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TOMÁS PALAU VILADESAU


  PREVISIBLES IMPACTOS SOCIALES DEL ALCA (TOMÁS PALAU)


PREVISIBLES IMPACTOS SOCIALES DEL ALCA (TOMÁS PALAU)

PREVISIBLES IMPACTOS SOCIALES DEL ALCA
 
TOMÁS PALAU


 

"Deseo, más que ninguna otra cosa, ser testigo de la creación

en América de la más grande nación del mundo, no tanto por su

inmenso territorio y sus riquezas, sino por su libertad y su gloria."

SIMÓN BOLÍVAR


 

En general, a las cosas de la realidad se las conoce tanto por lo que muestran como por lo que encubren u ocultan. Pocas cosas en el mundo social son diáfanas.

 

LAS COSAS QUE SE OCULTAN

 

i.- El ALCA nace siendo un "Acuerdo" sobre el que los pueblos de los países involucrados nada sabían. La reserva con que fueron seleccionados los Capítulos de que consta, la redacción misma, las negociaciones, todo esto permaneció oculto al público en general hasta hace relativamente poco tiempo. Nada bueno para los pueblos se trama a espaldas de él, y como se trata de un "acuerdo" básicamente comercial y económico-financiero puede presumirse que lo que trae aparejado es una mayor explotación del trabajo.

ii. Por otro lado, lo que hace que este Acuerdo sea particularmente lesivo a la población pobre latinoamericana es la ausencia de capítulos referidos a atender la cuestión de los derechos sociales, económicos y culturales. Derechos que han sido ya refrendados por innumerables Convenios, Convenciones, Declaraciones. Veamos algunos ejemplos:

iii. El comercio y la inversión no pueden ser fines en sí mismos, sino instrumentos para alcanzar un desarrollo justo y sustentable. Los ciudadanos y las ciudadanas deben tener derecho a participar en la formulación, implementación y evaluación de políticas sociales y económicas continentales y nacionales. Las metas centrales de estas políticas deberán ser la promoción de la soberanía económica, el bienestar social y la reducción de la inequidad en todos los niveles. Sobre esto el actual acuerdo del ALCA no tiene una palabra. El ALCA no busca el desarrollo justo, busca el mayor lucro posible de determinadas corporaciones transnacionales.

iv. Tampoco se dice nada sobre los Derechos Humanos: Una agenda común sobre derechos humanos tiene que ser la estructura que abarque todas las políticas continentales, y deberá incluir mecanismos e instituciones que garanticen su implementación. La agenda debería promover la más amplia definición de derechos humanos, cubriendo los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, la equidad de género y los derechos en torno a los pueblos y las comunidades indígenas. Al parecer, los creadores del ALCA y sus negociadores consideran que se puede hacer tabla rasa sobre el lento, penoso pero importante avance de la humanidad durante las últimas décadas en lo referido al resguardo de los inalienables derechos de las personas. Uno puede imaginarse qué derivaciones sociales puede tener un "acuerdo" comercial que no tome en cuenta estos derechos.

v. Tampoco el ALCA menciona en ninguno de sus apartados la cuestión medioambiental. Se supone que los gobiernos deberían subordinar sus políticas de inversión y comercio a políticas que den prioridad a la sustentabilidad y protección ambiental. También deberían tener el derecho de dirigir inversiones hacia actividades ambientalmente sustentables, rechazar la privatización de recursos naturales, eliminar políticas que subvencionan o fomentan la energía de hidrocarburo. Creemos que si el Paraguay se va a meter en un acuerdo continental, el uso de recursos naturales debe preservarse y estar al servicio de las necesidades básicas de la gente, no exponer dichos recursos como si fuesen un mero objeto de transacciones del mercado. Ya bastante ha experimentado el país en término de devastación de sus recursos como para hipotecar, por ejemplo, sus reservas acuíferas.

