evidencias.

b. realizar traspaso de cuenta en cuenta y en distintos bancos, fraccionando lo más posible la cantidad original y cubriendo las transferencias tras nombres de firmas pantallas o prestanombres hasta tornar imposible su rastreo.

c. llevar cualquier investigación local a un punto muerto en el tiempo y a su decaimiento para mantener la impunidad.

d. posibilitar al banco operante, sus agentes e intermediarlos las medidas de encubrimiento y control de daño que los aleje de posibles procesas y/o sanciones.

Dado el estado de la justicia paraguaya, la inmunidad parlamentaría de que goza el investigado, sus contactos políticos de alto nivel y poder económico, la posibilidad de efectuar una investigación doméstica seria es bajísima. En la división de mafias, sin embargo, esa posibilidad suele subir caprichosamente e incluso determinar sanción como ocurrió con Oviedo. Esto nada tiene que ver con el imperio de la ley sino con el imperio de la criminalidad institucionalizada, con bandos enfrentados en guerra abierta. De momento Wasmosy tiene margen de maniobra por las severas limitaciones locales en términos de investigación oficial. Pero la cuenta secreta es de tal magnitud que en algún lugar prendió luces rojas anti-lavado.

DEFINICIÓN DE FUERZA

La condena a Oviedo en sede militar fue recurrida y la Corte Suprema recibió el expediente para estudio. Resolvió el pleno en falla dividido 5 a 4 confirmar la validez del proceso y la pena de 10 años de prisión impuesta al sublevado por el Tribunal Militar Extraordinario. Wasmosy ganó esa batalla y Oviedo quedó inhabilitado a sólo semanas de las elecciones generales. De las dos listas que habían sobresalido en votos en las internas Coloradas la ganadora quedó así despedazada 18/. En apuros se conformo la dupla de emergencia Cubas Grau presidente, Argaña vicepresidente, no ya pegada con saliva sino remendada con dos personas antagónicas. No era un equipo, ni siquiera un matrimonio de interés ya que Cubas Grau dejo en claro su lealtad al ex general condenado a quien Argaña tenía como enemigo. En aras de mantener el poder se presentaron como los elegidos por el Partido Colorado y el electorado decidió. Para los parámetros nacionales fueron comicios libres y limpios. Cubas Grau y Argaña resultaron electos con 54 por ciento de los votos, lo que confirmó el arrastre del Coloradismo y la apreciable popularidad de Oviedo. 'Tu voto vale doble' fue el llamado repetido a lo largo y ancho del país para que el correligionario saque ganador al Partido Colorado y saque de la cárcel a Oviedo. Convenció a la mayoría. La batalla decisiva se preparó con esa victoria entre dos grupos y dos caudillos. Por necesidad extrema ambos persiguieron juntos la continuidad del mando. Hasta el tercer grupo encabezado por Wasmosy se unió a la tarea, Despejados los resultados la pugna afloró de nuevo, esta vez por los espacios de poder.

Esos espacios de poder se dirimieron en el Congreso para la conformación de las mesas directivas y en ello tuvo participación de nuevo la oposición. Había una bancada oviedista, una bancada argañista, otra Liberal y la cuarta Encuentrista con ligeras variaciones en número y disciplina interna de Cámara Baja a Senado. Los oviedistas se pusieron duros de entrada con la pretensión de copar las presidencias de ambas Cámaras y sentar su hegemonía en las principales comisiones. Consiguieron así que argañistas, Liberales y Encuentristas se encontraran en una posición común de no dejarse avasallar y tomaran la iniciativa. Juntaron sus votos y madrugaron a los oviedistas que sin suficiente ejercicio en contiendas de salón y creídos de tener la sartén por el mango quedaron pagando. El argañista Luis González Macchi fue electo presidente del Senado y el argañista Walter Bower presidente de Diputados, con vicepresidentes de los otros partidos en las respectivas mesas directivas. Con esta decisiva mano la bancada que respondía a Argaña quedó en control del aparato Legislativo antes del traspaso presidencial y en previsión de lo que pudiera decidir Cubas Grau. El contrapeso entre Ejecutivo y Congreso tornaba necesario negociar cada cuestión importante so pena de bloquear la capacidad político-administrativa del Gobierno por anulación mutua de fuerzas. Los oviedistas mostraron ser pésimos negociadores. A continuación de perder la oportunidad de compartir responsabilidades en el Congreso metieron la pata hasta el fondo. Cubas Grau le pasó encima a la Corte Suprema, a la recién articulada mayoría legislativa argañista-opositora y a las respectivas maquinarias partidarias, al sentido común y a una sensibilizada comunidad de colectivos civiles con rápida capacidad de movilización. En uno de sus primeros actos decretó la excarcelación de Oviedo por conmutación de pena (de 10 años a 3 meses de prisión). Luego mandó conformar un remozado Tribunal Militar Extraordinario para revisar el proceso contra Oviedo y la decisión final de este cuerpo -con algunos generales que incluso habían integrado el anterior Tribunal prestado para condenarlo- anuló la sentencia. Todo un circo tan igual al anterior en sus actuaciones, uno ex profeso fabricado para hundir al caudillo Colorado

Y otro para reivindicarlo. La parodia no se completo todavía. La consiguiente acción promovida ante la Corte Suprema por la Cámara de Diputados contra el decreto de conmutación de pena complico a un nivel inmanejable aquel desmadre de cúpulas, a lo que se sumo la solicitud para Juicio Político de Cubas Grau 19/. Los proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo al Congreso fueron demorados o encarpetados, las acusaciones entre legisladores contra el vicepresidente y viceversa, entre bancadas y políticos tomo proporciones de guerrilla urbana donde más se escuchaba una cacofonía de ruidos que voces.

A la Corte Suprema le agravio que el presidente mandara anular una sentencia firme y ejecutoriada de máximo rango, irrecurrible por ley. Para más un Tribunal Castrense actuó como revisor del superior.

El andamiaje constitucional y la interdependencia de poderes quedaron rotas, para peor, al único efecto de favorecer a un criminal por la vía legal que el antecesor había aplicado asimismo. La incapacidad de la administración de justicia sumada a la complicidad política generó aquel embrollo y lo puso en reverso, con el resultado de la peor crisis institucional soportada por la vapuleada transición. A excepción de las componendas entre políticos, ya en papel de tahúres a cara descubierta en busca de golpear la mesa, la administración pública prácticamente paró. La anarquía era notoria. El Gobierno que asumió por voto mayoritario y claro del electorado se polarizó entre oviedistas y antioviedistas, allá en Palacio Cubas Grau crecientemente aislado y acá Argaña moviendo sus trebejos para sucederlo por la vía del juicio político que tampoco lograba los votos suficientes en Diputados. Se arribó a un empate catastrófico imposible de desligar salvo por lo expeditivo de la violencia y/o por la intervención de afuera. Esa intervención se produjo.

Argaña tuvo en la embajadora norteamericana Maura Harty una interlocutora atenta, preocupada por las implicaciones del quiebre institucional desatado y en no poca medida por el papel de Oviedo en ello. Oviedo estaba libre y era el poder detrás de Cubas Grau. La autoridad de este último se vio rebasada por el abierto predominio de su incontrolable aliado que lideraba la fuerza policial a través del ministro del Interior Rubén Arias Mendoza, la fuerza militar a través del ministro José F. Segovia Boltes, los ministerios de Hacienda, Justicia y Trabajo, Relaciones Exteriores y Agricultura cuyos titulares Gerardo Doll, Angel Campos, Dido Florentín e Hipólito Pereira también le respondían directamente. Los Senadores y Diputados del bloque oviedista eran hombres de Oviedo, no de Cubas Grau, y entre ellos llevaban mayor peso los senadores José Francisco Appleyard, Octavio Gómez, Enrique González Quintana, Blas N. Riquelme, Julio Rolando Elizeche, los diputados Carmelo Benítez, Benjamín Maciel Pasotti, Carlos Galeano Perrone, Myriam Alfonso, Luis Villamayor entre otros. La estrategia prevalente, en seguimiento del estilo de su líder, era de choque y hechos consumados. En tal sentido es razonable afirmar que su método era extremista aun para el Partido Colorado cuya facción argañista iba más a la articulación de intereses y a la conspiración política en la que sin duda jugaron diestramente.

Los oviedistas consideraban a la embajadora Harty una adversaria. Ella cumplía instrucciones, las que al parecer excluían cualquier contacto con Oviedo. Sus antecedentes, su estilo, su liderazgo no gustaban en la Embajada. Lo tenían marcado como narcotraficante y agente de la inteligencia alemana en Paraguay, donde Estados Unidos solamente reconocía influencia de Brasil. Con las autoridades brasileñas consultaban desde Washington para manejar las crisis y problemas paraguayos, y por lo general juntos resolvían una dirección común. De modo que la actitud de Harty no era una cuestión personal respecto a Oviedo. Para los norteamericanos el constituía un problema y mientras más rápido se lo neutralizara, mejor. De ahí las buenas relaciones Argaña-Harty y la apreciación de que con Argaña en la Presidencia seria mas conducente trabajar. La embajadora no se involucro directamente en ninguna conspiración contra Cubas Grau, pero hizo su parte en términos de contactos e influencia para apoyar a Argaña.

En cuanto a la oposición, no había una línea definida. El referente más importante, Laíno, ya no cantaba después de las elecciones con el control sobre su partido e iban surgiendo cada vez con mayor fuerza liderazgos alternativos, vacíos al mismo tiempo. La corriente interna liderada por el senador Julio César Franco y Miguel Abdón Saguier estaba en ascenso y su posición era claramente la de impulsar el juicio político de Cubas Grau, posición compartida por otros movimientos a los que adscribían senadores y diputados Liberales. Laíno no descartó esta salida pero estuvo más cerca de Cubas Grau que de Argaña en cuanto a negociar un arreglo. Invitado al Palacio se entrevistó con el presidente. Previamente tuvo conversaciones con el diputado Conrado Pappalardo quien a nombre de Oviedo le ofreció compartir responsabilidades (cuotas de poder), a cambio del rechazo del pedido del juicio político que ya tenía marcada fecha de tratamiento para principios de abril 1999. El segundo de Laíno en Diputados, Luis Alberto Wagner, fue del parecer que se debía abrir trámite al caso. Con Wagner estuvo de acuerdo la mayoría de la bancada del PLRA. Franklin Boccia tuvo mucha influencia en esta decisión al presentar sus argumentos a la bancada tanto en términos de partido como de los intereses nacionales, y de todos los legisladores fue quien más a fondo se empeñó en los momentos cruciales de la crisis. Boccia fue en el stronato un tozudo miembro de la resistencia y nunca ocupó cargo público, al igual que Julio César Franco y Tito Saguier, de modo que conocía esto de lidiar con mafiosos poniendo el cuerpo. Para otros, sin embargo, la cuestión era puramente crematística. Los diputados Dionisio Chilavert y Waldemar Zárate tuvieron que ser persuadidos con dinero. El gobernador del Alto Paraná Jotvino Urunaga les entregó sendos cheques a USD 95.000 por barba, suma modesta si se considera que era para destituir al titular del Ejecutivo. Pero como es costumbre en él, Urunaga libró esos cheques contra cuentas sin fondo y habiendo pasado de mano en mano ellos dieron pie a acciones judiciales por cobro de guaraníes. Los cheques todavía andaban circulando sin pago a fines de agosto 2001 20/. Valga aclarar que la compra-venta de votos en el Congreso no fue entonces ni es ahora novedad. Sirve para complementar las dietas.

Con la oferta Pappalardo reafirmada en la entrevista con el presidente, Laíno se inclinó por jugar a favor de los oviedistas y trató de influir en tal sentido sobre los diputados Liberales. Con mala puntería pues la decisión entre ellos ya estaba tomada y Wagner llevaba voz cantante. Más tarde Wagner lograría desplazar de la titularidad del movimiento a Laíno.

En el Encuentro Nacional también era sinuosa la línea. Guillermo Caballero Vargas fue tentando el terreno sin manifestarse explícitamente a favor o en contra de Cubas Grau. Entre bambalinas, no obstante, adoptó postura similar a Laíno. Abrió trato con el presidente, discretamente, con quien compartía amistad de la actividad empresarial. El que estuvo más conteste con esta posición fue Basilio Nikíphoroff, a quien los oviedistas contaban como aliado en el Senado.

Entonces ya estaba en su fase definitoria la solución de fuerza acordada por Lino Oviedo, Conrado Pappalardo y Aldo Zuccolillo para matar al perro El Operativo Anti-Rabia se diseñó para terminar de un certero golpe con el caudillo de la conspiración y líder de Reconciliación Colorada, recomponer fuerzas en torno a UNACE y dar cabida a Oviedo en el Ejecutivo vía elecciones. En las elecciones únicamente iba a disputarse el cargo de vicepresidente al que el jefe de UNACE aspiraba como paso previo para tomar, por renuncia del titular, la Presidencia de la República, Desde esa posición Oviedo arreglaría el país a su modo, habiendo explicitado sin vueltas su plan de unir nuevamente el poder Colorado-militar para gobernar indefinidamente "chille quien chille, duela a quien duela". El plan era tétrico y su método para accederlo más aun, pasando encima del cadáver de Argaña. Si alguien dudase de la determinación de Oviedo le bastaría revisar su historial de asociación con el hampa de frontera: cómo hizo para deshacerse de competidores e informantes en la zona de Pedro Juan Caballero-Capitán Bado en conexión con Fadh Jamil, de la informante que condujo a la incautación de 7.3 toneladas de cocaína luego de ser rastreada del depósito de Ciudad del Este a la hacienda brasileña alquilada por Mohamed Jamil Rassoul (pariente de Fadh Jamil). O tratar de hurgar en el temor reverencial que le tenía Wasmosy -porque conocía en detalle su crueldad ante enemigos- que lo empujó a refugiarse en la Embajada Americana para salvar el pellejo. Oviedo no era lo mismo que Argaña, quien podía llegar a los golpes de puño con un adversario pero nunca hacerlo perseguir con sicarios. Argaña era un político duro, el otro un criminal que utilizó la política [y la fuerza sobre todo] para escalar y cuando vio cerrado el paso apeló a lo que sabía. Con el conocimiento que tenía de las pasiones humanas, Argaña supo al final que Oviedo iba a gatillar para sacarlo del medio y se preparó.

Argaña era una persona muy religiosa, católico practicante, a su manera y con sus contradicciones un creyente. Para él no había poder superior que Dios. La embajadora Harty le pidió que se cuidara porque andaban tras él. Cubas Grau también lo supo y le ofreció guardia especial. Argaña le agradeció y prefirió seguir su actividad normalmente. Habría encomendado ya su suerte y su destino al poder superior, estaba tranquilo y preparado.

El martes 23 de marzo 1999 aproximadamente a las 8:45 horas Argaña, su chofer y un custodio fueron emboscados y baleados camino a la Vicepresidencia. Argaña y el custodio Francisco Barrios murieron casi de inmediato. Las asesinos huyeron y a partir de ahí la historia se halla en el expediente con los detalles brindados por el autor material confeso Pablo Vera Esteche, las diligencias ordenadas por el Juzgada, las pruebas en serie, la sentencia. El mayor Reinaldo Servín, allegado y hombre de confianza de Oviedo, actuando bajo instrucción de éste contrató a Luís Alberto Rojas y Constantino Rodas. Rojas dio participación a Fidencio Vega y Pablo Vera Esteche de la preparación y ejecución del asesinato. Constantino Rodas adquirió un automóvil Fiat Tempra que fue utilizado en el operativo y el escape, luego incendiado. Lo hicieron por paga, se comunicaron a través de celulares cuyos números quedaron registrados y las llamadas entre esos números individualizadas según informes de ANTELCO, Telecel y Personal SA. El escrito de conclusión del abogado de la familia Argaña, Oscar Latorre, de los fiscales intervinientes y la sentencia del juez Jorge Bogarín contra Servín, Rodas y Vera Esteche cuyos defensores también presentaron los descargos respectivos permiten conocer los entretelones del crimen 21/ .