vi. Uno no alcanza a entender para qué debiera firmar el Paraguay un acuerdo que no tenga como prioridad el tema social, para lo cual es fundamental la característica de sustentabilidad de su desarrollo. Ya bastante inviable es el modelo que nos toca vivir como para volver aún más vulnerable la capacidad de la gente para sobrevivir. Un modelo regional para desarrollo democrático y sustentable requiere la incorporación del principio y objetivo de sustentabilidad en todos los aspectos y componentes que sean considerados. Estos asuntos deberían ser negociados con el objetivo de resolver - con el apoyo de políticas nacionales - los problemas serios de nuestra región: desigualdad; desempleo; degradación ambiental; y muchos otros problemas. Para que sean socialmente útiles, los acuerdos deben comprometer los países miembros a que cumplan con convenios y tratados internacionales diseñados para proteger el medio ambiente, minorías, derechos de trabajadores, derechos de mujeres y otras conquistas sociales. También deberían dar medios prácticos para llevar a cabo las medidas que hicieran esos acuerdos efectivos en un nivel nacional. De no contemplarse este aspecto, las consecuencias sociales del ALCA serían previsiblemente desastrosas.

vii. Otro tanto ocurre con el tema género. Los convenios internacionales sobre derechos de la mujer deberían ser centrales para todas las políticas continentales. Las mujeres deben tener mayores oportunidades para participar en la elaboración de políticas. Los gobiernos deberán establecer leyes nacionales que garanticen un cuidado de los hijos accesible; que ataquen el hostigamiento sexual laboral; la violencia doméstica, aspectos tan urticantes de la realidad social paraguaya, y que implementen la iniciativa 20/20 de la ONU para asignar el 20 por ciento de los presupuestos a programas sociales. Las mujeres deben tener un acceso equitativo al crédito, la educación y a otros recursos. Por supuesto, el ALCA ni menciona este tema, es más, allana el camino para que la pobreza aumente y las mujeres puedan seguir siendo mejor explotadas.

viii. Siendo el ALCA un "acuerdo" que pretende llevar a los países signatarios a los standares de vida del primer mundo por obra y gracia del "libre" mercado, extraña sobremanera que no se mencione las condiciones de trabajo de la masa de asalariados (por no hablar de los desempleados) de todo América Latina. ¿Cómo se hará ese tránsito sin garantizar las condiciones laborales?. Por esto el pueblo paraguayo debe exigir a su gobierno que las políticas continentales que vayan a firmarse garanticen los derechos básicos de hombres y mujeres trabajadores, exijan, de firmarse el ALCA, la creación de un fondo para brindar compensaciones a trabajadores y comunidades que padezcan la pérdida de empleos, y promover el mejoramiento de niveles de trabajo y de vida de los trabajadores y de sus familias.

ix. Otro tema de indudable impacto social, deliberadamente excluido de las negociaciones del ALCA es el tema migratorio. Podrán pasar las mercaderías, podrá pasar el capital, podrán pasar los ejecutivos de las empresas multinacionales, pero las fronteras no las podrán cruzar los trabajadores. Si el Paraguay aspira a ser copartícipe de un "acuerdo" como el ALCA, el gobierno deberá adherirse a convenciones internacionales sobre derechos de migrantes; garantizar derechos laborales a todos los trabajadores -sin importar su estatus migratorio-y penalizar severamente a los patrones que violen esos derechos; otorgar amnistía a todos los trabajadores indocumentados dentro de sus fronteras; desmilitarizar o impedir la militarización de zonas fronterizas como pretenden los norteamericanos en la triple frontera; y apoyar los subsidios internacionales para las áreas que sean grandes importadoras de mano de obra. De otra manera, se convertiría al país en una gran cárcel de trabajadores sin trabajo y de campesinos sin tierra.

x. El ALCA tampoco dice nada sobre la educación, ni sobre lo que puede pasar con la ya raquitizada educación pública si se abre el mercado de los Servicios. Consideramos que la educación no es una mercancía; es un derecho social universal y fundamental que se debe asegurar mediante un servicio público financiado y bajo responsabilidad del Estado. La educación debe ser excluida de los acuerdos sobre la liberalización del comercio de servicios. La educación pública debe ser gratuita y plenamente accesible en todos los ámbitos y durante toda la vida, de otro modo condenamos socialmente al analfabetismo de hecho de millones de compatriotas.

xi. Otro aspecto, que como era de esperar está excluido del "acuerdo" es el del derecho a la comunicación que tiene el pueblo. El derecho a la comunicación hace referencia tanto al derecho de producir como de recibir información. La comunicación debiera ser considerada como un bien público y debiera ser preservada y regulada para el beneficio social y cultural de la sociedad. La comunicación y los medios deben ser regidos por principios de ética inspirados en una cultura de la vida y de lo humano. Este es un principio rector inalienable, con el ALCA lo que podrá esperarse es la ya completa desaparición de la capacidad de expresión del pueblo, hoy seriamente comprometida.

xii. Por último, pero no por eso menos importante, entre las cosas contra las que atenta el ALCA está la función del Estado. Una política continental como la del "acuerdo" no debería mermar la capacidad del Estado-nación para cubrir las necesidades sociales y económicas de sus ciudadanos. Los Estados-nación deben tener el derecho a mantener corporaciones del sector público y políticas de fomento propias que apoyen las metas de desarrollo nacional. La meta de las regulaciones nacionales en el sector privado deberá ser la de garantizar que las actividades económicas promuevan un desarrollo justo y sustentable. El ALCA atenta directamente contra el Estado y con ello deja al pueblo totalmente a expensas de los intereses de las empresas multinacionales.

 

EL PROBLEMA CON LAS COSAS QUE SE MUESTRAN

 

xiii. En relación a las Inversiones. La inversión extranjera (uno de los componentes centrales en la actual formulación del "acuerdo") podría ser bienvenida siempre que se adhiera a las regulaciones que vigilan el cumplimiento de los derechos económicos y sociales de los ciudadanos, así como la sustentabilidad ambiental. La inversión extranjera directa (IED) puede jugar un papel positivo cuando se destina a actividades productivas más que especulativas, cuando transfiere tecnología apropiada y cuando facilita el acceso a mercados y genera empleos congruentes con la sustentabilidad y los planes nacionales de desarrollo determinados democráticamente. Pero tendrá efectos negativos cuando absorba ahorros locales, destruya industrias locales, contamine el medioambiente, o bien cuando los empleos que genera están en enclaves desconectados de la economía nacional. También es altamente negativo el ingreso de grandes flujos de capitales golondrinas que a su salida desestabilizan las economías o especulan contra las monedas nacionales.

El "acuerdo" tampoco hace referencia a que las regulaciones deben ser determinadas democráticamente por los gobiernos, en consulta con sus pueblos. Sin embargo un mínimo de regulaciones básicas deben ser acordadas multilateralmente para prevenir la competencia injusta entre los países. Cualquier competencia que provoque una caída de los niveles en la carrera hacia la cima es, por definición, injusta. Por ejemplo, si un gobierno bajara sus niveles o se negara a cumplir leyes laborales y ambientales mínimas para atraer la inversión extranjera, sería culpable de competencia desleal. Asimismo, en caso de conflictos, los derechos humanos, laborales y ambientales internacionalmente reconocidos deben quedar por encima de los derechos de los inversionistas.