El 24 de marzo 1999 se reunió la Cámara de Diputados y aprobó por 2/3 de votos la apertura del juicio político contra Cubas Grau, llegando a ese porcentaje mediante diversos trucos desde compra de votos a restricción del acceso a oviedistas. En las plazas frente al Congreso los efectivos policiales no lograron desalojar al contingente de manifestantes, cada vez más numeroso, pese al uso de carros hidrantes, caballos, bombas lacrimógenas y a los cachiporrazos, patadas y trompadas. El viernes 26 de marzo 1999 policías uniformados y grupos de civiles armados atacaron a los manifestantes desde la tarde hasta la noche. Ante la resistencia con palos y piedras de parte de los jóvenes y campesinos allí reunidos, los atacantes dispararon a matar. Hubo bajas y más del centenar de heridos entre los manifestantes, desplazamiento de tanquetas y tropas militares a la madrugada. Aquel sábado 28 de marzo a la siesta el Senado escuchó la acusación presentada por Diputados y la defensa por parte de los abogados del presidente, y en medio de ellas hubo intensas negociaciones propiciadas por la Nunciatura Apostólica, la Embajada Americana y los representantes de los países del MERCOSUR. Se estaba buscando la salida del presidente con intervención de fuera, completada al día siguiente cuando Fernando H. Cardoso llamó a Cubas Grau para invitarlo a renunciar y ofrecerle asilo. Ya se había llegado al número necesario de votos para la destitución por reversión de posiciones de aliados a Cubas Grau, entre ellos los senadores Germán Segovia, Gustavo Pedrozo y Susana Morínigo. Esa tarde Cubas Grau renunció y a la noche Oviedo huyó en su avión rumbo a Argentina.

NOTAS

1/ "Disposición tomada por la Junta de Gobierno", La Tarde, 8 de abril 1965, p. 1.

2/ Documento transcripto en Miguel Ángel Pangrazio, Corrupción e impunidad en el Paraguay cit., pp. 345-346.

3/ ABC, 10 de agosto 1967, p. 7.

4/ Información comprensiva y documentación sobre la campaña Rodríguez contra Argaña se encuentra en archivo del ex-senador Carlos Romero Pereira, corroborada en puntos principales por el diputado Luis Bécker. Más información en Edwin Britez, Ignacio Martínez, Carlos Peralta y Néstor Escobar, El ocaso del Jinete (Asunción: ABC, 1996), p. 65 ss. El conteo de votos de fines de diciembre 1992 se suspendió y Wasmosy fue proclamado ganador recién en marzo 1993, luego de tomar posesión un renovado Tribunal Electora- con mayoría digitada por el oficialismo.

5/ Las investigaciones se basaron en 3 encuestas a personas de distintos sectores como expertos en economía, empresarios, políticos y ciudadanos en general según metodología de The Economist Intelligence Unit, Political Rísk Services y Banco Mundial. En la lista de 1998 aparecen 98 países en orden del indicador de corrupción, comenzando con Camerún. Ultima Hora, 22 de setiembre 1998, p. 14.

6/ Ver más detalles en Edwin Britez, Ignacio Martínez, Carlos Peralta y Néstor Escobar, El ocaso del Jinete cit. Miguel Angel Pangrazio, Historia política del Paraguay, tomo II (Asunción: Intercontinental, 2000).

7/Apuntes Trimestrales, publicación del Comité de Iglesias, N° 37 enero-marzo 1996, pp. 18-19.

8/ José María Costa y Oscar Ayala Bogarín, Operación Gedeón. Los secretos de un golpe frustrado (Asunción: Ed. Don Bosco, 1996), p. 59, en base a fuentes diplomáticas en Brasil y Paraguay.

9/ Oficialmente bautizada Parque de la República, el Linódromo fue inaugurado en julio 1995 para actos marciales y desfiles. Comprendía unas 10 hectáreas de terreno entre el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi y la sede del I Cuerpo de Ejército. En febrero 1996 tuvo lugar ahí un desfile de carnaval del cual participaron altos jefes militares y sus esposas con disfraces de las familias mafiosas de los años '20.

10/ Laíno y Filizzola arribaron a un acuerda de fórmula compartida. Solamente presentaron juntos la boleta de candidatura para presidente y vicepresidente, con listas separadas para senadores y diputados por el PLRA y PEN.

11/. Transcripción de documentos en ABC, 20 de mayo 1998, p. 10. Las contratistas privadas de ELETROBRAS para la energia de Itaipu son FURNAS Y ELETROSUL.

12/. Apuntes Trimestrales, publicación del comité de Iglesias, Nº 40 octubre 1996, pp. 40-41.

13/ Apuntes Trimestrales, publicación del comité de Iglesias Nº 42 enero-marzo 1997, pp. 30-31.

14/. La Nación, 31 de agosto  2001 al 5 de setiembre 2001, p. 1 e interior con documentos autenticados.

15/. ABC, 2 de  setiembre 2001, p. 7.

16/ Anibal Miranda, Dossier Paraguay - Los dueños de grandes fortunas cit., tabla 9.

17/ En relación a Brasil ver la serie del investigador Carlos Wagner en Zero Hora (Porto Alegre), 18 y 19 de marco 2001, especial.

18/ La lista ganadora estuvo compuesta por Lino Oviedo-Raúl Cubas Grau (UNACE) seguida en votos por Luis María Argaña-Nicanor Duarte Frutos (Reconciliación Colorada) y en un tercer remoto lugar Carlos Facetti Juan Bautista Ibáñez (Acción Democrática Republicana liderada por Wasmosy).

19/ La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del Decreto N° 117 emitido por Raúl Cubas Grau para conmutar la pena de 10 años a Oviedo. Fue ante esta sentencia de inconstitucionalidad que Cubas Grau utilizó el recurso de mandar anular el proceso en sede militar por medio de otro Tribunal Militar Extraordinario, lo que rompió todos los precedentes y violó la Constitución Nacional en un área vital del orden público.

20/ Tanto Zárate como Chilavert desmintieron haber recibido ningún dinero de Jotvino Urunaga cuando la cuestión volvió al tapete, ante la confesión pública de Urunaga sobre la compra de los Liberales cazafortunas del Alto Paraná. Noticiero del Mediodía, Unicanal TV, 29/30 de agosto 2001, declaraciones de los involucrados.                                                                                                                                                                                                               

21/ Fidencio Vega y Luis Alberto Rojas huyeron del país y fueron apresados en los alrededores de Buenos Aires. Asistidos por abogado pagado por Lino Oviedo, lograron escapar del cuartel central de la Policía Federal mientras se tramitaba su extradición. Fueron recapturados y puestos a disposición del juez de la causa. El otro prófugo, Oviedo, fue apresado en Foz de Yguazú y trasladado a Brasilia. Autos Lino Oviedo, Reinaldo Servín, Luis Alberto Rojas y otros s/homicidio (1999), Juzgado en lo Criminal Jorge Bogarín, y Ultima Hora, 23/24 de setiembre 2000, p. 12, ABC, 8 de octubre 2000, p. 4, y 12 de noviembre 2000, p. 4.

DIEZ

DEL MARZO PARAGUAYO EN ADELANTE

LUIS GONZÁLEZ MACCHÍ ya no se movía con tranquilidad, arreciaban las críticas y denuncias contra su persona, se le cerraban puertas. Entre sus amigos de Reconciliación Colorada se alzaban insistentes voces que ponían en duda su capacidad de gestión. Los más cautos tomaban distancia, señal cierta de agujero en el barco.

Blanca de Crosta, presidenta del Centro de Industriales y Comerciantes de Caaguazú, no se ahorró palabras para exponer lo que ella y sus pares tenían en mente. "Puedo decirle que usted ha abandonada a su patria y hoy está ante una población dolorida e insatisfecha por la confianza defraudada... la ciudadanía está indignada por la corrupción impune que impera en el país, golpeada por el hambre y la miseria, la enfermedad, el desempleo, la delincuencia organizada, la inestabilidad política y la inseguridad jurídica". Notoriamente impactado -era la apertura de la Expo Caaguazú 2001 en la ciudad de Coronel Oviedo, territorio de neta mayoría Colorada- González Macchi replicó que el Gobierno estaba actuando "aunque no en la medida que se hubiera deseado" 1/.

Unos días antes en el tedeum oficiado en la Catedral Metropolitana, el arzobispo de Asunción Felipe Santiago Benítez expresó con inusual dureza que la corrupción "es traición a la patria". Se estaba dirigiendo en particular al presidente, sentado en primera fila. No fue un buen día de celebración de la independencia patria para él, abandonado por sus correligionarias de la Junta de Gobierno. El vicepresidente Julio César Franco reclamó por primera vez su renuncia y le cuestionó la falta de firmeza por un desvío de USD 16 millones del cual se hacía directamente responsable a la familia presidencial `/.

Cerrando aquella semana se especulaba abiertamente acerca de las opciones para la conformación de un nuevo Gobierna. El director del PLRA ya había decidido solicitar el juicio político del presidente por mal desempeña de funciones. Exactamente dos años antes las autoridades del Partido Colorado, PLRA y PEN junta con la mayoría en ambas Cámaras del Congreso acordaron que González Macchi fuera ratificado en el cargo, y así lo hicieron saber a la Corte Suprema de Justicia. El procedimiento legal fue obviado ya que la Corte, sin litigio judicial que la habilitase, resolvió dar por legítima la nueva Presidencia e inclusa su extensión hasta acabar el período. La cuestión se hallaba claramente fuera de toda competencia jurisdiccional. Esa instancia convalidó el acuerdo de los tres directorios partidarios, al cual se arribó a cambio de la repartición de cargos ministeriales con Presidencia Colorada y Vicepresidencia Liberal. Fue un pacto de caballeros que, debido a la urgencia, no se trasladó al papel. La ciudadanía golpeada y alzada contra UNACE, facción Colorada extremista liderada por Lino Oviedo, apoyó masivamente aquella solución política. El experimento de cohabitación duró unos meses. Se partió por la vuelta de cara de los argañistas que no honraron su compromiso de ingresar un vicepresidente Liberal como fue explícitamente pactado.

Si bien en el Gobierno siguieron los tres partidos, el Ejecutivo quedó integrado momentáneamente por argañistas y Encuentristas. González Macchi perdió soporte de las Liberales defraudados, después de los productores rurales y en rápida progresión fue alienando a los distintos estamentos sociales, empresariales y a sus mismos correligionarios Colorados. Sin siquiera un movimiento minoritario que lo apoyase, quedó librado a los vientos cruzados de la política tan pródiga en parir caudillos y borrar piadosamente a los caídos.

La desgracia de González Macchi no fue haber llegado a la Presidencia de la República en momento que al Partido Colorado lo corroía la corrupción. Más que corroída, esa cúpula ya estaba podrida. Era por efecto de la voracidad de sus componentes, saqueadores cebados de arcas públicas. Entre ellos se guerrearon y entendieron como buenos mafiosos. González Macchi no supo hacer honor a las leyes de la mafia, fundamentalmente porque él nunca fue caudillo (en paraguayo, tendotá). Esto es pecado capital dentro de los cánones de la política y la tradición partidaria. "Ndo manda kua-ai", se quejaban sus correligionarios.

No le restaba mucho espacio para retornar a su banca de senador. La renovada cúpula de Reconciliación Colorada, movimiento de origen de González Macchi, maniobraba afanosamente para que uno de sus propias filas tomara la posta. Debían ser cuidadosos para no tumbarlo apresuradamente y facilitar que la sucesión recayera así en el vice Julio César Franco. Para los Liberales era una oportunidad de oro que no dejarían pasar tan a la ligera. Estaban cerca de apoderarse del Ejecutivo por primera vez desde que Higinio Morínigo los expulsara en 1940. A menos que tomara pie una amplia concertación cívico-política los Colorados no se resignarían a entregar la Presidencia, contrario a la cláusula constitucional que así lo establece de renunciar el titular. Para los caudillos Colorados violar la ley no es un hecho grave, en especial si de expoliación se trata. Ellos han embolsado cuanto estuvo a su alcance, saqueando sistemáticamente el patrimonio público y vejando a la población. Tiraron al suelo las sobras para obtener obediencia entretanto sus sirvientes peleaban entre sí. Esa fue la manera de mantener atados a sus contingentes de afiliados y dependientes. Los réditos fueron fenomenales. Alrededor del poder se acumularon cuantiosas riquezas malhabidas comparables en magnitud con las de potentados árabes. Gran parte de ellas se fugó y no hace falta ir lejos para comprobarlo. Las 2.100 familias más acaudaladas del país tienen sus casas de campo y residencias en Punta del Este, el más caro balneario de recreo y juegos de azar en el Cono Sur. Otras 400 son propietarias de lujosos pent-houses y villas en Miami 3/. Son 2.500 multimillonarios, el exclusivo jet-set paraguayo en su absoluta mayoría conformado por las familias.

CAUSA PRIMARIA DEL DESGOBIERNO

De acuerdo al experto en derecho financiero y ex-funcionario del Banco Central Miguel Angel Pangrazio, USD 4.000 millones en moneda fuerte se depositaron en el exterior durante el Gobierno Stroessner y a raíz de la crisis bancaria de 1995 en adelante USD 7.000 millones más siguieron el mismo camino 4/. Según otros cálculos la fuga de capital nacional en el periodo 1960-2000 fue del orden de los USD 22.000 millones. La tendencia no ha sido constante hacia arriba. Se observa más bien una línea quebrada con saltos pronunciados en momentos de aguda inestabilidad, la que ha reincidido desde principio del 2001.

A diferencia del pasado, ya no hay fondos suficientes para alimentar el circuito de la rapiña institucionalizada. No obstante el generalizado descontento, las reacciones han sido dispares. Entre junio y julio pasado, unos 14.000 estudiantes secundarios y universitarios marcharon en tres ocasiones separadas por el micro-centro de Asunción y Ciudad del Este para protestar contra la violencia, inseguridad, corrupción e impunidad y el mal gobierno. En el Colegio Nacional de Niñas, la mayoría de las alumnas del último curso decidió rechazar la presencia del presidente y vicepresidente como padrinos de honor del acto de graduación. En la Expo 2001 de Mariano Roque Alonso los empresarios repudiaron el triángulo de corrupción, impunidad e ineficiencia, descargando directamente sobre el Ejecutivo la responsabilidad y poniéndole plazo para rectificar el rumbo. No muy en privado sus representantes advirtieron que, de no haber resultados tangibles, declararían una moratoria en el pago de impuestos. La Conferencia Episcopal Paraguaya emitió una carta pastoral con muy fuertes cuestionamientos al estamento político y en particular al Gobierno. De acuerdo a los obispos católicos, la nación se halla en estado de emergencia. "E1 abuso de la política y del poder crean un caos, con increíble cuota de corrupción, que el país ya no puede soportar... se debe desterrar la corrupción que mina y destruye la personalidad del paraguayo y erradicar la impunidad que no es otra cosa sino su caldo de cultivo... ha llegado la hora de que las fortunas malhabidas obtenidas por especulación y sin escrúpulos, resultantes del contrabando, del clientelismo perverso y de los terribles gastos inútiles y sobrefacturados de la administración pública, sean recuperadas y dedicadas al bien común" 5/.

El portavoz de la Conferencia Episcopal, monseñor Fernando Lugo, comentó en relación a esta profunda crisis que "las autoridades, especialmente el presidente de la República y el vicepresidente, tienen la responsabilidad jurídica y moral de sentarse con los otros sectores de la sociedad a buscar una salida". Ello hubiese sido factible con capacidad de convocatoria, la cual no se ha evidenciado siquiera en el seno de sus respectivos partidos últimamente. El industrial Rolando Niella describió con certero realismo la situación: "Existe en nuestro país un vacío de poder en la peor de sus formas. La carencia de autoridad de las investiduras es tan aguda, tanto por ineficiencia coma por falta de autoridad moral, que las personas que las detentan parecen tener la capacidad de perjudicar a los ciudadanos pero no el poder de aliviarlos... El vacío de poder, la ausencia total de autoridad gubernativa, hace imposible, ineficaz, impracticable, todo cuarto se pueda intentar para salir de la caótica situación actual. En este contexto cualquier acción que se intente está, de antemano, condenada al fracaso" 6/. Se refería a la acción pública.