Para que sirvan a los intereses sociales de nuestro pueblo los acuerdos internacionales sobre regulación de inversiones deben tener en cuenta las asimetrías de poder y los distintos niveles de desarrollo que existen entre los países. Los acuerdos deben incluir concesiones no recíprocas por parte de los socios más poderosos y el reconocimiento de asimetrías y diferencias. Esto es particularmente importante para economías pequeñas y Estados aislados como el nuestro que necesitan un trato especial y diferenciado. De mismo modo, los acuerdos también deben respetar la diversidad de jurisdicciones políticas (como departamentos, municipalidades). Nada de esto está dicho en el "acuerdo", en consecuencia debe esperarse que socialmente las inversiones sólo traigan mayor pobreza y desestructuración productiva.

xiv. Sobre los mecanismos de resolución de controversias. Es inadmisible que haya mecanismos de resolución de disputas entre inversionistas y Estados en el ALCA y en cualquier otro acuerdo comercial. Los mecanismos inversionista-Estado deben ser anulados. Es inaceptable que se incorpore una definición amplia de inversión e inclusión de "medidas que equivalen a expropiación" o "equivalentes a expropiación" en las inversiones internaciones y los acuerdos comerciales. En particular, resulta intolerable la inclusión de fondos culturales en la definición de inversión.

Asimismo, se debe permitir la expropiación de activos corporativos que sirvan a necesidades vitales de la comunidad. La compensación por recursos expropiados deberá ser determinada por la ley nacional con la debida atención al valor de la inversión extranjera inicial; la valoración de propiedades con propósitos de impuestos y la cantidad de dinero que salió del país mientras duró la inversión. Los inversionistas deberán tener el derecho de apelar ante las cortes nacionales en casos en que consideren inadecuada una compensación. La apelación a tribunales internacionales podrá ocurrir sólo después de que se hayan agotado todos los procedimientos nacionales.

Las disputas deberán ser resueltas primero por las leyes nacionales y los tribunales del país anfitrión y no como actualmente pretende Estados Unidos en el ALCA, donde los ciudadanos afectados por las decisiones tengan oportunidad de participar. Los grupos ciudadanos, los pueblos indígenas, las organizaciones de desarrollo comunitario locales, y todos los niveles de gobierno deberán tener derecho a demandar a los inversionistas por violaciones a este código de inversiones. Todos los procedimientos judiciales y pseudo-judiciales, tales como el arbitraje, deberán ser totalmente transparentes y abiertos a la observación pública. Un fondo de participación deberá estar disponible para que las comunidades indígenas y los grupos ambientalistas puedan participar en los procedimientos legales.

xv. En cuanto a las Finanzas, otro de los puntos de mayor interés para los Estados Unidos con el ALCA, lo contenido en el capitulo pertinente significaría el control total de la política monetaria, financiera y crediticia por parte de los organismos financieros multinacionales. Para que el sector financiero se adecue a las necesidades de un país como el Paraguay, debieran cumplirse al menos los siguientes criterios: a. el sistema financiero internacional deberá garantizar la estabilidad y distribuir capital con propósitos productivos, b. deben aplicarse medidas nacionales e internacionales para minimizar las consecuencias socialmente destructivas de la especulación y el flujo de capitales golondrinas, c. las instituciones financieras internacionales deben promover un desarrollo económico y social sustentable en vez de las políticas de ajuste estructural y austeridad que empobrecen a los pueblos y dañan la salud, la educación y el ambiente, d. las deudas externas contraídas por dictaduras militares represivas son ilegítimas, son "deudas odiosas" que deben ser canceladas. Los pueblos no deberán ser responsables de saldar deudas contraídas con propósitos fraudulentos ni préstamos desperdiciados en proyectos que jamás los beneficiaron, e. la deuda pendiente de muchas naciones sigue siendo tan alta que hace imposible el desarrollo sustentable. Las deudas externas insostenibles que se acumularon debido a los altos intereses deben ser renegociadas y parcialmente canceladas, en el entendido de que el resto se pagará a largo plazo y con intereses bajos.

xvi. En cuanto a los Derechos de Propiedad, las pretensiones norteamericanas de anexión para América Latina, va un poco más allá de lo que puede ir la imaginación del común de nuestra gente. Para que pueda hablarse de propiedad y patentamiento, deben respetarse al menos los siguientes criterios: a. excluir de la posibilidad de patentar la vida y los materiales biológicos y genéticos. Especialmente excluir de las patentes los procesos biológicos y genéticos relacionados con la investigación en reproducción humana así como la manipulación, la investigación y el mercado de embriones y clones humanos, b. cada país debe ser libre para establecer las reglas de protección y aplicación de los derechos de propiedad intelectual que reflejen sus contextos sociales, culturales, económicos y ambientales específicos. Los países en desarrollo deben tener la libertad para desarrollar sistemas de propiedad intelectual que reflejen su nivel de desarrollo, c. los gobiernos nacionales tienen derecho a invocar las licencias obligatorias, la importación paralela y las provisiones de uso público no comercial con objeto de garantizar el acceso a medicinas esenciales. También tienen derecho a proteger la biodiversidad, los saberes de los indígenas y de las comunidades tradicionales y agrícolas. Estas salvaguardas son necesarias para proteger los derechos humanos básicos como son la vida, la alimentación y la salud, garantizados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, d. no se debe permitir que ningún acuerdo comercial o de inversión pase por encima de las leyes nacionales que exigen al inversionista extranjero transferir conocimiento y tecnología apropiada hacia el país anfitrión. Dichos acuerdos deberán facilitar la transferencia de tecnología en términos justos y más favorables, con objeto de reducir la enorme brecha que hay en conocimientos tecnológicos y científicos entre los países desarrollados y subdesarrollados y en los beneficios derivados de ellos. Este es un principio explícitamente establecido (aunque ignorado) en el Acuerdo sobre patentes de la OMC, e. los pactos internacionales que afirmen estos principios y que establezcan mecanismos de aplicación apropiados deberán ser negociados por medio de comités como la Conferencia de Partidos de la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial sobre Propiedad Intelectual (WIPO, p.s.s.i), la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, p.s.s.i.), y no por medio de acuerdos comerciales, f. en ningún caso, las sanciones comerciales podrán obligar a los países a adoptar medidas que subordinen los intereses de la población nacional a aquellos de las corporaciones trasnacionales o de sus subsidiarias nacionales. La Corte Internacional de Justicia habrá de revisar los posibles conflictos que haya entre acuerdos comerciales internacionales en materia de propiedad intelectual y leyes y políticas sobre derechos

humanos internacionales, salud y ambiente, esto con objeto de garantizar que se logre, a nivel global, un balance apropiado entre intereses privados y públicos, g. cualquier regla que se proponga en torno a la protección y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual habrá de estar sujeta a una evaluación detallada de sus posibles.

xvii. Con respecto a la Agricultura el "acuerdo" del ALCA de ser aplicado tendría repercusiones sociales negativas de la mayor importancia. La liberalización del comercio y de la inversión que persigue la forma dominante de globalización y el proceso del ALCA provocará severos problemas sociales y económicos a las comunidades rurales que se dedican a la agricultura; el abandono de tierras, la intensificación de las migraciones del campo a la ciudad (con la consiguiente presión sobre los gobiernos locales para proporcionar servicios básicos) y al exterior. Todo ello supone el crecimiento de la pobreza y el aumento de la marginación rural y urbana. Las compañías internacionales de granos y otros alimentos que están impulsando el ALCA se encuentran ansiosas por aumentar su propio acceso a grandes cantidades de materias primas a precios bajos, que luego utilizan para deprimir los precios en el mercado internacional a través del "dumping" estratégico de alimentos a precios muy por debajo los costos de producción. Esta manipulación de mercados socava la capacidad de los productores pequeños en todo el mundo de competir contra importaciones en sus propios mercados nacionales. En muchos países, las grandes compañías transnacionales integradas de manera vertical están construyendo mega-instalaciones para la producción masiva al estilo industrial de cerdos y otros animales de cría. Esta producción, concebida para exportar, está desplazando a los granjeros locales y amenaza a ecosistemas y comunidades rurales. Además, hay varios países donde las compañías gigantes están presionando para que les vendan o renten la tierra con miras a convertirla en plantaciones forestales o de soja, lo que resultaría en el desplazamiento de los productores de alimento de sus tierras y en la pérdida permanente de los medios para alimentar a sus familias.