Para comprender tal situación es preciso volver la mirada a los antecedentes. La extracción de porcentajes por contrato de obras y provisión de insumos a las reparticiones ministeriales, militares y empresas estatales, el vaciamiento de bancos, la especulación con tierras fiscales, el contrabando en sus distintas modalidades, la coima, los préstamos de instituciones financieras públicas sin garantía real no pagados que pasaron a fondo perdido, los gastos reservados que terminaron en cuentas particulares y demás ilícitos ya eran usuales en los primeros años del stronato. Con el tiempo ellos fueron perfeccionados, ampliados con nuevos rubros de fuentes domésticas y externas e incluso llevados al extremo de hacer partícipe pasivo a un amplio sector de la población mediante la oferta de productos robados en países limítrofes o ingresados sin pago de impuestos. El fenómeno de la economía subterránea, preexistente al stronato, tuvo auge desde que éste instalara el latrocinio como actividad regular. Se hizo norma convivir con el delito y para los más competitivos, progresar. El mayor ingreso de quienes escalaron posiciones derivó de la apropiación a veces disimulada y en parte tras negocios lícitos, más comúnmente a cara descubierta y en negro.

En lo específico los gobiernos de la transición fueron similares a su predecesor dictatorial en dos aspectos resaltantes:

a. crearon grandes fortunas y multiplicaron los activos de beneficiarios anteriores reinsertos en el círculo del poder

b. generaron pobreza masiva y, como resultado, delincuencia incontrolada.

Este doble fenómeno de acumulación y marginalidad a su vez generó algo abyecto: la criminalización de los niños pobres. No se pretende asimilar aquí pobreza con virtud. Lejos de eso. El crimen no respeta líneas de ingreso. Entre la población vulnerable, en especial menores, la pobreza extrema empujó a salir a la calle como estrategia de supervivencia. La vida dura, sin compasión, exigió fuerzas y habilidades propias de adultos. Cayeron por tanto en una cadena de explotación, victimización y vicios que los fue degradando hasta acabar escarbando en los basurales, como internas de prostíbulos, en comisarías o en el peor de los casos en penitenciarías de menores. Tal el feo reflejo de la criminalidad infantil inducida.

El Gobierno es una maquinaria de desigualdad, a tal punto que el PIB de USD 10.400 millones (en Brasil y Estados Unidos USD 10.4 billones) equivale al activo conjunto de los 10 mega millonarios paraguayos. El 10 por ciento de la población de más alto ingreso percibe 46.6 por ciento del ingreso total, lo más extremo en América del Sur después de Brasil. El dato resulta notoriamente insuficiente para entender lo complejo de tal desigualdad. Un estrato pequeño y cerrado de 1.5 por ciento de la población, o sea unas 90.000 personas y más certeramente 10.000 cabezas de hogar extendido, están al tope en esta pirámide 7/. De ellas un núcleo con súper ingresos controla las finanzas y tiene decisiva influencia en la política. Su número muy posiblemente se aproxime en más o menos a los 2.500 propietarios de bienes raíces en Punta del Este y Miami, a la vez dueños de las mayores empresas industriales, de servicios, medios de comunicación y establecimientos agrícola-ganaderos en Paraguay.

Mas el dinero ¿dónde está? Debe andar esparcido y bien guardado, siguiendo el modus operandi de la mafia. En Paraguay las autoridades no se ocupan mucho de recuperar lo robado -nadie está dispuesto a dispararse a sí mismo. Esta es otra característica resaltarte de la función de las altas autoridades: mantener y legitimar por prescripción los bienes malhabidos. "Lo robado ya se robó" es la máxima, hasta el presente no desmentida en los hechos. Lo recuperado durante la primera fase de la transición sumó USD 19 millones extraídos de Alcibíades Britez Borges, Hugo Dejesús Araujo, Roberto Knopfelmacher y otros 41 ex stronistas presos. Parte de los bienes inmuebles fueron a remate, entre ellas una estancia de 6.600 ha en el distrito de San Joaquín, departamento de Caaguazú, devuelto por Araujo. 8/. Como lo demostró la fiesta Libertadora capitaneada por Andrés Rodríguez, sideral mayor cantidad pasó de los caídos a los generales de Caballería y familia presidencial. Aquella redistribución tipo pirata no tuvo efecto sobre el resto de la economía, no hubo spill-over. Quedó todo en familia, un tanto al estilo siciliano pero con ingenuidad del trópico.

Para referencia de paso valga notar que Alfredo Stroessner y su hijo Gustavo Stroessner poseían en 1989 un activo conjunto de USD 2.450 millones entre dinero en efectivo, cuentas bancarias en Unión de Bancos Suizos, Citibank, Chase Manhattan Bank, Banque Paribas (Caimán y París), Banque Worms, Banco Exterior de España, Banco do Brasil, Deutsche Bank, estarcías en Paraguay (Chaco y región Oriental) y Brasil (estado de Paraná), inmuebles en Asunción, Ayolas, Ciudad del Este, Encarnación, Buenos Aires, Guaratuba, Zúrich, Miami Beach, Punta del Este, Madrid y Mar del Plata, fábricas, financieras y empresas de construcción y seguros en Paraguay, Argentina, Alemania y Estados Unidos, hotel casino en Asunción, Foz de Yguazú y Buenos Aires, eran accionistas de Canal 9 TV Cerro Corá, BANCOPAR, Entrecanales y Tavora del Paraguay, Alfa-Beta Construcciones, CONEMPA-Consorcio de Empresas Paraguayas que participó en la construcción de obras civiles principales y secundarias en Itaipú y Yacyretá. Aproximadamente la mitad de los activos radicados en Paraguay fueron confiscados de facto por Rodríguez y sus yernos, equivalente a unos USD 150 millones en inmuebles y empresas que pertenecían a los Stroessner. Pero éstos conservaron prácticamente la totalidad de sus bienes en el exterior, entre las cuales un monto indeterminado en sendas cuentas de Banca Privada Citibank/Nueva York y Banca Privada UBS/Zúrich. Estas cuentas llevan perfil actualizado y registros del patrimonio de cada cliente, detalle de depósitos y transferencias de dinero, lo mejor que existe en términos de información bancaria confidencial. Alfredo y Gustavo Stroessner están listados en el Citibank entre las 350 cuentas políticas alrededor del mundo con un selecto servicio de atención personalizada, 365 días al año en cualquier lugar, asesoramiento en inversiones y transferencias para minimizar riesgos y pago de impuestos, disponibilidad inmediata sobre total del depósito y garantía absoluta. Comparten con otros 100 presidentes, ministros y ex-altos cargos latinoamericanos dicho servicio al lado de Juan Carlos Wasmosy. El depósito mínimo inicial de USD 3 millones y un perfil personal conducente a depósitos adicionales asegura que Banca Privada sea de alto vuelo y bajo perfil, no exenta de cuestionamientos por facilitar lavado de dinero.

Cuando Stroessner era general de Brigada no poseía más que una casa en Paraguarí y su sueldo era de USD 5.500 al equivalente anual actual. Debió haber ganado varios gordos de lotería para que 42 años después llegara a competir en cuantía de activos con el rey de la coca Pablo Escobar. No vivía con ostentación, sin embargo. Algunos recuerdan que cada 8 de diciembre viajaba a Caacupé para la misa central y cuando el cesto de óbolos se acercaba, estiraba la mano sobre el hombro para que su personal le pasara un billete de 1.000 guaraníes. El remitió fondos al exterior más que en billetes de 1.000 guaraníes.

Cada uno de los predecesores de González Macchi tomó prestado abundante dinero del contribuyente y en la mejor tradición religiosa siempre hubo contribución para la virgen de Caacupé. Ninguno fue condenado. Los más grandes ladrones paraguayos fueron intocables, situación que continúa todavía. Los controles institucionales y la administración de justicia, a pesar de las fehacientes pruebas de ilícito, se doblaron ante el poder político. La patria por la que los políticos se sacrifican verbalmente con sospechosa frecuencia ha sido parcelada y revendida. Carece de importancia para los Colorados, diestros en el arte de las reunificaciones que siguen a los choques, humillaciones y dispersiones familiares. Se reacomodan sin elegancia pero con buen apetito, agregan nuevos comensales toda vez que las presiones así lo exijan y negocian mientras comen. Un observador atento no podría menos que admirar su flexibilidad. Entre mordiscos se dan abrazos.

El presidente de la Corte Suprema Raúl Sapena Brigada es una persona de modales afables que escoge las palabras para expresarse. Jurista de dilatada carrera con formación por encima del promedio entre sus pares, es un eximio navegante de agua servida. Ante una delegación de periodistas acosados por asaltos de domicilio, amenazas y la persecución a uno de sus colegas que había prestado testimonio contra el ex-ministro del Interior Walter Bower por un robo de USD 11 millones ocurrido en el aeropuerto de Luque, Sapena Brugada dio su pequeño discurso. "Los magistrados y periodistas nos defenderemos ante las mafias que pretenden manejar el país... les puedo asegurar que van a contar con el apoyo de la Corte", manifestó. Sabía que sería escuchado por mucha gente dentro y fuera del Palacio de Justicia. La nota fue transmitida ese mismo mediodía por Canal 13. El conductor, Carlos Martini, un tanto extrañado por lo contundente de la declaración, comentó que el ministro tuvo un lapsus. "Debió decir las mafias que gobiernan el país", aclaró 9/.

Paraguay no es una república bananera. Su producción de banana no es destacable y en el territorio no se halla radicada ninguna empresa que se parezca siquiera a la United Fruit Co. Pero produce una buena cantidad de criminales. Algunos de ellos controlan la economía y la política, otros tantos los secundan desde los distintos niveles de la burocracia. Sapena Brugada es uno de los sostenedores y beneficiarios del crimen organizado. Los negocios que antes eran exclusividad del equipo de los generales y directivos partidarios junto con emprendedores comerciantes aupados al carro del poder fueron pasando a los hijos y nietos. Tanto así que a la renovación biológica acompañó una relativamente ordenada renovación corporativa dentro de los confines de las familias. En algunos tramos ellas formaron clanes, sea por padrinazgo 0 casamiento, en otros se combatieron en la medida de la descomposición del Partido Colorado. Verdaderas guerras se desataron cuando los caudillos perdieron la capacidad de arbitrar o se les escapó de las manos el control represivo. Desde la segunda fase de la transición ellos se vieron obligados a turnar el mando por la prohibición constitucional de reelección. A los caudillos stronistas y sus lugartenientes les sucedieron los respectivos hijos. Ello sirvió para reproducir y a la vez reformar por fuera la estructura mafiosa que cual dinastía rigió en el tiempo los negocios del Estado.

DE PADRE A HIJO: LOS SAPENA */

*En referencia exclusiva a Raúl Sapena Pastor y Raúl Sapena Brugada, con exclusión de cualquier otra persona del mismo apellido

Sapena Pastor se desempeñó en el servicio diplomático y en el Banco Central, institución ésta donde por breve tiempo fue presidente. En tal función firmó con la casa de moneda Thomas de la Rue de Londres un contrato para la reposición de billetes y aumento del medio circulante. El contrato se hizo en forma directa, sin llamado a licitación, teniendo la particularidad que Thomas de la Rue estaba representada en Paraguay por la firma DIESA de la que Sapena Pastor era accionista principal. DIESA representaba localmente a varias empresas extranjeras, entre ellas la Volkswagen cuyos vehículos vendía en exclusividad aquí. La contratación de favor con Thomas de la Rue produjo altas comisiones para el accionista Sapena Pastor, comisiones que se prolongaron par las sucesivas emisiones monetarias ya cuando él pasó a más altas responsabilidades gubernamentales. En mayo 1956 fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de Hipólito Sánchez Quell, a quien se lo relacionaba con la política exterior pro-argentina promovida por el depuesto Epifanio Méndez Fleitas. Con ese cambio el Gobierno Stroessner concretó el viraje a la posición pro-brasileña y pro norteamericana que desde entonces lo identificó.

En su carácter de ministro y miembro de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, Sapena Pastor adhirió a la iniciativa propiciada por Tomás Romero Pereira y J. Bernardino Gorostiaga, presidente y vicepresidente de aquella Junta, a favor de la candidatura de Stroessner a las elecciones generales de 1958. El documento en cuestión se conoce como Acta de Cerro León y tuvo en el ministro del Interior Edgar L. Ynsfrán un activo co-promotor 10/. El auspicio unánime del alto colegiado Colorado dio por resultado la nominación de Stroessner para un segundo mandato, el que logró sin dificultad.

Sapena Pastor era un persuasivo negociador. En ocasiones, sin embargo, sus pedidos de préstamos y donaciones resultaron excesivamente insistentes para los norteamericanos a quienes por todos los medios trató de vender la posición anticomunista del Gobierno. Ofreció a cambio concesiones para prospección petrolífera, traslado de crédito blando a empresas norteamericanas radicadas en el país y facilidades militares a instalar en cualquier lugar del territorio. Las concesiones petrolíferas a Pure Oil, Hancock Oil, Signal Oil, Standard Oil y otros sobre más de 6 millones de hectáreas en el Chaco, los créditos a IPC y CAFÉ así como el acuerdo para la instalación de un centro de monitoreo de radiocomunicaciones con alcance regional se concretaron en los primeros años de la gestión Sapena Pastor. Todo ello precedido por la publicitada visita que Stroessner realizó a Panamá en julio 1956 para asistir a la Conferencia Interamericana de Jefes de Estado convocada por Dwight Eisenhower. En la delegación estuvieron el ministro Sapena Pastor, el viceministro Luis María Boettner, el jefe de Protocolo Tomás Salomoni, Leopoldo Ramos Giménez, Raúl Nogués, el capitán José María Argaña y el capitán piloto Leo Nowak. La entrevista Eisenhower-Stroessner fue considerada altamente significativa en medios paraguayos 11/.

No es de extrañar que ante esos logros, Stroessner lo tuviera como una de sus ministros de mayor confianza y lo confirmara con cada elección que ganaba. Ta confirmación de agosto 1958 fue especialmente importante pues estaba gestándose dentro del Partido Colorado una mayúscula pugna de poder. Ella se definiría un año más tarde al quedar aplastada más de la mitad de la Junta de Gobierno y disuelta la Cámara de Representantes. En setiembre 1959, ya finiquitada la limpieza, fue electa una nueva Junta de Gobierno y en ella Sapena Pastor se ganó su lugar por la probada lealtad al caudillo.

En el orden financiero-empresarial el ministro tampoco descuidó sus intereses. Con el dinero que iba obteniendo de los préstamos del exterior, porcentaje menor al de Stroessner pero nada despreciable, pudo entrar como presidente del directorio del Banco de Asunción. Este fue un joint venture entre banqueros españoles, Stroessner y Sapena Pastor. El monto mayor del capital provino de dos créditos del Banco Exterior de España y del Estado Español, respectivamente, por un total nominal conjunto de USD 6.3 millones para la fabricación de buques destinados a la Flota Mercante del Estado. Contratada la construcción sin licitación, los barcos llegaron a Paraguay coincidente con la apertura del nuevo banco. Con idéntico fin y también para la Flota Mercante del Estado se contrató un préstamo del Japón por USD 3.8 millones, el que sumado a otros tantos créditos provenientes de Estados Unidos, Brasil, Alemania y del BID devengó otra partida de jugosas comisiones para el dúo Stroessner-Sapena Pastor 12/.

Ninguno de los gastos e inversiones a que fueron asignados tales fondos pudo ser controlado. No existía un solo organismo de control gubernamental y, sobre todo, nadie podía meter las narices en las cuentas públicas. La discrecionalidad era la regla y el único límite lo ponía Stroessner para que personajes más codiciosos que él como el ministro Ynfrán, el general Colmáis, el jefe de Policía Duarte Vera o el edecán presidencial Argaña no se llevaran el dinero en bolsas. Los pedidos de éstos al ministro de Hacienda César Barrientos y al presidente del Banco Central Gustavo Storm (luego reemplazado par César Romeo Acosta) eran todos de naturaleza urgente. Los fondos nunca alcanzaban, de ahí los sistemáticos reajustes en obras públicas disimulados como 'ampliaciones'.