Sobre este importante capítulo debe subrayarse que el Paraguay debe asumir la responsabilidad de garantizar la alimentación para su población, que significa dar los máximos beneficios a productores nacionales y mercados locales antes de buscar importaciones y/o promover exportaciones. En los acuerdos internacionales de comercio, deben mantener el derecho a proteger o excluir alimentos básicos para la dieta de sus pueblos (como maíz, tubérculos, poroto, y otros) de cualquier pacto de liberalización socialmente destructivo.

Es necesaria una reforma agraria.Ésta debe legitimar la propiedad y los derechos territoriales de los pequeños productores, los trabajadores rurales sin tierra, ya sean individuales o colectivos, tanto de hombres como de mujeres, y respetar los derechos tradicionales de los pueblos indígenas a vivir colectivamente de sus tierras con integridad territorial. Debe revertirse la concentración de tierras agrícolas en cada vez menos y menos propietarios y debe haber un esfuerzo coordinado para mantener, y en muchos casos, reestablecer la diversidad étnica en los sistemas de producción.

El uso de patentes para controlar semillas agrícolas y plantas curativas debe prohibirse en los acuerdos comerciales, no sólo porque los procesos de patentes se han vuelto un ejercicio de robo flagrante por parte de empresarios, sino porque patentar formas de vida no tiene fundamento moral, ecológico o histórico. Se debe respetar a los pueblos agricultores que, a lo largo de generaciones, han desarrollado las variedades de semillas que se usan actualmente en todo el mundo. Si acaso hubiera beneficios del mercado de semillas y medicamentos deberían llegar primero a los pueblos que, junto con sus ancestros y por generaciones han criado esas semillas han protegido a la fauna local y han cuidado y estudiado los efectos de las plantas medicinales.

La mejor manera de promover el desarrollo sustentable y la protección ambiental es a través de un proceso de democratización que involucre a pequeños productores en la creación de políticas agrícolas, ganaderas, forestales y ambientales. Una reforma agraria que impulse la justicia y la dignidad sociales de los agricultores es un elemento vital para proteger la fertilidad de la tierra a futuro. Los agricultores, tanto hombres como mujeres, necesitan participar directamente en la elaboración de dichas políticas. La sociedad civil ya está desarrollando formas de autogobierno en zonas tanto urbanas como rurales que deben ser respetadas como bases para el fortalecimiento de la democracia en los países de las Américas. Ningún elemento de los acuerdos internacionales en materia de integración debe limitar la capacidad de los Estados Nacionales de impulsar y consolidar este proceso.

xviii. Con respecto a lo postulado en el ALCA sobre Acceso a Mercados y Reglas de Origen, el planteamiento neoliberal de los promotores del libre comercio han sostenido que aumentos en el acceso a mercados inevitablemente resultan en aumentos en crecimiento y prosperidad para los países participantes. En la declaración final de la Cumbre de las Américas de Miami, los líderes nacionales proclamaron que, "Una clave para la prosperidad es el comercio sin barreras... La eliminación de los obstáculos para el acceso al mercado de los bienes y servicios entre nuestros países promoverá nuestro crecimiento económico". Naturalmente, esto es falso a menos que se respeten los siguientes criterios:

Los distintos niveles de desarrollo entre los países que formarían parte del ALCA son la justificación para permitir un trato no recíproco y preferencial en el acceso a mercados. Las economías pequeñas deben poder mantener barreras comerciales sobre sectores estratégicos. Los artículos 2, 4, 17 y 18 de la Carta de Derechos Económicos y Deberes de los Estados de la ONU (1974) y la Cláusula de Habilitación de la Ronda de Tokio del 28 de noviembre de 1979 (L/4903) establecen las bases legales y socioeconómicas para exigir un trato equitativo (no igual). El trato igual entre desiguales conduce a la inequidad.