La apropiación de caudales no suponía un estigma ni era justiciable cuando la cometía un alto cargo o funcionario cercano a Stroessner, e incluso era bien visto cuando alguna porción se entregaba a los correligionarios para proveer a sus necesidades. El hacer oposición activa, desviar del código de lealtad al jefe o pretender hacerle sombra sí, eran hechos graves. La prensa local nada publicaba sobre las rapiñadas de alto nivel. Es que El País pertenecía a Stroessner (el director era Leopoldo Ramos Giménez), Patria era el órgano oficial de la junta de Gobierno (bajo dirección de Ezequiel González Alsina) y La Tribuna era propiedad de una familia conservadora Liberal (el director era Arturo Schaerer) 13/. El País con el tiempo quedó a cargo del director del Servicio de Intendencia del Ejército, coronel Pablo Rojas, quien amplió su inversión a Radio Ñandutí bajo permiso de Stroessner,

El Banco de Asunción creció en aquel ambiente de autocensura, favores compartidos y privilegios intercambiados a nivel de cúpula. La diestra mano de Sapena Pastor lo fue guiando, paso a paso. A mediados de la década del `60 entró a operar Refinería Paraguaya SA (REPSA} cuyos accionistas principales eran Philippe de Bourbon, Higinio Blanco y Marcel Degraye por la inversión foránea, Stroessner y Sapena Pastor por la doméstica. Fue a la compañía madre REPSA, Bolivian Oil Co. (BOC Internacional) que el Gobierno otorgó la concesión inicial para la instalación de una refinería en Paraguay. BOC Internacional estaba conectada orgánica y accionariamente a la Standard Oil Co. de Nueva Jersey, cuya filiación de capital la tenía con EXXON [en Paraguay su rama ESSO estaba ubicada entre las 10 mayores empresas a principios de la década del `70]. Posterior a la inauguración de la planta de refinación de crudo y depósitos en Villa Elisa, sobre el rio Paraguay muy cerca de Asunción, BOC Internacional transfirió su paquete de acciones a socios principalmente norteamericanos. Tal la explicación del entonces gerente de REPSA, Alfonso Villena, en esencia correcta pero incompleta 14/.

Lo que en la actualidad se conoce es que el paquete accionarlo mayoritario de REPSA pasó a la central del conglomerado Standard Oil - EXXON - Chase Manhattan Bank cuya cabeza visible eran Nelson Rockefeller y David Rockefeller. Diluido en la bolsa de Nueva York, el resto de las acciones se diversificó entre firmas satélites radicadas en Buenos Aires, Montevideo y Asunción, entre las cuales el Banco de Asunción fue una de las tomadoras. Se estableció de esa manera un nexo entre los Rockefeller con Stroessner y Sapena Pastor, el cual resultó en una muy rápida expansión del grupo en Paraguay. Alrededor del mismo se instalaron en los años '70 el Chase Manhattan Bank sucursal Asunción, Compañía Petrolera del Chaco, Refinería Comercial SA (REFCO) y NAVIPAR, estas dos últimas con capital inicial levantado de REPSA. Las satélites REFCO Y NAVIPAR prontamente se hicieron dueñas de tanques de almacenamiento con facilidades portuarias en Hernandarias y Calera Cué (Paraguay) y Zárate (Argentina), respectivamente. A su vez, cada una de estas empresas controlaba otras en una red extendida cuyas líneas de confluencia terminaban en Stroessner y Rockefeller.

Nelson Rockefeller visitó al presidente en el Palacio de los López el 19 de junio 1969 como enviado especial del presidente Richard Nixon, ostensiblemente para evaluar el estado de las relaciones bilaterales y formular recomendaciones que servirían para relanzar la política exterior norteamericana hacia la región. Hablaron también de negocios comunes y de la posibilidad de nuevas inversiones a radicar en Paraguay, lo que habría de concretarse de ahí a poco. Por entonces y en la década siguiente el grupo Rockefeller era el primero en activos en el mundo. El Chase Manhattan Bank figuraba en tercer lugar entre los 100 bancos comerciales a nivel mundial. En aquel imperio con sede central en Manhattan Plaza, Nueva York, literalmente no se ponía el sol.

Aun así Nelson Rockefeller no fue bien recibido entre los grupos de estudiantes secundarios y universitarios. Varios movimientos de las facultades de Ingeniería, Derecho, Filosofía, Medicina, Contables y de los colegios Cristo Rey, Goethe y Nacional de la Capital protagonizaron demostraciones, trataron de impedir el paso de la caravana del visitante y quemaron una bandera de Estados Unidos frente al local de Ingeniería UNA. Fueron garroteados a cabalidad, algunos confinados, otros puestos en prisión. Como estuvieron involucrados profesores y estudiantes de centros de formación católicos, varios de ellos sufrieron represión. El Cristo Rey fue invadido. En respuesta, la Conferencia Episcopal Paraguaya excomulgó al ministro del Interior Sabino A. Montanaro y al jefe de Policía Alcibíades Britez Borges 15/. Los estudiantes recordaron a través de boletines repartidos en las marchas que Standard Oil Co. había sido responsable de azuzar y apoyar al Gobierno de Bolivia en la invasión al Chaco y la guerra consiguiente que produjo una carnicería por ambos lados.

Cuestión ésta que tenía sin cuidado a Sapena Pastor y asociados. Como ellos alegaban en privado, una partida de estudiantes bochincheros y curas marxistas no iba a destruir la democracia. Lo que en términos prácticos significó mantenerlos a racha. Francisco de Paula Oliva fue expulsado. Años después le siguieron Miguel Sanmartí, José Caravías, Vicente Barreto, José Munarriz y otros jesuitas.

Entretanto REPSA seguía facturando. La plata salía de la misma lata, el presupuesto nacional desviado, al que se añadían las tierras para asiento de sus plantas, depósitos y puertos -y hasta para sus estancias de miles de hectáreas adquiridas en cuota del IBR. El proveedor principal era el Banco Nacional de Fomento, institución estatal que canalizó financiamiento del BID, Banco Mundial y Gobierno de Estados Unidos fuera de los términos de su reglamento interno. BNF otorgó a REPSA créditos a largo plazo con una tasa del 2 por ciento anual cuando el promedio de interés para sus demás clientes era del 15 por ciento anual. En 1962 REPSA habla obtenido por ley el monopolio por 10 años para la importación y refinación de petróleo, con lo que el anterior grupo importador compuesto por Antonio y Aldo Zuccolillo que adquiría combustible refinado de YPF Argentina quedó fuera del negocio. Los Zuccolillo nunca perdonaron esta maniobra de Stroessner-Sapena Pastor pero tuvieran que esperar largo tiempo para vengarse.

NAVIPAR obtuvo de REPSA el transporte fluvial del crudo, lo cual dejó a la Flota Mercante del Estado sin su mayor fuente de ingreso por flete. Curiosamente, NAVIPAR compró a precio de remate los buques de aquella empresa estatal..., y los revendió de vuelta a la misma con el uso y abuso correspondiente años después. Fue una transferencia en gran forma de recursos públicos al pulpo petrolero que no tenía competencia, que compraba y vendía al Estado a su propia conveniencia y precia con garantías autorizadas por su dueño Stroessner. NAVIPAR también quedó con las instalaciones de Zárate donde el Gobierno de Argentina había otorgado al Gobierna de Paraguay una zona y puerto franco durante el Gobierno Wasmosy la concesión fue transferida a otra empresa extranjera como si se tratase de propiedad privada. La franquicia del país vecino fue aprovechada para sucesivos negocios particulares y terminalmente desnaturalizada, habiendo nacido tales negocios durante el stronato y prolongado a la transición. REFCO, por su parte, fue una pantalla para abultar los costos de compra, flete marítimo, seguro y estibaje junto con la empresa francesa INTERETUD conexión que más adelante daría origen al gran negociado para la construcción llave en mano de un segundo alto horno en Vallemí contratado con la empresa francesa BCEOM, con financiamiento de un consorcio de bancos franceses bajo garantía del Gobierno de Paraguay.

REFCO quedó con parte de la propiedad que tenía REPSA en Villa Elisa, con unas 50.000 ha de tierra en el Chaco, depósitos y tanques en Hernandarias y otros bienes. A1 tiempo de revertir la concesión junto con el total de sus activas, REPSA dilató la entrega hasta principios de 1981 y finalmente quedó como asociada del Estado. Cosas del presiente y su ministro de Relaciones Exteriores. Pelaron a la concesionaria transfiriendo la mayoría de sus bienes a las firmas satélites y lavaron las ganancias obtenidas ilícitamente. Ya caduco el plazo de ley asociara a la concesionaria en la empresa mixta PETROPAR para continuar esquilmando a los consumidores.

Las ganancias fueron en aumento en la medida de las sobrefacturaciones por diversos rubros, respondidas con otros tantos decretos que firmó Stroessner para la suba del combustible. En 15 años de operaciones, REPSA-REFCO-NAVIPAR generaron en conjunto unos USD 700 millones de utilidad neta 16/.

Stroessner y Sapena Pastor se embolsaron con el esquema del petróleo unos USD 400 millones libres de polvo y paja. Ciertamente no les quedó todo solamente a ellos. Había otros comensales que se servían según su trabajo en negociar, asesorar, gerencias, atar nuevos contactos y lavar el dinero que entraba a montones. En el equipo jurídico trabajó Raúl Sapena Brugada, quien ya venía con una sólida experiencia en la magistratura -fue juez de la Instancia en lo Civil y Comercial- y en el Banco de Asunción donde se desempeñaba como asesor jurídico. Mantenía un bajo perfil alejado de la actividad partidaria. No hacía proselitismo y no ocupó banca en el Congreso o la Junta de Gobierno. Iba ascendiendo a la sombra de su padre y por méritos probados en el enrevesado campo de los contratos, los pleitos derivados del negocio bancario, la formación de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada que encubrieran los nombres de propietarios y transferencia de dinero. Hacía falta conocimiento, sutileza y suficiente mandato para llevar a cabo tan delicadas tareas. Sapena Brugada aprendió el oficio entrecasa y cuando su padre fue retirado, él quedó a cargo.

Luego de haber concluido las negociaciones con Brasil para el aprovechamiento del rio Paraná y la firma del tratado de Itaipú (abril 1973), Sapena Pastor entró en fase de declinación ante su jefe. En aquellas negociaciones lo acompañaron el presidente de ANDE Enzo Debernardi, el senador y director de Patria Ezequiel González Alsina y el senador Carlos A. Saldívar. Tan pronto el acuerdo se presentó al Congreso para el trámite de aprobación, comenzó un intenso debate público sobre sus cláusulas. Desde las páginas de ABC, Aldo Zuccolillo aprovechó para difundir los cuestionamientos por parte de representantes del Partido Liberal Radical, gremios empresariales, técnicos nacionales y extranjeros. Le añadió su propia crítica desde los editoriales. Dio cabida a las opiniones disidentes de profesores, estudiantes y activistas de otros partidos. Transcribió los argumentos del Partido Colorado y Patria, confrontados con las reacciones que el tema produjo en Buenos Aires. EL líder argentino, Juan Domingo Perón, quien desde la Presidencia desplegó una intensa ofensiva para tratar de reatar los lazos de amistad y cooperación con Asunción, logró se concluyera a marcha forzada los arreglos para el emprendimiento Yacyretá. Este tratado fue firmado en diciembre 1973 con cláusulas que en comparación a las de Itaipú eran más equitativas para las partes. Ello dio respaldo a las objeciones y solicitudes de enmienda del acuerdo con Brasil, ya sancionada y promulgado sin alteraciones. Las bancadas del Partido Colorado con los dos tercios de votos en Senadores y Diputados había rendido disciplinada pleitesía a Stroessner. El fue apropiadamente recompensado por Emilio Garrastazu Médici, presidente de Brasil, con USD 150 millones según fuentes diplomáticas de la época 17/.

El consorcio que en Paraguay recibió la parte del león de los beneficios por trabajos de preparación del terreno, excavación y remoción de tierra, construcción de obradores, caminos y participación en la construcción del dique fue CONEMPA. Otra porción importante fue para el Grupo Consultor Alto Paraná que realizó estudios de pre factibilidad, cartografía, mapeo, relevamiento de propiedades en la zona a ser inundada, cálculo de compensaciones e indemnizaciones a los afectados. Entre los que compraron tierras antes de determinarse lo referente a indemnizaciones hubo varios altos cargos gubernamentales y sus parientes, prestanombres del Grupo Consultor Alto Paraná y mismo sus directivos. El presidente de esta firma fue Raúl Sapena Brugada. En ella tenían participación Gustavo Stroessner, Conrado Pappalardo, Enzo Debernardi, Alexis Frutos Vaesken, Carlos A. Saldívar y los que luego serían conocidos como barones de Itaipú. Trabajaban en simbiosis con el consorcio CONEMPA. En una de las tempranas repartijas de fondos, a fines de 1975, Sapena Pastor fue removido de su cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Lo reemplazó Alberto Nogués. Con anterioridad el Banco de Asunción había caída en mora con el Banco Central por sumas multimillonarias y su paquete accionario depreciado pasó en garantía al acreedor. Había sida vaciado escrupulosamente.

Stroessner no perdió nada. Prontamente se hizo de BANCOPAR, donde lo representaron Gustavo Stroessner, Graciela Stroessner y su esposo español Manuel González Llamas, éste a su vez ligado con la constructora Entrecanales y Tavora. Sapena Pastor y su hijo Sapena Bragada pusieron a buen resguardo sus fondos en el Banco de Inversiones del Paraguay (BIPSA) nominalmente bajo dirección de un asociado, el abogado Germán Servián, y en Financiera ERCOLE. Con el tiempo tanto BIPSA como Financiera ERCOLE fueron aumentando sus operaciones con nuevas sucursales en Asunción e interior. Sintomáticamente, la casa central de ERCOLE estaba ubicada al lado de Sapena & Asociados, el estudio jurídica de Raúl Sapena Bragada sobre la calle Cerro Corá de Asunción. Ambas propiedades y otras de alto valor en el micro centro, al igual que el grueso del capital de ERCOLE son hoy día de Sapena Bragada. En 1997 BIPSA se liquidó luego de recibir jugosos depósitos de IPS que nunca retornó, al momento que Sapena Bragada ya ejercía el cargo de miembro de la Corte Suprema. También es dueño de una estancia de más de 4.000 ha en la zona de Arroyos y Esteros. Actuó de activo intermediario en la venta de grandes extensiones entre los departamentos de San Pedro, Canindeyú y Alto Paraná en su carácter de asesor jurídico de la Uniao de Empresas Brasileiras (UEB), del cual eran accionistas principales el general Olympio de Sá Tavares, Alberto Gama Camargo y Olympio Tavares Filho. UEB se radicó en Paraguay con la firma San Pedro Agroindustrial por una adjudicación inicial del IBR de 18.600 ha en San. Estanislao. Esta firma fue aumentando su patrimonio con sucesivas compras de tierra, entre ellas las que habían sido hipotecadas por FINAD contra grandes créditos públicos que no fueron pagados. FINAD había sido instrumento de especulación de Luiz Ferdinando y Luigi Piccollo, brasileños apadrinados por el entonces coronel Pablo Rojas. Eventualmente dichas tierras y estancias pasaron a San Pedro Agroindustrial y UEB, las que a principios de los años '70 ya contaban con unas 200.000 ha., todas adquiridas a precio fiscal y a largo plazo. Sapena Brugada recibió parte de ellas, revendió a la vez de acaparar en zonas aledañas a Itaipú y Yacyretá otras tierras que las respectivas entidades binacionales le indemnizó a alto precio por hectárea. Financiera ERCOLE estuvo asimismo activa en el ramo inmobiliario y cambio de moneda. La Superintendencia de Bancos no tiene registrada esa entidad financiera, si bien ella apera como tal abiertamente 18/.

No es de gran cuantía lo que posee Sapena Brugada en el país en comparación a sus depósitos e inversiones fuera. El es un hombre previsor que va a lo seguro, conociendo la volatilidad de las riquezas amasadas tras el poder. Algunas fueron confiscadas de hecho con los cambios de gobierno 0 la remoción de sus titulares de los altos puestos. Otras se perdieron en la sucesión, caso Manufactura de Pilar, la principal planta textil desde la década del '40 en adelante. El fundador y por mucho tiempo presidente fue Pablo Alberzoni, quien falleció en 1973 en momento que la fábrica y depósito ocupaban a 2.100 operarios, producía 3.2 millones de kilos de tejido al año y gozaba de una buena situación financiera. La viuda, Marianne Glass de Alberzoni, vendió a precio de remate la firma con todas sus propiedades luego de hacer a un lado a la hija y co-heredera Magdalena Alberzoni. El abogado de la viuda fue Sapena Brugada y el traspaso recayó en su amigo Guillermo Caballero Vargas [quien hasta hoy sigue al frente de Manufactura de Pilar cuyas finanzas han decaído grandemente en los últimos 2 años].

Pero Sapena Brugada no decayó y llegó a ser ministro de Educación y Cultura en el Gobierno Rodríguez. Tuvo que dimitir en el último tramo de acuella administración, no sin antes sacar generosas tajadas de los créditos internacionales contratados para ampliaciones de locales escolares, construcción de colegios y elaboración de textos. Su dimisión se debió al apoyo a la fórmula Caballero Vargas Presidente, forzada por los generales que secundaban la candidatura de Juan Carlos Wasmosy. Este fue ungido presidente en agosto 1993 y Sapena Brugada volvió a tener oportunidad con las posteriores negociaciones ínter-cúpulas que se dieron en el marco del Pacto de Gobernabilidad. A propuesta de Guillermo Caballero Vargas ingresó como cupo del PEN a la Corte Suprema de Justicia. Fue electo presidente del alto cuerpo judicial por segunda vez en febrero 2001. De acuerdo a la resolución del pleno en el caso de la acción de inconstitucionalidad respecto de la inamovilidad, los miembros de la Corte son inamovibles hasta los 75 años de edad, salvo remoción por juicio político. Sapena Brugada tiene más que suficiente dinero acumulado para llegar a los 75 años sin preocuparse del sueldo. Su activo está en el orden de los USD 88 millones.

MARCHA DE LA JUSTICIA

Según la percepción de una mayoría absoluta de la ciudadanía, el Poder Judicial es el más corrupto de los tres poderes del Estado. El 69 por ciento de los empresarios y el 56 por ciento de los particulares consideran que el Poder Judicial es dependiente de intereses económicos y que esto determina los fallos. El 61 por ciento de los empresarios y el 58 por ciento de los particulares consideran que el Poder Judicial no es justo en sus fallos. De acuerdo a los más recientes informes del Gobierno de Estados Unidos en relación al tema, "el Gobierno de Paraguay reconoce que la corrupción es un desafío a la política pública pero ro ha tomado las medidas suficientes para prevenir o castigar la corrupción pública en general, o específicamente con respecto al narcotráfico". Agrega el mismo informe que "Paraguay sigue siendo un país de tránsito de aproximadamente 100 toneladas métricas anuales de cocaína, en su mayor parte boliviana, así como una nación proveedora de marihuana de alta calidad... Paraguay es un gran centro de lavado de dinero en América Latina pero sigue sin aclararse la porción del lavado relacionado a la droga..., Paraguay es vulnerable al lavado de dinero debido a la corrupción oficial endémica, la débil regulación de su sistema financiero e implementación deficiente de su legislación". En otro informe de la misma fuente se lee que "Paraguay continúa siendo un centro regional para la piratería, la falsificación y punto de trasbordo a mercadas mayores limítrofes, especialmente Brasil" 19/. Debido a ello, se lo considera País Extranjero Prioritario, una especie de criminal de cuidado al que lo protegen su soberanía y sus mafias desde lo alto del poder.

En un caso específico que tomó estado público, cita el mismo documento, "hubo sospechas de corrupción judicial en la liberación por segunda vez en dos años del traficante Néstor Báez quien fue arrestado por posesión de 36 kilogramos de cocaína en 1998. En enero del 2000, al iniciarse el receso judicial anual, Báez fue liberado de prisión en un proceso plagado de irregularidades. A pesar de la amplia cobertura de prensa sobre la cuestionable acción judicial, ninguna de estas autoridades (el juez Juan Carlos Paredes y la fiscala Natalia Acevedo) fue objeto de acción disciplinaria por parte de la Corte". Traficante de peso ligado al capo brasileño Fernandinho Beira Mar, con vastos recursos y contactos en la frontera Pedro Juan Caballero-Ponta Porá, Báez Alvarenga aprovechó bien su libertad bajo fianza y no compareció al Juzgado donde debía estampar su firma como procesado en libertad condicional. Desde marzo 2000 se halla prófugo. Hubo algo más que irregularidades. El jefe de Inteligencia de la SENAD, Aldo Pastore, había elaborado un informe que plantó evidencias sobre la inocencia del narco. El Tribunal de Apelación en lo Criminal conformado por José Agustín Fernández, Delio Vera y Anselmo Aveiro, con voto en disidencia de este último, dispuso su liberación en marzo 1999 pero ante el revuelo por 1o injusto de la medida y la sostenida presión norteamericana decidieron devolverlo a prisión meses después. El juez Paredes, en una insólita resolución carente de cualquier soporte legal y totalmente absurda, anuló la decisión del Tribunal de Apelación y devolvió a la calle al procesado. A partir de ahí "si te he visto no me acuerdo", chau traficante. Dado que la banda fue pescada con la mano en la masa, dos cómplices suyos fueron condenados a 20 años de prisión en febrero 2001 20/. En un estudio de la Junta Interamericana de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) están contenidas las razones de la elevada cantidad de droga que transita por el territorio, desde el norte del Chaco al este de la región Oriental que constituye el corredor de mayor actividad. Están vigentes leyes suficientes de prevención y sanción, cuyos antecedentes se hallan en la Ley N° 357 de 1972 que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes, drogas peligrosas y otros delitos afines y establece medidas para la recuperación de los toxicómanos. Por Decreto N° 25.587 de 1976 se estableció la organización y jurisdicción del ente para reprimir el tráfico ilícito de estupefacientes, drogas peligrosas y otros delitos afines. Así nació el Departamento Nacional de Narcóticos y Drogas Peligrosas dependiente del Ministerio del Interior como órgano colaborador del Poder Judicial, el cual más adelante pasó a denominarse Dirección Nacional de Narcóticos (DINAR). Por encima estuvo el ministro Montanaro, de acuerdo a su organigrama, y como director el comisario general Inocencio Montiel. Con la creación de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) en diciembre 1991, el campo de acción y los recursos para combatir el narcotráfico se ampliaron grandemente bajo autoridad militar. David Samaniego, Mario Escobar Anzoátegui, Ramón Rosa Rodríguez, Evaristo González, José Tomás Centurión y Carlos Ayala fueron los generales designados como secretarios ejecutivos de dicha institución hasta 1998. José Tomás Centurión estuvo directamente implicado en el tráfico y lavado de dinero como lugarteniente del general Lino Oviedo, según constancias obtenidas por la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre Narcotráfico del Brasil 21/. . Además fue procesado y condenado en la Instancia por la sobrefacturación en la compra de 3 helicópteros inservibles para la SENAD. El pago fue de USD 3 millones por esos aparatos que nunca pudieron utilizarse y quedaron convertidos en chatarra. En la Cámara de Diputados de Paraguay se constituyó una Comisión de Lucha contra el Narcotráfico presidida por Nery Pereira, la cual trabajó al lado de su par brasileña para desnudar la compleja red de poder en cuyo interior se desenvuelve aquella actividad transfronteriza.

Se halla vigente la ley antilavado y existe una Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (SEPRELAD). El problema radica en "los impedimentos políticos, financieros y de organización para aplicar esa legislación y asegurar el pleno funcionamiento de las estructuras de fiscalización.., en Paraguay prácticamente no hay ningún control sobre el movimiento de cualquier tipo de mercancía y se facilita mucho toda clase de contrabando, incluido el contrabando de drogas y sustancias químicas", según se lee en el informe de la JIFE

Más que falencias por escasez de magistrados y recursos materiales que apoyen la tarea de investigación, ciertamente notorios, la cuestión de fondo descansa en una estructura judicial que no está dirigida a hacer justicia. De hecho, el Gobierno no se orienta a proveer bien común ni justicia social sino a privilegiar los grupos de poder establecidos y las cúpulas partidarias conectadas a ellos. Con órganos e institutos que funcionan en contrario de lo legal y constitucionalmente fijado, la transición ha resultado una cura maldita y últimamente una enfermedad más invasiva que la dictadura.

Lo singular y extraño es que algunas instituciones funcionan bien para su cometido. Tal el caso de SENAD y DINAR dirigidas por el teniente coronel Hugo Ibarra y el comisario Arístides Cabral respectivamente. Son profesionales altamente competentes que se remangan, ponen el cuerpo y van al campo a quemar plantaciones de marihuana, rastrillan los pasos de frontera y guaridas de los traficantes, los detienen, decomisan sus cargas y llevan riguroso inventario como si de ello dependiese la salud de la República. Con escasos medios realizan una tremenda tarea, tanto que se han ganado el respeto de sus contrapartes antidrogas de Brasil, Argentina y Estados Unidos. Les falta apoyo de radar en la frontera, aviones, helicópteros y transporte terrestre adecuado, pero sobre todo les falta el soporte judicial firme para limpiar de narcotraficantes el país. La determinación de Ibarra y Cabral contrasta nítidamente con los cálculos de conveniencia que rigen en la administración de justicia.

Báez Alvarenga anda tomando tereré por Corumbá, el juez Paredes sigue dictando resoluciones en su despacho de Asunción. Persiste como continuidad del stronato un equilibrio por amistad o parentesco, intereses compartidos, subordinación a jefes partidarios, primacía del mbareté sobre la ley escrita. Mbareté no ya al estilo dictatorial sino adaptado a las peculiaridades de la democracia. En ella la aplicación de la ley obedece a una curiosa mezcla de dinero e influencia (clout) que cubre a los integrantes del prodigiosamente perdurable círculo del poder. Es ella y su resultante, la impunidad, las que permiten a los hijastros e hijos paridos por la dictadura continuar mandando. No están solos, sin embargo. Se les unieron los políticos Liberales y Encuentristas, varios anteriormente opositores a Stroessner y algunos de ellos opositores-rentados en el Congreso con expreso permiso de Stroessner. Se cansaron de andar a salto de mata y protegidos por fueros parlamentarias más la complicidad de los respectivos directorios partidarios, se dedicaron a hacer plata detrás de los capomafiosos. ¡Guarda con el discurso! Siguieron predicando la transparencia y chicoteando contra la corrupción, a veces hasta la indignación. Si Sapena Brugada lo hacía desde el más alto sitial jurisdiccional, ¿qué le impide al Liberal Rodrigo Campos Cervera pontificar sobre la necesidad de una limpieza moral y proponer refundir la República? Caballero Vargas fue el de la idea cuando lanzó su campaña en 1993. Algunos Encuentristas cínicos dicen que en realidad él fue mal interpretado, que su propuesta real fue refundir la República. A tenor de lo actuado por sus amigos correligionarios sentados en el Gabinete y el Congreso Euclides Acevedo, Silvio Ferreira, Mario Paz, Basilio Nikíphoroff, José Burró y demás aquello no quedó en mero enunciado. Se hizo zoquete, del cual se repartieron y comieron como autoridades ante sus estupefactos ex-seguidores que no supieron si unírseles en la mesa (que tampoco da para todos) o sacarlos a empujones de los locales partidarios [que por convención civilizada está prohibido].

Las atrocidades cometidas durante la dictadura y el latrocinio que se trasladó a la transición unen el pasado cercano con el presente. Los jefes no son los mismos y ya no están únicamente los Colorados en la cima, el discurso es diferente. Pero la estructura criminal en esencia trabaja para lo mismo.

Ocasionalmente se producen hechos que parecen salirse del carril para rectificar delitos contra los derechos humanos. La Sala Constitucional de la Corte Suprema anuló dos procesos contra el ex-preso político Napoleón Ortigoza, condenado por un tribunal militar de la dictadura a la pena de muerte. Se le atribuyó el asesinato del cadete Alberto Anastasio Benítez, cuyo cuerpo fue encontrado colgado en un baldío del barrio capitalino de Trinidad el 7 de diciembre 1962. Fueron igualmente condenados a muerte el sargento Guillermo Escolástico Ovando y el ayudante civil Domingo Regalado Britez. La pena fue apelada y revocada por la de prisión a raíz de la intervención del sacerdote Josué Arketa, quien advirtió desde Radio Cáritas que revelaría secretos de confesión de ejecutarse a inocentes. El autor intelectual de aquella trama, entonces ministro del Interior Edgar L. Ynsfrán, tuvo como brazos ejecutores al jefe de Policía Ramón Duarte Vera, al jefe de Investigaciones Alberto Planás y al comisario Raúl Riveros Taponier. La Corte Suprema bajo sus presidentes Juan Félix Morales y Luis María Argaña se desentendió del caso. En el fallo definitivo, el preopinante Oscar Paciello dejó constancia que:

"A la vista de los antecedentes arrimados a esta Corte, el inicio del proceso por el que fue condenado Modesto Napoleón Ortigoza fue dado por supuestas declaraciones arrancadas bajo la fuerza de la tortura... no tengo la menor vacilación en votar por la declaración de inconstitucionalidad y consiguiente declaración de irrito e indigno de figurar en los anales del derecho en el Paraguay a este engendro servil con pretensiones de proceso... una monstruosidad jurídica"

Detrás de aquella monstruosidad jurídica hubo un móvil, cual fue desactivar la conspiración militar de la que participó el capitán Ortigoza y sentar aleccionador ejemplo para cualquiera que desde las Fuerzas Armadas se atreviera a contestar el mando supremo de Stroessner. Esposados y engrillados, los complotados fueron sometidos a salvajes tormentos en el cuartel central de la Policía, Departamento de Investigaciones, Agrupación Motorizada y reanimados en el Policlínico Policial Rigoberto Caballero para ser devueltos a los torturadores. Conspiración hubo y su mentor fue Epifanio Méndez Fleitas, quien había fracasado en dos intentos anteriores. Aprovechando la tercera intentona abortada, Ynsfrán dispuso un arreglo de cuentas con la oficialidad renuente o no enteramente leal, mayores y capitanes del arma de Caballería. Ese potencial foco de rebelión, la más poderosa unidad del Ejército, fue de paso neutralizado. El nuevo comandante de la I División de Caballería, teniente coronel Andrés Rodríguez, tuvo desde aquel momento fundado motivo para cuidar que no se repitiera ningún brote de desobediencia. La bolsa común producto de los atracos a estancias y la extracción de carne de COPACAR, paritariamente repartidos entre Rodríguez, Duarte Vera e Ynsfrán, se consolidó.

La anulación de los seudo procesos en cuestión, sobre cuyas miserias la Serie Nunca Más del Comité de Iglesias ofrece un comprensivo resumen, habilitó la búsqueda de reparación. En una primera sentencia sobre acción por daños y perjuicios el juez en lo Civil y Comercial Hugo Bécker resolvió que el capitán Ortigoza fuera indemnizado por el estado en la suma de USD 2 millones. La sentencia fue confirmada en 2a Instancia en el 2001. Coincidentemente se dictó otra sentencia a favor de Guillermo Escolástico Ovando por las pérdidas sufridas durante sus años de reclusión arbitraria. Estos ex-presos políticos fueron los dos únicos en obtener resoluciones compensatorias por parte de la justicia paraguaya, pero cómo y cuándo habrán de recibir sus pagos se presta a duda. Ninguna de las autoridades del Ejecutivo aceptó que se indemnizara a las víctimas de la dictadura. Al Estado no se lo puede someter al pago compulsivo de sus obligaciones, ni siquiera con orden judicial, lo que constituye una transgresión al principio de igualdad de las personas ante la ley.