Debe haber una estrategia de desarrollo multifacética que no trate al mercado externo como el único motor para el crecimiento y la prosperidad. Debe ser valorado apropiadamente el papel de los mercados nacionales en la generación de un "círculo virtuoso" que eleve los niveles de vida de las poblaciones y que intensifique su bienestar económico y social. Al vincular el desarrollo económico al bienestar social, se elevará inevitablemente el nivel de vida de la mayoría. La lucha contra la pobreza y la búsqueda de la justicia social han dejado de ser sólo demandas éticas; se han convertido en impulsoras del desarrollo. Cuando los países apoyan demandas nacionales y actividades económicas importantes que no dependen sólo de los mercados externos, tienen la capacidad de acercarse a negociaciones comerciales desde una posición de fuerza más que de sumisión.

El acceso permanente y anunciado a los mercados extranjeros es importante para avanzar en el crecimiento de la capacidad productiva y para garantizar un equilibrio saludable de la balanza de pagos. Es decir, las importaciones necesarias son financiadas por medio de un sector de exportaciones fuerte y competitivo. Sin embargo, mientras las fuerzas del mercado tienden a eliminar productores no competitivos, la liberalización comercial no crea por sí misma una capacidad competitiva y productiva fuerte. El desarrollo y la competitividad requieren de políticas concretas con objetivos, metas e instrumentos claros. Los Estados tienen la responsabilidad de enfrentar ese desafío. Los acuerdos no deben afectar la capacidad de los Estados para establecer una política de promoción y hasta de protección de ciertas industrias estratégicas, con miras a lograr un desarrollo nacional justo y sustentable.

Por ahora, los obstáculos fundamentales para acceder a mercados de países desarrollados no son las barreras arancelarias sino las llamadas "barreras técnicas al comercio". Las negociaciones comerciales deberán atender este asunto mientras reconocen restricciones legítimas para proteger la salud y el medio ambiente.

La meta de las negociaciones deberá ser establecer reglas claras y justas para un acceso permanente y anunciado a los mercados que beneficie a los consumidores, genere empleos y bienestar para la población, fortalezca la capacidad productiva y proteja el ambiente.

En cuanto a las Reglas de Origen que hacen referencia a los criterios que debe cumplir un producto para que se le considere originario de un lugar determinado, afectan el trato que recibirá en el intercambio internacional bajo acuerdos de libre comercio. La tendencia de dichos acuerdos es establecer reglas de origen regionales que especifican un porcentaje de componentes o insumos que serán incluidos para poder calificar para la designación de origen. Si bien no excluimos requerimientos adicionales de contenido regional o sub regional dentro del continente, nuestra opinión es que los países deberían ser capaces de establecer reglas de contenido nacionales cuando el país considere que el desarrollo económico interno requiere de dicha designación. Esta demanda o principio complementa otras propuestas en el capítulo sobre inversiones en relación con el requerimiento para compañías extranjeras de adquirir un porcentaje de insumos en el país productor.

Algunos países podrían considerar que, al no haber reglas de contenido nacional, la liberalización comercial sólo beneficia la integración intra-firma y conduce a la desintegración de los vínculos productivos nacionales. A falta de incentivos para intercambio de insumos de producción dentro del país productor, las grandes compañías exportadoras revierten las importaciones. Esto elimina el crecimiento económico, a pesar de la producción creciente. El modelo neoliberal asume que el sector de exportaciones es el motor del crecimiento económico. En la práctica, este "motor" se desconecta del resto del tren. Las reglas de origen que sólo exigen un contenido regional transforman el aparato productivo de muchos países del sur en maquiladoras o en zonas de procesos de exportación.

xix. Finalmente, en cuanto a los Servicios debe tenerse en cuenta que las negociaciones de cualquier acuerdo de integración deben tener presente que la mayoría de los servicios básicos presentan características de monopolio natural o de bienes públicos. Además, muchos de los servicios están relacionados a la identidad cultural de un país o a la cohesión política y social del mismo (la educación, la salud o la previsión social, por ejemplo). En consecuencia, las normas que deben regular el comercio de servicios no pueden ser las mismas que se aplican a los bienes.