Quienes ordenaron al más alto nivel la represión no fueron penados. En el Archivo del Horror se apilan más de 5 toneladas de prueba sobre desaparecidos, asesinados, detenidos sin intervención de juez, cédulas de identidad y papeles personales de empaquetados [detenidos liquidados en prisión]. Ahí se hallan ordenados los prontuarios de 8.369 personas que pasaron por los procedimientos en el Departamento de Investigaciones Y Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (DNAT). Ambos fueron centros especializados de seguimiento y expeditiva disposición de `comunistas', `compañeros de ruta' e `idiotas útiles'. En las listas compiladas por el Comité de Iglesias figuran en total 9.560 detenidos con exclusión de nombres repetidos. Los datos se basan en prontuarios y libros del Archivo del Horror más los que el mismo Comité fue coleccionando en recortes de prensa. En ellos no se hallan los nombres de:

-menores de edad detenidos con sus familiares y los que nacieron en prisión, i.e., penal de Mujeres, penal de Emboscada y Abraham-Cué

-políticos detenidos y confinados o expulsados a Argentina y Uruguay en la década del '50 y principios del '60

-la mayoría de los detenidos en cuarteles militares y delegaciones de Gobierno no remitidos a Asunción, caso frecuente en Misiones, Caaguazú, San Pedro y Alto Paraná

-la mayoría de los detenidos y muertos en las batidas contrainsurgencia de los años 1959-1961 24/. Un cálculo grueso de los detenidos políticos entre mayo 1954 y enero 1989 permite concluir que fueron unas 16.000 personas. Otras 10.000, según estimaciones del Equipo de Pastoral del Migrante de la Iglesia Católica, se radicaron en la Argentina por motivo de persecución política. La mayoría fue a parar a Buenos Aires y periferia. Entre los perseguidos no expatriados se observa un número indeterminado con 2 o más detenciones. No se conoce el número de inválidos y lisiados por tortura, algunos de los cuales acamparon recientemente frente al Congreso Nacional para exigir se los indemnice de acuerdo a la ley N° 838/96. Dicha ley está en vigencia, reconoce explícitamente que hubo violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y la responsabilidad del Estado en reparar los daños y perjuicios. No fue implementada por una de esas razones que parece salida de los manuales de tortura nazi: el defensor del Pueblo encargado de la recepción de denuncias y trámites administrativos no fue designado. En ello se recuesta el Ejecutivo para evitar la asignación de partidas presupuestarias, con lo que a efecto práctico la citada ley resultó un mero documento de archivo 25/. .

Stroessner nunca fue molestado. Un exhorto de extradición enviado en 1989 fue rechazado en Brasil por notorios defectos de forma. Al igual que los aproximadamente 300.000 paraguayos emigrados por diversos motivos durante su Constructivo Gobierno, él también optó por salir del país. Su calidad de procesado en distintos juicios no ha tenido seguimiento. El juez Félix Silva Monges dictó la primera orden de detención contra él en abril 1991, autos Alfredo Stroessner, Sabino A. Montanaro, Pastor Coronel y otros s/homicidio por tortura sicológica y secuestro, privación ilegítima de libertad y tortura de que fueran víctimas Celestina Pérez de Aletada y Martín Aletada. La señora murió a consecuencia del continuado estrés, amenazas, confiscación del colegio que dirigía y evidencias sobre los tormentos infligidos al marido. Citado por edicto, Stroessner no compareció y el juez lo declaró rebelde y contumaz. El pedido para su extradición fue realizado por la querella. A partir de ahí los trámites a cargo de la Fiscalía General quedaron en suspenso. No se tradujeron los varios tomos del voluminoso expediente por falta de dinero y en Brasil no se recibió ninguna solicitud para detener al ex-dictador.

Existen dos casos en los que Stroessner tiene orden de detención con fines de extradición. Uno proviene de la desaparición de los hermanos Benjamín y Rodolfo Ramírez Villalba, presos en el Departamento de Investigaciones y ejecutados a fines de setiembre 1976 por personal de esa repartición. El segundo es de la justicia argentina por secuestro y desaparición de personas dentro del Operativo Cóndor, entre las que figuran Esther Ballestrino de Careaga y Rodolfo Tatter, paraguayos asesinados en Buenos Aires. Acerca de ellos la justicia paraguaya nada ha investigado. El juez federal Rodolfo Carnicoba fue quien dictó la medida restrictiva de libertad previo trámite de extradición 26/. .

En Paraguay no se conformó la Comisión de Justicia y Verdad que fuera reclamada insistentemente por las organizaciones locales de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se sumó para solicitar que, así como en Argentina y Chile, también en Paraguay se investigue oficialmente el historial de los crímenes cometidos por Stroessner & Co. No hubo tal investigación, no hubo reparación, no hubo pedido de perdón por parte de los victimarios o del Gobierno. Aquí no ha pasado nada.

Desde los mismos estrados judiciales se amedrentó y amenazó a las víctimas de esos horrendos crímenes a objeto de hacerlas desistir. A los abogados del Comité de Iglesias se los sometió a intimidación continuada para que cesaran de patrocinar los casos. Sólo a manera de muestra algunas actuaciones judiciales.

1. El juez Juan Carlos Valenzuela rechazó el escrito de denuncia del ex-preso político Ignacio Chamorro, notoriamente disminuido por la tortura, contra Edgar L. Ynsfrán, Ramón Duarte Vera y Juan Erasmo Candia, acusados por violación de domicilio, robo, abuso de autoridad, tortura y otros. El juez asentó que el escrito no reunía los requisitos de fondo y forma, argumentando entre otros que "llama la atención del Juzgado la sospechosa conducta del denunciante en esperar 29 años y 50 días para pretender impetrar justicia... Par fundarse en hechos que a la fecha conllevan el peso de la prescripción del derecho de acusar en el transcurso del tiempo, el Juzgado no hace lugar a la instrucción sumarial pertinente". Era la segunda vez en semanas que se rechazaba abrir proceso contra el ex-ministro del Interior, reacomodado caudillo elegido senador por el Partido Colorado. El juez Darío Caballero Bracho había obrado igual en otra denuncia radicada por Guillermo Correa Martínez, apresado ilegalmente y ferozmente apaleado por las fuerzas comandadas por Ynsfrán Duarte Vera. El argumento para rechazar la acción fue que había prescrito el plazo para acusar 27/. Lo que no constaba en tales resoluciones era la imposibilidad de recurrir a los estrados judiciales para investigar a las altas autoridades, vía crucis sin respiro pues los que se animaban insistir durante la dictadura eran detenidos. La excusa de la prescripción funcionó para desahuciar a quienes habían esperado 25 0 30 años sólo para toparse con la dura realidad que la justicia después del 3 de febrero 1989 fue un embudo.

2. Leonora Irala Vda. de López, una humilde campesina, había perdido a sus hijos Víctor, Adolfo, Elíxto y Sindulfo López bala en 1978 a manos de una gendarmería volante bajo dirección del delegado de Gobierno en el departamento de Guairá, Virgilio Legal. Ellos fueron torturados durante 5 días seguidos, los dientes le fueron extraídos y los tobillos atados con alambre. El lugar de su calvario fue la comisaría de Tebicuarymí, luego la alcaldía policial de Yegros. Tres policías fueron individualizados como los matadores cuando la viuda de López radicó querella. El juez se tomó su tiempo en tanto los parientes de los policías la amenazaban con el Buen Pastor, cárcel de mujeres en Asunción. Ella no se echó atrás, hizo conocer el caso ante reporteros de TV con detalle de las amenazas y nombres. El resultado no fue otro que la breve detención y despido de los asesinos de filas policiales, después de lo cual la causa acabó en el clásico y muy paraguayo opa-reí 28/. Por regla todas las denuncias y querellas radicadas fuera de la jurisdicción de Asunción tuvieron el mismo finiquito de hecho.

En 13 años de transición tan sólo 6 de medio centenar de juicios tuvieron sentencia firme y ejecutoriada. En una mayoría los otros no pasaron de la etapa sumarial. De los jefes torturadores Alcibíades Britez Borges y Pastor Coronel murieran en prisión y Ramón Duarte Vera permanece recluido en una facilidad militar. Guillermina Kannonikov querelló a Coronel, Britez Borges, Montanaro y Stroessner por el homicidio de su esposo Mario

Schaerer Prono, uno de los integrantes de la Organización 1° de Marzo (OPM). Tras su detención en abril 1976 con una leve herida en el pie fue conducido a Investigaciones donde falleció 48 horas después por golpes e inmersión en la pileta. Ella, embarazada y también detenida, fue derivada al penal de Emboscada donde dio a luz. Sobrevivieron madre y pequeño a la de Dios es grande hasta ser liberados a mediados de 1977. En mayo 1992 el juez Luis María Benítez Riera sentenció a Coronel junto con otros torturadores a 25 años de prisión y a Britez Borges a 5 años de prisión en carácter de encubridor 29/. La causa tuvo resolución firme en la Corte Suprema una década después de instaurada sin que Stroessner ni Montanaro fueran requeridos.

Los desaparecidos-asesinados Amílcar Oviedo, Mario Schaerer Prono, Ligas Agrarias de Misiones, Alberto Alegre Portillo, Carlos Mancuello, Benjamín y Rodolfo Ramírez Villalba ya fueron reivindicados. La justicia aún debe a los deudos la reparación plena que corresponde. Cientos de miles no han podido obtener siquiera una atención judicial primaria. Para los que desde el poder violentaron a la población y para el Estado que carga con la obligación legal de indemnizar, la guerra sucia ya es historia. La mafia de la que González Macchi es apenas un miembro más, maneja otras prioridades. En contraposición, la historia no oficial sigue registrándose y ella nutre a una pequeña pero activa resistencia.

La justicia no depende de resoluciones judiciales ni decisiones administrativas. Prueba de ello es que los peores carniceros y ladrones andan sueltos. Nunca los Stroessner, Montanaro, Wasmosy, Barreto Sarubbi pisaron una celda. En la República del Hampa los peces gordos gozan de absoluta impunidad, hablan contra la corrupción en tanto la fomentan y colocan a sus parientes en puestos claves para que todo continúe igual.

DE PADRE A HIJO: LOS GONZÁLEZ */

Saúl González fue ministro de Justicia y Trabajo luego de haber estado en el Congreso como diputado stronista, promoción que se ganó desde la base partidaria con apoyo de su hermano Hugo González. Vicealmirante y comandante de la Armada, a Hugo González se lo recuerda por el contrabando de productos diversos que dirigía desde su despacho oficial, uno de los cuales cayó en el puerto de Barranquera, Chaco (Argentina), con municiones, granadas y armas de grueso calibre a fines de agosto 1967. Fuentes de inteligencia de la época no supieron precisar si el cargamento incautada en el buque Ña Lola estaba destinado a la Triple A de José López Rega, a los Montoneras o Tupamaros [Ña Lola era el apodo de Lola de Míño, madre de los nombrados]. En un primer momento se especuló que las armas pudieran estar conectadas con la guerrilla en Bolivia al mando del Che. Lo cierto es que hubo una investigación militar-policial y Buenos Aires puso en manos de Stroessner los informes correspondientes, cuya consecuencia fue la remoción del vicealmirante. Su hermano Saúl no estuvo implicado y siguió en el cargo de ministro, habiendo logrado adquirir una estancia de miles de hectáreas en la zona de Villa Oliva-Alberdi, sobre el rio Paraguay. Desprendimiento de la tierra perteneciente a la firma inglesa Liebig’s, los directores en Londres recordarían a don Saúl como activo apropiados de sus vacas, toros y otra porción de la propiedad alambrada a lo mbareté. El Fondo Ganadero y BNF también registraron créditos a favor del aprovechado ministro, los que por falta de pago fueron a fondo perdido.

En referencia exclusiva a Hugo González, Saúl González y Luis González Macchi.

Saúl González colocó a su hijo Luis González Macchi en 1a dirección del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), dependiente de Justicia y Trabajo. Cuando entonces González Macchi era buen jugador de básquet en el equipo de Cerro Porteño y no estaba metido en política, alguien que lucía promisorio. Hizo militancia tras Luis María Argaña al comenzar la campaña por las internas hacia mediados de 1992. Desde las filas de Reconciliación Colorada fue ganando espacio hasta ingresar como cabeza de lista para el Senado en 1998. Desde su asunción en el Senado los buenos hados lo acompañaron. Una mala movida de los oviedistas permitió que argañistas, Liberales y Encuentristas lo votaran para presidir el alto cuerpo en el periodo 1998-1999. Siendo presidente del Congreso y miembro titular de la Junta de Gobierno, asumió la Presidencia de la República luego de la doble acefalía que se produjo en marzo 1999. Sus colegas lo apoyaron para la confirmación, por consenso ínter-bancadas, cuando que legalmente debía interinar hasta que el presidente electo en comicios generales tomara posesión. Ahí se lo tiene por esa metida de pata de los políticos, muchos de los cuales luego renegaron amargamente tal paso. A los pocos meses el presidente se compró con dinero del contribuyente una fastuosa residencia en Punta del Este, extensión aproximada de 1 ha. y precia de mercada USD 1.5 millón billete sobre billete. Fuentes bien informadas ubicaron el origen de esos fondos en dos grandes negociados en IPS, a la sazón bajo égida de Darío Filártiga. Sobrefacturación por internaciones en sanatorios privados y por adquisición de remedios sin licitación se detectaron en IPS y Filártiga tuvo que renunciar. Luego hubo negociados con fondos de bancos quebrados, mucho más de los USD 16 millones que agitó la prensa. González Macchi pudo adquirir así otra residencia en Key West, Florida, y hacerse de una cuenta de varios dígitos en dólares. Esa propiedad no queda lejos de la ex-casa de campo del otro amigo de Stroessner, Richard Nixon, con vista a las aguas color turquesa que invitan a los deportes acuáticos y paseos en yate.

A González Macchi no le viene ni le va el paseo en yate, a pesar que aquí ABC hizo bastante bulla por el Petit tour que la comitiva presidencial se pegó a la vuelta del encuentro de jefes de Estado en Canadá en abril 2001. Una de sus ediciones sacó en tapa el dibujo de aquella diversión con González Macchi y el secretario general de la Presidencia Jaime Bestard tomándose unos tragos con servicio de barman, parrillero y una dama en bikini sobre proa 30/. Costó solamente USD 5.000 el alquiler y de seguro que el presidente se merecía un descanso con tanto trajín entre giras, pedidos de correligionarios malagradecidos, recepciones diplomáticas y las molestias de leer los editoriales de Aldo Zuccolillo, Nicolás Bo Peña y toda esa gente mala onda.

Lo que a González Macchi le tenía agitado era la duración de su mandato, cada día como si fuera el último y sus enemigos crecidos en agresividad mientras de fuera aumentaban las presiones para reformar y achicar el aparato estatal. Logró que ANTELCO, CORPOSANA y el Ferrocarril Central Carlos Antonio López (varados totalmente sus trenes por 1 año) ingresaran al paquete de privatizables. Se prevé su remate a corto plazo. También logró dejar sin presupuesto para el 2002 a CONAVI, BNV, IDM, INDI, siguiendo una tendencia que terminó en anteriores administraciones con LAP, CAPASA, FME, ACEPAR, BNT [liquidado por vaciamiento) todos por bancarrota terminal 31/. A esto va reduciéndose la magnificencia del Constructivo Gobierno trabajosamente levantado por el padrino Stroessner, cada una de las empresas públicas tirada al tacho sin pompa alguna. A este tranco la Gran Reconstrucción Colorada pasará a la historia como la Gran Comilona Colorada, medio siglo de esplendor, violencia y podredumbre con la resultante pavorosa miseria desencadenada últimamente.

González Macchí preparó su jubilación para Uruguay o la Florida, pero lo más probable es que acabará en Brasil como los 3 correligionarios suyos que fijan domicilio allá. Algunas lo consideran traidor, otros inútil. La ciudadanía se puso de acuerdo en un punto: esa plaga se comió el país.

Los negociados del Gobierno González Macchí han sido no sólo monumentales sino además escandalosos. Absolutamente escandalosos porque se hicieron sobre miles de manifestantes y vidas humanas segadas en el marzo paraguayo. Las principales autoridades del Gobierno le cuestan al pueblo un dineral por cada día de funciones y no se habla precisamente de lo que obtienen como remuneración. Esto es como propina para ellos. El botín está fuera de lo que efectivamente se registra y nunca aparece en las cuentas nacionales.

Entre los ex-ministros de Obras Públicas José Alberto Planás, de Defensa Nelson Argaña y el expresidente del BNF Emilio Argaña, el ex-ministro de Industria Guillermo Caballero Vargas y el actual Euclides Acevedo, el ministro de Salud Pública Martín Chiola, el ex-presidente del Senado Juan Carlos Galaverna, el ex-presidente del Banco Central Washington Ashwell, el ex-ministro de Educación Nicanor Duarte Frutos, el gran financista senador vitalicio Juan Carlos Wasmosy y el presidente Luis González Macchí, han costado al contribuyente la friolera de USD 390 millones en dicho periodo. No todo ha sido dinero contante y sonante. Hubo también deudas que pasaron a fondo perdido como compensación de favores. Las cifras no cierran pues cada uno de los cargos en promedio le sale al fisco unos USD 200.000 al año entre sueldos o dietas y gastos de representación, movilidad y viático, seguridad, viajes, exenciones de impuestos, vacaciones y aguinaldo, seguro médico y misceláneas. Algunos ya han dejado de pertenecer al plantel de activos (como autoridades) pero siguen facturando grueso, entre los que resalta por méritos sobrados Juan Carlos Wasmosy a través de las empresas CONEMPA, ECOMIPA, CEA y Tapé Porá. El ex-presidente es incansable.

Las fuentes primarias del dinero desviado fueron tres:

a. El crédito de Taiwán por USD 400 millones contratado para reactivación productiva, fortalecimiento de las reservas monetarias y pago a los ahorristas estafados. Del mismo fue directamente dilapidado USD 130 millones, habiéndose aplicado incluso a renglones tan inverosímiles como compra de vehículos de lujo, quita de deudas de pequeños productores que no eran tales, gastos reservados de la Presidencia de la República, campaña electoral de la ANR y partidas para reducción de la pobreza en el sector rural.

b. Los ingresos corrientes del fisco destinados en un 92 por ciento a sueldos del personal del Estado, jubilaciones, pensiones y pago de deudas atrasadas. La contrapartida de gastos fue sobre-extendida muy por encima de los ingresos recaudados, lo que provocó un déficit de USD 340 millones en el 2000. Lo que el fisco recibe en impuesto, cobro de servicios (como energía, teléfono y agua), venta de productos (coma combustible y cemento), compensación y regalías por cesión de electricidad a países vecinos, etc., es malgastado y desviado vía sobrefacturaciones como se comprueba por la simple revisión contable en ANTELCO, IPS, ANDE e Intendencia del Ejército. Pero más allá de los ingresos lo que se cobra pero no ingresa es respetable. Sólo en Aduanas la rosca mafiosa mete mano a un 70 por ciento del dinero que pertenece al fisco, situación denunciada por Federico Zayas cuando estuvo al frente del Ministerio de Hacienda.

c. Las reservas monetarias internacionales y otros activos financieros del Tesoro, aplicados a la liquidación de bancos privados quebrados, pago de deuda externa y contratos para la prosecución de obras públicas. Entre las asignaciones se incluyó el pago a ahorristas estafados que no habían recibido su dinero bajo partidas anteriores desembolsadas por el Banco Central. La legislación aprobada desde 1995 supuestamente para sanear el sector financiero sirvió para que altos funcionarios del Gobierno se distribuyeran entre ellos los fondos de garantía. Autoridades del BCP y Superintendencia de Bancos, de la Presidencia de la República y abogados encargados de recuperar el dinero prestado por la banca pública a los bancos privados embolsaron gran parte de dichos fondas. La especulación tuvo visos de legalidad en algunos casos, i.e., regulación de honorarios en los juicios correspondientes. Pero en otros haba transferencias ilegales de cuentas locales a cuentas del exterior y hasta registros fraguados de pago a ahorristas inventados 32/. Dos transferencias de USD 8 millones cada una de los intervenidas Banco Unión y Banco Oriental a cuentas de Nueva York y Miami con participación de la Fundación DFM del director del Banco Central Julio González Ugarte y autorización de González Macchi, no fueron recuperadas a pesar del proceso judicial. José I. González Macchi, Judith González Macchi y su fundación Lola de Miño aparecen involucrados en el fraude.

El examen de las cuentas nacionales a través de la prensa escrita por un lado y por el otro de fuentes del Ministerio de Hacienda, Banco Central, Contraloría General y el cruzamiento de datos de movimientos de capital privado arroja sorpresas de bulto. Los más voraces en achicar los fondos estatales vía privatización informal han sido la dupla José Alberto Planás - Juan Carlos Wasmosy, seguido de Walter Bower. El peor servido en este menester fue el presidente González Macchi, cuyo activo de USD 32 millones resulta desproporcionadamente bajo en relación al de sus colaboradores antes mencionados. Hay varias injusticias en este desprolijo pillaje argañista Encuentrista. Uno es que el grueso de los Colorados y Encuentristas no participa del festín. Dos, funcionarios como los maestros y personal de la salud reciben salarlos por debajo del promedio del sector público para las horas de trabajo, capacitación y funciones que desempeñan y en general están fuera del circuito de enriquecimiento ilícito. Tres, las encuestas tomadas previo a la presentación del Plan Nacional Anticorrupción [del 5 de diciembre de 2000] destacan que la administración de justicia se sitúa al tope en el ranking de corrupción. Probablemente esto se deba al universo muestral y al hecho que la venta de resoluciones judiciales sea una realidad comprobada.

Pero las cifras señalan a Aduanas, Itaipú, MOPC, PETROPAR, MDN y BCP como las entidades con mayores montos totales de fraude 33/.

¿ÚLTIMO GOBIERNO DE LA MAFIA?

La segunda guerra de mafias concluyó formalmente a la media tarde del 28 de marzo 1999 con la renuncia de Raúl Cubas Grau. La coalición del argañismo con Liberales y Encuentristas de las respectivas conducciones capitalizó el arrojo de los manifestantes que resistieron frente al Congreso Nacional. Montados sobre esa masa humana para darse fuerza, los líderes políticos en conciliábulo arribaron a un pacto de caballeros que forzó aquella salida, acabó con la protección gubernamental a Oviedo y produjo la retirada desordenada de sus huestes. Se acordó la formación compartida del nuevo Ejecutivo Colorado-Liberal, 2 ministros Liberales y 2 Encuentristas acoplados a los Colorados más distribución de cupos o cargos en los entes descentralizados.

Era una versión refinada del Pacto de Gobernabilidad, esta vez sin Wasmosy ni Laíno, pero sí con Caballero Vargas por interpósita delegación en su entorno.

Los principales negociadores por la ANR fueron Luis González Macchi presidente del Senado, Bader Rachid senador y presidente del Partido Colorado, Walter Bower presidente de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Galaverna vicepresidente del Senado. Por el PLRA negociaron los senadores José Félix Fernández, Rodrigo Campos Cervera y Evelio Fernández Arévalos en consulta con referentes del movimiento disidente a la conducción lainista. Por el Encuentro Nacional tomaron parte los senadores Euclides Acevedo, Mario Paz y el diputado Silvio Ferreira. Los ministerios con el porcentaje mayor del presupuesto y las contrataciones de obras de más alto monto fueron ocupados por Nicanor Duarte Frutos Educación], José Alberto Planás [Obras Públicas], Nelson Argaña [Defensa], Walter Bower [Interior] y Martín Chiola [Salud Pública].

A una década del golpe que puso fin al stronato, el retorno al poder de los militantes que habían apoyado al dictador hasta la última hora se concretaba. Pero no era de ninguna manera una involución: los stronistas nunca abandonaron el control del Gobierno, solamente dejaron de identificarse con el jefe depuesto y ocasionalmente sus discursos fueron de denuncia contra él por conveniencia electoral. A los Colorados no se les puede negar que poseen la ubicuidad, fruto de larga experiencia y absoluta ausencia de escrúpulos, para no perder el poder. Lo han demostrado sorteando las tormentas del pasado y reafirmado con la artística puesta del Gobierno de Unidad Nacional.

El liderazgo de los Colorados ha cambiado desde aquel sombrío tiempo del terror y la infamia que fue el stronato, nombre que le dio el Comité de Iglesias al aquí descrito crimen organizado 34/. Ya no se sataniza a los Comunistas ni se tira al exilio a los opositores, no hay mazmorras ni campos de concentración con presos políticos. Los instrumentos de tortura, que por su número y calidad podrían llenar un museo de buen tamaño al lado del Archivo del Horror, han desaparecido. Desapareció igualmente la orden superior que ponía entre rejas sin orden judicial a cualquier sospechoso de actividades subversivas en aquellos procedimientos policiales que no respetaban siquiera los locales de culto religioso.

Lo que no cambió en el liderazgo Colorado es su atávica inclinación al robo. No pueden contra ella. Están cebados. Los políticos de la oposición juntados a ellos, habiendo aceptado las reglas de la partidocracia, se convirtieron en rapaces por imitación de los maestros. Se pusieron a la par no en cuantía de bienes sino en audacia para rapiñar. El ex-contralor general Daniel Fretes Ventre, el intendente municipal de Asunción Martín Burt y el ministro Euclides Acevedo, para no citar sino tres ejemplos en el ramo, ilustran lo referido.

En una visión de conjunto, la transición presenta aspectos contradictorios. Avanzó durante los primeros años, abriéndose la competencia electoral a fuerzas partidarias con candidatos civiles. La ingerencia militar en política fue prohibida por ley, pero no se la pudo limitar en serio sino hacia el final de la década luego que el último caudillo Colorado se fugara miserablemente del país. Argaña había finalizado su recorrido pocos días antes. Desde entonces ese partido ya no tiene caudillos. Apenas le restan nostálgicos del caudillismo que se jaquean entre ellos en su ilimitada ambición de poder y dinero.

Por el camino quedó también Laíno, quien tuvo duradero predominio en la segunda fuerza partidaria a nivel nacional, PLRA. El con su entorno de tramposos profesionales llevó a esta agrupación a pactos sucesivos con las mafias El primero rubricado en enero 1994 con Wasmosy, el segundo en marzo 1999 con Oviedo que fue abortado por los sucesos antes referidos, el tercero en el 2000 con el grupo argañista a la búsqueda de sacar victorioso al candidato Colorado Félix Argaña. De este grupo Laíno solicitó y obtuvo una prebenda ridícula de embajador sin embajada, en oposición a la decisión del directorio del PLRA. El es hoy uno más de los políticos con asociación a las mafias Coloradas, aunque no resignado todavía a la condición de retirado.

El otro actor de peso en la transición, Caballero Vargas, se fue como vino. Con él comenzó el Encuentro Nacional, habiendo concitado esperanzas que en menos de cinco años se disiparon. Ese partido, de la mano del aliado de Caballero Vargas y ubicuo operador Euclides Acevedo, es una comparsa llevada por oportunistas y sostenida por los argañistas para mantener una fachada de gobierno compartido.

Ahí dentro ningún personajes es leal a nadie, nada es seguro. La única certeza es que el barco hace agua por los cuatro costados. Cada tanto alguien pierde pie y es tragado por las olas. Los de arriba pisan sobre las cabezas de los demás tratando de equilibrarse y dan manotazos de desesperado, aquí cerrando trato que a las pocas horas se cancela, allá sacando una ley para emitir la enésima partida de bonos y otra más para poner un bozal a la prensa. Revisan de nuevo sus cuentas personales y deciden que no han acumulado lo suficiente, de modo que van por lo más corto y crean nuevos impuestos. El capital social de las cooperativas estuvo a punto de caer por ley dentro de ese esquema de rapiña a falta del impuesto a la renta personal. El rasgo distintivo que los hace actuar y parecer iguales es la codicia. Entre ellos nadie admite `soy codicioso' o `soy corrupto', paso previo para la recuperación que todavía deben aprender de los alcohólicos. Salvo contadas excepciones, los integrantes de las cúpulas partidarias se volvieron depredadores o carroñeros y la función oficial les brindó cobertura para alimentarse del fisco sin contemplaciones.

El espectáculo tragicómico de la política cual herramienta para expoliar no ha sido gratuito. Apenas cruzando la frontera al paraguayo lo miran despectivamente. Es el ladrón de quien todos deben cuidarse, el contrabandista a quien sólo cabe desplumar, un ejemplar salido de la República del Hampa.

NOTAS

1/ ABC, 21 de mayo 2001, p. 4.

2/ Ultima Hora, 16 de mayo 2001, pp. 1-4 y 23. La elección de Franco a la Vicepresidencia de la República tuvo lugar el 10 de agosto 2000, dando como resultado un Ejecutivo Colorado-Liberal.

3/ Los datos sobre Punta del Este provienen de Atalaya de Inmuebles, la empresa nacional con mayor volumen de operaciones en el mercado inmobiliario de Uruguay: Realizó un censo con la Intendencia de Maldonado y registró la cantidad de 2.078 inmuebles de paraguayos en aquel país. Un 90 por ciento estaba ubicado en el balneario esteño, concentrados mayormente en La Mansa y La Brava (USD 250 x m` precio promedio de los lotes). Revista TeVeO, febrero 2000, pp. 66-70. El ajuste de 2.100 propiedades corresponde a junio 2001, según catastro actualizado no registrado por Atalaya. Los datos sobre Miami Beach y condado Miami-Dade provienen de inmobiliaria con asiento en Ciudad del Este, nombre confidencial. El que fuera diputado y gran comerciante en Ciudad del Este, Juan Eudes Pereira, era propietario de 5 apartamentos de lujo en Miami Beach y centro de Miami donde fijaron además residencia Ligia Mora de Stroessner, Graciela Stroessner y Manuel González Llamas.

4/ Miguel Angel Pangrazio, Corrupción e impunidad en el Paraguay (Asunción: ed. del autor, 2001), pp. 268 y 310.

5/ Ultima Hora, 7/8 de julio 2001, pp. 1-4 y 19. Ultima Hora, 21/22 de julio 2001, pp. 4-5.

6/ Comentario en Ultima Hora, "Vacío de poder", 21/22 de julio 2001, p. 24, en relación a las reflexiones de la Conferencia Episcopal Paraguaya.

7/ Para una población de 6 millones de habitantes y 9 miembros por hogar extendido, desde el paterfamilias hasta los nietos económicamente dependientes de aquél. Cifras en Anibal Miranda, Dossier Paraguay-Los dueños de grandes fortunas cit., tablas 9 a 11 ajustadas al 2001 en base a proyecciones de estadísticas ofíciales y Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 2000/2001 - Lucha contra la pobreza, pp.282-283. En Guatemala el 10 por ciento del estrato superior percibe también 46.6 por ciento del ingreso total y en Brasil 47.6 por ciento del ingreso total. PIB de Paraguay refiere cifra estimada que incluye movimiento comercial fronterizo no registrado localmente.

8/ Ministerio de Hacienda, anuncio de subasta pública N° 04/92 en Ultima Hora, 21 de octubre 1992, p. 24.

9/ Noticiero de Mediodía, Canal 13, 17 de mayo 2001. La declaración sobre "las mafias que pretenden manejar el país" también se reprodujo en ABC, 18 de mayo 2001, p. 29, junto con una foto de la entrevista entre el ministro Sapena Brugada y los periodistas visitantes. Ellos solicitaron al presidente de la Corte Suprema seguridad para el cronista de Radio Cáritas, Séver del Puerto, quien denunció la participación del ex-ministro Walter Bower en el mega asalto del aeropuerto en agosto 2000, en plena pista de estacionamiento de los aviones.

10/ Department of State, Amembassy Asunción, Foreign Service Despatch N° 453, 19 March 1957. Patria, 19 de marzo 1957, p. 1. El nombramiento de los nuevos ministros que asumieron en mayo 1956 fue adelantado por Stroessner al embajador norteamericano Arthur Ageton antes de firmar el decreto de rigor. Sapena Pastor asumió el cargo en una ceremonia que se llevó a cabo el 1° de junio 1956. Department of State, Amembassy Asunción, Telegram May 16, 1956/ Telegram June 4, 1956. En cuanto al Acta de Cerro León, llevó ese nombre por haberse firmado en la estancia de Tomás Romero Pereira ubicada en dicho distrito. La iniciativa de reelección fue comunicada de inmediato a Stroessner, quien la aceptó.