Los Estados nacionales deben asumir la responsabilidad de garantizar a toda la población el suministro de los servicios básicos y de utilidad pública y, por ende, deben comprometerse a alcanzar objetivos regulatorios legítimos en el campo de las políticas públicas, tales como la protección al consumidor y el acceso universal a los servicios esenciales. Cualquier regulación internacional antimonopolio en el campo de los servicios debe tener en cuenta que los Estados Nacionales, cuando así lo exija el bien público, deben conservar la posibilidad de mantener empresas públicas proveedoras exclusivas de servicios vitales para la población.

Cualquier negociación sobre servicios debe hacerse sobre la base de una perspectiva amplia que incluya los intereses nacionales y de la ciudadanía, junto a políticas vinculantes como las relativas a inversión extranjera, competencia o propiedad intelectual, entre otras. Dicho en otros términos, el destino de los servicios no puede entregarse al mercado ni a una política determinada desde una perspectiva de asignación eficiente de los recursos.

Un verdadero acuerdo debe tener en cuenta las grandes diferencias en tamaño y nivel de desarrollo de los servicios existentes entre los países. Un trato especial y diferenciado es absolutamente necesario, y éste no se puede limitar a mayores plazos de implementación de los acuerdos.

Las actividades financieras han continuado dominando la globalización de los servicios. La búsqueda de una estructura regulatoria adecuada para los flujos financieros debe ser contemplada en cualquier proceso de negociación. Debe ponerse especial atención a los capitales especulativos.

Todo acuerdo de integración debe basarse en el respeto irrestricto a la soberanía nacional y la democracia. Los principios de "trato nacional" y de "acceso al mercado" que se incorporan en las negociaciones sobre servicios, no son aceptables debido a que no hacen más que buscar el libre acceso de las empresas extranjeras a los servicios locales, restringiendo o prohibiendo las políticas gubernamentales que aparentemente interfieren el mercado.

La transparencia en toda negociación es esencial. Las negociaciones del ALCA y de otros acuerdos bilaterales o regionales se están llevando a cabo a puertas cerradas, bajo la presión corporativa pero lejos del control público y de los medios de comunicación; a pesar que la gran mayoría de los habitantes del hemisferio serán afectados por ella.

Hasta acá, una recensión incompleta de lo que acarrearía la firma por parte de nuestros países de un "acuerdo" como el ALCA. Las negociaciones, en este momento, se encuentran empantanadas. El MERCOSUR ha tomado una posición uniforme (exceptuando quizás a Uruguay hasta noviembre cuando se va el conservador gobierno de Batlle). No sabemos cuánto de esta posición responde al interés por satisfacer las legítimas aspiraciones de sus pueblos y cuánto a la defensa de los intereses de los propios empresarios nacionales.

En todo caso, hay mayor tiempo para reflexionar, organizarse y movilizarse en contra de un instrumento de avasallamiento económico que reduciría a escombros el aparato productivo latinoamericano con sus previsibles derivaciones sociales.

 

 

Este artículo está basado en el texto sobre las "Alternativas para las Américas",

 

elaborado por la Alianza Social Continental.
 

 

 

NOVAPOLIS – REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS CONTEMPORÁNEOS

EDICIÓN Nº 6 – FEBRERO DE 2004

REFLEXIONES SOBRE EL ALCA

DESDE UNA PERSPECTIVA PARAGUAYA

 

Fuente: http://www.novapolis.pyglobal.com

(Registro: Agosto 2011)

 

 

 

 

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