11/ Department of State, Amembassy Asunción Report April 5, 1957/ Report October l, 1957: El mayor crédito para una empresa extranjera fue a International Products Corp. (IPC) por USD 2.6 millones para modernizar y expandir sus instalaciones de carne. A 1959 tenía contratado un plantel de 5.000 personas en tiempo de zafra. Sobre el encuentro Eisenhower-Stroessner ver Anibal Miranda, Estados Unidos y el régimen militar paraguayo, 1954-1958 (Asunción: El Lector, 1986), cap.4.

12/ Banco Central del Paraguay, Deuda externa al 31 de diciembre 1964. Banco Central del Paraguay, Deuda externa al 31 de diciembre 1967. Entre los mayores créditos recibidos por Paraguay en aquel tiempo resaltan los del Banco Mundial por USD 6.0 millones para construcción de la ruta Paraguarí-Encarnación y puente sobre el río Tebicuary (1961), del Development Loan Fund por USD 7.0 millones para el asfaltado de la ruta Cnel. Oviedo-Pto. Presidente Stroessner (1967), del BID para Manufactura de Pilar por USD 2.2 millones (1963}, del Banco Mundial por USD 2.2 millones complemento para ruta Paraguarí-Encarnación y puente sobre el río Tebicuary, de AID para la rehabilitación del aeropuerto internacional de Asunción por USD 4.7 millones (1967), de Fried Krupp Maschinen por USD 5.5 millones para planta industrial de INC en Vallemí (1967), del Banco Mundial/IDA por USD 3.6 millones y USD 7.5 millones para el Fondo Ganadero (1963 y 1966), del BID para el Banco Nacional de Fomento por USD 2.9 millones, USD 2.9 millones, USD 4.0 millones y USD 6.0 millones (1961 a 1964), del BID por USD 14.0 millones, USD 12.5 millones y USD 2.0 millones para construcción de Acaray I y II (1964 a 1967), del Banco Mundial a ANNP para ampliación muelle de Asunción por USD 2.7 millones.

13/ Council on Foreign Relations, Political Handbook of the World - Paraguay (New York: Harper & Brothers, 1961), pp. 159-160. Paco tiempo luego de aparecer ABC en agosto 1967, el diario La Tribuna dejó de aparecer debido a la merma en ventas. Volvió luego a publicarse durante un breve período, bajo dirección de Oscar Paciello. En tanto El País pasó por similares altibajos pero bajo dirección de Demetrio Rojas y con el nombre Ultima Hora se estabilizó hasta convertirse en el segundo periódico de mayor tirada cerca de ABC. El diario Patria se extinguió en la transición por problemas presupuestarios, al igual que la mayoría de los demás voceros de partidos políticos. El único medio del Estado en operación es Radio Nacional del Paraguay.

14/ La Tribuna, 16 de diciembre 1978, p. 5. Sobre rango de las empresas Standard Oil Co. y Exxon, Fortune, varios números de 1970 a 1980. Sobre las conexiones REPSA - REFCO - NAVIPAR ver Banco Paraguayo de Datos, De REPSA A PETROPAR: Informaciones en torno al monopolio del combustible en el Paraguay (Asunción, setiembre 1981 - cuaderno).

15/ Síntesis del caso "represión al movimiento estudiantil" en José María Blanch, Edith Acuña, Line Bareiro y otros, El precio de la paz (Asunción; CEPAG, 1991}, pp. 169-174).

16/ Cálculos en base a cifras de las empresas referidas y de Ricardo Canece, "E1 negociado de los combustibles en el Paraguay", serie de notas en ABC, diciembre 1980-enero 1981. En otro negocio particular Sapena Pastor se asoció con José Viánini estafador italiano radicado en Paraguay, para formar la Industria Automotriz Paraguaya (IAPSA). Esta fue promocionada como la primera planta de ensamblado de automóviles en el país, pero no pasó de importar vehículos Alfa Romeo.

17/ Penny Lernoux, "Behind closed borders", Harper´s Magazine, vol. 258, February 1979, p. 20 ss.

18/ Banco Central del Paraguay, Superintendencia de Bancos, "Principales indicadores de las empresas financieras", Ultima Hora,   4/5 de noviembre 2000, p. 39, y comunicado de entidades financieras supervisadas por la SIB, Ultima Hora, 415 de diciembre 1999, p. 31.

19/ Extracto del informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ultima Hora, 2 de marzo 2001, pp. 3 y 4. Informe de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, ABC, 1° de mayo 2000, p. 23. Gobierno de la República del Paraguay/Instituto del Banco Mundial, Diagnóstico sobre los patrones de comportamiento y desempeño institucional, gobernabilidad y corrupción en el sector público del Paraguay (Asunción, noviembre 2000 - documento de trabajo), pp. 37-38. Las encuestas fueron tomadas a fines de 1999 a 2.496 ciudadanos individuales y 221 empresas o firmas en base al Censo Nacional de Población y Vivienda junto con la Guía de la Unión Industrial Paraguaya. Una síntesis del informe apareció en ABC Suplemento Económico, 3 de diciembre 2000, donde se resaltan los altos porcentajes de soborno para obtener servicios e incluso cargos en el sector.

20/. Fallo del juez José Waldir Servín, prisión de 20 años a Nelson Martínez y Dionisio Díaz Cáceres, Ultima Hora, 21 de febrero 2001, p. 7.

21/ Diário da Câmara dos Deputados- Suplemento, Fevereiro de 2001, terça feira 6, "Conexão Paraguay". La CPI sobre Narcotráfico estuvo presidida por Magno Malta y él junto con Laura Carneiro fueron decididos impulsores de las investigaciones. Más datos sobre narcotráfico en Vladimir Jara, Clave R.R.R. Mafias y corrupción en organismos de seguridad (Asunción: ed. del autor, 1997). Cuando la investigación sobre tráfico transfronterizo en el 2000 el secretario ejecutivo de la SENAD era Hugo Ibarra. Un informe reciente del Departamento de Estado de Estados Unidos señala lo siguiente: a/ la cantidad de cocaína que transita por Paraguay está entre 15 y 30 toneladas métricas anuales; b/ los mercados de destino son Argentina, Brasil, Estados Unidos, Europa y África; c/ si bien existe lavado relacionado a los narcóticos, la mayor parte del lavado se basa en el negocio del contrabando regional con centro en Ciudad del Este, el cual genera entre USD 4.000 millones a USD 14.000 millones por año; d/ USD 4.000 millones, o sea cinco veces la exportación paraguaya registrada, se canalizan anualmente a Estados Unidos; e/ la débil regulación del sector financiero formal, la lenta implementación de la ley antilavado y la endémica corrupción oficial contribuyen fuertemente a aumentar el ilícito del lavado de dinero en Paraguay; f/ existen unos 5.500 expedientes que investigar pero la falta de presupuesto paraliza esa tarea. Del informe "Lavado de dinero y crímenes financieros - América Latina", en ABC, 21 de enero 2001, p. 9.

22/ Ultima Hora, 21 de febrero 2001, p. 7. El informe de la JIFE se elaboró en base al conocimiento que tomó su misión al Paraguay en febrero 2000 y los datos procesados en su sede en Viena.

23/ Fallo de la Sala Constitucional, Corte Suprema de Justicia, 31 diciembre 1996/6 de enero 1997, en los procesos "Sumario instruido al capitán de Caballería Modesto Napoleón Ortigoza y otros por supuesto delito de homicidio" y "Sumario instruido a varios jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas de la Nación por supuesto delito contra el orden y la disciplina militar". En el proceso principal Ortigoza, Ovando y Domingo Regalado Britez fueron hallados culpables y condenados por homicidio. En diciembre 1963 las 3 `sospechosos' fueron encarcelados junto con varios otros jefes y oficiales, entre ellos los capitanes Hernán Falcón, Hilario Ortellado, Eladio Gómez, los mayores, Virgilio Candia y José Tomás Núñez. Fueron salvajemente torturados y los que recuperaron su libertad terminaron en el exilio o fueron perseguidos hasta la caída de la dictadura. Britez falleció en prisión y Ovando liberado luego de 18 años, pese a haber sido condenado a 15 años de prisión. En diciembre 1987 se dispuso la libertad de Ortigoza, pero por disposición de Stroessner fue confinado al pueblo de Santaní, en el departamento de San Pedro. Devuelto a Asunción en marzo 1988, quedó en régimen ,de prisión domiciliaria hasta que se asiló en la Embajada de Colombia con ayuda de sus abogados Hermes Rafael Saguier y Felino Amarilla. Se le otorgó asilo en España, de donde regresó al Paraguay en 1990. Cuido Rodríguez Alcalá, Testimonio de la represión política en Paraguay, vol. 3 (Asunción: CIPAE, 1990), Caso Napoleón Ortigoza, pp. 11-32.

24/ Comité de Iglesias, Testimonio contra el olvido. Reseña de la infamia y el terror - Paraguay 1954/1989 (Asunción: CIPAE, 1999). Se hace referencia a Lista de detenidos CIPAE y Base de datos: Prontuarios policiales. Archivo del Horror o Centro de documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, Publicaciones. El repositorio lo componen los archivos del Departamento de Investigaciones, de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos y del Departamento Judicial de la Policía de la Capital (en parte). Más sobre el tema en Alfredo Boccia, Myriam Angélica González y Rosa Palau, Es mi informe (Asunción: CDE, 1994).

25/ Ley N° 838/96 que Indemniza a las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos durante la Dictadura (1954-1989). Fue presentado como anteproyecto por los senadores Waldino Ramón Lovera, Nelson García Ramírez y Carlos Romero Pereira en junio 1993, fue aprobado y ratificado por el Congreso luego que el presidente Juan Carlos Wasmosy lo vetara totalmente. Trabado por acción de inconstitucionalidad interpuesta bajo el mandato Wasmosy, técnicamente entró en vigencia luego que la Corte Suprema rechazara tal acción en julio 1998.

26/ Ultima Hora, 17 de abril 2001, p. 4. El Operativo Cóndor comenzó en 1973, previo al derrocamiento del presidente de Chile Salvador Allende, como parte de las actividades encubiertas que ejecutó la CIA con organismos como el II Departamento ESMAGENFA, bajo jefatura del general Alejandro Fretes Dávalos y el coronel Benito Guanes Serrano, la Triple A liderada por José López Rega durante los gobiernos de Juan Domingo Perón y María Estela de Perón. Tan pronto el general Augusto Pinochet instaló la DINA, hubo una coordinación más cercana entre los aparatos de inteligencia de Estados Unidos, Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. En 1978, al parecer sin autorización de la Casa Blanca, la CIA aún hacía de nexo del Operativo Cóndor mediante su estación en la Zona del Canal. Un cable del embajador norteamericano en Asunción, Robert White, revela que los militares del Cóndor "se mantienen en contacto entre sí a través de un predio de comunicaciones norteamericano en la Zona del Canal de Panamá, que cubre toda Latinoamérica". Ultima Hora, 8 de marzo 2001, p. 8, documento desclasificado de Amembassy Asunción.

27/ Juzgados a cargo de Juan Carlos Valenzuela y Darío Caballero Bracho, Capital, quienes habían sido digitados durante la dictadura y continuaban en funciones luego de tumbado Stroessner. Reseña de estos 2 casos rechazados en ABC, 21 de abril 1989, p. 46. Valenzuela y Caballero Bracho entendieron además en causas por malversación de fondos públicos, fraude y evasión, las que en su mayor parte fueron encubiertos con grave perjuicio adicional para el Estado.

28/ Noticias, 7 de marzo 1989, p. 25. El expediente sobre homicidio de los hermanos López Irala tuvo entrada el mismo año del hecho, 1979, pero quedó extraviado hasta principios de febrero 1989 cuando se inició su reconstrucción bajo patrocinio de los abogados del Comité de Iglesias.

29/ Síntesis de los hechos y principales diligencias del proceso, pruebas y sentencia en Comité de Iglesias/Grupo Jurídico Internacional de Derechos Humanos, Tortura en el Paraguay-pasado y presente

(Asunción: CIPAE, 1993), PP. 64-65. En misma publicación se halla la reseña de otros casos principales llevados a juicio por violación de derechos humanos durante la dictadura. Más datos en Comité de Iglesias, Situación de los derechos humanos en el Paraguay, año 1998, 1999 y 2000.

30/ ABC, 5 de junio 2001, pp. 1 y 10-11.

31/ Ultima Hora, 30 junio/1 julio 2001, p. 27. La Nación, 30 de junio 2001, p. 8.

32/ Congreso Nacional-Comisión Bicameral de Presupuesto, Presupuesto General de la Nación años 2000 y 2001. Ministerio de Hacienda, Cuentas Nacionales 1999 2000. Banco Central del Paraguay, Reseña económica, financiera y monetaria 1999 y 2000. Contraloría General de la República, Síntesis de informes de auditoria sobre entes públicos al año 2000. Documentos internos de Ministerio de Hacienda-Dirección General de Presupuesto y del Banco Central del Paraguay. Colección de ABC, Noticias y Ultima Hora, julio 1999-febrero 2001, recortes sobre desvío de fondos, sobrefacturaciones y faltantes en rendición de cuentas en CORPOSANA, ANTELCO, ANDE, IPS, INC y SENASA. Créditos al descubierto en BNF, operaciones ilegales y desvío en condonación de deudas a través de CAH, operaciones ilegales con fondos recuperados de bancos privados en liquidación bajo supervisión del Banco Central y Superintendencia de Bancos. Ingresos apropiados en Aduanas de Ciudad del Este, Encarnación, Puerto Falcón y Asunción. Sobreprecio de flete y compra de crudo por PETROPAR. Contrabando de azúcar con permisos de importación autorizados por MIC. Sobreprecio en construcción de rutas acceso sur, San Ignacio-Pilar y en programas de asfaltado-empedrado de rutas/caminos vecinales por MOPC, modificación ilegal del contrato con Tapé Porá para habilitación de doble peaje. Facturaciones fraguadas y sobrefacturación de compras directas de unidades militares por MDN. Facturaciones fraguadas y sobrefacturación en compra directas y licitaciones MI y Policía Nacional. Desvío de créditos desembolsados por Banco do Brasil, BID, Taiwán y Japón. Cesión gratuita de energía de Itaipú a FURNAS y ELETROSUL, servicios sobrefacturados en Itaipú y Yacyretá. Servicios sobrefacturados en ANTELCO. Construcciones Y ampliaciones sobrefacturados de colegios públicos, hospitales, centros de salud y aprovisionamientos respectivos por MEC y MSP.

33/ Consejo Impulsor del Plan Nacional Anticorrupción/Instituto del Banco Mundial, Plan Nacional Anticorrupción, diciembre 2000. La encuesta se tomó a funcionarios públicos, empresarios privados y usuarios de servicios públicos. Los resultados fueron presentados en el taller realizado en la sede del BCP el 5 de diciembre 2000 ante el presidente de la República Luis González Macchi y el coordinador del Consejo Impulsor del Plan Agustín González Ynsfrán. Las cifras sobre totales de fondos públicos desviados se encuentran en Anibal Miranda, Dossier Paraguay - Los dueños de gran fortuna cit., tabla 10.

34/ Comité de Iglesias, Testimonio contra el olvido. Reseña de la infamia y el terror cit., con prólogo de Raúl Sapena Brugada. Durante el stronato él fue juez en lo Civil, luego presidente del Grupo Consultor Alto Paraná, empresa contratista de Itaipú Binacional y Yacyretá Binacional que realizó estudios de pre-factibilidad, factibilidad, reasentamiento, catastro, indemnización, relocalización y otros a precios sobrefacturados.

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LA MAFIA PARAGUAYA

LA TRANSICIÓN PARAGUAYA

CAMBIO DE GUARDIA - RECOMPOSICIÓN DEL PODER

Por ANÍBAL MIRANDA

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CRIMEN ORGANIZADO EN PARAGUAY

Estudios de ANIBAL MIRANDA

MIRANDA & ASOCIADOS,

Asunción-Paraguay.

Octubre 2001 (439 páginas)

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